I. 1936-54

Durante muchos años el peso mexicano ligó su historia y su destino al precio del oro y de la plata en los mercados internacionales. En los últimos años del siglo pasado la plata sufrió un descenso constante de su precio con respecto al oro; como en nuestro país el peso plata era el equivalente general y el medio de circulación más importante, el descenso de la paridad oro-plata en el mercado mundial significó una pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda con el exterior, en particular con el dólar norteamericano. Por ello la paridad peso-dólar estaba directamente vinculada a las oscilaciones de los precios del oro y la plata en el mercado mundial. Esta situación se mantuvo no sólo durante el porfiriato, sino también en los regímenes postrevolucionarios, a pesar de que el presidente Carranza estableció el patrón oro en octubre de 1918.

Los efectos de la gran depresión y el déficit en la balanza de pagos que ésta acusó en nuestra economía, provocó que el oro saliera del país y que la plata reafirmara su carácter favorecido de medio de cambio. En 1931 el gobierno desmonetizó el oro dejando a la plata como medio de pago de curso forzoso, mientras los billetes de banco eran de aceptación sólo voluntaria (excepto en las oficinas públicas) y sin poder liberatorio ilimitado. Todo esto obligó al gobierno a dejar el peso al libre juego de la oferta y la demanda en el mercado internacional de cambios. La “flotación”, como ahora se le llama, cambió la paridad de 2 pesos a 3.60 pesos por dólar y duró de julio de 1931 a diciembre de 1933, cuando el Banco de México decidió una paridad fija.

Con la desmonetización del oro y la fijación de un tipo de cambio fijo con el dólar, se sentaron las bases para el sistema monetario moderno, la creación del Banco de México años antes, en 1925, y la creación de una reserva monetaria para cubrir los déficits con el exterior, fueron otras medidas de igual importancia. Pero sólo hasta 1936 se decretó la desmonetización total del dinero y se dio a los billetes poder liberatorio ilimitado y curso forzoso. Puede decirse que a partir de entonces la moneda mexicana dejó de depender de las fluctuaciones internacionales del precio de los metales preciosos. En adelante, “el valor interno y externo de la moneda dependerían básicamente del manejo de la política monetaria”.

Al contar con el monopolio de la emisión de moneda, el Banco de México asumía las funciones de un banco de bancos o Banco Central. A través de este monopolio, las autoridades regularon el volumen de medios de pago según los criterios de política económica elegidos. Este control, a su vez, era un elemento fundamental para regular el crédito y el gasto, lo que incidía negativa o positivamente en el crecimiento económico al aumentar o disminuir la demanda agregada y la oferta. Por otra parte, el Banco de México pudo regular el tipo de cambio con el exterior alterando la paridad del peso con otras monedas extranjeras y en particular con el dólar. Normalmente, la modificación de la paridad con el dólar depende del monto del desequilibrio externo y del riesgo de que las reservas monetarias se agoten.

Entre 1933 y 1938, la paridad del peso con el dólar no se alteró. Gracias a las reformas monetarias de 1935 y 1936, el régimen cardenista pudo manejar el gasto público para echar a andar distintos proyectos. Es decir, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, el financiamiento del gasto ya no estaba determinado tan sólo por los ingresos del gobierno y los préstamos extranjeros. Ahora se podía recurrir a la expansión de los medios de pago para financiar el déficit público.

La política económica expansionista de Cárdenas tuvo efectos negativos sobre la balanza de pagos al aumentar las importaciones y los precios internos, lo que a su vez redujo las exportaciones. Pero, al mismo tiempo, el país entró en un periodo agudo de lucha de clases. Las reformar sociales, el antimperialismo y el fortalecimiento del movimiento obrero y popular, junto con la recesión económica mundial de 1937, provocaron una salida masiva de capitales que mermaron las reservas internacionales del Banco de México. La expropiación petrolera aceleró la fuga de capitales y la “dolarización” de la economía. Entonces el Banco Central, ante la demanda masiva de dólares y con una reserva ya muy reducida, tras dos años de déficit en la balanza de pagos, decidió abandonar el tipo de cambio fijo y dejar que el mercado señalara una nueva paridad con el dólar. El peso cayó de 3.60 hasta 6 pesos por dólar en agosto de 1939 para luego recuperarse hasta 4.85 pesos por dólar en octubre de 1940, cuando el Banco de México adopto dicha paridad.

