En el marco del primer aniversario de la masacre de Tlatlaya, el Centro Prodh reveló que la unidad militar involucrada en los hechos recibió, unas semanas antes, la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.1 De esta forma se develó información que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) quiso reservar doce años por considerarla confidencial, pero además se generó un intenso debate sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas en graves violaciones a derechos humanos como consecuencia de la intervención militar en tareas de seguridad pública. Después, en los primeros días de octubre, a través de los medios de comunicación se hizo público que a cuatro de los siete militares sujetos a proceso en este caso les fue dictado auto de libertad, lo que fue aprovechado para hacerlo aparecer como una exoneración del Ejército e incluso llegar al extremo de poner en duda la existencia de las comprobadas graves violaciones a derechos humanos.

Así, es oportuno hacer un recuento de esa discusión para identificar los pendientes que deja el debate y para apuntar un riesgo no menor que ya asoma en el horizonte.

Tras la revelación del Prodh, la respuesta del Gobierno federal fue errática. Sucesivamente, desde los ámbitos civiles y militares se argumentó que la orden de abatir no era una instrucción de violentar los derechos humanos;2 que el documento revelado contenía salvaguardas para evitar los abusos que no estaban referidas en el Informe;3 y, finalmente, la orden se debía a un “lamentable error de transcripción”.4

Cada una de estas respuestas fue contestada contundentemente por el Prodh. Sobre el argumento de que abatir no significa privar de la vida, respondimos que no era de la definición proveída por los diccionarios de donde surgía la alerta de los organismos civiles, sino del significado presente en las actuaciones castrenses. Así, recordamos que la orden de abatir es seguida en el expediente de al menos cuatro menciones donde este verbo es empleado para significar la privación de la vida. También señalamos que el uso público dado a este término por las Fuerzas Armadas corroboraba este uso del concepto en la práctica castrense, pues en una revisión de sus comunicados documentamos que el término “abatir” se utilizó en al menos 20 ocasiones para aludir a la muerte de personas identificadas como presuntos delincuentes.6 Así lo reconocieron, también, numerosos analistas.6

En cuanto a que la propia orden incorporaba lenguaje de derechos humanos, recordamos que nuestro informe era explícito en señalar la existencia de este tipo de mensajes; ahí anotamos que “la propia Orden de Relevo alude al ‘respeto a los derechos humanos’ y es acompañada de un anexo titulado ‘Conductas que deben evitarse en operaciones’”.7 No obstante, el informe también demostró cómo esta inclusión era contradictoria e insuficiente, pues el respeto a los derechos humanos no se incorporó en la orden como pauta de actuación transversal, lo que implicaría que cada actividad ordenada estuviera permeada por el respeto de los derechos, sino que en ésta el lenguaje de derechos humanos se incluyó de manera accesoria.

Finalmente, sobre la posibilidad de que se tratara de un error de transcripción, respondimos que en su primer comunicado la SEDENA no lo señaló así y destacamos que aducir que por “errores de transcripción” podían ser ordenadas conductas contrarias a derechos humanos no resolvía el problema sino que añadía una dimensión más de preocupación: sería de una gravedad extrema que en las Fuerzas Armadas mexicanas las órdenes superiores pudieran alterarse con tanta ligereza, llegando al extremo de instruir violaciones a derechos humanos, cuando la propia ley impide a la tropa cuestionarse si una orden que se les ha dado contiene o no “errores de transcripción”.

En todo caso, los endebles argumentos del Gobierno Federal no amainaron los señalamientos de las instancias gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, después de un cuidadoso análisis del documento, señaló que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales”, y llamó al gobierno mexicano a considerar la orden castrense como “nueva evidencia” y castigar tanto a los responsables materiales de las ejecuciones arbitrarias como a los de la emisión de dicho tipo de órdenes.8

En el ámbito no gubernamental, Amnistía Internacional, WOLA y CEJIL exigieron una investigación de la cadena de mando. El Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que "el documento que dio a conocer el Centro Prodh pone sobre la mesa una discusión legítima sobre las órdenes y reglas para el empleo de la fuerza por parte de autoridades militares, y ésta debe darse no solo en el marco de la discusión pública, sino también ante los tribunales para establecer las responsabilidades penales en la cadena de mando".9 Por su parte, el Director del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Santiago Cantón, escribió: “las palabras disfrazadas no modifican la verdad. El afán del gobierno con el significado de abatir, es ocultar con aún más eufemismos un plan sistemático de los ‘Altos Mandos’ para combatir las organizaciones criminales violando los derechos humanos”.10

En el ámbito nacional, las principales organizaciones de derechos humanos hicieron eco de esta preocupación: Amnistía Internacional, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) se sumaron a las denuncias contenidas en el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”.

