La multiplicación y dispersión geográfica de las crisis locales de violencia —que aparecieron en municipios como Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana en 2008, y después continuaron propagándose a ciudades como Monterrey, Acapulco y Guadalajara hasta 2011— se perfilan hoy como la principal amenaza a la seguridad pública. Sin embargo, el gobierno federal desestimó en su momento el riesgo que suponía el incremento de la violencia en varios lugares del país cuando implementó su política de combate frontal al crimen organizado.     

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En repetidas ocasiones funcionarios y asesores de primer nivel del gobierno federal desdeñaron eventos de alta violencia con el argumento de que quienes morían eran, en su gran mayoría, criminales. Algunos actores llegaron a sugerir incluso que el aumento de la violencia era un indicador de éxito de la estrategia. Por ejemplo, Joaquín Villalobos, asesor presidencial en materia de seguridad, señaló en 2010 que “la mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan del proceso de autodestrucción de los cárteles, que se profundiza cuando el Estado los confronta. En este tipo de guerra esto es un progreso”.1

El gobierno federal impulsó una estrategia de captura de capos que, como he documentado en otros textos, contribuyó a detonar crisis de violencia en varias regiones del país. Perseverar en dicha estrategia sin tomar medidas encaminadas a contener el aumento de la violencia fue irresponsable. El carácter contagioso de la violencia no es ninguna novedad. Como lo describo en este artículo, y como lo demuestran numerosas experiencias en México y otros países, los estallidos de violencia tienden a expandirse y perpetuarse cuando no se contienen oportunamente.

Hasta hace poco el gobierno mexicano pretendía minimizar la magnitud de la crisis de seguridad al señalar con insistencia que la violencia estaba acotada geográficamente. De forma engañosa nos decía que 70% de las muertes vinculadas con el crimen organizado se concentraba en 4% de los municipios (cuando en ese bajo número de municipios vive más de la tercera parte de los mexicanos).                

En cualquier caso, hoy ya no es posible sostener bajo ningún criterio que la violencia del crimen organizado está confinada a unos pocos rincones del país. Desde fines de 2009 se aceleró la dispersión geográfica de la violencia, que hasta entonces se había concentrado, esencialmente, en seis estados (Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán y Sinaloa). Dos de los casos más dramáticos fueron Nuevo León y Tamaulipas, que en pocos meses transitaron de entidades en relativa calma a estados en los que se libraban las batallas criminales más cruentas del país. Y hubo más casos. En 2010 la región centro occidente, de forma particular Nayarit, registró un incremento dramático en los niveles de ejecuciones. En 2011 uno de los casos más notorios fue Veracruz, aunque en otros puntos del país también se observaron preocupantes escalamientos de la violencia. Como lo sugiere la evidencia, la violencia y la inseguridad parecen seguir un patrón de crecimiento similar al de las enfermedades contagiosas.

Cuando los grandes brotes de violencia se analizan empíricamente a través de métodos similares a los que se utilizan en el sector salud para detectar epidemias biológicas (principalmente con el propósito de llevar a cabo campañas de vacunación oportunas). Una de las metodologías más comunes utilizadas para detectar epidemias biológicas es el análisis de la frecuencia de casos. Por ejemplo, en 2009 la pandemia por el virus AH1N1 se declaró después de que se detectó un número atípico de pacientes con problemas respiratorios.

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Las metodologías para detectar epidemias en el sector salud ya han sido adaptadas para analizar la violencia y otras “epidemias sociales” que parecen seguir patrones de contagio similares a los de algunas enfermedades. Por ejemplo, se han desarrollado modelos para establecer la probabilidad de que ocurran disturbios en eventos masivos, tomando parámetros como el número de personas en el evento, el número de individuos violentos, y el grado de intoxicación por consumo de alcohol. Sin embargo, no tengo conocimiento de que hasta ahora se hayan desarrollado modelos para detectar epidemias de violencia en ámbitos más amplios.

