“Guerra sucia”

Allanamiento de hogares durante la noche, detenciones sin órdenes de aprehensión (secuestros, pues) de jóvenes guerrilleros por cuerpos policiacos; amenazas e intimidación a los familiares. Desaparición de detenidos. Torturas en el Campo Militar número 1. La “ley fuga” aplicada un sábado en Ciudad Universitaria, los cadáveres de una pareja de jóvenes ejecutados yaciendo en el jardín de Las Islas. Son los años setenta. Un vértigo recorre el espinazo. Es la “guerra sucia”.

En la fase intensa de las campañas la prensa da cuenta de que uno de los partidos de la oposición, el PRD, denuncia “guerra sucia” en su contra. Vienen a mi mente las escenas de lo que fue la guerra sucia, como se denominó a las prácticas ilegales en que incurrió el Estado para combatir a quienes, efectivamente en contra de la ley, pretendían la transformación del país por la vía violenta, armada.

Pero sigo leyendo la nota y no, lo que causa la denuncia no es ninguna escena similar a la pesadilla de abuso autoritario, de violación a los derechos humanos y de impunidad que llegó a sufrir este país hace 30 años, sino unos anuncios durante la contienda electoral. Son descalificaciones de un partido político hacia otro, ambos legalmente registrados, con recursos públicos en abundancia para realizar sus campañas, criticar y defenderse de sus adversarios a través de la radio y televisión, a plena luz pública.

Anuncios de mal gusto, propaganda vulgar, golpes bajos de la mercadotecnia, gasto excesivo en los medios, sí, todo eso. Pero ¿guerra sucia? ¿No podríamos ser un poco menos abusivos con el lenguaje, menos arteros en el uso de términos? Cuidemos el lenguaje y el ambiente en el que coexiste la pluralidad, en defensa propia y de la inteligencia colectiva.

“Elección de Estado”

Siguen las sorpresas. Otro partido, ahora el PRI, se queja de que está en curso una “elección de Estado”. Nuevo viaje por el túnel del tiempo. Estamos a fines de los años ochenta: todos los gobernadores son del partido del presidente, ese partido también es dueño de todos los escaños en el Senado y de la mayoría calificada -más del 66%- en la Cámara de Diputados. La ley electoral se aprobó sólo con los votos del partido que gobierna hace casi 60 años. Quien conduce las elecciones es el secretario de Gobernación, operador político del presidente. En el máximo órgano de decisión en materia electoral, la Comisión Federal Electoral, hay 31 votos: 16 corresponden al partido del gobierno, además de que votan el secretario de Gobernación, un diputado y un senador, también del PRI. Desde Gobernación se designa a los funcionarios de casilla que recibirán y contarán los votos. El listado de electores no fue sancionado por la oposición ni por nadie diferente al gobierno. La oposición tiene, toda junta, menos del 10% de presencia en los medios de comunicación. La Cámara de Diputados, un órgano político, calificará la elección presidencial y resolverá sobre las impugnaciones: los diputados, mayoritariamente priistas, serán juez y parte.

Pero al seguir con la lectura de la nota, descubrimos que la denuncia de una “elección de Estado” no la hacen Cuauhtémoc Cárdenas o Manuel Clouthier en 1988, sino el candidato a la presidencia por el PRI, Roberto Madrazo, en pleno año 2006. Ahora nadie tiene mayoría en el Congreso; se ha dado la alternancia en todos los niveles de gobierno; de 32 gobernadores, 17 son del PRI, cinco entidades son gobernadas por el PRD y 10 por el PAN. El gobierno ya no participa en la organización de las elecciones, que está a cargo de una autoridad autónoma, el Instituto Federal Electoral. Las normas electorales son fruto de un amplio acuerdo al que llegaron los partidos y que plasmaron en la Constitución en 1996, hace 10 años. El padrón electoral es auditado de forma permanente por los partidos y su consistencia se valida por un comité de científicos. La calificación de la elección no recae en un órgano político sino en uno jurisdiccional: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los medios hacen una cobertura plural de las campañas, nadie es excluido; hace años que se acabaron las elecciones con ganadores y perdedores predeterminados; son los ciudadanos y sólo ellos quienes deciden quién gobernará y quién ocupará los cargos de representación. ¿Elección de Estado? Un sueño fuera de tiempo y lugar.

