CUENTAS POR SALDAR

POR DENISE DRESSER

I

Hay países que castigan su pasado. Hay otros que lo entierran en un ataúd. En México, la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado busca examinarlo, desentrañarlo, dar señas necesarias del régimen que fue. Como dice la frase célebre de George Santayana, “aquellos que se olvidan del pasado están condenados a repetirlo”. En México hay dos motivos para desenterrar los esqueletos: sanar las heridas de los supervivientes y asegurar que se cumpla el “nunca más”. En nuestro país hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas familias deshechas, demasiadas violaciones de derechos humanos y políticos. Los mexicanos merecen saber qué le hizo qué a quién y por qué. El pasado es prólogo y ahora que en el país se escribe, a marchas forzadas, el manual de la democracia, se requiere tanto una introducción como un punto final.

Hurgar en el pasado es una tarea definitoria de cualquier democracia que llega al poder después de un periodo autoritario. Tina Rosenberg lo subraya en un artículo en Foreign Affairs: “Una de las primeras preguntas que debe enfrentar una nueva democracia es qué hacer con los viejos dictadores”. Desde la revolución francesa, los que asumen el poder intentan lidiar con quienes lo perdieron. Desde la Patagonia hasta Polonia, desde Sudáfrica a El Salvador, desde Chile a Checoslovaquia, el nuevo régimen investiga o purga o perdona al viejo régimen. Quienes miran al pasado lo hacen por motivos encontrados: la nobleza o la mezquindad, la revancha o la reconciliación. Porque entienden que el pasado importa, pesa y nos alcanza. George Orwell tenía razón: quien controla el pasado controla el futuro; quien controla el presente, controla el pasado.

En México la dictadura perfecta no desaparece a miles, no convierte los estadios en centros de tortura, no entierra cuerpos en ataúdes colectivos a lo largo de los Andes. Pero tampoco tiene las manos limpias. Basta leer Los patriotas de Julio Scherer y Carlos Monsiváis para saber qué se hizo en nombre de la patria. Basta hojear Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor para entender la represión en Guerrero. Basta mirar a los ojos de Rosario Ibarra de Piedra. Basta escuchar las historias de Acteal. Basta haber estado en la Plaza de las Tres Culturas la noche del 2 de octubre de 1968. Basta mirar los expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Basta hablar con el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto. Basta haber vivido en México entre 1968 y 1979.

Allí está la lista de aquellos que por acción u omisión permitieron que en México fuera posible atravesar “agujas por diversas partes del cuerpo y por debajo de las uñas de pies y manos”, que permitieron la aplicación de toques eléctricos y la existencia de cárceles clandestinas, que permitieron los cateos de los domicilios y la tortura en los hospitales, que permitieron las aprehensiones ilegales y las detenciones arbitrarias, que permitieron los abusos de las Brigadas Blancas. Allí está la lista de las personas responsables de las tareas de seguridad en los sexenios de la “guerra sucia”. Allí está la lista de los secretarios de la Defensa Nacional, los procuradores generales de la República, los directores de la Policía Judicial Federal, los secretarios de Gobernación, los miembros de la Dirección Federal de Seguridad. Allí están Hermenegildo Cuenca Díaz, Pedro Ojeda Paullada, el general de brigada Edmundo Arriaga, Mario Moya Palencia, Enrique Olivares Santana, Miguel Nazar Haro, Félix Galván López, Oscar Flores Sánchez, Mario Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo, por mencionar sólo algunos. Allí están los documentos y los hechos y los cadáveres y los niños nacidos en cautiverio y los responsables.

Es imposible negarlo: el país tiene un pasado problemático. En casos de tortura hay víctimas que caminan cojeando. En casos de desapariciones hay familiares en busca de información. En casos de asesinatos políticos hay testigos que han tenido que callar. En casos de corrupción hay todavía cuentas por rendir. “Qué hacer con el pasado” es un ingrediente esencial de una transición integral. Con frecuencia las viejas heridas sanan mal y es necesario abrirlas para limpiar viejas infecciones. Para ello no basta abrir algunos archivos polvosos a ciertas personas con la esperanza de resolver determinados casos. Por ello, no basta “llegar al perdón” como ha sugerido el general Vega García. Para perdonar a los perpetradores del pasado es necesario saber qué hicieron.

