La corrupción es condenable no sólo porque revela la falta de ética de gobernantes y gobernados o porque es un ejemplo de la ilegalidad en la que se vive. Es un lastre también por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen como un hábito cotidiano, como una práctica “normal” o “natural” en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos.

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Ilustración: Víctor Solís

Identificar y cuantificar dichos costos es indispensable para conocer la dimensión del problema y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y erradicación. Pero la tarea no es nada sencilla. Al ser un fenómeno ilegal y elusivo, tanto los costos directos como los indirectos de la corrupción son difíciles de calcular. Entre los primeros están el dinero que los ciudadanos comunes o las empresas deben destinar a pagos de sobornos; la enorme cantidad de recursos públicos de los programas sociales que se pierden en el camino de los intermediarios; el porcentaje que se “invierte” en un gestor para que la Secretaría de Hacienda “baje” los recursos a las entidades federativas; o la “comisión” que el constructor incorpora al presupuesto de una obra para que le sea asignada. Los indirectos son aún más difíciles de documentar o cuantificar. Tal es el caso de la disminución en la productividad del capital invertido por empresas; la inversión que deja de llegar; la reducción en la calidad del bien producido y el servicio otorgado; o los pagos que tienen que hacerse para conseguir la autorización de apertura de un negocio. Al final es siempre el ciudadano o el consumidor el que paga. Sea a través de costos directos o indirectos, se sabe que entre los efectos más dañinos de la corrupción en México están los de carácter económico.

Los datos sobre los costos de la corrupción pueden dividirse entre los que están basados en la percepción y opinión de los informantes y aquellos directamente observables o cuantificables. El primer punto a registrar es precisamente lo que los propios empresarios e inversionistas piensan respecto al contexto en el que tienen que operar. La falta de certeza jurídica, la ineficiencia burocrática y la deficiente impartición de justicia son factores que impactan negativamente las decisiones de inversión de los empresarios. Pero si hay alguna causa identificada por ellos como factor central que inhibe un “buen entorno de negocios” es precisamente la corrupción.

La corrupción entraña costos económicos importantes para los países en los que su prevalencia rebasa un cierto umbral. Todas las encuestas apuntan en la misma dirección: la corrupción es un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión y, por tanto, al crecimiento.

En los últimos cinco años México ha mantenido una calificación más o menos estable —4.3 sobre un máximo de 7— en el Índice de Competitividad Global 2015-2016 (ICG-WEF). Pero el país no logra salir del lugar mediocre en el que se encuentra dados el tamaño y potencial de su economía: lugar 57 de 144.

Hace tiempo que México cuenta con buenas calificaciones en ámbitos como el tamaño del mercado (5.7 sobre 7) o el ambiente macroeconómico (4.9) pero también hace años tiene una calificación reprobatoria (3.3) en los indicadores que miden el “desempeño institucional” y que hace referencia al marco administrativo y legal dentro del cual los individuos, las empresas y el gobierno interactúan económicamente. La baja calificación significa que este marco está perjudicando la competitividad del país. Al desglosar el ICG se encuentra que el país tiene un desempeño particularmente deficiente en los indicadores que de una u otra manera tienen que ver con la corrupción y los circuitos que la hacen posible: el desvío de recursos públicos, los “pagos extraoficiales”, la sobrerregulación o el comportamiento ético de las empresas. Entre 138 países México ocupa el lugar 125 en desvío de recursos públicos y 124 en favoritismo en decisiones de funcionarios de gobierno.

Estos datos coinciden con los de la Encuesta de Fraude y Corrupción en México de KPMG, en la que 50% de los empresarios expresan que la corrupción afecta “mucho” o “medianamente” la competitividad de sus empresas y 40% que la corrupción “afecta mucho” o “medianamente” sus decisiones de inversión.

No sorprende entonces que los propios empresarios coloquen el combate a la corrupción como la principal variable para mejorar la competitividad con 90% de las menciones, que en los dos últimos años esta opinión haya crecido más de 10% y que se sitúe por encima de la inseguridad que recibe 73% de menciones.

El estudio Transparencia, objetividad y competencia en las contrataciones públicas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) refrenda que la corrupción es considerada como el primer factor que impide hacer negocios y añade que el mecanismo nacional para las compras oficiales es “altamente propenso a la corrupción”. Elaborado a partir de entrevistas con representantes del sector privado mexicano y tomando como base los informes rendidos por distintas dependencias de gobierno, así como diferentes reportes emitidos por otros organismos internacionales, el análisis de la UNODC determinó que, a pesar de que en México se han dado avances legislativos en materia de adquisiciones públicas, aún “subsiste un marco jurídico insuficiente e ineficaz para combatir la corrupción, un mal funcionamiento de las instituciones públicas, poca confianza de la comunidad empresarial en los políticos y falta de eficacia en la competencia”.

