Frente a la ola de violencia de la que México ha sido víctima en los últimos 10 años, se han creado “culpables recurrentes” a los que se dirige el discurso común. Las drogas, la estrategia frente a ellas, la debilidad institucional que tolera la impunidad, la corrupción en la esfera pública y privada, las múltiples manifestaciones de violencia social y la incapacidad del Estado mexicano para ofrecer alternativas socioeconómicas dignas para toda la población, son probablemente los más comunes.

Sin embargo, al hacer una revisión histórica de México varios hechos ponen en entredicho estos argumentos. En principio, el país tiene al menos un siglo participando en el mercado internacional de drogas, cuenta con una larga tradición de corrupción e impunidad, ha manifestado expresiones sociales violentas anteriormente y desde hace más de 40 años no ofrece soluciones económicas a todos los mexicanos.1 Si todas estas características socioeconómicas se han presentado desde hace décadas, ¿qué nuevos hechos podrían explicar entonces la reciente ola de violencia?

En los últimos años, sobre todo después de la creciente ola delincuencial y de violencia en México, una importante corriente de liderazgos políticos, empresariales y sociales en este país ha manifestado que este fenómeno podría tener una explicación en función del incremento de la disponibilidad de armas de fuego al que tienen acceso los criminales. El ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) llegó a señalar en un programa televisado y aun en la propia Cámara de Representantes en Washington que como producto de la expiración de la Federal Assault Weapons Ban (AWB) en Estados Unidos en 2004, los criminales mexicanos fueron capaces de comprar armas de fuego sin precedente en Estados Unidos para luego ingresarlas de forma ilícita a México. La historia es poco conocida. En 1994, durante la administración Clinton, el Congreso de Estados Unidos aprobó la AWB, diseñada con el objetivo de impedir por 10 años la manufactura para uso civil de algunas armas de fuego semiautomáticas, también llamadas armas de asalto. En 2004, al no haber sido renovada por el Congreso como era necesario para que se mantuviera vigente, se volvió a permitir la producción de este tipo de armas. En consecuencia, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF) otorgó más licencias a empresas privadas y la producción de armas creció.

Más armas, más delitos, más homicidios

En cualquier caso, otras organizaciones de todo el espectro político han hecho señalamientos en el mismo sentido. De hecho, llama la atención que asociaciones que fueron tan críticas con el desempeño de la administración de Calderón en materia de seguridad, hayan coincidido con tanta claridad en el argumento de que una de las pocas formas sustentables de mitigar la violencia en México es a través de un cambio en la política de armas de fuego por parte de Estados Unidos. Alianza Cívica y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) son dos ejemplos en ese sentido en México.

En Estados Unidos otros líderes y organizaciones políticas y sociales han respaldado estos mismos argumentos. Algunos congresistas demócratas de la Cámara de Representantes y otras organizaciones, como The Brady Campaign to Prevent Gun Violence, The Law Center to Prevent Gun Violence y The Washington Office on Latin America (WOLA), se han enfocado en hacer conciencia sobre la violencia doméstica que generan las armas.

¿Hasta qué punto la existencia de una mayor cantidad de armas disponibles en una zona puede generar más violencia en perjuicio de la población? Más allá de la sintonía de opiniones aun en actores tan plurales, ¿en qué medida esta hipótesis implícita es un hecho cierto y demostrable? Con el objetivo de aportar al debate binacional en el mismo sentido, el presente artículo ofrece una explicación cualitativa sobre las teorías que pueden ayudar a explicar la relación entre criminales y autoridades, en términos de armas de fuego. Asimismo, se presentan algunas reflexiones que vinculan la relación entre estos dos actores y la generación de violencia.

Lo que dice la teoría

Hasta hace algunos años (2002) la mayor parte de los delitos violentos cometidos en México estaban asociados al uso de armas punzocortantes y otros objetos físicos utilizados por el criminal para amedrentar a su víctima (ENSI, 2002). Hoy la situación es muy distinta, pues según un estudio de 2010, en 67.7% de los casos los delincuentes emplean armas de fuego.2 Ante un cambio como éste en la conducta criminal, un par de preguntas se vuelven obligadas, ¿a qué se debe que las armas utilizadas en los crímenes —y, por supuesto, su poder de fuego— sean tan distintas a las que se hacían presentes hace algunos años?, y ¿por qué se ha presentado este escalamiento si la legislación mexicana ha sido igualmente restrictiva en la permisividad de armas de alto calibre desde enero de 1972 hasta hoy?

