La lectura más superficial de los periódicos de los últimos meses basta para ver que estamos atravesando una fase depresiva. En la prensa, al menos. No es sólo que haya problemas en el país, que los hay, no sólo que sean graves, sino que da la impresión de que fuesen casi insuperables. El tono que domina en los artículos de prensa, en los medios, es de lamentación. No está mal esto o lo otro, sino el país, y la dolencia no es de este año, ni de la última década, sino de la historia entera. Las críticas puntuales, más o menos concretas, se disuelven en un lamento impreciso, general, insondable. A nuestra clase intelectual, por llamarla de algún modo, le duele México.

Si se piensa un poco y se mira un poco más lejos, no es tan raro. Hemos tenido en los últimos doscientos años unos cuantos periodos de entusiasmo, pero en general, entre periodistas, escritores y políticos, domina el ánimo depresivo con un rasgo muy característico: el problema del país resulta ser en el fondo un problema moral. Y por eso casi irremediable. Tarde o temprano estamos hablando en tono plañidero de la inmoralidad de los políticos, todos, y de la inmoralidad de la sociedad mexicana. Toda. Los mexicanos somos flojos, los mexicanos somos corruptos, los mexicanos somos inciviles. Está en los artículos de opinión todos los días, como estaba hace cien y hace doscientos años.

En ese trance —nos sucede siempre— descubrimos que en el país no hay ciudadanos. Y en eso vienen a resumirse todos los males. Se suele poner como modelo Estados Unidos o Francia, pero la idea que nos hacemos del ciudadano no remite a ninguna realidad concreta: es una elaboración imaginaria, con atributos quiméricos. El ciudadano es responsable, tolerante, honesto, veraz, atento al interés público, respetuoso con la autoridad, puede ser crítico si hace falta y abnegado también, obediente, individualista a fuer de liberal y solidario hasta el heroísmo, racional y razonable, es capaz de sacrificar su interés personal y no deja nunca de cumplir con la ley, por exigente e incómoda que sea. Es decir —seamos serios— que no habría que sorprenderse de que no haya ciudadanos. Ni en México ni en ninguna otra parte. Y sin embargo, nos cuesta mucho renunciar a esa fantasía, o incluso verla como fantasía.

Es un indicio muy revelador de esta última fase depresiva la multiplicación del adjetivo ciudadano para significar bueno, confiable, virtuoso, imparcial. No es casualidad que nos hayamos puesto a imaginar consejeros ciudadanos, candidaturas ciudadanas, iniciativas ciudadanas, formas de participación ciudadana como remedio para todos los males. Y que queramos ver el adjetivo encarnado en personas concretas que poseen en grado heroico las virtudes que echamos de menos. Bien: es una exageración, en general nos conformamos con que no tengan credencial de ningún partido político, que no hayan sido diputados y que aparezcan de vez en cuando en la televisión. Y a lo mejor la televisión es la única garantía que necesitamos, el mejor índice de virtud, pero eso es para tratarlo en otro lugar.

En todo caso, el título de ciudadano hay que ganárselo. Y no se le concede a cualquiera. No les corresponde, por ejemplo, a los vecinos de San Salvador Atenco que se organizaron para impedir la construcción del nuevo aeropuerto. Tampoco sería apropiado para referirse a los miembros de una comunidad tojolabal que decide afiliarse colectivamente al PRD o que decide, meses o años más tarde, cambiarse en bloque al PRI o a la ARIC o convertirse al protestantismo. Mucho menos para los miembros del sindicato de maestros que encuentran útil formar un partido político. Eso son clientelas, corporaciones, comunidades, residuos todos del antiguo régimen, indicios de la inmoralidad ambiente. Indicios de que no hay ciudadanos. Curiosamente, el “grito de Chapultepec” con el que se quiso imponer en la campaña presidencial de 2006 un sedicente Acuerdo Nacional, un pacto corporativo donde los haya, fue según la prensa producto de “un grupo plural de ciudadanos”. Pero ésa es otra historia.

En términos prácticos, la inexistencia de la ciudadanía se pone de manifiesto en la corrupción. El término es lo bastante vago para incluir una licitación trucada y un barrio construido en terrenos inundables, el comercio ambulante, los privilegios de líderes sindicales, la incuria de los agentes del Ministerio Público, trampas electorales, abusos de poder, invasión de tierras, contrabando, nepotismo… Y está todos los días en la prensa, todo ello, como para no necesitar demostración. Este pobre país no tiene remedio, porque no hay ciudadanos.