La devaluación del peso durante el régimen de Cárdenas tuvo dos diferencias fundamentales con los procesos devaluatorios anteriores. En primer lugar, se trató de una devaluación decidida por causas fundamentalmente internas. Es decir, fue la política económica del gobierno cardenista y no las fluctuaciones de los metales en los mercados internacionales lo que determinaron la devaluación. Pero también fue, claramente, una devaluación forzada y precipitada por la salida de capitales a raíz de las medidas reformistas del régimen y en particular por la expropiación petrolera.

La devaluación de 1938 tuvo una mecánica que se repetiría en las devaluaciones posteriores: déficit del gasto público, inflación (mayor a la de Estados Unidos), caída de las exportaciones (normalmente ligada a un periodo recesivo a nivel mundial), déficit en la balanza de pagos, especulación y dolarización (fuga de capitales), disminución de las reservas del Banco de México, devaluación. Esta mecánica devaluatoria sólo es posible en un sistema donde la moneda es fiduciaria, y en una situación en que al mismo tiempo los intercambios de capitales y mercancías con el extranjero, y en particular con Estados Unidos, son determinantes para el desarrollo del país. Modernización capitalista y dependencia son, entonces, el campo sobre el cual se ha desarrollado la mecánica devaluatoria desde 1938 hasta nuestros días. Por otra parte, la devaluación de 1938 fue la expresión de una crisis financiera precipitada por la fuga de capitales, particularmente extranjeros. En ese caso fue obvio el ingrediente político de la devaluación.

La devaluación no puede verse sólo como un fenómeno económico, como un hecho fatal producido por una política económica expansionista o una recesión mundial. La salida de capitales que hace inminente una devaluación es producto de una situación política y de lucha de clases. Así, una devaluación expresa, en el momento en que se decide, además de una situación económica y financiera deteriorada, una determinada correlación de fuerzas entre las clases y una materialización de la política que el grupo gobernante ha decidido impulsar.

EL REFUGIO INFLADO Y EL MOVIMIENTO OBRERO

Desde este punto de vista la devaluación de 1938 fue resultado de una política reformista y antimperialista, pero también de un gobierno imposibilitado, por la alianza de clases que representaba, para impedir que los efectos “negativos” de esta política (inflación, déficit externo, devaluación) fueran transitorios y reversibles. Si bien provocó la devaluación, la inflación durante el cardenismo no condujo al estancamiento económico. Al contrario, aceleró el crecimiento de la economía. Pero el costo del crecimiento no dejó de reflejarse en la situación de los asalariados, que empeoró en los dos últimos años. No es una coincidencia que la expropiación petrolera y la devaluación marcaran el viraje conservador del régimen cardenista o, por lo menos, el fin de las reformas y de la movilización popular.

A fines de 1939 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje acordó no elevar el salario mínimo en todo el periodo 1940-41 para evitar “la elevación del costo de la vida”. En 1940, año de cambio de régimen, el movimiento obrero estaba debilitado, no sólo porque los últimos dos años habían traído una baja en el nivel de vida, sino además y sobre todo, porque su potencial de lucha había disminuido enormemente. Durante la Segunda Guerra Mundial el país experimentó una etapa de crecimiento con un acelerado aumento de precios. Al mismo tiempo, capitales tanto extranjeros como nacionales se refugiaron en México ante la incertidumbre de la guerra. Estas condiciones crearon presiones devaluatorias, pues si bien la balanza de capitales fue positiva, la inflación en México crecía más que la de Estados Unidos al mismo tiempo que aumentaba el déficit comercial.

La devaluación del peso durante el régimen de Cárdenas tuvo dos diferencias fundamentales con los procesos devaluatorios anteriores. En primer lugar, fue una devaluación decidida por causas fundamentalmente internas (…) pero fue también, claramente, una devaluación forzada y precipitada por la salida de capitales a raíz de las medidas reformistas del régimen y en particular por la expropiación petrolera.

