En pocos años el rechazo a la corrupción se ha apoderado de la moral social de México: como nunca antes se ha convertido en una emoción pública. Y sin embargo, a pesar de los evidentes costos económicos, políticos y sociales que arroja sobre el país, el lastre de la corrupción es difícil de identificar. No se diga de cuantificar.
Este dosier está dedicado a visibilizar esa metástasis en sus diversos escenarios. María Amparo Casar rastrea los costos de la corrupción en todas sus variantes: los “moches”, el pago de sobornos, los recursos desviados o perdidos, la disminución de la productividad y las inversiones, la baja calidad de bienes producidos y llega a una conclusión atroz: los hogares mexicanos destinan entre 14% y 33% de sus ingresos a pagar actos de corrupción.
Salvador Camarena y Claudio González Caraza cruzan el umbral de la delegación Cuauhtémoc para registrar los impactos de este vicio público en la destrucción patrimonial de edificios históricos, derruidos en servicio de la voracidad inmobiliaria: para dar fe de la vertiginosa apertura de establecimientos mercantiles y desarrollos habitacionales a través de licencias chuecas y modificaciones fast track en el uso de suelo.
Alejandro Faya Rodríguez hurga en la triste realidad de las contrataciones públicas —186 mil contratos firmados sólo en 2015—, en donde ocurre más de la mitad de los casos de corrupción y en donde el sector privado ha admitido que en México sólo es posible hacer negocios mediante el soborno.
Janet de Luna pone sobre la mesa las fallas de la fiscalización electoral en México, donde es enorme la distancia entre el tope de campaña y el gasto reportado por los partidos, y en donde el sistema fiscalizador no permite saber casi nada sobre el dinero empleado en la política y las campañas.
Cerramos este paquete con una entrevista en la que Aristóteles Núñez habla de la corrupción mexicana tal como se ve en el SAT —a través de la evasión fiscal de 3.1 puntos porcentuales del PIB: más de 500 mil millones de pesos anuales—, y con un ensayo de Mark L. Wolf que propone una de las soluciones posibles: incluir a México en una Corte Internacional que pueda sancionar actos de corrupción de manera eficiente.