Es un fenómeno complicado, que tiene muchas aristas. No pienso que sea una preocupación gratuita de nuestras clases intelectuales, aunque no me convence la idea de que sea un problema moral. Algo hay que necesitamos desentrañar en la borrosa mancha que llamamos corrupción, algo hay en esa nostalgia de la virtud que nos aqueja cada vez que hablamos de la ciudadanía. Y el tema es viejo, de casi doscientos años. Vale la pena tratar de ponerlo en perspectiva.

En el preámbulo de la Constitución de 1824 se dirigían los constituyentes al pueblo mexicano en los siguientes términos: “si queréis poneros al nivel de la república feliz de nuestros vecinos del Norte, es preciso que procuréis elevaros al alto grado de virtudes cívicas y privadas que distinguen a ese pueblo singular. Esta es la única base de la verdadera libertad y la mejor garantía de vuestros derechos y de la permanencia de vuestra constitución. La fe en las promesas, el amor al trabajo, la educación de la juventud, el respeto a sus semejantes, he aquí, mexicanos, las fuentes de donde emanará vuestra felicidad… Sin estas virtudes, sin la obediencia debida a las leyes y a las autoridades, sin un profundo respeto a nuestra adorable religión, en vano tendremos un código lleno de máximas liberales, en vano haremos ostentación de buenas leyes, en vano proclamaremos la santa libertad”.

El argumento debe algo a Montesquieu, acaso a Rousseau también: el espíritu de las leyes está en las costumbres, o en el corazón de los hombres, como hubiese preferido Rousseau. Significa que sin virtudes las leyes no sirven para nada. Ahora bien: en el mismo párrafo se dice que en México no hay esas virtudes. Se dice, según la lectura de Edmundo O’Gorman, que dictar leyes antes de reformar las costumbres es como poner el carro delante de los bueyes. Y se pone el carro delante de los bueyes.

Era una constitución revolucionaria, que quería producir un régimen republicano y democrático, basado en la igualdad de los mexicanos ante la ley, en contra de lo que había sido el orden jurídico de los trescientos años anteriores. Sólo necesitaba que los ciudadanos “procurasen elevarse al alto grado de virtudes” que se suponía a los Estados Unidos.

Treinta años después, en 1856, la comisión de constitución explicaba su proyecto así: “En un país tan desgraciado como el nuestro, donde todavía se disputan y defienden a mano armada privilegios y prerrogativas añejas, que para otros pueblos caducaron y para el sentido común de los hombres civilizados merecen apenas compasión… en un país tan desgraciado como el nuestro, donde parece que se han refugiado todas las preocupaciones y absurdos de los siglos tenebrosos, es de todo punto indispensable que, si no como una victoria, al menos como una protesta, los derechos del hombre sean escuchados y reconocidos en el templo de las leyes, y formen parte de la constitución del pueblo”.

El tono es mucho más dramático, pero el corazón del argumento es más o menos el mismo. Es el mismo voluntarismo, a pesar del desencanto. Los derechos se consignan en la constitución “como una protesta”, porque no tienen vigencia en el país. Y es otra vez un problema moral, de prejuicios y absurdos. La constitución se plantea como imagen de un futuro posible, contra todo lo que persiste “todavía” de los tiempos tenebrosos.

Cincuenta años más tarde, el Primer Jefe Venustiano Carranza presentaba su proyecto de reformas constitucionales diciendo: “La simple declaración de derechos, bastante en un pueblo de cultura elevada, en que la sola proclamación de un principio fundamental de orden social y político, es suficiente para imponer respeto, resulta un valladar ilusorio donde, por una larga tradición y por usos y costumbres inveterados, la autoridad ha estado investida de facultades omnímodas, donde se ha atribuido poderes para todo y donde el pueblo no tiene otra cosa que hacer más que callar y obedecer”.