Una primera hipótesis indicaría que si no se flexibilizó la política de armas a nivel doméstico en México, éstas tendrían que haberse importado de alguna fuente internacional. Si la importación de armas de alto calibre está controlada y restringida por el gobierno mexicano, la lógica apunta a una importación ilegal. En esta situación, Estados Unidos se vuelve el origen más factible, por tres razones: 1) la cercanía geográfica, 2) el enorme flujo comercial en una de las fronteras más extensas y activas del mundo, 3) el reconocimiento explícito de que este país es el mayor exportador de armas de fuego a países en desarrollo (Grimmett, 2011).

En efecto, la evidencia demuestra que este conjunto de inferencias podría ser cierto. Sobre la última, de hecho, los propios datos oficiales de la ATF del gobierno estadunidense revelan que 75% de las armas confiscadas (y rastreadas) en México entre 2010 y 2011 provenían de ese país. Del restante 25% no se conoció su origen, lo que tampoco permitiría descartar su procedencia de nuestro vecino del norte. ¿Cómo es esto posible?

En principio es necesario reconocer que, con algunas excepciones temporales y geográficas, en Estados Unidos la manufactura privada y la posesión de armas de fuego —aun las de alto calibre— es legal y cambiar este régimen tendría repercusiones multidimensionales para una sociedad acostumbrada a las armas, tal como lo ha revelado Cole (2012). De hecho, en la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos de 1791 se señaló que “el derecho del pueblo a tener y portar armas, no será infringido”. Cabe destacar que el origen de esta enmienda ocurrió mucho tiempo antes de que existieran las poderosas armas de asalto que abundan hoy en el mercado. A pesar de ello, en la práctica, ésta ha servido para justificar la existencia de una poderosa industria legal que, tal como lo ha señalado WOLA, podría haberse beneficiado de la expiración de la AWB en 2004 (Lewis, 2012). Lo anterior, aun sabiéndolo: el escandaloso caso de Rápido y Furioso lo deja en evidencia.

Por otro lado, vale la pena reconocer que si la industria de armas creció es muy probable que también hayan aumentado sus externalidades. Esto es particularmente importante si se considera que a nivel global se ha demostrado que aun en los países que no están oficialmente en guerra —como México— la disponibilidad de las armas produce países menos seguros, reduce el desarrollo, contribuye a la desintegración social, y hace que el recurso a la violencia sea más probable y más mortal (Stohl y Hogendoorn, 2010).

De la mano de lo anterior y asumiendo como factible el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México, ¿cuál podría ser el impacto de este flujo sobre la violencia? La literatura vinculada a las armas y al crimen violento revela algunas hipótesis al respecto.

En principio, Bailey y Taylor (2009) dan una explicación que puede ser útil para comprender el vínculo entre armas y homicidios. Los autores parten de que la estrategia racional de los criminales fue, durante un tiempo, corromper o evadir al gobierno para lucrar  —principalmente— con el mercado de drogas, entonces su mayor fuente de ingresos. De hecho, en esta primera fase de equilibrio las organizaciones criminales “operaban bajo el radar” porque el gobierno era más poderoso que ellas en términos de poder de fuego. El crimen lo sabía y actuaba en consecuencia no confrontando con el Estado. Le era más rentable.

Más armas, más delitos, más homicidios

Sin embargo, estos mismos autores señalan que para el caso mexicano la generación de riqueza, la posibilidad de comprar armas de mayor calibre y la oferta creciente de especialistas en violencia (como los sicarios), podría haber creado un nuevo escenario a favor del crimen organizado. En esta nueva dinámica es factible que algunas organizaciones criminales se percibieran a sí mismas con mayor capacidad que otras asociaciones delictivas rivales, e inclusive, que se sintieran superiores a la fuerza del poder del Estado. Con esta nueva percepción el incentivo para retar y, eventualmente, confrontar a éste se incrementó (Bailey y Taylor, 2009).

