BARÓMETRO

MOVIMIENTO DEL 68: UNA PERSPECTIVA DE ECONOMÍA POLÍTICA

POR ROLANDO CORDERA CAMPOS

El movimiento estudiantil de 1968 no tuvo en las contradicciones económicas su motivación principal o determinante. Fue la incapacidad de la política estatal para asimilar los cambios en la estructura social, propiciados por el desarrollo económico, la que propició una movilización que pronto puso en evidencia la matriz autoritaria del poder político posrevolucionario.

De primera intención, podría proponerse que la “economía política” de ese tiempo no tuvo mucho que ver con lo ocurrido en las calles y universidades de la capital del país y otros estados de la República. Habré de corregir más adelante esta proposición, pero no sobran elementos para pensar que la vinculación entre la economía y la política tuvo una dirección contraria a la comúnmente imaginada: que fue más bien la economía política posterior, la de la inestabilidad, las devaluaciones, las crisis y los derrumbes de los años setenta y ochenta, la que recibió y resintió el impacto multivariado de ese “desastre del desarrollo” (Albert Hirschman) en que al final se convirtió el movimiento estudiantil, con su secuela de represión masiva, cerco estatal a las universidades y, al despuntar los años setenta, opciones armadas revolucionarias y “guerra sucia”. Fue en los años posteriores al conflicto cuando se puso en evidencia la vía “estrecha” (Carlos Tello) a que había conducido el Desarrollo Estabilizador y que se manifestó en una incapacidad del Estado para cumplir eficientemente con su función legitimadora sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Lo que sobresalía en la economía política mexicana de los sesenta era una cooperación estrecha entre los principales actores económicos y sociales. De asegurar esta cooperación se encargaba el Estado a través del sistema “PRI-gobierno” (Moreno Sánchez); es claro que sus contradicciones económico-sociales “clásicas” seguían en activo y que de ellas podría haberse esperado un desafío de significación para el orden político imperante. No ocurrió así, ni siquiera cuando el movimiento se desplegó como una movilización de alcances y pretensiones populares.

La solidaridad entre los protagonistas económicos sustentaba y se sustentaba en la estrategia de crecimiento implantada por el Estado después del trauma devaluatorio de 1954, de donde arranca lo que después se bautizó como la “estrategia del desarrollo estabilizador”. La devaluación de 1954 y la inflación de los años de la guerra y la inmediata posguerra, junto con los excesos de corrupción y concentración de la riqueza que tuvieron lugar en el periodo del presidente Alemán, hicieron surgir vastos movimientos sociales y proletarios que pusieron en cuestión la política de “unidad nacional” iniciada durante la Segunda Guerra Mundial por el presidente Avila Camacho. El alemanismo llevó al extremo las coordenadas de esa política y agrietó las relaciones del gobierno con las organizaciones de masas encuadradas en el régimen de la Revolución mexicana, así como la legitimidad del Estado, cuya reproducción dependía de la memoria, los mitos y la imagen unificadora que derivaban del pasado revolucionario.

Esas movilizaciones, más que en una lucha de clases abierta, derivaron en confrontaciones entre las organizaciones populares y el Estado que pretendía representarlas. Tal vez fue debido a esto que la represión de aquellos años, a los maestros, ferrocarrileros y otras agrupaciones sindicales, desembocó casi de inmediato en la búsqueda de una política económica destinada de manera explícita a no repetir las condiciones que hicieron posible aquella movilización obrera.

Así, en los años sesenta se puso en acto una estrategia económica en extremo celosa del tipo de cambio y la inflación, pero que a la vez pretendía combinar extensos apoyos a la formación de capital y la industrialización con el incremento sostenido del empleo y los salarios urbanos. Todo ello permitiría mantener, mediante la firmeza política y, de ser preciso, la dureza gubernamental, el crecimiento de la economía y la hegemonía del Estado posrevolucionario.

El objetivo maestro de la estrategia estatal era recuperar y ampliar consensos entre los actores directamente involucrados en la economía. La primera “rebelión empresarial” de los tiempos modernos mexicanos tuvo lugar en los primeros años de la década, al calor de la política hacia Cuba.

En junio de 1960, después de la visita a México del presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, el presidente López Mateos declaró: “…nuestra Constitución es una Constitución de origen popular de izquierda, en el sentido que se le quiera dar a la palabra izquierda en México. Ahora, mi gobierno es, dentro de la Constitución, de extrema izquierda” (Izquierdo, p.19).