Muchos dicen que México no es ni Chile ni Argentina ni Sudáfrica. En México hubo quizás cientos de víctimas y no miles de ellas. Pero el número de víctimas no debe determinar el peso del pasado ni la intensidad del interés en la rendición de cuentas. La verdad es un valor absoluto; no es ni debe ser relativo al número de personas cuyos derechos fueron atropellados. ¿Acaso porque el número de víctimas fue menor los afectados merecen menos respeto? Muchos mexicanos creen que la experiencia del país es excepcional, cuando en realidad existen muchos casos y muchos ejemplos que es posible emular. La ruta de la verdad ya ha sido recorrida —de manera exitosa o desastrosa en otras latitudes—. La “justicia transicional” se ha convertido en un concepto global. “El derecho a la verdad” es una obligación del Estado, codificada por el derecho internacional.

Todas las víctimas de aquellos años y aquellos daños merecen saber que las cosas han cambiado. Merecen saber que los torturadores y los represores forman parte del pasado. Merecen ser tratados como ciudadanos con derecho a obtener información sobre un Estado que los ha maltratado. El conocimiento colectivo permite la reconciliación colectiva. La verdad misma entraña una forma de justicia; entraña la reparación de un mundo moral en el que las mentiras son mentiras, las verdades son verdades, y el Estado no es impune. México nunca escapará de su pasado, pero por lo menos puede llegar a un entendimiento cabal sobre él.

II

El mandato explícito de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado es descubrir, esclarecer y reconocer, de manera formal, los abusos del pasado; responder a las necesidades específicas de las víctimas; contribuir a la justicia y a la rendición de cuentas; determinar responsabilidad institucional y recomendar reformas. Busca recolectar, sistematizar y diseminar la verdad. Le pide a los familiares de los desaparecidos durante los años setenta que rindan testimonio, le pide a los campesinos torturados que describan a sus torturadores. Lleva a cabo investigaciones oficiales en torno a un patrón de abusos en el pasado. Con ello intenta cambiar la forma en la que México entiende y acepta los aspectos más contenciosos de sí mismo. Busca rescatar una historia escondida y compartirla. Como ha dicho el escritor Michael Ignatieff: “El pasado es un argumento y la función de los que buscan la verdad, como la función de los historiadores honestos, es simplemente purificar el argumento, acortar la gama de mentiras permisibles”.

Eso es lo que la Fiscalía empieza a lograr con el caso de Miguel Nazar Haro, el hombre con el “cabello pulcramente peinado hacia atrás, saco de color lana miel, de 78 años de edad y enfermo de diabetes”, el ex director de la Dirección Federal de Seguridad, el maestro del interrogatorio. La Fiscalía cree que quienes sobrevivieron sus técnicas están allí para relatarlas; que quienes padecieron en carne propia el dolor siguen vivos para describirlo. La Fiscalía piensa que es posible para muchos señalar al ex policía con el dedo índice y decir “él fue”. Cuando Nazar Haro pregunta “¿cuál tortura?”, abre la puerta para los testimonios de quienes fueron objeto de ella.

En el libro La Charola: una historia de los servicios de inteligencia en México, Sergio Aguayo narra el caso de Pedro Cassian Olvera, aprehendido el 28 de octubre de 1974 por un grupo encabezado por Nazar Haro: “De inmediato me vendaron los ojos y me llevaron a una casa en donde se me desnudó y se me empezó a golpear en todo el cuerpo, principalmente con golpes de karate en la garganta y en la nuca, después me mojaron y empezaron a darme toques eléctricos con una picana en el pene, en los testículos, el ano, en una cicatriz que tengo, en las orejas, dentro de las fosas nasales, en los labios, en las encías y en la lengua, después de esto me hicieron comer dos tazas de excremento, luego me tendieron en el suelo y Miguel Nazar Haro me ponía una pistola en la sien jalando el gatillo”.