Una de las hipótesis centrales que argumenta este documento es, justamente, que este cambio en el equilibrio entre gobierno y criminales podría haber ocurrido en 2004. Con mayor acceso a armas de alto poder en Estados Unidos, las organizaciones criminales mexicanas podrían haber tomado dos decisiones que en su momento consideraron racionales.

La primera implicó decidir ya no corromper o evadir al gobierno, sino por el contrario, retarlo o inclusive, confrontarlo. De esta manera, atacaron primero a los eslabones más débiles del aparato estatal y, posteriormente, escalaron hacia autoridades de mayor peso. Esto podría ahondar en algunas tesis que pretenden explicar el homicidio de alcaldes a partir de 2004 (Ríos, 2011) y el del candidato puntero a gobernador de Tamaulipas en 2010. El escalamiento se mantiene y llega hasta la muerte de civiles inocentes en fuego cruzado o el ataque a ciudadanos en espacios públicos como en el caso del Casino Royale de Nuevo León en 2011.

La segunda significó sentirse con la capacidad para enfrentarse con mayores ventajas a otros grupos criminales y, con ello, posicionarse como líderes de los mercados y actividades ilícitas. Este escenario podría haber ocurrido bajo el fenómeno de “información asimétrica” en el que cada uno de los cárteles supuso que su grupo era el único que había adquirido mayor armamento.

Más armas, más delitos, más homicidios

A partir de esta situación de caos, parece racional que el gobierno tuviera mayores incentivos para incrementar su poder de fuego con el objetivo de enfrentar a los criminales. Esta situación se percibe claramente en el caso de México en 2006-2007, cuando el Ejecutivo federal decidió implementar la Estrategia Nacional de Seguridad, y uno de sus cinco componentes fue enfrentar directamente a las organizaciones criminales utilizando la fuerza (Poiré, 2011). Al hacerlo, sin embargo, también generó incentivos para una mayor violencia. Algunos autores como Guerrero (2011) y Escalante (2011) han demostrado cómo la estrategia de confrontación basada en operativos militares y policiacos —con su respectiva respuesta por parte de los criminales— puede romper el equilibrio en dichas organizaciones, lo que las orilla a enfrentarse de forma interna y externa, generando aún más homicidios y más violencia.

Si las hipótesis anteriores ilustran de alguna forma el crecimiento en homicidios, ¿cómo explicar la relación entre más armas y más delitos de alto impacto? Hope (2012) ofrece una hipótesis al respecto. En su opinión, el incremento de homicidios baja la probabilidad de que éstos sean castigados porque a corto plazo las instituciones mantienen estables sus capacidades. Esta situación de impunidad eventualmente genera  más homicidios.

En tanto que los homicidios adquieren mayor relevancia pública, las autoridades comienzan a concentrar los esfuerzos en éstos, dejando de lado su atención a otros delitos. Ante ello, crecen los secuestros, y como el Estado está ocupado en los homicidios deja de atender a éste y otros delitos. De esta forma, los incentivos están para que la espiral delictiva en todos los delitos se haga presente.

Lo que dicen los números

En este apartado se pretende demostrar que existe una similitud  de tendencias entre la oferta de  armas de fuego en el sur de Estados Unidos y los delitos de alto impacto en el norte de México. Adicionalmente, busca demostrar si 2004 constituyó, en efecto, un punto de quiebre entre estos dos fenómenos.

Para la primera variable se tomó en consideración la producción privada3 de armas de fuego tipo pistols, shotguns y rifles4 según lo estipula la ATF.5 Para la segunda, se tomó en cuenta la evolución de los cuatro delitos conocidos como “de alto impacto” en los estados del norte de México: los robos con violencia, las extorsiones, los secuestros y los homicidios (dolosos y culposos). En este caso los datos se reportan tal como son presentados por el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SE-SNSP o SNSP).

El gráfico 1 muestra la evolución de la manufactura de los tres tipos de armas de fuego analizadas en este reporte. Cabe destacar que hace énfasis en todos los estados del sur de Estados Unidos que tienen frontera con México. Se utiliza la información disponible para los años 1998-2010.

Tal como se observa en la gráfica anterior, la producción de pistols manifestaba una tendencia a la baja de como se venía comportando desde 1998. A partir de 2005-2006 esta tendencia cambia sustancialmente y comienza a crecer de manera destacada y sin detenerse hacia 2010.