Al terminar la guerra los saldos monetarios acumulados se tradujeron en un brusco incremento de las importaciones y en una fuga de capitales que hicieron que las reservas del Banco de México se redujeran sensiblemente. Por otro lado, la reconstrucción de Europa restringió los préstamos en dólares de los organismos internacionales hacia países como México. Por fin, el 22 de julio de 1948 se dejo, una vez más, flotar el peso. Después de 11 meses, la paridad del peso cambió de 4.85 a 8.65 pesos por dólar, nivel en el cual las autoridades decidieron fijar el nuevo tipo de cambio a pesar de que la flotación sólo había llegado a 7.34 pesos por dólar.

Durante la guerra, la actividad económica pudo crecer gracias a las bases que había dejado el cardenismo en materia de infraestructura industrial y modernización del aparato financiero y monetario. De este modo pudo aprovecharse la demanda del exterior provocada por la guerra. Sin embargo, el crecimiento económico se realizó en un contexto inflacionario que no sólo afectó las relaciones con el exterior, sino que además provocó una distribución regresiva del ingreso y una baja constante del salario real. La devaluación de 1948-49 expresó no sólo un nuevo orden internacional que determinó la salida de capitales del país; también fue producto de la incapacidad del régimen para aprovechar el auge económico provocado por la guerra para fortalecer la autonomía financiera del Estado y para orientar los capitales en un sentido productivo. El hecho de que el régimen fiscal no se modificara y, por el contrario, se financiara el gasto público a través de emisión primaria, agravó el proceso inflacionario y la concentración del ingreso. Estas dos cosas, a su vez, explican por qué, acabada la guerra, el crecimiento de las importaciones y la fuga de capitales alcanzaron una magnitud tal que llevó a la devaluación. La política económico del régimen, manifestada en la disminución del salario real, fue acompañada por una política represiva del movimiento obrero. El caso de los ferrocarrileros, en cuyo sindicato se impuso una dirección sindical adicta al régimen marco el inicio del charrismo en México y el liderazgo de la CTM de Fidel y Amilpa dentro del movimiento obrero. Desde este punto de vista, 1948 marcó, no sólo por la devaluación sino por los sucesos en los sindicatos de ferrocarrileros, metalúrgicos, textiles y otros, un cambio desfavorable para las fuerzas democráticas.

En el momento de la devaluación el movimiento obrero estaba dividido y debilitado por la represión, la política entreguista de la CTM y la falta de opciones clasistas. Si bien el 21 de agosto de 1948 se organizó una manifestación en protesta por la devaluación y el alza en el costo de la vida, y si al principio del año se había firmado un pacto de solidaridad entre los sindicatos nacionales más importantes y combativos (los ferrocarrileros, los minero-metalúrgicos y los petroleros), pacto que se realizaba independientemente de la CTM y en oposición a su política oficialista, en los meses posteriores a la devaluación se asestaron duros golpes al movimiento obrero democrático. En septiembre-octubre ocurrió el charrazo a los ferrocarrileros y el encarcelamiento de los dirigentes Campa y Gómez Z.; en julio hubo represión y despidos masivos por la huelga de AHMSA; en octubre se registró la represión a la huelga de la industria de la lana. Por su parte, después de la devaluación, el 1o. de septiembre la CTM reiteraba su apoyo a la política del presidente Alemán sin hacer prácticamente ninguna petición y sin adoptar ninguna medida de presión.

EL DETERIORO DEL SALARIO

Durante los cinco años que median entre la devaluación de 1948-49 y la de 1954, el país continuó por la senda de la industrialización y con altas tasas de crecimiento económico, junto con un alto índice de crecimiento de los precios y del déficit en la balanza comercial y de pagos. Si bien la guerra de Corea permitió al país mejorar un poco sus relaciones exteriores, en los años siguientes se agravó sensiblemente el déficit con el exterior. Entre otras cosas por la caída de precios en el mercado internacional, a fines de 1953, de algunas materias primas como el algodón y el cobre. Todo esto provocó que a principios de 1954 se iniciara la fuga de capitales que tradicionalmente precede a la devaluación. En este caso el gobierno no esperó a que las reservas del Banco de México empezaran a agotarse. Sorpresivamente, el sábado de gloria (17 de abril) de 1954 el gobierno decidió alterar la paridad de 8.65 a 12.50 pesos por dólar. A diferencia de los casos anteriores, el peso no “flotó” sino que de inmediato se fijó una nueva paridad. Pero la diferencia sustancial con las devaluaciones anteriores fue que a ésta le siguieron 22 años de estabilidad cambiaria.