Al moverse del mundo de las percepciones y opiniones al de los “datos duros”, las cifras son muy variables. A nivel internacional existe una amplia literatura sobre los efectos económicos de la corrupción: inhibe la inversión, reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación de recursos, profundiza la desigualdad y mina el potencial de crecimiento.

Daniel Kaufmann estimó para el Fondo Monetario Internacional (FMI) que a nivel mundial los costos económicos de los sobornos oscilaron entre 1.5 y dos billones de dólares en 2015, cantidad equivalente a 2% del PIB mundial.

En el contexto mexicano se han ofrecido distintas cifras sobre el costo que la corrupción tiene en nuestro país como porcentaje del PIB. Ary Naim, gerente general para México de la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial, señaló que la corrupción equivale a 9% del PIB. La OEA apunta que la corrupción en México cuesta relativamente cinco veces más que a nivel mundial y la sitúa en 10% del PIB nacional. Por su parte, El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) sostiene que la corrupción le cuesta a nuestro país cerca de 1.5 billones de pesos, equivalente a 10% del PIB. Finalmente, México ¿Cómo Vamos? sitúa la cifra en 341 mil millones de pesos al año que corresponde aproximadamente a 2% del PIB nacional. Asimismo, establece que un aumento de 10% de la corrupción (usando los indicadores del FMI) supone una pérdida de 2% en el crecimiento del PIB. La realidad es que aún no existe una metodología que pueda decirnos con suficiente certeza cuál es el costo económico que la corrupción ocasiona en nuestro país. Sea como fuere, queda establecido que la corrupción cuesta y cuesta mucho, que es un “mal colectivo”. Más aún, como afirma la OCDE que un ambiente libre de corrupción es un bien público. Todos deberíamos tener derecho a él.

Otra investigación, Corrupción, riesgo y rentabilidad de la inversión (Manuel Molano, 2015), ordena los países por su calificación en el Índice de Percepción de Corrupción en cinco grupos de mayor a menor. Usando los datos económicos del Banco Mundial encuentra que pasar de la categoría de países más corruptos a la siguiente categoría conlleva a un incremento de hasta 11 puntos porcentuales en la rentabilidad de la inversión. Muestra, también, que los países menos corruptos presentan menos riesgo y el resultado de la inversión es más predecible o menos volátil.

Finalmente, vale la pena mencionar algunos datos respecto a la piratería y sus costos, tanto en términos de pérdidas monetarias como en el potencial para crear empleos.

A pesar de ser un fenómeno socialmente aceptado, la piratería tiene fuertes costos para la economía mexicana. Según declaraciones de Juan Manuel Chaparro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el comercio de productos piratas ocasiona la pérdida de 480 mil empleos al año, mientras que un estudio reciente del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) y la American Chamber of Commerce of México calculó que en 2014 la piratería pudo haberle costado al país cerca de 43 mil millones de pesos, sin contar el valor de las incautaciones, las pérdidas en empleos y recaudación, los impactos en la salud y la seguridad de los consumidores.

Si éstas son las cifras en el ámbito macroeconómico, el impacto de la corrupción en “el bolsillo de la gente” también es alarmante. Según Transparencia Mexicana, en 2007 un pago extraoficial o “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de 138 pesos mientras que en 2010 se elevó a cerca de 165. En el agregado, según esta misma fuente, en 2007 el costo para acceder o facilitar trámites y servicios públicos fue de alrededor de 27 mil millones de pesos, mientras que en 2010 se destinaron más de 32 mil millones de pesos a las mordidas. Más impresionante resulta la cifra del monto promedio anual del ingreso que los hogares destinan a pagar actos de corrupción: 14% en los hogares mexicanos en general y 33% para los hogares que perciben un salario mínimo (Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno). Es decir, la corrupción representa un impuesto regresivo considerable.

La corrupción tiene costos sociales de gran magnitud: afecta la cantidad, calidad y acceso a la infraestructura y los servicios públicos, perjudica el capital social, reduce los ingresos gubernamentales y por tanto los recursos disponibles para gasto social y está relacionado con menor desempeño en la educación y salud de la población.

De hecho, la corrupción y la desigualdad constituyen un círculo vicioso en el que la primera contribuye a la inequidad al facilitar “la apropiación inequitativa de riqueza y privilegios e… [inhibir] los cambios institucionales que buscan romper el statu quo” (Ana Laura Martínez, 2015).