En la siguiente sección describo los resultados que arroja una metodología sencilla de análisis de frecuencias para establecer las alertas de 10 epidemias de violencia, con base en datos de ejecuciones en municipios y zonas metropolitanas de México. En este análisis identifico una alerta epidémica (identificada con una ancha barra vertical) siempre que en un municipio o zona metropolitana, en la que se registraron al menos 50 ejecuciones en los 12 meses previos, se observa un aumento estadísticamente significativo en el número de ejecuciones durante dos meses consecutivos.2

I. Ciudad Juárez
Aunque desde hace varios años en Ciudad Juárez existe un conflicto entre el cárteles de Sinaloa y de Juárez, de 2007 a 2009 se sucedieron varios eventos que contribuyeron al escalamiento de la violencia en este municipio: un intento del Cártel de Sinaloa por desplazar al de Juárez en el tráfico a través de los puentes fronterizos de la ciudad; la escisión de los hermanos Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa; y la detención de Vicente Carrillo Leyva, uno de los líderes del Cártel de Juárez (e hijo de su fundador, Amado Carrillo Fuentes). En enero de 2008 en este municipio inició la primera epidemia de violencia del sexenio.

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La alianza o subcontratación de pandillas locales —“La Línea” en el caso del Cártel de Juárez, y “Mexicles” y “Artistas Asesinos” en el caso del Cártel del Pacífico— ha sido característica de la violencia en Ciudad Juárez. La intensidad y la constancia de la violencia en este municipio sólo se explica por la participación de grupos locales con un elevado número de integrantes, y con capacidad y disposición para llevar a cabo ejecuciones de forma rutinaria (a diferencia de otras ciudades, en donde las organizaciones criminales no cuentan con un brazo armado local).

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La violencia en Juárez alcanzó su punto más alto en octubre de 2010, mes en el que se registraron 304 ejecuciones. Desde entonces la violencia ha disminuido de forma sustancial (en 2011 se observó una reducción de alrededor del 40% en el número de ejecuciones respecto al año previo). Sin embargo, a pesar de que en el municipio ha habido una intensa y sostenida presencia de fuerzas federales —y de que se han canalizado recursos extraordinarios para programas sociales en el marco del programa “Todos somos Juárez”— la ciudad continúa figurando entre las más violentas del país, y los niveles de ejecuciones siguen siendo muy superiores a los observados en 2007.

II. Chihuahua
La epidemia de violencia en Chihuahua también se inscribe dentro del conflicto entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, pues ambas organizaciones tienen presencia en este municipio (importante en la ruta que comunica tanto los puertos del Pacífico, como la principal zona de producción de marihuana y amapola del país, con la frontera en Ciudad Juárez).

En Chihuahua la epidemia de violencia inició cinco meses después que en Ciudad Juárez (en junio de 2008). La violencia en Chihuahua alcanzó su máximo nivel en 2010, y registró una disminución moderada durante 2011 (de alrededor del 30%). Sin embargo, en 2012 se ha observado un repunte considerable.

III. Culiacán
El arresto de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, en enero de 2008, fue el evento que precipitó la ruptura entre la Organización de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, pues la familia Beltrán Leyva consideró que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, había filtrado la información que hizo posible tal captura. Durante los meses subsecuentes Culiacán, donde tradicionalmente se han establecido los principales capos que operan en la zona del Pacífico, fue el escenario primordial del conflicto entre las dos organizaciones.

Se han registrado altibajos importantes desde que inició la epidemia de violencia en mayo de 2008. De forma recurrente se generan alzas en la violencia que reflejan momentos críticos en las confrontaciones entre el Cártel de Sinaloa y sus rivales (primero la Organización de los Beltrán Leyva y, una vez que ésta fue desarticulada, Los Zetas). En noviembre de 2011 hubo un repunte dramático de la violencia en Culiacán, cuando se registraron 83 ejecuciones, la mayor cifra entre todos los municipios del país durante dicho mes y la mayor en Culiacán desde julio de 2008. Este repunte fue resultado de una incursión por parte de Los Zetas, como respuesta al despliegue del CJNG y de Gente Nueva (brazos armados del Cártel de Sinaloa) en Veracruz.