“Ni en tiempos del fascismo”

El presidente nacional del PAN, Manuel Espino, se despachó con una declaración donde acusa al IFE de ser un censor totalitario por sancionar distintos actos de campaña de su partido. Para el líder blanquiazul: “Se está tratando de poner bozal a quienes son generadores de opinión pública, lo que me parece muy peligroso, además de que es caminar en reversa, es asumir atribuciones que ni en tiempos del fascismo asumían quienes regulaban procesos electorales” (La Jornada, 03/06/06, nota de Claudia Herrera Beltrán).

¿Qué fue lo que motivó al dirigente del partido que gobierna México a equiparar a la autoridad electoral con el régimen de Mussolini? Que el Consejo General del IFE resolviera, el 29 de mayo, multar al PAN por incorporar en un acto partidista a José María Aznar, ex presidente español, quien expresó en ese evento en febrero pasado: “Yo espero que Felipe Calderón sea el presidente de México, por el bien de los mexicanos”. La decisión del IFE se basa en el artículo 38, inciso n), del Código Federal Electoral, que establece que los partidos deberán: “Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales”.

Además, en aquella sesión, “el IFE ordenó al mismo partido [el PAN] retirar un anuncio en el que ‘denigra’ la imagen del candidato Andrés Manuel López Obrador. En el mensaje aparecen el subcomandante Marcos, René Bejarano y el empresario Carlos Ahumada, y termina con la frase: ‘Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México’ ” (El Universal, 30/05/06, nota de Arturo Zárate). A propósito, la ley electoral señala que todo partido deberá: “Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas” (Cofipe, artículo 38, inciso p).

El IFE, así, sólo aplicó la ley. En democracia no hay libertades absolutas: la libertad de expresión no puede vulnerar los derechos de terceros.

Unas semanas después de la declaración de Espino, el propio PAN pidió al IFE que hiciera aquello de lo que se quejó: que ordenara al PRD retirar un anuncio calumnioso contra el candidato presidencial panista. Reconozcamos una de las dificultades intrínsecas a la labor del árbitro electoral: cuando se presentan quejas de un partido a otro siempre habrá un jugador inconforme; el infractor pretende desvirtuar la multa a toda costa y el denunciante exige el máximo castigo.

La democracia invisible (para quien no quiere verla)

En medio de la intensa campaña electoral, cuando las encuestas arrojan datos que confirman una elección con final de fotografía, que ningún partido tendrá mayoría en el Congreso, y a 40 años de haber publicado uno de los clásicos de la ciencia política en nuestro país, La democracia en México, su autor, Pablo González Casanova, escribe: “Es falso sostener que nos hemos acercado a la democracia y que se ha acabado el régimen autoritario que dominaba México” (La Jornada, 22/05/06, p. 24).

Confrontemos la tesis de González Casanova con la definición que hace Giovanni Sartori de los atributos de un régimen democrático: 1) derecho universal al sufragio; 2) convocatoria regular y periódica a las elecciones; 3) libertad de asociación para presentar candidatos; 4) igualdad de oportunidades de los candidatos para el acceso a los medios de comunicación y publicidad; 5) neutralidad del gobierno en la organización del proceso electoral; 6) garantías para una libre emisión del voto; 7) recuento público de los votos emitidos; 8) aplicación de las reglas preestablecidas para adjudicar escaños y, 9) existencia de una instancia independiente para dirimir los conflictos suscitados por la aplicación de normas electorales” (Sartori, G., Partidos y sistemas de partidos, Alianza Editorial, Madrid, 1988). Justo lo que tenemos aquí.
Vayamos ahora a las siete instituciones que para Robert Dahl definen a la democracia:
1) el control político sobre el gobierno es realizado por representantes electos;
2) que son elegidos en elecciones libres e imparciales;
3) prácticamente todos los adultos tienen derecho a votar;
4) los ciudadanos tienen derecho a concurrir como candidatos a cargos electivos en el gobierno;
5) existe el derecho de libertad de expresión, incluyendo el derecho a la crítica al gobierno y a las instituciones;
6) los ciudadanos tienen a su disposición medios alternativos de información y,
7) los ciudadanos pueden asociarse libremente en partidos, organizaciones o grupos de interés que gozan de autonomía (Dahl, R., Los dilemas del pluralismo democrático, autonomía versus control, Conaculta y Alianza Editorial, México, 1991). Una vez más, todos esos atributos están presentes en nuestro caso.