Meses después, en noviembre, los organismos empresariales manifestaron su inquietud con estas preguntas: “¿Por cuál camino señor presidente? ¿Vamos hacia un socialismo de Estado?” (Izquierdo, p. 20).

De estos choques surgió el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pero también la decisión estatal de buscar no sólo acuerdos puntuales con los empresarios sino un acomodo de largo plazo en el que pudiera sustentarse la estrategia económica. En esta decisión, sin embargo, resaltaba la intención de reforzar el mando único, indisputable, del “Régimen de la Revolución” encarnado en la presidencia de la República.

Desde la óptica del gobierno, lo que importaba era mantener y consolidar la “división política del trabajo” heredada de la tradición revolucionaria y de la forma en que esta tradición fue concretada en el sistema político que Calles, Cárdenas y Alemán instauraron y volvieron hegemónico. Esta división señalaba a los negociantes y empresarios el papel de invertir, producir y ganar, pero dejaba en manos de los gobernantes y del presidente en particular, las decisiones fundamentales en lo político y en lo económico.

En un detallado comunicado conjunto, los secretarios de Hacienda e Industria y Comercio, Antonio Ortiz Mena y Raúl Salinas Lozano, respectivamente, señalaban, entre otros, los siguientes planteamientos:

“Con frecuencia la iniciativa privada ha solicitado la ayuda del gobierno para el mejor desenvolvimiento de sus negocios y siempre ha encontrado una franca y amistosa acogida. Muchas empresas están consolidadas debido a la amplia y oportuna intervención del Estado a su favor; pero también en algunos casos cuando el éxito no ha correspondido a su esfuerzo, las instituciones oficiales —a solicitud de los propietarios privados— han tomado a su cargo el riesgo de hacer prósperos esos negocios sin reparar en el costo que vaya a originarse ni el tiempo que transcurra en su consolidación, evitando la desaparición de fuentes de trabajo y de renglones generadores de riqueza nacional.(…) El Estado apoya e impulsa a la iniciativa privada, pero está dispuesto a suplirla en sus ausencias o sustituirla en sus deficiencias; así… canaliza hacia las industrias fundamentales los elementos que sean necesarios (para) satisfacer las necesidades nacionales (y para) dar a la iniciativa privada la posibilidad de desenvolver nuevas actividades en campos antes no accesibles por falta e insuficiencia de capitales privados. Tal es el caso de la industria petroquímica, que ha hecho necesaria la inversión de grandes sumas para hacer posible que el capital privado inicie una variedad de industrias a partir de los nuevos elementos básicos generados por Petróleos Mexicanos” (Izquierdo, pp.20-21).

Así se buscaba implantar, al calor de los malos entendidos de la retórica que traía a México el inicio de la Guerra Fría en el Caribe, lo que años después Roger Hansen llamaría la Alliance for Profits mexicana. La representación de los intereses de los patrones se daría mediante el formato corporativo y sectorial heredado del cardenismo, en torno a la presidencia y sus secretarías; en la presidencia también recaía la tutela de las masas organizadas y encuadradas en el eje PRI-gobierno. Los intereses de estas masas, por supuesto, estaban sujetos a la interpretación y traducción política que de ellos hacía el presidente, por sí o por medio de sus colaboradores, que usaban a las organizaciones populares como correas de transmisión que con el paso del tiempo se volvieron sobre todo líneas de mando vertical o de plano comparsas del poder estatal.

Conforme con todo esto, se mantuvo y extendió la política proteccionista; también, se reafirmó una política fiscal claramente favorable al capital privado, que pospuso sin fecha una reforma fiscal progresiva. Además, el Estado decidió la creación de “reservas” de mercado para la empresa nacional, mediante una política de “mexicanización” que Díaz Ordaz no sólo mantuvo sino amplió.

En 1961 se expide una nueva ley minera que otorgaba incentivos fiscales de forma exclusiva a empresas con mayoría mexicana, en tanto que las nuevas concesiones se darían a empresas con 66% de capital nacional. La “división política” del trabajo no impedía sino que justificaba la creación de empresas estatales que reforzaran la alianza y abrieran nuevos campos de inversión, o bien fueran al rescate de empresas privadas en problemas que pusieran en peligro las fuentes de trabajo. Así, se amplió la participación de empresas paraestatales o mixtas, fundamentalmente enfocadas a las ramas de bienes intermedios y de capital.

En 1966 se decreta la mexicanización del sector financiero y en 1970 la de la siderurgia, el cemento, el vidrio, la celulosa, los fertilizantes, el aluminio (Cárdenas, pp.71-73; Izquierdo, pp. 19-23).