Además de los económicos y sociales, la corrupción también tiene costos políticos para el país y es uno de los principales culpables de la creciente desconfianza en las instituciones y en las autoridades que las encabezan. Aun cuando el fenómeno de la corrupción no es privativo del sector público, no hay actores más desprestigiados en su honestidad y reputación que los integrantes de los partidos y los gobiernos. La percepción de que los legisladores y los partidos políticos junto con los impartidores de justicia son corruptos o muy corruptos ha generado una crisis de representación y descontento con la democracia. El ciudadano no siente que sus intereses están representados por las acciones del gobierno ni tampoco cree que los mecanismos de impartición de justicia sean útiles.

¿Y qué decir de la violencia? Un costo del que poco se habla pero que es de enorme impacto en México. El reporte Peace and Corruption, elaborado en 2015 por el Institute for Economics and Peace, explica que existe una relación estadísticamente significativa entre la paz y la corrupción. En particular, demuestra que una vez que un país alcanza un cierto nivel de corrupción hay un punto de inflexión (tipping point) en el que un pequeño aumento en la corrupción lleva a una disminución sensible en la paz. México se encuentra entre los 64 países que, al momento del estudio, estaban cerca de ese punto de inflexión.

La conclusión es ineludible: la corrupción puede ser rentable para unos cuantos e incluso puede facilitar la vida en el corto plazo, pero en el agregado sus costos son mayores que sus beneficios. 

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Impunidad

La impunidad es la ausencia —de hecho o de derecho— de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas de corrupción tipificadas en las leyes.

Si los niveles de corrupción en nuestro país son de los más elevados a nivel mundial, los de impunidad son aún peores. La ilegalidad que prevalece en el país fue recientemente confirmada por el Índice Global de Impunidad (IGI) publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) con datos de 59 países que reportan a la ONU cifras sobre sus sistemas de seguridad, derechos humanos y justicia. En su primer informe (2015) México aparece clasificado en el penúltimo sitio, compartiendo con Filipinas, Turquía, Colombia y la Federación Rusa los cinco últimos lugares. Entre los datos más destacados se señala que 46% de la población carcelaria está detenida sin sentencia y que el número de jueces —4.3 por cada 100 mil mexicanos— está muy por debajo del promedio global que es de 16.2 por 100 mil habitantes. Esto, sin hablar de su calidad profesional.

Uno de los factores más relevantes para explicar la extensión y frecuencia de la corrupción es la expectativa de impunidad que eleva la ganancia esperada de un acto de corrupción y conduce a un círculo vicioso. La combinación de ambas se convierte en un equilibrio pernicioso en el que se generan fuertes incentivos para que las empresas, los individuos y los servidores públicos refuercen estas prácticas en lugar de combatirlas.

Cuando hay impunidad, quienes cometen un delito escapan a la investigación con miras a ser acusados, detenidos, procesados y, en su caso, condenados a penas apropiadas y a la indemnización por el daño causado a sus víctimas.

Como en el caso de la corrupción, la medición de la impunidad es un reto y son pocos los indicadores precisos para calcularla. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE) reporta 33.5 millones de delitos ocurridos en 2015, de los cuales sólo 3.6 millones (10.7%) fueron denunciados, 2.4 millones (7.1%) se incorporaron en una averiguación previa y 1.3 millones (3%) se resolvieron en un sentido absolutorio o condenatorio. Con estas cifras el porcentaje de impunidad alcanza 97%.

La cifra de impunidad se refiere al total de delitos cometidos independientemente de su naturaleza, pero es razonable suponer que la impunidad en materia de actos de corrupción se comporta de manera similar al resto de los delitos en nuestro país.

A manera de indicios pueden utilizarse algunos datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es la institución más importante para fiscalizar recursos públicos, y de la Procuraduría General de la República (PGR). Si se toman tan sólo las denuncias de la ASF ante la PGR resulta que somos un país con funcionarios públicos espectacularmente honestos. En 16 años sólo se presentaron 582 denuncias y sólo hubo 21 consignaciones. Esto equivale a ¡3.6%!

La poca información que puede recabarse en la PGR apunta en la misma dirección. Desde enero de 2010 hasta febrero de 2016 la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia consignó averiguaciones previas contra 389 servidores públicos federales por diversos delitos (65 por año). De ellas sólo 18 concluyeron con una sentencia condenatoria. Siete de estas sentencias fueron dictadas en contra de funcionarios acusados de actos de corrupción: dos por cohecho, dos por ejercicio indebido del servicio público, dos por abuso de autoridad y uno por extorsión. Es decir, en más de seis años la Unidad que se transformará en la Fiscalía Especializada en materia de Delitos de Corrupción sólo logró sancionar penalmente a siete funcionarios por delitos de corrupción. La explicación a los bajos niveles en la apertura de averiguaciones previas y el todavía más bajo nivel de condenas no deja lugar a dudas: o somos un país con un sector público ejemplar parecido al sueco o la tolerancia a la impunidad es total.