Las características de las devaluaciones de 1948-49 y 1954 son muy parecidas. Ambas ocurrieron en un contexto de deterioro constante del salario real, que a su vez acentuaron. Expresaban una política económica de industrialización que implicaba un alto costo social y que se manifestó en inflación, pérdida creciente de la capacidad financiera del país para sostener su propio desarrollo y en una dependencia mayor del exterior respecto al programa de industrialización. Si las devaluaciones se realizaron para evitar el agotamiento de las reservas del Banco de México ante una balanza de pagos crecientemente deficitaria, fue porque el equilibrio con el exterior era un factor determinante para la acumulación interna de capital.

La respuesta de los dirigentes oficiales del movimiento obrero a la devaluación de 1954 fue, primero, apoyar al Presidente. Pero como el salario real tenía ya 15 años de deterioro y contaba con el golpe de la devaluación de 1948 y ahora de 1954, las cosas no podían quedar en simples declaraciones. Habiendo recibido el apoyo incondicional de la CTM y de las principales organizaciones obreras, el presidente Ruiz Cortines pudo entonces, sin presiones y por su propia iniciativa, recomendar un 10% de aumento salarial, aumento que fue aplicado inmediatamente a los burócratas y a los obreros de las empresas paraestatales. A su vez, los dirigentes de la CTM, habiendo recibido luz verde del jefe del gobierno, emplazaron a huelga general el 12 de julio. La huelga no estalló pero muchos sindicatos aprovecharon la oportunidad para lograr aumentos superiores al 10%. Incluso llegaron a estallar huelgas en la rama de aparatos eléctricos y la industria textil.

Si en 1948 se contuvo el descontento obrero provocado por la devaluación -en el caso de la CTM mediante el apoyo incondicional de una diligencia oficialista, y en el caso de los sindicatos independientes mediante la represión, en 1954, siendo ya hegemónico el charrismo, el descontento obrero fue controlado mediante la concesión desde arriba.

La manifestación de 250,000 trabajadores en apoyo al gobierno el 5 de septiembre de 1954, prefiguraba una nueva etapa en el movimiento obrero; a cambio del control burocrático de los obreros y su subordinación política al gobierno, los obreros recibirían una política económica que si bien no iba a mejorar el salario real, por lo menos iba a detener su caída vertiginosa tal como había sucedido entre 1940 y 19S4. El régimen logró, hasta 1972, lo que parecía difícil: estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio y paz social durante 20 años. Sin embargo hubo en este periodo fuertes sacudidas del movimiento ferrocarrilero de 1958-59 y del movimiento estudiantil de 1968.