Gracias a este entorno de exigencia y a solicitud del Centro Prodh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en las que ordenó al Ejército mexicano suspender todas las órdenes en las que se instruyera a la tropa a abatir personas, aceptando implícitamente que esta instrucción incentiva las violaciones a derechos humanos.11

En suma, los principales actores nacionales e internacionales del mundo de los derechos humanos instaron a una investigación seria y eficaz de lo que podría ser la punta de un problema mayor: la existencia de órdenes e instrucciones castrenses abiertamente contrarias a derechos humanos en el marco de la militarización de la seguridad pública.

Hechos posteriores confirmaron la necesidad de investigar a fondo la actuación de los mandos castrenses. Desde que se presentó el informe sobre Tlatlaya se han denunciado nuevos casos de graves violaciones a derechos humanos. La posible participación de elementos del Ejército en la privación arbitraria de la vida de un niño durante un operativo que siguió a la aprehensión de un líder comunitario,12 lo mismo que la posible participación de agentes castrenses en la desaparición y posterior ejecución de siete personas,13 dan cuenta de que estas denuncias son fundadas.

La necesidad de que las Fuerzas Armadas rindan cuentas se confirmó, también, con los recientes estudios de Gutiérrez, Pérez y Silva que muestran cómo las ejecuciones cometidas por las fuerzas de seguridad aumentaron en México durante los últimos años.14 Teniendo como referencia que “la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos sugiere que la fuerza letal se está usando más allá de lo necesario”,15 el índice de letalidad creció de forma alarmante: mientras que en 2008 por cada soldado fallecido en un intercambio armado caían 5.1 civiles, en 2011 por cada militar morían 32.4 civiles. La cifra se estableció en 20 civiles por cada castrense en 2013, sin que los analistas hayan podido determinarla a cabalidad para 2014 y 2015 debido a “una creciente opacidad de las instituciones”.16

En septiembre se sumaron las voces del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes en el marco de sus recomendaciones para enfrentar la crisis de derechos humanos señalaron la necesidad de que se plantee un programa paulatino para el retiro de las fuerzas militares de las labores de seguridad pública.

En este contexto, el Centro Prodh demandó, a la luz de la orden de “abatir” presente en el caso Tlatlaya, una investigación capaz de sentar las bases para esclarecer las ejecuciones de una manera transparente y efectiva al menos en dos niveles. Primero, en cuanto a la cadena de mando, ya que se demostró que la unidad militar que intervino tenía la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, se ha exigido formalmente deslindar la responsabilidad de los superiores jerárquicos militares que emitieron o supervisaron esa orden. Segundo, en lo relativo a profundizar la investigación conforme a los más altos parámetros internacionales, el Prodh ha exigido que en cumplimiento de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de la ONU,17 se instituya una comisión indagadora en la que participen especialistas institucionales, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e independientes. Esta profundización de las investigaciones sigue siendo el gran pendiente, pues hasta ahora la Procuraduría General de la República (PGR) no ha accedido a la petición formal de indagar la cadena de mando; a los generales, parece haber decidido el Gobierno Federal, no se les somete a la ley ni con un citatorio.

Pese a que el caso concreto de Tlatlaya y el contexto amplio en materia de ejecuciones demandan acciones integrales, la respuesta del Gobierno federal ha sido decepcionante. No sólo no se ha expresado hasta ahora la voluntad de investigar al Ejército para que rinda cuentas, sino que se han sucedido eventos públicos donde el poder civil se pliega al mando militar con sumisión. Tan sólo en julio y sin que haya mediado ninguna efeméride que lo justificara, el presidente Peña Nieto —en al menos cuatro actos públicos18— ha ensalzado la intervención en labores de seguridad de las Fuerzas Armadas, en medio de invocaciones a su lealtad y patriotismo como una suerte de atributos incuestionables, que harían superflua la rendición de cuentas.

En octubre, ante el anuncio de la liberación de cuatro de los siete militares sujetos a proceso —hecho a través de los medios de comunicación y sin notificar a Clara Gómez, la principal testigo y una de las víctimas del caso—, y algunas voces lanzaron mensajes en diversos medios para poner en duda incluso la existencia de ejecuciones arbitrarias, hecho ya reconocido y documentado por el órgano constitucionalmente facultado para determinar la violación de derechos humanos, la CNDH.

En este panorama, comienza a advertirse la tendencia a enfrentar las denuncias que pesan sobre la actuación de las Fuerzas Armadas no mediante la revisión del modelo militarizado de seguridad que hoy impera, sino a partir de la profundización de este paradigma en lo que parece ser un paradójico mecanismo de obtención de rédito político favorable a los castrenses. Diversos actores han empezado a sugerir que la causa del incremento de las denuncias contra el Ejército y la Marina es la ausencia de un marco jurídico que regule su intervención en tareas de seguridad.19 Por eso, aducen estas voces, más que rendición de cuentas lo que México necesita es una nueva ley de seguridad interior o seguridad nacional que regule la participación castrense en las políticas de seguridad, como desde hace años lo viene exigiendo el mando militar. La discusión de esa ley es hoy un riesgo latente.