Lo que le pasa a Pedro es parte de un patrón. El carácter de un país puede ser determinado en alguna medida por cómo trata a sus prisioneros, y México lo ha hecho de mala manera: golpeando, electrocutando, torturando. Lo perverso de la tortura en México ha sido su naturaleza política. Ha sido llevada a cabo por ciertos grupos de la sociedad en contra de otros. Ha sido utilizada para mandar un mensaje. Ha sido cometida por instituciones creadas para proteger a los individuos en vez de maltratarlos. Ha sido justificada por el gobierno y utilizada como método para mantener maniatada a la sociedad.

Durante la guerra sucia los encargados de combatirla no tenían las manos limpias. Detenían y desaparecían, perseguían y pisoteaban. Organizaban Brigadas Blancas para perseguir fines negros. Usaban al Campo Militar Número Uno como una cámara de tortura para los mexicanos. Recolectaban a campesinos y tiraban sus cuerpos al mar. En nombre de la seguridad  nacional torturaban a todo aquel que el gobierno designara como capaz de amenazarla. En nombre de la paz social reprimían a todo aquel que cuestionara las técnicas detrás de su mantenimiento. Miguel Nazar Haro es ejemplo emblemático de una era de violencia promovida por el Estado, llevada a cabo desde el Estado. Es el principal policía político de un régimen que usaba la brutalidad como fórmula de gobernabilidad.

Desde hace décadas los perseguidos y los reprimidos han intentado contar sus historias y nadie ha querido escucharlas. Desde hace años las madres de los desaparecidos han pedido que se les encuentre y nadie ha querido buscarlos. México ha sido un país de promesas incumplidas e investigaciones postergadas, de funcionarios impunes y mentiras maquilladas. Nazar Haro y sus jefes podían dormir tranquilos porque el poder los protegía, porque las comisiones callaban, porque la sociedad no había aprendido aún el significado de la palabra accountability. Nazar Haro y sus subalternos podían envejecer en paz porque había pocos ocupados en desenterrar el pasado. Pero la Fiscalía Especial tiene en sus manos el expediente de Jesús Piedra Ibarra, detenido hace tres décadas y a quien su madre no ha vuelto a ver. Es el caso de un solo muchacho, pero su resolución será crucial para muchos más.

El caso del ex presidente Luis Echeverría es emblemático para entender por qué es tan difícil para México asimilar el pasado y lidiar con él. Echeverría juega un papel central en por lo menos dos episodios de represión estatal: el 2 de octubre y el Jueves de Corpus. Pero nadie sabe exactamente cuál es el guión que sigue y actualmente la Fiscalía Especial quiere descubrirlo. ¿Dio órdenes o se limitó a obedecerlas? ¿Tomó decisiones o se las imputó a otros? ¿Tiene las manos sucias o tan sólo manchadas? Durante décadas esas interrogantes han flotado en el aire y llegó el tiempo de aprehenderlas. Echeverría habla de la “corresponsabilidad” del país entero y tiene razón: los ciudadanos tienen la responsabilidad de preguntar y él la de responder. Así es el ejercicio del poder en las democracias: entraña rendición de cuentas por lo que se hace y lo que se hizo. Allí está Milosevic como botón de muestra y Pinochet para probarlo.

Durante los últimos 25 años el mundo ha cambiado y para bien: lo que antes era legítimo ahora ya no lo es, lo que antes era un acto soberano ahora es un crimen internacional. El Estado actualmente es un ente maniatado. Ya no puede maltratar y tapar, reprimir y exprimir, desaparecer a sus enemigos o desterrarlos. Ya no puede justificar el homicidio y el genocidio, las lesiones y las desapariciones. Hoy quien actuó en el pasado se ve obligado a rendir cuentas en el presente: frente a los tribunales en La Haya, o frente Baltasar Garzón, o frente a la Corte Penal Internacional, o frente a la opinión pública, o frente a sus hijos. Y para la Fiscalía Especial, Luis Echeverría no puede ser la excepción.