II. 1976

El 31 de agosto de 1976 el secretario de Hacienda Mario Ramón Beteta y el director del Banco de México Fernández Hurtado, frente a las cámaras de televisión informan que el gobierno abandona su política monetaria de cambio fijo y adopta la política de flotación de la moneda temporalmente hasta que el peso encuentre su acomodo en el mercado cambiario. No se menciona la palabra devaluación. Hasta el día 11 de septiembre el Banco de México fija la nueva paridad, al estabilizarse las fluctuaciones del peso. El dólar cuesta 19.70 a la compra y 19.00 a la venta. Un funcionario dice: “esta paridad durará veinte años”. La devaluación tomó a todos por sorpresa. Desde julio de este mismo año el Wall Street Journal y el Business Week señalaban que en los últimos meses se había registrado un movimiento de capitales “sin precedentes” de México hacia los Estados Unidos, ya que se rumoraba una posible devaluación. A pocos días de la devaluación, la banca suiza dijo “haber detectado” la salida de más de 3,000 millones de pesos que fueron sacados antes de la devaluación. El Federal Reserve Bulletin precisa: fueron 10 mil millones de pesos los sacados a lo largo de 1976 y antes de la devaluación. Los economistas explican: para un déficit comercial tan enorme y una deuda externa que punteaba ya por el segundo lugar mundial, no hay moneda decente que las aguante. La política económica gubernamental no había podido superar esos escollos, pues se encontraba cercada por obstáculos formidables. Los empresarios no invertían (del 12% como tasa anual de inversión entre 1961 y 1970, pasan al 1.3% anual entre 1971 y 1975) y se esforzaban por mantener su ineficiencia estancando las exportaciones. El régimen tuvo que cargar con la tasa de crecimiento de la economía, a costa de grandes inyecciones de inversión pública (22% anual en el periodo). Sus reiterados propósitos de aumentar recursos con reformas fiscales encontró la oposición empresarial rotunda. Sólo quedaba la escalera de incendio: la deuda externa que agigantó su tamaño y presionó a la devaluación. Pero también la devaluación expresaba una particular descomposición de la relación política entre el régimen y los empresarios. Una variada escala de funcionarios públicos señalaron como “irresponsable”, egoísta y poco cooperativa a la Iniciativa Privada (I.P.). Esta devolvió la pelota desde sus centros de organización: el Estado incrementa costos, no otorga estímulos, agita las aguas políticas y es ineficiente. La I.P. aceleró el retiro de sus capitales.

La inflación interna pasa del 12% en los primeros 8 meses del fatídico 1976 al 18% según el prudente Banco de México y según el FNAP (Frente Nacional de Acción Popular), al 28%. Azúcar, leche, carne, refrescos, cereales, cigarrillos y otros productos desaparecen del mercado; se suspende la venta de coches y de bienes raíces, los artículos de primera necesidad que se encuentran en el mercado traen incrementos del 40%, la joyería de oro y plata y los centenarios se van por las nubes. Los empresarios especulan abiertamente. La gente se entrena y familiariza en este curso intensivo y masivo de especulación. La devaluación no sólo deja ver que el enfrentamiento entre la fracción capitalista dominante y el régimen ha llegado al extremo de desquiciar al país. También permite la intromisión descarada del capitalismo financiero internacional.

RUMBO AL AUTOGOL

El día 13 de agosto la prensa informa escuetamente que se encuentran de visita en México algunos funcionarios del Fondo Monetario Internacional. El 14, el secretario de Hacienda Ramón Beteta tiene una reunión con ellos y, según se informa, platica con las visitas sobre posibles apoyos al peso. El día 20, perdida, entre otras noticias, la Secretaría de Hacienda avisa oficialmente que el FMI apoyara a México con un mil millones de dólares ya que la deuda externa, bajo el peso de la devaluación, se había incrementado en un 54%. Es todo, no se informa a cambio de qué, y da la impresión de que se necesitan muchas de estas visitas generosas. Sólo hasta octubre, a raíz de una Reunión de Gobernantes del FMI en Manila, Filipinas, algunos sectores de la opinión pública empiezan a sospechar que hemos sido mudos testigos de un impresionante autogol. Johannes Witteveen, Director del FMI, anuncia que a partir del 1o. de enero de 1977 el Estado Mexicano aplicará un programa de política económica que desgraciadamente implicará medidas restrictivas. Habrá corte presupuestal, se controlará el crédito interno y el consumo, y se estabilizarán los precios y los salarios, para que en el breve plazo de 2 años el país recobre su prestigio financiero internacional. Uno de los pocos funcionarios que saca (o le sacan) la cara, es Beteta, titular de Hacienda: “es una declaración de apoyo, entusiasmo y fe frente a la situación que vive México”, dice en alusión a las revelaciones de Witteveen. Surgen entonces los primeros brotes de crítica por editorialistas, El Colegio de Economistas y otras instituciones académicas, pero ya frente a los hechos consumados. La banca internacional, se dice, presionó para la devaluación, y presiona ahora para asegurarse condiciones de pago, indicándole al gobierno cómo gobernar su casa.