IV. Mazatlán
Al igual que en Culiacán, la epidemia de violencia en Mazatlán inició en el contexto de la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y la Organización de los Beltrán Leyva. Aunque, después de un efímero incremento de las ejecuciones a mediados de 2008, la violencia pareció bajar a niveles similares a los observados antes del inicio de la epidemia, a finales de 2009 se reactivó el conflicto por el municipio, y en 2010 se observaron cifras de ejecuciones sin precedentes. La estabilización de la violencia a finales de 2008 y su posterior repunte se explican porque, después de la escisión del Cártel de Sinaloa, la Organización de Los Beltrán Leyva conservó una posición hegemónica en Mazatlán. Sin embargo, en los meses posteriores el Cártel de Sinaloa, con mayores recursos, restableció su presencia en este municipio. De forma destacada, la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en diciembre de 2009, fue interpretada por el Cártel de Sinaloa como una señal de debilidad de los Beltrán Leyva, por lo que decidió intensificar su presencia en Mazatlán durante los meses subsecuentes. En octubre de 2011 se observó un aumento de la violencia en Mazatlán. Al igual que en el caso de Culiacán, este repunte refleja una incursión de Los Zetas orientada a demostrar su capacidad para golpear al Cártel de Sinaloa en su principal zona de influencia.

V. Tijuana
En Tijuana la captura de Eduardo Arellano Félix, en octubre de 2008, fue el evento que detonó la epidemia de violencia. Arellano Félix era líder de la principal organización que cruzaba droga a Estados Unidos desde Tijuana (el Cártel de los Arellano Félix) y para ello recurría frecuentemente a “narcotúneles”. Después de la captura de Eduardo Arellano, Teodoro García Simental, El Teo (hasta entonces uno los principales operadores del Cártel de los Arellano Félix), decidió establecer una alianza con el Cártel de Sinaloa, lo que dio lugar a una confrontación violenta con la familia Arellano Félix.

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El desarrollo de la violencia en Tijuana ha sido excepcional. En octubre y noviembre de 2008 se observó un repunte dramático de las ejecuciones, vinculado con la captura de Eduardo Arellano Félix. Sin embargo, en los meses siguientes hubo una estabilización a niveles mucho menores (si bien superiores a los observados en 2007). En 2011 los niveles de violencia nuevamente disminuyeron, y en este año el número de ejecuciones fue similar al observado en 2007 (sin embargo, las ejecuciones y la incidencia delictiva en Tijuana continúan siendo muy superiores a los estándares internacionales, o a los niveles observados en las ciudades más seguras del país, como Querétaro o Mérida).

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VI. Torreón-Gómez Palacio
La Comarca Lagunera, en la que se enclavan los municipios conurbados de Torreón y Gómez Palacio, ha sido durante varios años zona de fricción entre el Cártel del Golfo (aliado a Los Zetas hasta fines de 2009) y el Cártel del Pacífico. En esta zona metropolitana se registró un primer escalamiento de la violencia a principios de 2009 como resultado de una incursión del Cártel de Sinaloa en dicha ciudad, posiblemente como respuesta al apoyo que Los Zetas brindaban a los Beltrán Leyva en Mazatlán y otras ciudades del Pacífico. Un año después, la división del Cártel del Golfo y Los Zetas generó un nuevo incremento en las ejecuciones, pues varios de los principales cárteles del país (específicamente el del Golfo, el del Pacífico y La Familia Michoacana) establecieron la alianza Cárteles de México Unido contra Los Zetas para atacar a su enemigo común.

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VII. Zona metropolitana de Monterrey

La ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas a principios de 2010 tuvo como principal consecuencia un rápido escalamiento de la violencia en Nuevo León y Tamaulipas, que alcanzó Monterrey hacia marzo de dicho año. La competencia entre el Cártel del Golfo y Los Zetas por el mercado de extorsión ha sido un rasgo distintivo de la violencia en la zona metropolitana de Monterrey.3

 

 

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Dos de los eventos de mayor impacto mediático, el ataque al bar Sabino Gordo y el incendio provocado en el Casino Royale, parecen haber sido resultado de dicha competencia. En la zona metropolitana de Monterrey las ejecuciones alcanzaron su nivel máximo en febrero de 2012.