La argumentación detrás de esta posición es tramposa. El aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas no es consecuencia de un vacío legal, suponiendo que éste exista, sino de que la vocación bélica del Ejército y la Marina no se aviene adecuadamente con las exigencias del Estado de Derecho cuando los castrenses son desplegados para tareas ajenas a su mandato. Militares entrenados y enviados para “abatir” enemigos no funcionan con propiedad para detener a presuntos delincuentes y presentarlos ante la autoridad competente. Por eso, justamente, instancias internacionales como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recomendado revisar el paradigma militarizado de seguridad hoy vigente.

La CIDH señaló enfáticamente: “que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno deben ser competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, eficientes y respetuosos de los derechos humanos. Las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con las y los habitantes del país. Por ello, es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas. Además, la historia de la región demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos”.20

El marco constitucional mexicano es claro y restrictivo sobre las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas en ausencia de una declaración formal de guerra; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una interpretación laxa hecha a mediados de los noventa, permitió el apoyo militar en labores de seguridad pero incluso en esa jurisprudencia restringió su papel a un plano secundario, limitado al auxilio de las autoridades civiles, a solicitud fundada y motivada de éstas21. Legalizar en una ley secundaria la intervención castrense en tareas de seguridad sería proceder con lógica similar a la que guio la constitucionalización del arraigo en el sexenio pasado. Si ayer el arraigo se llevó a la Constitución para eludir su cuestionamiento, hoy se buscar llevar a una ley secundaria la militarización de la seguridad para acallar las críticas. En uno y otro caso, los derechos humanos pasan a segundo plano.

Hay que decirlo con claridad: lo que México necesita no es una nueva ley hecha a la medida de las Fuerzas Armadas. La crisis de derechos humanos que hoy vive el país sólo se revertirá con acciones decididas para revertir la impunidad, con investigaciones serias y eficaces en los casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos. Lo que algunos analistas han identificado como la “intocabilidad del Ejército”22 es hoy un obstáculo para la rendición de cuentas; ésta, empero, es la única fuente de legitimidad en un entorno que se pretende democrático. Lo ha dicho bien Jesús Cantú: no son las y los denunciantes de violaciones a derechos humanos quienes “manchan” a las Fuerzas Armadas, sino la permisividad de las autoridades civiles ante éstas y la reticencia de los castrenses a someterse a controles externos.23 Una ley confeccionada conforme a las pretensiones y exigencias del Ejército y la Marina no revertirá esta situación; por el contrario, previsiblemente aumentará las dimensiones de la mancha que hoy pesa sobre las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, este 20 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se realizará una audiencia temática sobre la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en México. La supervisión internacional frente a la crisis que vive el país continuara.

 

Mario E. Patrón Sánchez
Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y director del Centro Prodh.


1 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, Prodh, México, 2015. http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&Itemid=28&lang=es

2 “Abatir no significa matar”, en Aristegui Noticias. aristeguinoticias.com/0307/mexico/abatir-no-significa-matar-roberto-campa-sobre-orden-militar-previo-a-tlatlaya/, consultada el 05 de agosto de 2015

3 “La orden en Tlatlaya también incluía candados de derechos humanos: Sedena”, en CNN. http://mexico.cnn.com/nacional/2015/07/04/la-orden-en-tlatlaya-tambien-incluia-candados-de-derechos-humanos-sedena, consultada el 05 de agosto de 2015.

4 FERNÁNDEZ Menéndez, Jorge. “¿Quién quiere relevar al Ejército?, entrevista con Salvador Cienfuegos”, en Excélsior. www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/09/1033756, consultada el 05 de agosto de 2015.

5 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Insatisfactoria, respuesta del Gobierno federal frente a la confirmación de que en Tlatlaya ‘la orden fue abatir’; debe investigarse la cadena de mando”. http://ymlp.com/zwjcWM, consultada el 05 de agosto de 2015.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “En Tlatlaya debe investigarse la cadena de mando del Ejército: Centro Prodh”. http://ymlp.com/z1hTZf, consultada el 05 de agosto de 2015.