La gráfica relativa a la producción de shotguns demuestra cómo, después de mantenerse relativamente estable entre 1998 y 2003, cambia su tendencia con un crecimiento leve en 2004 y un incremento mayor a partir de 2007. Llama la atención que este último año coincidió con el despliegue de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el presidente Calderón en México.

Por último, la tercera gráfica demuestra cómo la producción de rifles rompe la línea estable de producción que mantuvo de 1998 a 2003, con un primer crecimiento a partir de 2004. Este mismo se hace aún más evidente a partir del año 2007, de manera muy similar a lo que ocurrió con los shotguns.

En términos generales, estas tres gráficas demuestran que el año 2004 es clave para comprender las tendencias comerciales de armas de fuego en el sur de Estados Unidos. En un segundo sentido, sugieren que 2007 es un posible potenciador de la expansión de la oferta de armas de fuego en esa región.

Para analizar si la hipótesis relacional armas-delito es viable, se presentan algunas gráficas que muestran la evolución de los cuatro delitos de alto impacto considerados en este reporte para los estados del norte de México (ver gráfico 2). 

Tal como lo demuestran las gráficas, 2004 constituye un año importante para comprender un cambio en el comportamiento delictivo en los estados del norte de México y, a la vez, encaja con lo que ocurre en ese año en el caso de la producción de armas en el sur de Estados Unidos, efecto que en ambos casos se potencia en 2007.

Más armas, más delitos, más homicidios

De forma particular, se observa que los robos violentos mantenían una tendencia a la baja. Es un hecho que en el año de 2004 estos delitos tocan su punto mínimo, y a partir de entonces experimentan un crecimiento notorio. De esta forma, lo que había sido un avance relativo en la baja de robos con violencia se revierte a partir de 2004.

En el caso de las extorsiones se observa que su tendencia, aunque iba en aumento, había sido relativamente estable. Al igual que en los otros delitos, a partir de 2004 comienzan a crecer y lo hacen de manera más destacada desde 2007.

En los delitos de secuestros ocurridos en la frontera, vale la pena señalar que la tendencia iba marginalmente a la baja con respecto a 1998, toca su punto mínimo en 2004 y a partir de entonces comienza a crecer y lo hace aún más en 2007.

Finalmente, la última gráfica revela cómo los homicidios ocurridos en el norte del país habían mantenido una tendencia estable. Esta misma se rompe en 2004 y a partir de ese año experimentan un crecimiento sustancial que se hace más evidente en 2007.

Por si fuera poco, vale la pena señalar que el homicidio cambió drásticamente su comportamiento regional vis a vis el total nacional. Mientras que para el periodo 1998-2004 los homicidios en el norte de México ocupaban el 12% del nacional, para el periodo 2005-2010 ocuparon en promedio el 20%.

Relación entre armas y delitos

¿La expiración de la AWB de 2004 en Estados Unidos tuvo un impacto en la violencia en México? A partir de los datos oficiales de la ATF de Estados Unidos y del SNSP del gobierno mexicano, este documento presenta evidencia suficiente para argumentar que esta hipótesis es justificable y demostrable para el norte de México. Para ello, aporta evidencia desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa.

Desde la primera de ellas, este documento revela que las reflexiones presentadas por Bailey y Taylor, Guerrero y Hope pueden tener un dimensionamiento mayor si se pone especial énfasis en el estudio de la posesión de armas de fuego en manos de criminales.

Estas hipótesis harían suponer que a partir de 2004 los criminales modifican su comportamiento, y sintiéndose más poderosos que sus rivales, e inclusive, con capacidad para vencer al Estado, tuvieron todos los incentivos para actuar de forma violenta. Esto justifica el primer salto en extorsión, secuestro y homicidio, y el cambio de tendencia en robo con violencia. Llama la atención que el primer ataque que cobró la vida de un alcalde en México sea coincidente con este año.

En 2007, con la estrategia oficial del gobierno mexicano para disminuir el poder del crimen, se generaron equilibrios más inestables que, tal como señala Guerrero, incrementaron los homicidios. Ante una mayor atención en los homicidios es muy probable que el Estado desatendiera otros delitos de alto impacto, lo que va en sintonía a lo explicado por Hope. A futuro, estas perspectivas podrían nutrirse a través de explicaciones como las de teoría de juegos, información asimétrica y actor racional.