Para la Fiscalía Especial no es posible ocultar la existencia de los desaparecidos, no es posible argumentar que la guerra sucia tuvo motivaciones limpias. Allí están los archivos y los testimonios y las fotografías y las víctimas y los victimarios. Allí están los documentos revelados por la revista Proceso, describiendo las directrices que convirtieron a ciudadanos mexicanos en despojos “desechables”. Allí está Jesús Martín del Campo denunciando la muerte de su hermano Edmundo. Allí está el México de hoy denunciando los abusos y las arbitrariedades del México de ayer. Para que no se olviden y no se repitan.

Las familias de los desaparecidos quieren saber quiénes eran los Halcones y quién les dio instrucciones; quieren saber si el presidente estaba enterado o le pasó la responsabilidad a algún encomendado. Salga a la luz lo que tenga que salir, el hecho ineludible es que la represión fue utilizada como política de Estado. En Tlatelolco, en el casco de Santo Tomás, en Ciudad Universitaria y en el Zócalo, una generación se batió contra el poder público y pagó el precio por ello. Hubo muertos y heridos, magullados y zarandeados, asesinados y desaparecidos debido a acciones ilegales perseguidas con fines estatales. Cables secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos de aquella época lo constatan: el servicio secreto trabajaba al margen de la ley, de manera inconstitucional. El gobierno lo sabía y lo apoyaba.

La Fiscalía hoy lidia con las siguientes preguntas: ¿Cuánto sabe Echeverría? ¿Cuánto supo Echeverría? ¿Cuánto participó y cuánto supervisó? ¿Dijo, como lo relató Alfonso Martínez Domínguez, “quemen a los muertos, que nada quede, no permitan fotografías”? En la entrevista que Echeverría le concede a Jorge Castañeda para La herencia: arqueología de la sucesión presidencial en México, argumenta que sólo el presidente maneja al ejército. En la visión echeverrista del poder presidencial, el presidente está al mando en todos los aspectos. Ese punto de partida lo absuelve parcialmente de la Noche de Tlatelolco pero no del Jueves de Corpus. Un presidente que se jacta de omnipotente no puede serlo selectivamente.

Luis Echeverría dice: “Yo no me siento responsable. Culpar a una persona es caer en simplismos. Lo que ocurrió fue consecuencia de una corresponsabilidad compartida”. Y tiene razón: hubo quien dio las órdenes y quien las siguió; quien cogió el teléfono y quien lo contestó; quien se puso un guante blanco en la mano y quien convirtió esa mano en un puño; quien distribuyó las varillas y quien se puso a golpear a estudiantes con ellas. Los participantes en esa corresponsabilidad compartida tienen nombre y apellido, algunos son culpables y otros son responsables.

Luis Echeverría argumenta que hay muchas perspectivas y puntos de vista encontrados. La Fiscalía Especial quiere que los explique. Luis Echeverría señala que “la cosa es mucho más compleja”. La Fiscalía quiere entenderla. Luis Echeverría dice que no se arrepiente de nada. La Fiscalía quiere saber por qué no. Luis Echeverría enfatiza que los mexicanos deben tener conocimiento de la historia. La Fiscalía quiere su propia versión de ella. Luis Echeverría expresa su “solidaridad sin reservas” hacia todos los actos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La Fiscalía quiere conocer el significado de sus palabras. Heberto Castillo lamentó alguna vez que “las agresiones contra el pueblo en este país permanecen siempre en el misterio”. Ahora, años después, la Fiscalía Especial quiere descifrar los misterios del 68 y sus secuelas, abrir la cortina, encender la luz, convertir a un ex presidente intocable en un líder responsable.