La devaluación de 1948-49 expresó no sólo un nuevo orden internacional que determinó la salida de capitales del país; también fue producto de la incapacidad del régimen para aprovechar el auge económico provocado por la guerra para fortalecer la autonomía financiera del Estado y para orientar los capitales en un sentido productivo.

Desde que se anuncia la flotación del peso, también se avisa varias medidas gubernamentales para impedir la especulación y la inflación. A lo largo del mes de agosto, y respondiendo más a los hechos que a un programa previo, la política económica interna “post-devaluatoria” se afina y precisa. La inflación desatada y el ocultamiento de víveres forza la primera medida. La entonces SIC clausura grandes comercios y anuncia multas de 300,000 pesos o más a quienes aumenten precios o escondan mercancías. Desde Hacienda la voz de Beteta exige impuestos especiales sobre utilidades extraordinarias para frenar la especulación. La I.P. protesta enérgicamente. No se vuelve a hablar del asunto. Para el 20 de agosto la situación inflacionaria y de ocultamiento es insostenible. El 24 un decreto presidencial muestra el resultado de una negociación nunca anunciada con los empresarios. Se autoriza un incremento de precios del 10%. Los industriales, que un día antes denunciaron el incremento en sus insumos del 20 al 60%, no se muestran muy conformes pero al final aceptan, quizá porque el gobierno mantuvo sin variar las tarifas de precios en electricidad y petróleo. El 28 de agosto se anuncia la restricción necesaria del gasto público, justificada como mal necesario para detener la inflación. El 29 de agosto el Banco de México abre una cobertura por 4 mil millones de pesos para que los bancos privados puedan financiar a las empresas que lo solicitan. A principios de octubre Andrés Marcelo Sada en su carácter formal de dirigente de la COPARMEX y en su carácter informal de dirigente del grupo más poderoso de empresarios del país, dice estar de acuerdo con el “paquete de medidas”, ya que permiten programar la actividad empresarial. El acuerdo no parece malo. El gobierno restringe el gasto público pero es flexible para otorgar créditos; se autorizan incrementos de precios, que aunque no sean de gran cuantía, afectan sólo a grupos de mercancías bajo control; se mantiene la libre convertibilidad y se llega a un acuerdo sobre aumento salarial del 23%, bueno frente a la “desmesura” de la CTM que pedía el 65%. A cambio, las estadísticas del país registran que la inversión privada prácticamente se paraliza. En definitiva el acuerdo no es malo, se recibe algo a cambio de nada. La fuerza del Estado parece cada vez más un mito hundido en el pasado cardenista.

RADIO RUMOR Y LA SEGUNDA DEVALUACIÓN

Los días 14 y 15 de agosto toma cuerpo y se difunde masivamente el rumor de que las cuentas bancarias serán congeladas para evitar que el sistema bancario del país se quede sin recursos. Cunde el pánico entre pequeños, medianos y los pocos grandes ahorradores que aún tenían su dinero depositado. La gravedad del asunto obliga a que el Presidente condene y niegue la veracidad de esos rumores. Hacienda saca un desplegado, lo mismo que el Congreso de la Unión. Para el día 21, ya han salido 4,400 millones de pesos del sistema bancario, que se queda sin reservas. Historiadores del año 2000 podrán informar si hubo, y cómo, nuevas pláticas con el FMI. Lo cierto es que para el 26 de octubre, a menos de un mes de la primera flotación, el peso vuelve a ser dejado sin apoyo del Banco de México para que encuentre su nivel en el mercado de divisas. La nueva paridad es de 26.60. Ya ningún funcionario declara cuanto durará. Ese mismo día el FMI aprueba un programa de ayuda al peso por 960 millones de dólares, susceptible de elevarse a 1,200. La descomposición de las relaciones entre el régimen y los empresarios se agudiza. Echeverría acusa a los ricos de no ser solidarios; los ricos le acusan de verbalismos excesivos. Radio Rumor funciona en octubre y se incrementa aún más en noviembre: habrá golpe de Estado el día 20, extraña enfermedad atacó al Presidente, etc., etc. En el Senado y la Cámara de Diputados se acusa a Marcelo Sada de ser el comprador del aparato y quien le ha subido abusivamente el volumen. Las organizaciones empresariales contraatacan y defienden a Sada, los rumores no bajan de nivel. En este clima de desconfianza y de segunda devaluación las posiciones empresariales se fortalecen. Su discurso para explicar el año negro de 1976 gana adeptos: los incrementos salariales anulan competitividad e impiden resolver el déficit externo a través de exportaciones, faltan estímulos para aumentar la inversión, la producción y el ahorro; se requiere de más control del circulante a costa del gasto público y del consumo. Su carta fuerte, su as de ases, sigue siendo la impunidad para manejar el capital gracias al mantenimiento de la libre convertibilidad. En Estados Unidos se informa que en los últimos meses han salido del país 4 mil millones de dólares. El round de la devaluación lo ganan de punta a punta los empresarios. El Estado tira la toalla.