Otro conjunto de datos que es útil para mostrar lo inservible de las instituciones anticorrupción y la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos en esta materia es lo que tradicionalmente ha ocurrido con los gobernadores. Entre 2000 y 2013, periodo en el que México tuvo 63 gobernadores, la prensa reportó 71 casos de corrupción de 41 gobernadores. De éstos sólo 16 casos fueron investigados y únicamente cinco gobernadores fueron procesados y encontrados culpables. Para dar una perspectiva comparada, el mismo análisis en Estados Unidos refleja que, en este país, nueve gobernadores fueron investigados, nueve fueron procesados y los nueve detenidos (Pablo Montes, 2015).

Ahora se pone de moda que los gobernadores entrantes denuncien a los salientes y están en la picota al menos cinco de ellos (Veracruz, Sonora, Chihuahua, Quintana Roo y Oaxaca). Falta por ver si el endeudamiento ilegal de sus entidades y los desfalcos cometidos por ellos son probados y sancionados.

Si nos movemos al plano de las declaraciones de procedencia que se presentan a la Cámara de Diputados para remover el fuero de los servidores públicos por presunción de la comisión de delitos el panorama es también lamentable. Según la información proporcionada por la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, entre el 1 de septiembre de 2003 y el 15 de julio de 2016 se presentaron 44 solicitudes de declaración de procedencia. De éstas solamente cuatro (9%) llegaron a término.

No es sorprendente, entonces, que los mexicanos desconfíen de las leyes y sean suspicaces frente al sistema de impartición de justicia, lo que a su vez conduce a la exigua utilización de uno de los eslabones cruciales para acabar con la corrupción: la cultura de la denuncia. El mexicano no cree en los medios institucionales de impartición de justicia y, por lo tanto, no recurre a ellos. Seis de cada 10 mexicanos opta por no denunciar las conductas apartadas de la legalidad (IFE-Colmex, 2014) .

La principal razón que se esgrime es que no tiene sentido hacerlo pues “no sirve de nada” (63%), pero igualmente grave es que más de la mitad (52%) de los encuestados afirme que no denuncia pues no confía en las autoridades. En buena medida, la falta de confianza en las instituciones ha llevado a una mayor tolerancia frente al delito.

En línea con lo anterior, sólo 15% de los mexicanos considera que la gente está protegida contra el abuso de autoridad, lo que coincide con el hecho de que más de 80% de los encuestados piensa que una persona tiene pocas posibilidades (o ninguna) de ganar una demanda contra el gobierno y que cuatro de cada 10 personas prefieren arreglarse entre ellas que acudir a un tribunal para resolver una disputa.

No parece haber vuelta de hoja: una de las primeras acciones que tendrá que llevar a cabo el gobierno es comenzar a construir un piso mínimo de confianza y la única manera en que puede lograrse es disminuyendo los escandalosos niveles de impunidad. Si no hay acciones que se traduzcan en la investigación, persecución y sanción de los actos de corrupción, las bajas expectativas sobre la utilidad de un nuevo marco legal contra la corrupción se habrán visto confirmadas y la decepción ciudadana seguirá creciendo.

Según la experiencia internacional, para evitar la impunidad hacen falta cuatro pilares:

• La tipificación precisa de los tipos penales y administrativos referentes a los actos de corrupción.

• La definición de sanciones apropiadas y proporcionales a los delitos y faltas de corrupción.

• La responsabilidad de las autoridades por no sancionar, conforme a las leyes aplicables, a los responsables.

• El derecho de reparación a las víctimas a través de una indemnización.

Las nuevas leyes que sustentan el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) han avanzado en estos pilares, aunque aún es pronto para decir si los compromisos que se derivan de ellos se harán realidad. Como en el resto de las reformas estructurales, en la implementación está el ingrediente de éxito del combate a la corrupción. Por lo pronto, 54% de los mexicanos cree que el SNA ayudará poco o nada a reducir los casos de corrupción (Parametría).