6 Cfr. Entre otros: Puig, Carlos. “Atrapados en la guerra y sin salida”, en Milenio. www.milenio.com/firmas/carlos_puig/Atrapados-guerra-salida_18_547925238.html
Corcuera, Santiago. “Informe del Centro Pro sobre Tlatlaya”, en El Universal. beta.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/santiago-concuera/nacion/2015/07/4/informe-del-centro-pro-sobre-tlatlaya
Aguilar Camín, Héctor. “La guerra no declarada y las fuerzas armadas”, en Milenio. www.milenio.com/firmas/hector_aguilar_camin_dia-con-dia/guerra-declarada-fuerzas-armadas_18_549725057.html
Fazio, Carlos. “Tlatlaya y el paradigma militar de seguridad”, en La Jornada. http://www.jornada.unam.mx/2015/07/06/opinion/027a2pol

7 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, Prodh, México, 2015. http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&Itemid=28&lang=es

8 Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “A un año del caso Tlatlaya: Experto en derechos humanos de la ONU insta a las autoridades mexicanas a considerar nuevas evidencias”, http://tinyurl.com/ngdxq3g

9 Garduño, Silvia. “Piden indagar orden militar de ‘abatir’”, en Agencia Reforma. am.com.mx/sanfrancisco/mexico/piden-indagar-orden-militar-de-abatir-215392.html, consultada el 05 de agosto de 2015.

10 Cantón, Santiago. “Abatidos en la oscuridad”, en El País. internacional.elpais.com/internacional/2015/07/13/actualidad/1436811437_414516.html, consultada el 05 de agosto de 2015.

11 Díaz, Gloria Leticia. “Pide CNDH a Sedena eliminar de sus órdenes el término ‘abatir’ y similares”, en Proceso. http://www.proceso.com.mx/?p=409965, consultada el 06 de agosto de 2015.

12 Beauregard, Luis Pablo. “La muerte de un niño muestra el fracaso del desarme en Michoacán”, en El País. elpais.com/elpais/2015/07/27/actualidad/1437965035_077527.html, consultada el 06 de agosto de 2015.

13 Espinosa, Verónica. “Caso Calera: Las siete nuevas víctimas del Ejército”, en Procesohttp://www.proceso.com.mx/?p=411865, consultada el 06 de agosto de 2015.

14 GUTIÉRREZ, Rodrigo, SILVA, Carlos, y PÉREZ CORREA, Catalina “Índice letal: los operativos y los muertos”, Nexos, noviembre de 2011. www.nexos.com.mx/?p=14555, consultada el 06 de agosto de 2015.
GUTIÉRREZ, Rodrigo, SILVA, Carlos, y PÉREZ CORREA, Catalina, “Índice de letalidad: menos enfrentamientos, más opacidad”, Nexos, julio de 2015. www.nexos.com.mx/?p=25468, consultada el 06 de agosto de 2015.

15 GUTIÉRREZ, Rodrigo, SILVA, Carlos, y PÉREZ CORREA, Catalina, “Índice de letalidad: menos enfrentamientos, más opacidad”, op. cit.

16 Idem.

17 “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2012.pdf, consultada el 06 de agosto de 2015.

18 El 20 de julio en Tlapa, Guerrero, durante la inauguración de la Ciudad de las Mujeres; el 21 de julio, en la Ciudad de México, durante la firma de un convenio entre las secretarías de Salud, Defensa y Marina; el 23 de julio en el puerto de Veracruz, durante la Ceremonia de Graduación de la Generación 2010-2015 de la Heroica Escuela Naval Militar; y el 30 de julio, en un reconocimiento a las Fuerzas Armadas en las instalaciones de la Semar.

19 Rosas, Tania. “Yunes propone ley para regular al Ejército”, en El Economista. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/01/yunes-propone-ley-regular-ejercito, consultada el 06 de agosto de 2015.
García Soto, Salvador. “Peña, el Ejército y la seguridad interior”, en El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/salvador-garcia-soto/nacion/seguridad/2015/08/1/pena-el-ejercito-y-la, consultada el 06 de agosto de 2015.

20 CIDH, “CIDH expresa su preocupación respecto de alegaciones de participación de la fuerza pública en hechos de violencia en México”, 7 de agosto de 2015. Puede consultarse en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/087.asp

21 Acción de Inconstitucionalidad 1/96, curiosamente promovida por el Partido de la Revolución Democrática, cuyo actual líder en el Senado se ha pronunciado a favor de legalizar la intervención militar en tareas de seguridad, como se refirió en supra nota 19. Sobre este tema, puede consultarse: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, Prodh, 2009, visible en: http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&Itemid=28&lang=es&limitstart=10

22 RAHAEL, Ricardo. “La insoportable intocabilidad del ejército”, en El Universal. www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2015/07/23/la-insoportable-intocabilidad-del, consultada el 06 de agosto de 2015.

23 CANTÜ, Jesús, “Las manchas del Ejército”, en Proceso, 28 de julio de 2015. Visible en: http://www.proceso.com.mx/411699/2015/07/28/las-manchas-de-las-fuerzas-armadas