Para transparentar el rescate bancario

La meta inequívoca de todas las instituciones financieras del sector público es contribuir al desarrollo y a la estabilidad económica del país. Se trata de que el sector financiero privado propicie altas tasas de ahorro tanto de empresas como de personas a plazos crecientes, con rendimientos reales positivos y sustentables, y que canalice dicho ahorro de forma eficaz a proyectos productivos. También busca atraer ahorro externo y aportar instrumentos de inversión, financiamiento y cobertura de riesgos cada vez más diversos, con liquidez y seguridad jurídica, preservando el valor de los activos financieros de los particulares, con baja probabilidad de generar inestabilidad y costos fiscales. Dado que la crisis bancaria es todavía reciente, la segunda meta es que el sector financiero recobre la aceptación social, que la desconfianza y el resentimiento generado por el rescate bancario sean superados, para renovar la convivencia y avanzar en la necesaria desregulación y la eficiencia. La conformación de un nuevo sector financiero, eficiente y que goce de aceptación, es una tarea inconclusa. Es en este contexto en el que se debe entender el quehacer del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). El IPAB no debe llevar a la argentinización de México (frase acuñada por Luis Rubio), entendida como el retraso en la solución de la crisis, la sospecha, la parálisis y el escándalo con serias consecuencias en términos de aumento en el costo fiscal, desconfianza para la inversión extranjera y la reactivación del crédito; por el contrario, debe aportar determinación y rapidez para que las instituciones sean más fuertes y cumplan su función económica. El IPAB debe contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, apoyar la transparencia, el rendimiento de cuentas, el combate a la impunidad y la reducción del costo fiscal del rescate bancario. Esta función de Estado del IPAB radica en buena forma en la conclusión ordenada y transparente del rescate bancario, con el consecuente restablecimiento de la legitimidad y la confianza en el crédito público (al regularizar los créditos contratados durante el rescate sin autorización del Congreso). Esa tarea dignifica al Instituto y le confiere un lugar importante no sólo en la economía y en las finanzas sino también en la gobernabilidad del país. La crisis bancaria mexicana marcó un hito en las finanzas internacionales y en la globalización. Como resultado, los organismos financieros internacionales han cambiado sus prácticas de detección y resolución de las crisis, y los modelos teóricos de estabilización también han cambiado. A pesar de lo anterior, esta crisis sigue siendo la lección no aprendida de la transición mexicana. Parece que muchos quisieran saltarse una etapa de desarrollo institucional y democrático para seguir adelante. Este documento propone que ello no es posible y que intentarlo tendría implicaciones negativas de largo plazo. Este documento consta de seis partes. La primera resume los costos de la crisis y expone cómo se generó y por qué creció la deuda. La segunda se refiere a los agravantes de los costos fiscales. La tercera se refiere a la función del IPAB. La cuarta aborda las responsabilidades del gobierno federal. La quinta atiende a los dilemas de Estado y expone una serie de preguntas para culminar el rescate bancario. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y se proponen cuatro posibles vías de solución de largo plazo para el IPAB.

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