VIII. Zona metropolitana de Guadalajara
En la zona metropolitana de Guadalajara la epidemia de violencia inició como resultado de la fragmentación del Cártel del Milenio en dos facciones rivales —el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Resistencia— después de la detención de su líder, Juan Nava Valencia, en mayo de 2010.4

La violencia entre los dos bandos ha sido particularmente pública (han aparecido un alto número de mantas y mensajes colocados al lado de los cuerpos de los ejecutados) y se ha dirigido en una proporción importante en contra de autoridades. Lo anterior sugiere que los grupos en conflicto actúan como mafias y que se disputan el control de las redes de extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos que están proliferando en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara (así como en otros puntos de Jalisco).

A raíz del recrudecimiento del conflicto entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas se observó un segundo escalamiento en la violencia a partir de septiembre de 2011, pues estos dos cárteles están aliados, respectivamente, con el CJNG y con La Resistencia (que también ha utilizado el nombre “Zetas-Milenio”). Los 26 cuerpos abandonados en noviembre de 2011 en la glorieta de Los Arcos del Milenio en Guadalajara por Zetas-Milenio (una clara respuesta a una acción similar por parte del CJNG en Veracruz) ha sido hasta ahora el evento de mayor impacto mediático durante la epidemia de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

IX. Acapulco
Durante 2009 y 2010 fueron detenidos los principales líderes de la Organización de los Beltrán Leyva, principal cártel en Guerrero y Morelos. Con la captura de líderes dicha organización inició un rápido proceso de fragmentación y de conflicto entre sus facciones, que anteriormente estaban agrupadas bajo el liderazgo de los hermanos Beltrán Leyva. En Acapulco, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, logró mantener una posición dominante hasta su captura en agosto de 2010. Después de la captura de Valdez Villarreal inició una rápida fragmentación de las organizaciones criminales que operan en Acapulco, lo que a su vez generó un aumento dramático de la violencia y la inseguridad.

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Actualmente, varias células y pandillas se disputan la venta de drogas y la extorsión a establecimientos mercantiles y prestadores de servicios (taxistas, de forma destacada).
Ante el clima de inseguridad, algunos empresarios buscan obtener protección de algún bando (con lo que se generaliza el cobro de piso), mientras que otros deciden cerrar sus establecimientos. En octubre de 2011 inició el operativo “Guerrero Seguro”, por medio del cual se ha intensificado la presencia de fuerzas federales en la entidad. Este operativo se ha enfocado en la protección tanto de turistas como de personas que trabajan en los sectores turismo y educación (los segundos suspendieron temporalmente labores luego de recibir amenazas del crimen organizado). El operativo ha contribuído a reducir de forma sustancial la violencia en Acapulco. Sin embargo, en abril de 2012 se registró un nuevo incremento de la violencia.

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X. Veracruz
La epidemia de violencia más reciente inició en junio de 2011 en la zona metropolitana que integran los municipios de Boca del Río y Veracruz. La ofensiva que el Cártel de Sinaloa lanzó en contra de Los Zetas (hasta entonces el único cártel que operaba en la zona) fue el principal factor que detonó esta epidemia. Conforme las células del CJNG se desplegaron en la plaza, la violencia fue en aumento, hasta que en septiembre fueron abandonados 35 cuerpos en una emblemática glorieta de Boca del Río. En respuesta a estos eventos el gobierno federal lanzó el operativo “Veracruz Seguro”. Aunque la violencia disminuyó durante los meses subsecuentes, y ha tenido un menor perfil mediático, los niveles de ejecuciones todavía son superiores a los que se observaron durante los primeros meses de 2011.

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En el siguiente cuadro se resume información básica sobre las 10 epidemias de violencia que acabo de reseñar. Destaca que en todos los casos el número promedio de ejecuciones sea muy superior después de la alerta que antes de la misma. Si bien se ha logrado disminuir la violencia de forma sustancial en algunos municipios, dichas reducciones están muy lejos todavía de alcanzar los niveles observados antes del inicio de las epidemias (con la excepción de Tijuana). Como se observa en el cuadro, durante los meses posteriores al inicio de las epidemias sólo de forma excepcional se ha registrado un número de ejecuciones inferior al promedio prealerta de ejecuciones.

