Durante la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética representaba, para muchos estadunidenses, un país popular y con lecciones para ofrecer al mundo. La conciencia de que el Ejército Rojo estaba aportando el mayor esfuerzo bélico en la derrota del nazismo tuvo el inevitable efecto de despertar unas simpatías que, con el tiempo, podrían llegar a convertirse en un recuerdo incómodo. Entre los amigos norteamericanos de la Unión Soviética destacaba la figura del vicepresidente Henry Wallace, quien, en 1942, llegó a afirmar que la URSS se estaba encaminando hacia la democracia política y que, de hecho, ya había tenido más éxito que Estados Unidos en la democratización de la economía, las relaciones interétnicas, la educación y la cuestión de género. Terminada la contienda mundial, pronto surgirían sentimientos de hostilidad y paranoia contra el antiguo aliado antifascista que llevarían al inicio de la Guerra Fría, el conflicto que marcó la segunda mitad del siglo XX y que, sin duda, tiene sus raíces en la reacción estadunidense ante el estallido de la Revolución de Octubre de 1917.


Ilustraciones: Estelí Meza

En realidad, la revolución rusa determinó, ya desde sus inicios, la decisión del presidente Woodrow Wilson de declarar la guerra a Alemania en abril de 1917. Con la caída del zar el mes anterior, Wilson podía argumentar con más fuerza que las grandes potencias aliadas eran, ahora sí, una coalición de países democráticos. En el mensaje al Congreso del 2 de abril para solicitar la declaración de guerra contra Alemania, Wilson habló de Rusia como un “digno socio para una liga de honor”. La toma del poder por parte de los bolcheviques en octubre también tuvo importantes consecuencias. En primer lugar, Washington se negó a reconocer diplomáticamente al nuevo gobierno rojo. Además, en el verano de 1918, Wilson decide enviar, en un principio, a tres batallones de infantería —unos cinco mil 700 soldados— a Rusia para, en teoría, ayudar a mantener vivo el frente oriental. La intervención de Estados Unidos en la guerra civil rusa duró hasta la primavera de 1920 y dejó un pozo de desconfianza en el lado soviético. Los argumentos para mandar tropas a Rusia responden a una lógica parecida a la que se siguió en la ocupación de Veracruz. Según le confesó a un diplomático británico, William Wiseman, el presidente Wilson estaba dispuesto —por el bien del pueblo ruso— a intervenir para ayudar a las fuerzas antibolcheviques, incluso en caso de que la mayoría de los rusos apoyara a sus nuevos dirigentes revolucionarios.1

Más allá de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, la revolución bolchevique afectó de una forma decisiva al conjunto de la política exterior estadunidense. Ante el escándalo por la existencia de tratados secretos entre las potencias aliadas desvelados por Trotsky y la consiguiente exigencia de una diplomacia de “luz y taquígrafos”, Wilson reaccionó con su proclamación de los 14 puntos, un listado de objetivos de guerra claros con el que se pretendía refutar la crítica de los soviéticos. En contra de lo que se suele creer, el derecho a la autodeterminación nacional no aparecía de forma explícita en ninguno de estos puntos, aunque este ideal pronto se convertiría en el principal criterio para reorganizar el mapa de las naciones derrotadas en la Gran Guerra. La historia de la relación de Wilson con el principio de la autodeterminación nacional es significativa por varios motivos. En primer lugar, porque se trata de un concepto que provenía de la tradición marxista y que Wilson no tuvo reparos en adoptar y modificar a su gusto, tal y como ha señalado acertadamente el historiador Erez Manela. Además, el presidente norteamericano enarboló la bandera de la autodeterminación en el mismo momento en el que los bolcheviques estaban organizando la URSS siguiendo su tradicional interpretación de este principio y prometiendo a los países colonizados que, en caso de que la revolución se extendiera por el mundo, el imperialismo —cuyo prestigio había quedado seriamente dañado por el trágico espectáculo de la guerra europea— tenía los días contados. En cambio, en manos de Wilson, la autodeterminación implicaba algo sustancialmente distinto. Para empezar, Wilson no veía incompatible el derecho a la autodeterminación nacional con el mantenimiento de los imperios europeos, lo que, teniendo en cuenta su apoyo a las prácticas segregacionistas en el sur del país, no resulta tan extraño. Su concepción del derecho a la autodeterminación estaba más bien vinculada a una vaga idea de promocionar el “gobierno por consentimiento”, así como a una estrategia reformista que aceptara los impulsos socializantes y democratizadores que había generado la Gran Guerra antes de que fuera demasiado tarde y acabaran estallando nuevas e indeseables revoluciones.2

Y, a pesar de todo, la defensa wilsoniana del principio de autodeterminación estaba destinada a ejercer una influencia duradera. Al proclamar que los eventuales cambios de frontera tendrían que ajustarse al derecho a la autodeterminación, Wilson se presentaba ante el mundo como una nueva potencia que no quería dominar a otros pueblos. A partir de entonces, si una potencia quería aumentar su poder geopolítico debería buscar métodos distintos a los de la conquista territorial. Algunos críticos imperialistas de otros países señalarían que tanto Estados Unidos como el Reino Unido habían escogido un momento particularmente conveniente para adoptar esta postura: justo cuando sus respectivos dominios territoriales habían alcanzado una inmensa extensión. En cualquier caso, lo cierto es que, gracias a la versión wilsoniana del principio de autodeterminación, Estados Unidos podía enfrentarse al idealismo del internacionalismo proletario de los soviéticos con un idealismo alternativo, el del internacionalismo liberal.