Mucho nos queda para consolidar la democracia. Pero negarla, pretender que el sistema político que vivimos ha permanecido inmutable durante décadas no es la mejor manera de contribuir a una discusión rigurosa de cómo, en un escenario de pluralismo, alternancia, falta de mayorías en las Cámaras y contrapesos reales entre poderes, es factible avanzar en la resolución de nuestros viejos problemas de pobreza y desigualdad.

¿Cuatro millones de manipulables?

El articulista mexicano Sergio Aguayo Quezada escribió en El País de España: “Reaparece el espectro de las irregularidades electorales y podría mancharse la elección presidencial”, y luego afirma: “nos enteramos que antes de la elección del próximo 2 de julio unos cuatro millones de marginados -tal vez más- recibirán la visita de alguien que les ofrecerá dinero o regalos (sobre todo materiales para construcción) a cambio de su voto” (El País, 15/05/06, p. 15). Ante tan contundente afirmación, queda una severa inquietud por esos cuatro millones de desposeídos a los que se tratará de comprar el voto. Pero se trató de puro fuego de artificio.

Fue otro académico mexicano, Rodolfo de la Torre, el editor del Informe de Desarrollo Humano para México del PNUD de las Naciones Unidas, que es además miembro del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en nuestro país, quien le puso el cascabel al gato (véase el artículo de De la Torre “Lustrando el blindaje” en El Universal, 31/05/06).

Gracias a De la Torre supimos que la afirmación de Aguayo sobre la existencia de los cuatro millones de manipulables está inspirada en un “estudio” -llamémosle así de momento- que la Secretaría de Desarrollo Social encargó, a instancias de uno de los miembros de su Consejo Consultivo -el mismo señor Aguayo-, a Fundar, organización que cobró más de cinco millones de pesos por el trabajo. Fundar es dirigida por Sergio Aguayo. Sabemos, entonces, que una persona promovió un estudio desde un cargo honorífico en una institución pública y que la organización privada que encabeza tal persona cobró por dicho estudio. Peccata minuta.

Ahora bien, vayamos a la metodología que usó el equipo de Aguayo para obtener conclusiones. Resulta que la investigación se hizo sólo en cuatro entidades: Estado de México, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz. Y de ahí se extrapoló una conclusión nacional. Cualquier investigador sabe que para que un estudio arroje conclusiones nacionales medianamente consistentes se requiere del levantamiento de información en una muestra representativa a nivel nacional. Toda conclusión nacional del estudio de Fundar es, por tanto, fruto de la especulación antes que de un análisis preciso.

Exabruptos en España

“El proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA” acusó, sin ambages, el secretario general del Partido Popular español, Ángel Aceves (El País, 06/06/06). Como se sabe, tras décadas de practicar el terrorismo, después de haber cometido más de 800 asesinatos y de mantener en vilo no a la dictadura franquista sino a los ciudadanos de una de las democracias más fructíferas de las últimas décadas, la banda independentista ETA anunció este año el fin de sus acciones armadas. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó al conjunto de los partidos políticos a respaldar la estrategia del gobierno para alcanzar la paz, que incluye el diálogo con ETA, para asegurar la disolución definitiva de la banda. Pero para el PP ahora resulta que dialogar con ETA es volverse parte de ella, es ponerse del lado de los asesinos, aun cuando en su momento (1998) el propio presidente Aznar autorizó contactos con ETA buscando la desmilitarización de la banda. Los dichos del dirigente del PP sólo contribuyen a diluir la cohesión de todos los demócratas frente al terrorismo, que se requiere también ahora que se abre un camino hacia el cese definitivo de la violencia. El fin de ETA sería un anhelado triunfo de la democracia española, no de una fuerza política en particular, por lo que ningún partido debería autoexcluirse ni pretender excluir a los demás como hace el PP. n