FIDEL EXTIENDE EL COMPÁS

Desde los primeros días de agosto, con la devaluación agitando la marea de los precios, la CTM y el Congreso del Trabajo realizan reuniones urgentes. Para el día 5 de la CTM exhorta a sus agremiados a luchar por un aumento emergente del salario. El día 6 el Gobierno Federal establece la Comisión Tripartita y concurren los sectores obreros, empresarial y la parte gubernamental, representada por Francisco Javier Alejo. La CTM muestra cartas: pide incremento del 65%, “no negociable”, al tiempo que emplaza a una huelga general que afectaría a 15 mil empresas. Los empresarios ofrecen el 15% y prácticamente se desentienden de la negociación en otra muestra de prepotencia. El 17, con las pláticas estancadas, la CTM avisa que el estallido de la huelga es para el 28 de agosto, y que en ese momento ya están registrados 8,248 emplazamientos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Francisco Javier Alejo, con la negociación empantanada increpa a los empresarios: “¿Ese es el verdadero- espíritu con el cual nos acercamos a las conversaciones? Entonces, aparentemente, no estamos viviendo en una comunidad nacional”. Los empresarios atentos al aire. Finalmente, con la intervención directa del Presidente, el 24 de agosto se llega a un acuerdo bajo los términos de la propuesta presidencial: el incremento será del 23% para salarios hasta diez mil pesos. La CTM acepta.

Con la segunda devaluación la CTM ya no parece tan segura de los pasos a seguir. El anterior aumento de emergencia era congruente con toda la política estatal de protección al salario aplicada en los últimos años. La segunda devaluación parece más conectada a las directrices del próximo sexenio, a escasos 35 días de que se inicie. En los primeros días de noviembre Fidel allanó camino declarando que la nueva situación estaba en estudio y que se imponía ser prudentes: “Definitivamente la CTM no plantea ninguna petición salarial”. Se encuentra una salida: la negociación con el Presidente electo que tomará posesión el lo, de diciembre. Se exige que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos apresure trabajos para resolver el aumento al salario mínimo que regirá en 1977, (que por ley debería anunciar el 28 de diciembre por ser Día de los Inocentes). Fidel dice: “es conveniente abrir un compás de espera para ver hasta donde llega la devaluación y reclamar lo que en justicia corresponde”.