Desde la lógica cuantitativa este documento presenta tres hallazgos. Uno, que entre 1998 y 2010 hay una relación alta entre la producción de armas y tres tipos de delitos: extorsión, secuestro y homicidio. Dos, que si se analiza sólo el 2005-2010, la relación se mantiene inclusive para los cuatro delitos. Tres, que en 2004 se incrementa la producción de dos tipos de armas (shotguns y rifles) y tres tipos de delitos (extorsión, secuestro y homicidio). En cualquier caso, los hallazgos van en sintonía con los de Dube, Dube y García Ponce (2012) quienes también señalan que hay evidencia para argumentar que la política flexible de armas de Estados Unidos podría haber impactado en la violencia en México.

De fondo, se espera que este documento sirva como instrumento para plantear no sólo una nueva estrategia mexicana para reducir la violencia, sino también las medidas bilaterales que se puedan implementar para mitigar el tráfico ilegal de armas. Influir en la propuesta para renovar la propia AWB hecha por Obama en enero de este año después de la masacre de Connecticut es un paso fundamental. Hacer que esto impacte en una nueva etapa de la Iniciativa Mérida puede ser la bisagra que México necesita para volver a ser un país estable  y seguro. n

 

David Pérez Esparza. Chevening Scholar en  el Departamento de Gobierno de la Universidad  de Essex, Inglaterra. 
Eugenio Weigend Vargas. Visiting Scholar en la Universidad de Texas, Estados Unidos. Investigador de la Egap Gobierno y Política Pública.


Referencias

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1 Según Sánchez (2011), entre 1981 y el 2011 la economía habría crecido a una tasa media anual de 2.1%. Además, se han presentado por lo menos cinco grandes crisis económicas (1982, 1986, 1995, 2001 y 2009), lo que avala tres décadas de estancamiento.

2 Informe elaborado por la empresa Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (2010).

3  Estados Unidos cuenta con un sistema de licencias para que actores privados puedan manufacturar y exportar.

4 Se decidió utilizar las palabras en inglés tal como los reporta la ATF. El principal argumento para lo anterior es que no hay traducción literal al español que guarde la proporción y la magnitud del poder de fuego en ambos idiomas. Shotguns, por ejemplo, se podría traducir como “escopeta”; sin embargo, este concepto en español no tiene relación con el poder de fuego que un shotgun tiene. Para un hispanohablante promedio, una escopeta es un arma de poco poder utilizada para cacería de animales pequeños; cuando la realidad del concepto en inglés shotgun es diferente.

5 Para los propósitos de este artículo, por a) pistols se entenderá a todas pistolas de calibre .22, .25, .32, .38, .50 y 9mm (tal como lo estipula la clasificación oficial realizada por la ATF). Por b) shotguns, se entenderá a las armas de fuego semiautomáticas y no automáticas, que están diseñadas para disparar objetos manufacturados a presiones cercanas a las 50 atmósferas (spherical pellets llamadas shots, o proyectiles sólidos llamados slugs) que explotan y tienen un impacto en una zona mayor que el tamaño del objeto utilizado y que, por esta característica, se utilizan para objetivos a corta distancia o en movimiento. Dentro de esta categoría caben algunos tipos de armas con poderío militar como la AA12. Finalmente, por c) rifles se entenderá a cualquier tipo de armas diseñadas para utilizar cartuchos manufacturados a miles de atmósferas (llamados bullets), que por su naturaleza en lugar de explotar —como ocurre con los shotguns—, son expulsados completos utilizando la fuerza de la dinamita y que, dado que cuentan con mecanismos de ánima rayada, permiten estabilizar el proyectil durante el disparo. En esta categoría entran principalmente los fusiles o carabinas para objetivos precisos y a larga distancia. El R15 y el AK47 con alcances efectivos promedio de 500 metros y con alcances máximos promedio de mil 200 metros son dos ejemplos de este tipo de armamento. Cabe destacar que tanto para el caso de shotguns como para rifles no se encontró una definición textual por parte de la ATF, por lo que se recurrió a construir una propia en función de la investigación realizada por los autores, con las imprecisiones no intencionales que esto pueda generar.

Ilustraciones de Augusto Mora.