III

Dos años después de su creación, la Fiscalía Especial enfrenta serios obstáculos. Ignacio Carrillo Prieto es un fiscal especial atrapado en el laberinto de la complicidad compartida. Como lo documenta el reporte reciente de Human Rights Watch, la parálisis no se debe a la falta de voluntad del fiscal, sino a los obstáculos estructurales que enfrenta. El problema principal tiene que ver con el gobierno federal, con el entramado legal, con la justicia militar. Es allí donde se han erigido vallas y muros para frenar al fiscal y acotarlo; es allí donde persisten los silencios y las puertas cerradas. La Fiscalía Especial no tiene los recursos humanos y materiales que necesita; no tiene el acceso a los documentos desclasificados que requiere; no tiene la cooperación prometida por parte del ejército, indispensable para cumplir con su labor; no tiene la actuación eficaz de la Agencia Federal de Investigaciones, encargada de encontrar a aquellos contra quienes se han girado órdenes de aprehensión.

Cuando Ignacio Carrillo Prieto aceptó el puesto, preguntó si iba a ser posible encarar a todos los responsables de la guerra sucia, aunque hubieran estado en la punta del poder. Y se le dijo: “todos son todos”. Pero hoy parece que todos son sólo uno: Miguel Nazar Haro y nadie más. Otros están prófugos, otros tienen protección política. Y entonces —como se pregunta Human Rights Watch— ¿para qué se creó la Fiscalía Especial si está condenada al fracaso? ¿Se estableció sólo para acallar a aquellos que exigían una Comisión de la Verdad? ¿Es una institución a la cual se le darán promesas dado que el gobierno de Vicente Fox no puede —o no quiere— ofrecerle más?

La situación precaria de Carrillo Prieto revela un problema más profundo: durante los últimos tres años, el gobierno ha dado pasos para promover los derechos humanos y protegerlos. Ha abierto algunas cajas y diseminado algunos documentos. Ha colaborado con organismos internacionales y no ha puesto impedimentos a su escrutinio. Pero esos pasos —en la dirección correcta— han sido demasiado pequeños y demasiado temerosos. Al gobierno le ha faltado comprometerse a fondo con los derechos humanos de los mexicanos, tanto de los vivos como de los muertos. Le ha faltado dar instrucciones claras y órdenes precisas. Le ha faltado asumir a los derechos humanos como una de las áreas privilegiadas del ejercicio del poder. Le ha faltado comprometerse con la Fiscalía Especial y apoyarla a fondo.

Sin ese apoyo —tanto político como burocrático— la Fiscalía Especial está condenada a investigar casos y a llamar testigos, a entrevistar a los culpables para luego dejarlos en libertad, a obtener órdenes de aprehensión pero no encontrar a quienes se vuelven prófugos. Carrillo Prieto ha abierto más de 300 investigaciones formales, ha recolectado el testimonio de cientos de familias, ha revisado los documentos de cientos de cajas. Pero —con la excepción de Miguel Nazar Haro— sigue con las manos vacías. El ex presidente promete responder preguntas por escrito pero no lo hace. Los ex torturadores desaparecen y el Estado mexicano no los encuentra. El mayor obstáculo al que se enfrentan los que quieren saber más sobre el pasado, es la complicidad personal e institucional que existe sobre él. Aunque ya hay 80 millones de documentos en el Archivo General de la Nación, no es fácil obtener acceso a ellos. Hay tres kilómetros de papel y ningún índice para entenderlos. Hay que pedir y esperar, rogarle a quien se ocupa de proporcionarlos —Vicente Capello— y someterse a su discreción. El decide qué es público y qué es privado, qué es relevante e irrelevante, qué mostrar y cómo hacerlo. El que fuera empleado de la Dirección Federal de Seguridad hoy tiene la autoridad para determinar qué información dará a conocer sobre esa organización. El que ayer fuera parte, hoy es juez, y de ahí que exista un profundo conflicto de interés. Peor aún, cuando tanto poder recae sobre los hombros de una sola persona, puede ser fácilmente comprada o intimidada.