Para Washington el propósito de articular una política internacional alternativa a la de Moscú será central en el periodo de entreguerras. En los años veinte Estados Unidos sigue sin reconocer al gobierno de Moscú, al que acusa de no asumir el pago de la deuda contraída en el periodo zarista y de estar detrás de los movimientos nacionalistas en América Latina, como en el caso de Sandino en Nicaragua. El agrio debate norteamericano sobre la conveniencia de ingresar en la Sociedad de Naciones ha eclipsado el surgimiento de importantes consensos en la política exterior de esos años. Entre éstos, cabe destacar el impulso de la inversión extranjera y el comercio internacional como instrumentos para evitar una nueva guerra mundial y los riesgos de nuevas revoluciones sociales que ésta podía implicar. La estrategia estaba basada en la llamada “teoría liberal de la paz”, según la cual todo incremento en los intercambios comerciales fortalece automáticamente las relaciones diplomáticas, disminuyendo las posibilidades de conflictos bélicos.

El anticomunismo de la política exterior estadunidense en los años veinte se vio reforzado con la llamada Ley Rogers de 1924, por la que se profesionalizó la carrera diplomática y se creó una escuela diplomática en la que jóvenes de familias adineradas eran educados en el temor a la expansión del comunismo. Con todo, hay que tener en cuenta que el anticomunismo norteamericano no era un fenómeno exclusivo de los servicios diplomáticos. La amenaza externa no hubiera tenido la misma credibilidad si, durante el mismo periodo, hubiera reinado la paz social en el interior del país. Lo cierto es que, justo después del fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo que lidiar con una impresionante oleada de huelgas. El episodio emblemático de este aumento de la conflictividad laboral fue la huelga de policías de Boston en 1919. Ese mismo año un joven Franklin D. Roosevelt —en aquel momento, subsecretario de Marina— propuso el establecimiento de un servicio militar permanente para hacer frente a la amenaza bolchevique. Tres décadas antes de que el senador McCarthy encarnara la famosa cruzada anticomunista, los sentimientos xenófobos y el pánico de las elites generaron la primera caza de brujas anticomunista de la historia estadunidense. En 1919 las Redadas Palmer —bautizadas así por el fiscal general de Wilson, Mitchell Palmer— supusieron un duro golpe para la izquierda radical. Cientos de extranjeros fueron deportados bajo la acusación de haber estado fomentando la subversión interna.

A principios de los años veinte la efectividad de la caza de brujas y el nuevo ciclo económico alcista ya habían logrado mitigar, en gran medida, la conflictividad social de la inmediata posguerra. Al mismo tiempo, mientras las organizaciones de la izquierda obrerista perdían fuerza, algunas de sus ideas ganaron, paradójicamente, una repentina popularidad. El caso más notable es el de la valoración de la Primera Guerra Mundial. En los años de entreguerras cundió en la sociedad un fuerte sentimiento de arrepentimiento por haberse dejado arrastrar hacia un conflicto lejano y por motivos espurios. El desengaño se alimentaba de la distancia entre las promesas y la realidad. Durante la guerra se había prometido al pueblo norteamericano que su sacrificio en los campos de batalla europeos serviría para “hacer que el mundo fuera un lugar seguro para la democracia” y “para acabar con todas las guerras”. 20 años después el número de países con sistemas democráticos menguaba a gran velocidad y las grandes potencias parecían enfrascadas en una carrera de rearme militar. Si en la Unión Soviética el discurso oficial abominaba del belicismo imperialista que había llevado a Europa a la Gran Guerra, en Estados Unidos surgía un consenso pacifista y aislacionista que, con tal de evitar la repetición de la entrada del país en la Primera Guerra Mundial, incluso llegó a legislar la creación de un complejo sistema de embargos automáticos de armas para lidiar con eventuales conflictos bélicos en el exterior. La legislación de neutralidad estaba justificada por la extendida creencia de que, en 1917, la población estadunidense había sido fraudulentamente conducida hacia la guerra por ciertos sectores poderosos que tenían intereses muy directos en garantizar una victoria aliada, entre los que destacaban los banqueros y los productores y traficantes de armas.