Las “profecías autocumplidas”
Las ejecuciones del crimen organizado se ajustan bien al modelo de masa crítica propuesto por Thomas Schelling (economista estadunidense, pionero en el análisis del comportamiento estratégico o “teoría de juegos”). Hace años Schelling propuso una serie de modelos útiles para entender diversas dinámicas sociales y denominó “masa crítica” a aquellos modelos que reflejan conductas que son comunes y autosostenibles una vez que su incidencia supera un umbral —o “masa crítica”, término que toma prestado de la física nuclear— pero que, en caso contrario —cuando no se ha superado el umbral— sólo ocurren de forma esporádica.5

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Hasta 2007 en las principales ciudades del país prevalecía una situación de “normalidad”; aunque de vez en cuando se registraban ajustes de cuentas entre criminales, el uso de la violencia era más o menos excepcional. Sin embargo, a partir de 2008 empieza a disiparse tal normalidad. Una serie de eventos ajenos a la dinámica interna de las organizaciones criminales —que, como he señalado en otros artículos, consisten en repetidas capturas o abatimientos de capos y otras intervenciones del gobierno federal derivadas de su nueva estrategia de combate al narcotráfico— generan oleadas de violencia: la captura o abatimiento del capo suele tener uno o más de los siguientes tres efectos inmediatos: 1) propicia un conflicto entre sus subalternos por el control de la organización; 2) da lugar a represalias sistemáticas al interior de las organizaciones en contra de quienes son sospechosos de filtrar la información que permitió la captura o abatimiento; 3) ocasiona la agresión de una organización enemiga que busca capitalizar la vulnerabilidad momentánea de la organización criminal por el reciente arresto o abatimiento de uno de sus jefes principales.

El efecto de estas oleadas de violencia es modificar las expectativas de los criminales. Por ejemplo, cuando los elementos de una organización criminal A creen que es alta la probabilidad de que miembros de la organización criminal B intenten asesinarlos, un curso de acción frecuente es que los criminales de la organización A intenten anticiparse y maten a los delincuentes de la organización B en la primera oportunidad. De esta forma el escalamiento inicial de la violencia, ocasionado por una situación que pudo ser transitoria, propicia que se rompan acuerdos informales —generalmente tácitos— que regulaban las relaciones entre y al interior de organizaciones criminales, y que limitaban el uso de la violencia e incluso el desarrollo de algunas actividades criminales.

El efecto que el cambio en las expectativas de los criminales genera también corresponde con otro modelo clásico para interpretar fenómenos sociales: las “profecías autocumplidas”. Este término se ha utilizado ampliamente en economía para describir la mecánica por medio de la cual se vincula una señal —como puede ser una mala evaluación por parte de una agencia calificadora de riesgo a la deuda pública de un país, o el anuncio de la construcción de obra pública— con un fenómeno social, como la venta masiva de bonos que provoca una moratoria de pagos, o la especulación inmobiliaria que genera una burbuja en el mercado de bienes raíces. Se dice que las profecías son autocumplidas porque los inversionistas, de forma similar a como ocurre con los criminales en medio una epidemia de violencia, cambian su conducta porque creen que ocurrirá un fenómeno; y al cambiar su conducta provocan que dicho fenómeno efectivamente ocurra.

Más allá de la contención
En entrevistas y foros sobre seguridad una pregunta recurrente se refiere a los cambios a la estrategia que se deberán impulsar durante el próximo sexenio. Esta pregunta puede abordarse desde distintas perspectivas, y las respuestas necesariamente involucran varios componentes. Una alternativa útil para estructurar una política más eficaz de combate al crimen y de reducción de la violencia consiste en identificar riesgos de mediano y largo plazos, e impulsar acciones para mitigar dichos riesgos; pasar de una política de reacción a una política de acción preventiva.

Durante los últimos años se han destinado cada vez más recursos a un proyecto de largo plazo: el fortalecimiento de la Policía Federal. Sin embargo, en materia del despliegue de la fuerza pública, el gobierno federal ha seguido una estrategia exclusivamente reactiva. Los operativos conjuntos se lanzan principalmente cuando ya detonó en algún municipio un conflicto o epidemia de violencia. Debido a lo anterior, los operativos conjuntos han tenido que prolongarse por tiempo indefinido, suponen un gran costo y sólo tienen resultados limitados (como observamos, contienen o reducen moderadamente la violencia, pero en el mediano plazo no restablecen los niveles de seguridad que prevalecían antes de que iniciara la epidemia).