Pero más allá de los documentos hay un problema con los militares. Aunque el ejército ha expresado una nueva actitud y un nuevo compromiso con los derechos humanos, aún no se rige del todo por ella. El ejército todavía niega información o la oculta. Todavía se rehúsa a entregar nombres y datos. Todavía pierde archivos o no tiene tiempo para buscarlos. En vez de apoyar las labores de la Fiscalía Especial, la Procuraduría General de Justicia Militar ha optado por sus propios métodos y sus propios tribunales. Y como todos los organismos internacionales de derechos humanos saben y reclaman, la justicia militar cuida a los suyos. Clama jurisdicción para ofrecer protección. Y su involucramiento en casos pendientes no despierta confianza entre testigos potenciales. Produce temor. Como declara una mujer a Human Rights Watch. “¿Cómo voy a ir a la procuraduría militar y si estoy denunciando a un general?”.

La Fiscalía Especial tiene todavía numerosos pendientes: entrevistar a muchos miembros de las fuerzas de seguridad, identificar otras líneas de investigación y perseguirlas, exhumar los cuerpos de cementerios clandestinos e identificarlos, exigir a la PGR que encuentre a los prófugos y someterlos a la justicia. Tiene que obtener testimonios de aquellos sugeridos por las familias de las víctimas. Para lograrlo necesitara más recursos —humanos, materiales, políticos— a su disposición. Necesitará más investigadores y más asistentes. Necesitará más equipo forense y dinero para comprarlo. Necesitará personal capacitado y bien motivado. Necesitará mejor acceso a documentos mejor catalogados. Necesitará romper la resistencia de las cortes mexicanas. Necesitará que la Agencia Federal de Investigación persiga a los culpables en vez de filtrarles información.

La Fiscalía Especial es la única ventana oficial que existe para la rendición de cuentas sobre el pasado. Por eso es temida por algunos y por eso requiere los apoyos que le han faltado. Una Fiscalía Especial con recursos y poder real no buscaría crucificar al PRI, o apuntar con dedos flamígeros, o mandar a adversarios políticos a Almoloya. Simplemente llevaría a cabo el mandato para el cual fue creada. Subrayaría que el gobierno quiere examinar el pasado para no repetirlo. Al exhibir la debilidad de las instituciones podría contribuir a reformarlas. Al trabajar de manera escrupulosa para codificar los derechos violados, podría contribuir a que, en el futuro, esos derechos fueran respetados. Al señalar cómo ocurrieron los abusos, podría ayudar a prevenirlos. Al informarles a los ciudadanos sobre el maltrato, podría enseñarles cómo resistir su repetición. Al contribuir a la rendición de cuentas, podría fortalecer la procuración de la justicia más allá de lo que logran —o no logran— hacer las cortes. Mandaría el mensaje de que México puede ser la región más transparente del aire.

Estas tareas pendientes requerirán la capacidad de persuadir y la capacidad de presionar. Lamentablemente, hoy por hoy, la Fiscalía Especial carece de ambas. Es una institución loable pero limitada; tiene buenos propósitos pero le hacen falta los instrumentos necesarios para hacerlos realidad. Es una institución que necesita el apoyo de otras —Gobernación, PGR, CNDH, CISEN, procuraduría militar— para llevar a cabo la tarea que le fue encomendada. La Fiscalía Especial sólo funcionará de manera eficaz cuando reciba el respaldo político necesario para hacerlo. Si no lo obtiene, y pronto, el país sabrá que fue creada para colocar cortinas en vez de abrir ventanas. Y la impunidad no será erradicada. Será ignorada.

Dentro de la clase política mexicana hay quienes piensan que la verdad es una concesión a la población; algo que puede soltar a cuentagotas para callar a aquellos que no paran de gritar. Dentro del gobierno hay quienes creen que pueden elegir entre enterrar el pasado —para no provocar la ira del PRI— o hurgar en él de manera poco eficiente con tal de cumplir una promesa de campaña y desactivar políticamente a quienes la recuerdan. Pero el tema rebasa esta visión estrecha. Cualquier gobierno democrático producto de una transición tiene la obligación ética de explicar lo que ocurrió en el pasado. La verdad es un derecho. No es algo que el poder pueda conceder sino algo que el poder no puede quitar. n