Los objetivos establecidos por el presidente López Mateos fueron alcanzados. El PIB creció en la década por arriba del 7% y superó el crecimiento de la población que lo hacía al 3.4%. El producto por persona evolucionó a una tasa de 3.6% anual y los salarios en las manufacturas lo hicieron al 4%. Los ingresos y la ocupación alcanzaron en 1968 un “altiplano” que se mantuvo hasta 1971 gracias al dinamismo de la inversión privada, nacional y extranjera.

Entre 1963 y 1970, la inversión privada evolucionó a una tasa media anual de 11.5% y en 1968, 1969 y 1970 lo hizo al 9.6%, 9.8% y 19.9%, respectivamente. La inversión extranjera, que podría haber resentido con más fuerza las convulsiones políticas de aquel año, registró en 1968 y 1969 entradas por 208.8 y 297.5 millones de dólares, respectivamente, para llegar en 1970 a 316.2 millones de dólares (Izquierdo, p.208).

Todo crecía en esa época en México. Junto con la economía, las ciudades se expandían debido a las fuertes tendencias migratorias provenientes de un campo con crecimientos demográficos globales superiores al 3% anual.

Lo mismo puede decirse de los grandes agregados relacionados con el desarrollo social. El gasto público destinado a la salud y la educación aumentó sustancialmente y el número de niños y jóvenes en el sector educativo saltó de 6.9 millones en 1962, a 11.9 millones en 1970 (Cárdenas, pp.58-66).

Sólo el campo y la agricultura empezaban a registrar un desempeño poco dinámico, que luego se volvería una crisis secular. Esto se expresaba en un crecimiento de la producción agropecuaria menor que el demográfico, así como en una aceleración de la migración hacia las ciudades, que empezaban a resentir fenómenos de congestionamiento, marginalidad, escasez de infraestructura y deficiencias habitacionales.

No hubo entonces, sin embargo, ni movilización agraria o campesina, ni agitación popular-urbana propiamente dicha. En ambas dimensiones se registraban ya deslizamientos sociales que podían confluir en grandes movilizaciones, pero su expresión de masas sería posterior al movimiento de 1968.

(De paso, la movilización de las capas populares a lo largo de los años setenta, siempre se da políticamente segmentada, hasta que en 1988 la escisión del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, propició que varios de esos contingentes se encontraran. Las determinaciones provenientes de la economía política sí pueden en este último caso detectarse en los grandes descalabros producidos por las crisis económicas, el ajuste y el inicio del cambio estructural, que afectaron a los sectores populares y productivos más vulnerables y menos protegidos por la precaria red de seguridad social existente.)

La expansión económica lograda permitió que se diera una rehabilitación del pacto con el movimiento obrero, pero sin revisar las condiciones básicas de subordinación política que se esperaba de sus organizaciones. Así, fueron el gasto social incrementado y los aumentos sostenidos de los salarios reales los instrumentos preferidos. Con ello se lograba “paz social” y que los objetivos rectores de la estabilidad macroeconómica siguieran intocados (Izquierdo, pp.18- 19). En particular, el aumento en los salarios reales pudo darse y sostenerse gracias a aumentos importantes en la productividad, que en promedio creció por encima de las percepciones reales de los trabajadores. Con esto se aumentó el ingreso del trabajo pero se mantuvo la concentración del ingreso.

Del examen de estos procesos puede concluirse que el movimiento estudiantil de 1968 no tuvo en las contradicciones económicas su motivación principal o determinante. Fue la incapacidad de la política estatal para asimilar los cambios en la estructura social propiciados por el desarrollo económico, la que propició una movilización que pronto puso en evidencia la matriz autoritaria del poder político posrevolucionario. Luego, cuando se quiso asimilar estos cambios sociales sin tocar la política y sólo con cargo a la economía, fue cuando el régimen del desarrollo estabilizador se puso en jaque y todo empezó a cambiar.

Bibliografía: Cárdenas, Enrique, La política económica en México, 1950-1994, FCE, México, 1996.

Hirschman, Albert, Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1981.

Izquierdo, Rafael, La política hacendaría del desarrollo estabilizador 1958-1970, FCE. México, 1995.

Moreno Sánchez, Manuel, La crisis política de México, Extemporáneos, México, 1971.

Tello, Carlos, La política económica 1970-1976, Siglo XXI, México, 1979. n

Este texto continúa la reflexión iniciada en el “Barómetro” del número 319 de Nexos, correspondiente a agosto de este año.