Adicionalmente, se observa en los datos que las ciudades que ya experimentaron una crisis de inseguridad son altamente vulnerables a “recaídas”, como puede verse en los casos de Culiacán, Guadalajara y Mazatlán. Por otra parte, las epidemias de violencia también han incrementado las oportunidades de negocio para los criminales, particularmente para las mafias dedicadas a la extorsión, las cuales encuentran condiciones más propicias para operar en las comunidades sacudidas por la violencia (donde hay una mayor demanda de protección y sus amenazas son más creíbles).

Algunas políticas de los gobiernos federal y estatales han demostrado ser relativamente eficaces para contener, aunque no para erradicar, la violencia. Ciertamente, resulta alentador que la violencia en Ciudad Juárez durante 2011 haya disminuido de forma sustancial en relación con el año previo. En este caso, los operativos del gobierno federal no tuvieron en el corto plazo el efecto de disminuir la violencia. Sin embargo, en el mediano plazo el apoyo de las fuerzas federales a las labores de fortalecimiento institucional contribuyó a la mejoría en los niveles de seguridad que se ha observado recientemente. Por ejemplo, en julio de 2010 la Policía Federal asumió el control del Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI) y del servicio telefónico de emergencias 089. Adicionalmente, se creó también el Grupo Especial de Operación (GEO) para atender casos de secuestro y extorsión. Finalmente, la presencia federal favoreció la depuración de la policía municipal (hasta la fecha han sido dados de baja al menos 220 elementos). Sin embargo, la disminución de la violencia es relativa. Las ejecuciones en Ciudad Juárez siguen en niveles muy superiores a los que se observaron durante 2007. Como lo sugieren este y otros casos, la violencia puede propagarse de forma súbita, pero disminuye —en caso de hacerlo— a ritmo gradual.

Los municipios de Veracruz y Boca del Río ofrecen otra experiencia reciente de disminución de la violencia. Después de alcanzar un máximo en septiembre de 2011, las ejecuciones han disminuido de forma sostenida. En este caso, la disminución siguió de forma casi inmediata el inició en octubre pasado de un operativo conjunto. En el marco de este operativo se concentraron recursos en contra de la organización más violenta (Los Zetas), y se logró la detención de varios de sus líderes locales, incluyendo a Armando Cruz Hurtado, quien fungía en la zona como jefe de sicarios de dicha organización. La disolución de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río también desempeñó un papel destacado entre las acciones que fueron impulsadas.

El caso de Veracruz sugiere que se ha revalorado la importancia de contener los estallidos de violencia de forma rápida, y que ha tenido lugar un aprendizaje sobre los mecanismos para lograrlo. Desafortunadamente, este cambio sólo fue posible después de que la violencia, y la problemática de seguridad que la acompaña, se propagaran a varias regiones del país y cobrara un enorme costo a sectores amplios de la sociedad.

En camino de un sistema de alertas epidémicas
Al considerar lo anterior, es necesario plantear metodologías para generar alertas que permitan anticipar, con la mayor precisión posible, el riesgo de una epidemia de violencia. El análisis con base en la evolución del número de observaciones ofrece una primera aproximación para elaborar una metodología de alertas epidémicas. Adicionalmente, existen otros factores que las autoridades pueden tomar en cuenta para identificar con mayor precisión las zonas en las que el riesgo de una epidemia de violencia es alto. Por ejemplo, variables demográficas (como la urbanización acelerada en las últimas décadas), la incidencia delictiva y la presencia de pandillas juveniles pueden incluirse en el análisis. Estos factores de carácter estructural son equiparables a las condiciones ambientales que favorecen o inhiben la propagación de epidemias biológicas.

Probablemente, la pieza más importante de información para anticipar una epidemia de violencia es aquella que se refiere a la estructura y tensiones, tanto al interior de las organizaciones criminales como en relación a sus competidoras y aliadas. En fechas recientes el panorama de las organizaciones criminales mexicanas se ha caracterizado por su dinamismo. Los cárteles se han fragmentado, han incursionado en nuevos negocios ilícitos y han establecido nuevas alianzas. Para prever las crisis de seguridad que recurrentemente derivan de este contexto, el Estado requiere fortalecer su capacidad para generar y articular inteligencia.