En ausencia de una fuerte izquierda obrerista, este consenso antibélico fue gestionado en los años treinta por corrientes conservadoras que, en muchas ocasiones, lo canalizaron para articular la versión norteamericana de la doctrina del appeasement o apaciguamiento, es decir, la política de concesiones continuas a Hitler y Mussolini para evitar una nueva guerra mundial, impuesta por una elite política y diplomática que era mucho más anticomunista que antifascista. El embargo de armas contra la España republicana en guerra (1936-1939), decretado por la administración Roosevelt con el apoyo de ambas cámaras del Congreso, es un buen ejemplo de ello. Si bien en los años treinta floreció, a la izquierda del New Deal, una izquierda intelectual y sindical de innegable peso político, el momento álgido del movimiento obrero como fuerza políticamente independiente se había dado dos décadas antes. A menudo se olvida que, en los primeros 15 años del siglo XX, el Partido Socialista de Estados Unidos tenía un tamaño parecido al de los partidos marxistas europeos de la época, exceptuando al alemán. Hacia 1910 los socialistas estadunidenses habían logrado más representantes electos que su referente británico. También conviene recordar que, a diferencia de otros grandes partidos socialistas de la época, el estadunidense mantuvo una actitud contraria a la participación en la Gran Guerra europea. En 1918 la militancia antibélica llevaría a la cárcel al líder socialista Eugene Debs, quien en 1912 había logrado nada menos que el 6% de los votos como candidato a las elecciones presidenciales. En 1920 Debs volvería a presentarse a la presidencia, esta vez entre rejas, quedando en tercer lugar y cosechando casi un millón de votos repartidos por todo el país.

Sin embargo, el pacifismo intransigente de la dirección del Partido Socialista no pudo evitar los desencuentros internos ante el fenómeno de la revolución rusa, tan comunes en todos los partidos obreros de la época. De estas tensiones salieron dos grupos escindidos que poco tiempo después conformarían el Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA, por sus siglas en inglés), una organización que se erigiría como uno de los partidos más relevantes de la izquierda estadunidense en el siglo XX. Su importancia no se basaba tanto en el número de afiliados, sino en su capacidad de influencia indirecta a través de organizaciones más amplias —en los años treinta llegó a dominar un tercio de los sindicatos del Congress of Industrial Organizations, la gran confederación sindical de la década—. También fue importante por la originalidad de sus planteamientos. Fue, por ejemplo, el primer partido eminentemente blanco que situó la lucha contra la desigualdad racial como una de sus grandes prioridades. Sin embargo, su fuerza y su potencial de crecimiento quedaron definitivamente aplastados tras la segunda caza de brujas de finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta.

En este sentido, el legado de la revolución rusa en Estados Unidos tiene que ver con una cuestión central del llamado excepcionalismo americano, es decir, la creencia según la cual Estados Unidos es una nación esencialmente diferente al resto. Uno de los temas recurrentes de la tesis excepcionalista es la sorprendente ausencia de un gran partido obrero de tradición marxista en Estados Unidos. Las explicaciones que se dan a este fenómeno son varias. Entre las más populares cabe destacar las que teorizan sobre las peculiaridades del desarrollo económico estadunidense —un capitalismo en el que históricamente los salarios habían sido notablemente superiores a los europeos por la relativa escasez de mano de obra—, así como los que enfatizan una supuesta incompatibilidad entre la ideología marxista y las principales ideas de la tradición política norteamericana.

También hay otras hipótesis que quizás no han recibido la atención que se merecen, como, por ejemplo, el hecho de que, a diferencia de los países europeos, la participación de Estados Unidos en las dos guerras mundiales del siglo XX no implicó ni devastación material ni empobrecimiento económico, sino más bien todo lo contrario. Además, la ausencia de grandes partidos marxistas no es un hecho exclusivamente estadunidense. De hecho, es ampliamente compartida por la mayoría de países americanos. Finalmente, hay que entender que el fracaso de la II y la III Internacionales en Estados Unidos se explica, en parte, por la evolución histórica del americanismo o nacionalismo estadunidense, concretamente por las aportaciones que hizo en su momento el wilsonianismo y que, en muchos aspectos, siguen vigentes hoy en día. Gracias a la necesidad de responder al desafío de la revolución rusa, los Estados Unidos de Wilson se sintieron llamados a ensayar una forma de idealismo liberal e internacionalista, alternativo y antagónico al proyecto soviético, que años más tarde, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se revelaría como una ideología eficazmente funcional para la asunción de su actual papel como principal potencia mundial.

 

Andreu Espasa
Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM. Autor de Estados Unidos en la guerra civil española.


1 Ronald E. Powaski, La Guerra Fría: Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991 (Barcelona, Crítica, 2011), pp. 15-16, 30-31.

2 Erez Manela, “Imagining Woodrow Wilson in Asia: Dreams of East-West Harmony and the Revolt against Empire in 1919”, The American Historical Review, vol. 111, núm. 5, 2006, pp. 1331-1334.

 

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