¿Adónde va la reforma judicial?

Para todos resulta evidente el nuevo papel que juega la Suprema Corte de Justicia en el entramado institucional del país. Ante los conflictos normales de los actores políticos en un entorno de pluralidad y diversidad de intereses, muchos de los asuntos públicos -desde la viabilidad del presupuesto hasta las implicaciones de las conversaciones del “Gober precioso”, el horario de verano o la suspensión de los anuncios del presidente Fox- acaban por resolverse en el Pleno de la Corte. Cierto, este nuevo escenario es resultado de la transición y recomposición de las fuerzas políticas. Pero también es cierto que es producto de un conjunto de cambios en el diseño de las propias instituciones judiciales que iniciaron desde 1987, que aún no concluyen y cuyo derrotero es incierto. El poder judicial ha sido objeto de escasa atención por parte de analistas y académicos. Quizá esto explique por qué la reforma judicial mexicana es poco conocida y ha suscitado muy poco debate público. En todo caso, esta reforma no constituye un fenómeno aislado, sino que se inscribe en procesos de cambio similares en casi todos los países de América Latina.1 Nunca es tarde, y quizá sea la visibilidad de la Suprema Corte el pretexto que ahora nos obliga a volver la mirada hacia nuestras instituciones judiciales para plantear algunas preguntas básicas sobre su quehacer, eficacia y devenir.

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