El Estado mexicano tampoco puede depender —como en buena medida lo ha venido haciendo— de la información que proporcionan las agencias norteamericanas, las cuales siguen una agenda que sólo coincide de manera parcial con las prioridades de México, y que se ha enfocado en la localización de capos para su captura. Al respecto, una anécdota elocuente es que en uno de los mensajes que se encontraron el pasado 24 de noviembre junto con 26 cuerpos en Los Arcos del Milenio de Guadalajara, Los Zetas se ufanaban de ser “el único cártel no informante de los gringos”.

Sin embargo, sí hay mucho que aprender del modelo que siguen las agencias estadunidenses para recopilar y analizar información de forma sistemática. Por ejemplo, los norteamericanos han demostrado una capacidad muy superior a la de las autoridades mexicanas para infiltrar a los cárteles, y hacer uso del testimonio de detenidos de alto nivel y de programas de testigos protegidos bien estructurados.

La intensificación de las capacidades de infiltración del crimen organizado por parte del gobierno mexicano tendría dos grandes beneficios: en algunos casos sería posible identificar las organizaciones criminales que de forma inminente podrían fragmentarse o entrar en conflicto; en otros casos se contaría con mejor información para proyectar las consecuencias de acciones de alto perfil (como la captura de capos), y para tomar las medidas necesarias para mitigar posibles brotes de violencia.

Por otra parte, también es necesario modificar la estructura de incentivos que hasta ahora ha impedido intervenciones oportunas para prevenir crisis de violencia vinculadas con el crimen organizado. Actualmente, los gobiernos estatales y municipales tienen incentivos para minimizar los indicios de que en su territorio se gesta una crisis, posiblemente esperando que ésta no se concrete (al menos durante su mandato). La seguridad se ha convertido en una prioridad para el público —incluyendo al público inversionista— por lo que reconocer la existencia de una crisis inminente en la materia supone un alto costo en términos políticos y económicos.

Sólo cuando ocurren eventos que llaman la atención de la prensa nacional las autoridades locales tienen incentivos suficientes para solicitar el apoyo del gobierno federal. Por ejemplo, en Veracruz existían signos de un potencial escalamiento de la violencia desde hace varios meses. Sin embargo, no fue hasta que se produjo un evento de alto impacto mediático que las autoridades impulsaron acciones enérgicas para contener la violencia.

Para cambiar la actual estructura de incentivos es necesario que la opinión pública cuente de forma oportuna con datos veraces en materia de seguridad (por ejemplo, la publicación mensual o incluso diaria de la base de datos de ejecuciones del gobierno federal). Sólo así será posible generar una demanda ciudadana que favorezca acciones preventivas, y no sólo reacciones, frente a los desafíos que plantean las epidemias de violencia e inseguridad.

Eduardo Guerrero Gutiérrez.
Consultor en políticas públicas, especialmente seguridad, transparencia y profesionalización del servicio público.
@laloguerrero en Twitter.

Agradezco el valioso apoyo que me brindó Roberto Valladares para la redacción de este artículo.

1 http://bit.ly/8JE6JH
2 Para este análisis un aumento se consideró “estadísticamente significativo” siempre que las ejecuciones de un mes, respecto a los 12 meses previos, fueron mayores al promedio en 1.96 desviaciones estándar. En todos los casos para el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 se utilizaron los datos de la base de ejecuciones por presunta rivalidad delincuencial publicada por Presidencia de la República; para el periodo de octubre de 2011 a abril de 2012 se utilizaron cifras consolidadas con base en búsquedas sistemáticas en diarios y medios electrónicos nacionales y locales. Se excluyeron del análisis los casos en los que se registra un aumento estadísticamente significativo debido al hallazgo de “narcofosas”.
3 Incluye los municipios de Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.
4 La zona metropolitana de Guadalajara incluye los municipios de El Salto, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.
5 Micromotives and Macrobehavior, W.W. Norton & Company, Nueva York, 1978, pp. 95-110.