El primero de diciembre, en su toma de posesión, López Portillo define claramente las reglas para llegar a acuerdos con las principales fuerzas del país. Con una coherencia extraña al discurso priísta de costumbre, se dice: lo que importa es impulsar el trabajo organizado para dar empleos. En esos términos existen dos prioridades de gobierno: lograr niveles mínimos de bienestar y estimular la producción de acuerdo a prioridades. Se mantiene la libre convertibilidad y se incrementan los estímulos al ahorro. La fórmula que condensa las nuevas reglas de gobierno es la alianza para la producción. La correlación de fuerzas, favorable a los empresarios, encuentra nuevas y positivas maneras de cristalizar. El mismo día del informe el peso recupera 50 centavos frente al dólar. El 3 de diciembre el peso va a la alza en Nueva York. Se cotiza a 18.50 por dólar. Los días 6 y 7 más de 2,000 millones de pesos regresan a los bancos nacionales el día 10 el gobierno ratifica créditos y subsidios a 140 empresas privadas y mixtas, promesa de campaña, por 100 mil millones de pesos, que generarán 300 mil empleos. El nuevo presupuesto federal tiene sólo un ligero incremento con respecto al recortado del ejercicio pasado: su prioridad es productiva: 50.3 a fomento productivo y 21.8 a fomento social. Para los días 19 y 20 ya han regresado 7 mil millones de pesos. La confianza vuelve a México. La CTM entiende los cambios y reafirma que no ha hecho ninguna petición de aumento salarial, y junto con los empresarios se compromete a no propiciar enfrentamientos en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El 29 de diciembre se anuncia el incremento del nuevo salario mínimo: 10%. Fidel Velázquez dice que “es satisfactorio para el movimiento obrero”. El compás de espera resulta un puente donde se transita de una política estatal de flexibilidad salarial a otra política de contención salarial. A lo largo de las negociaciones contractuales de enero a abril de 1977 los sindicatos entenderán que se encuentran en otro terreno de negociación. El 10% al salario mínimo se gana a punta de rompimientos de huelgas, de inflexibilidad de los funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de llamados presidenciales al sacrifico solidario, de acatamiento de las dirigencias, de miles de despedidos, de persecución de corrientes democráticas y de cuadros militantes. Se gana así, a pulso, el sugerente nombre de “tope salarial”.

Las características de las devaluaciones de 1948-49 y 1954 son muy parecidas. Ambas ocurrieron en un contexto de deterioro constante del salario real, que a su vez acentuaron. Expresaban una política económica de industrialización que implicaba un alto costo social y que se manifestó en inflación, perdida creciente de capacidad financiera del país para sostener su propio desarrollo y en una dependencia mayor del exterior respecto al programa de industrialización.

El cuadro es aproximadamente el que sigue: un movimiento obrero empieza a sacudir desde abajo al charrismo sindical y una dirigencia oficialista que se ve en aprietos para conciliar las demandas de la base y los dictados de arriba. Un régimen que pierde crecientemente autonomía para conciliar los intereses de los trabajadores. Una fracción capitalista dominante que sale fortalecida de la crisis de 1976. Son los puntos de referencia de un panorama que se abre, después de la devaluación de 1976, para el sexenio de José López Portillo.

En 1954 el gobierno pudo controlar y aún prevenir una crisis inaugurando un periodo largo de estabilidad donde el movimiento obrero, plegado al régimen, dio el apoyo necesario para una política que beneficiaba y fortalecía a los grupos bancarios, industriales y agrícolas más fuertes. La comparación con lo sucedido en 1976 resulta contrastante. En un sexenio, la hegemonía charra sufrió un deterioro considerable mientras los sectores más beneficiados por el desarrollo estabilizador precipitaban la crisis económica y política que convirtió la fórmula estabilidad de precios -estabilidad cambiaria- paz social, en un nostálgico recuerdo. El régimen, por su parte, optó por el camino de acelerar el desarrollo en los términos más favorables al capital. Parecía que la historia del sexenio lopezportillista iba a escribirse con una represión creciente hacia la disidencia obrera y popular, una baja absoluta y vertical del nivel de vida de la población e incluso cambios sustanciales en el sistema político. El método de concesiones desde arriba, economicismo y represión, método que explica el sostenimiento y hegemonía del charrismo en el movimiento obrero, estaba también en peligro y parecía necesario que la receta se redujera a la palabra represión.

Pero el grupo gobernante logró encontrar una salida que matizara esta negra perspectiva. La exportación masiva de petróleo permitió darle al Estado una cobertura financiera que, después de la devaluación en 1976, era indispensable. Con esta cobertura el régimen se fortalecía también políticamente. Y aunque la política económica que llevó a cabo fue sin duda favorable al gran capital, también hubo concesiones a los trabajadores. La represión existió, pero el régimen se sostuvo aún sobre una buena dosis de consenso. Los charros mismos encontraron un espacio político y diseñaron una propuesta de reforma económica alternativa a las medidas que el gobierno instrumentaba. El sistema político sobrevivió y al parecer se iniciaba una nueva etapa de crecimiento y paz social.

Los autores de éste artículo son investigadores del Departamento de Estudios Históricos del INAH.