 

Ma. Amparo Casar
Investigadora del CIDE, analista político y presidente ejecutivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Este texto es un resumen de Anatomía de la corrupción II, publicado en octubre de este año por Ma. Amparo Casar. El estudio es un compendio de los principales índices, indicadores y mediciones sobre la frecuencia y extensión del fenómeno de la corrupción, de sus causas y efectos, de sus costos, de los esfuerzos para combatirla y de los magros resultados obtenidos. Puede consultarse en www.contralacorrupcion.mx y en www.nexos.com.mx

 

7 comentarios en “Corrupción

  1. Cuanta complejidad textual para algo tan simple!!! La corrupción gubernativa tiene su origen en la excesiva regulación que oprime con tantos requisitos y excepciones al ciudadano común. Cuando es un tema de conducta los tipos legales le dan su nombre al delito que se comete, pero cuando no se realice expedito un trámite, se cuestionan los documentos, se exigen excesivos y absurdos datos, no se resuelve en el acto, eso es la verdedera y real corrupción que al común de los ciudadanos nos afecta. La excesiva tramitología desde la licencia de manejo, la licencia de construcción, la obtención de la credencial electoral, no se diga las necesarias para construir remodelar viviendas, hacer mudanzas. hay demasiada presencia regulatoria y personas que le hacen de autoridad. Ese es el costo. Los academicos y con ellos los legisladores, confunden lo que nos afecta a los ciudanos normales. Hay que simplificar las normas, todo mundo las emite, hasta el conciudadano de la ventanilla. Vuelva mañana, traigame esto y lo otro. María Amparo, ¿si entiendes? A ti como a otros les afecta la conducta que dicen es corrupción desde el mundo elevado y dispar de la ética. No no es por ahí, Nuestro sistema legal esta abarrotado de contradicciones en el miedo de ser autoridad real y en la desconfianza al conciudadano. Los costos son muchos, no tienes que gastar en asesorias cuantiosas para cuantificarlos. No es por ende, de origen, nuestra corrupción un tema que implique impunidad. Lo de menos es lo que representa la casa blanca de las lomas, el tema en escencia es la ineficiencia de la administración de las leyes, que se vuelven tortuosas y absurdas que roban la vida en tantas gestiones. Donde hay trámites que de suyo debieran ser de oficio y no a petición de parte. En fin. Es la corrupción del sistema legal que justifica las torpezas de los propios conciudadanos que nos deben brindar un servicio público. Saludos

    • Por cierto, no necesitamos para resolver la corrupción un sistema de persecutorio y represivo como el legislado en el denominado sistema nacional anticorrupción, que más burocracia generara. Es más barato desregular y vincular datos que este delirio de la exhibición del corrupto. Es más de lo mismo de los últimos e inutiles treinta años desde los tiempos del Presidente De la Madrid.

  2. Maestra Amparo: Creo, porque soy muy creìdo, que la impunidad en este Mèxico “nuestro”, es mucho peor que la corrupciòn y que como naciòn, no tenemos salvaciòn. Vale.

  3. Como esperar acabar con corrupción e impunidad si CASI TODOS en el gobierno tienen cola que les pisen?

    Y más aún los legisladores, que se supone son nuestros representantes, dos ejemplos:

    1) Las últimas modificaciones a las leyes hacen que los delitos patrimoniales (como fraude y abuso de confianza) no merezcan prisión, entonces, están del lado de los defraudadores como ellos o qué?

    2) Los aguinaldos que se acaban de autoautorizar son una mentada para la población, y alguien puede hacer algo?

    Claro que no!

    Porque ellos mismos no se van a limitar, o sí?

    Y así por el estilo están todos en el gobierno en casi todos los niveles, hasta en las “autoridades” de vigilancia y sanción.

    Entonces, quién podrá defendernos??

    Le hablamos al justiciero de La Marquesa?

  4. Es un tema muy elegante para las personas que toda su vida se han dedicado ha ser corruptos, ya que les vale la honorabilidad y la ética. son de una clase que tiene mucho encanto, como la pelicula de Luis Buñuel LOS PEQUEÑOS ENCANTOS DE LA BURGUESÍA. es un honor y un placer leerla señora Casar.

  5. La sobre regulacion es un factor mas para incrementar la corrupcion, asi como la poca participacion ciudadana en muchos temas de importancia nacional tambien es un factor, pero considero que el mayor factor que cada vez incrementa la corrupcion es el mal origen en su procedencia natural, historica y politica, de la mayoria de las personas que ostentan un cargo. Por otra parte el ser humano se encuentra en un proceso evolutivo de comportamiento social el cual tardara al menos un siglo mas, pero esa evolucion se conseguira conforme las personas con buenos origenes, naturales, historicos y politicos demuestren un interes politico para transformar la sociedad.

  6. Muy triste los que pasa en nuestro México, con gente tan preparada y solo mirando sus propios intereses, intentemos ser mejores personas a titulo personal y tal vez influenciaremos a otros a mejorar…