En los pueblos “de cultura elevada” basta con proclamar los principios, basta con enunciar las leyes: los ciudadanos, inmediatamente, acatan. No así en México. Por el peso de “usos y costumbres inveterados”. La Constitución, como las anteriores, quiere imponerse en contra del orden vigente, a pesar de las costumbres; quiere imponerse contra el peso del pasado, que se hace sentir sobre todo en los hábitos, en la tradición, digamos: en la moral.

Yo sé que es exagerado proponer un paralelismo entre los tres textos, históricamente inexacto. No obstante, también creo que resulta revelador.
En los tres casos se piensa la ley no sólo distinta, sino contraria a las costumbres. De hecho, la ley resulta ser una crítica de las costumbres del país, condenadas de antemano. Y el Estado, por lo tanto, necesariamente tiene vocación revolucionaria. No porque su modelo sea importado, no porque las ideas sean copia de las de Estados Unidos o Francia: en su forma concreta nuestro Estado ha sido siempre bastante original. El Estado es revolucionario, la ley es revolucionaria porque el país no nos gusta.

En los tres casos —es tal vez lo más interesante— el país es visto, por decirlo así, en clave de “todavía”. El problema es lo que persiste todavía de los tiempos tenebrosos, el problema es que no estamos aún a la altura de las leyes. Eso significa que el orden del país es imperfecto, sin duda, pero que puede perfeccionarse, y que sus imperfecciones deben entenderse en términos de una secuencia temporal, puesto que conocemos el punto de llegada. Significa que cargamos con el lastre del pasado y en alguna medida vivimos en el pasado. Es decir: en un sentido muy concreto, la sociedad mexicana nunca llega a ser contemporánea de sí misma. Motivo para ser optimistas, motivo para ser pesimistas, motivo para echar la culpa a otros, motivo para insistir en la misión civilizadora, revolucionaria del Estado. No hace falta discutir, no hace falta ni siquiera reflexionar demasiado sobre lo que la gente hace: después de todo, es el pasado, lo conocemos y sabemos que está mal (entre otras cosas, porque es pasado). Sólo necesitamos librarnos del peso de la historia.

En los tres casos, igualmente, la virtud está en el centro, como obstáculo. El acatamiento universal y automático de la ley, que haría que este país fuese decente, es un problema moral: no se cumple la ley, no funcionan las instituciones, no logra imponerse la ilustrada, modélica racionalidad del Estado porque no hay ciudadanos; o bien, dando un rodeo, porque no hay funcionarios honestos, porque no hay ciudadanos que lo exijan. O algo así. Oscilamos entre la lamentación heroica, desencantada y desafiante de 1856, las exhortaciones didácticas de 1824 y el pesimismo lacónico y voluntarioso de 1917, pero el problema es siempre el mismo (archive usted según corresponda las plumas del día).

Poner la virtud en el centro —o tenerla como telón de fondo, tanto da— tiene una primera ventaja, bastante obvia: permite un fatalismo cómodo, que nos autoriza a seguir el consejo de Cándido y dedicarnos a cultivar en paz nuestro jardín. Ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de tema. En sentido contrario, es útil también para temperamentos más coléricos porque sirve para alimentar ilusiones voluntaristas y emprender alguna cruzada. En general, es su mejor virtud, su peor defecto, permite no pensar en las condiciones materiales e institucionales de la “incivilidad”.

El resultado es deprimente, por supuesto, y por eso nuestra clase intelectual suele estar deprimida: vivimos en un país inmoral, falto de virtudes cívicas, falto de temple liberal y de convicción republicana, lastrado por una historia que nos condena al atraso. Es deprimente, pero sólo una explicación así de general e imprecisa permite explicarlo todo, explicar por qué no nos gusta el país, y sirve de revoque si quedan huecos.

A doscientos años vista, estamos más o menos en la misma situación. Es otro el lenguaje, los diagnósticos suelen ser más complicados, pero el motivo básico se repite con una insistencia que llama la atención. Dos o tres ejemplos, para no hablar en el aire. Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, en “Un futuro para México”, publicado hace unos meses en nexos: “México es preso de su historia. Ideas, sentimientos e intereses heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus ciudadanos… [Es] un coctel de otro tiempo, bien plantado en la conciencia pública, que se resiste a abandonar la escena, encarnado como está en hábitos públicos, intereses económicos y clientelas políticas… Lemas y credos elementales de aquella narrativa siguen siendo la región límbica de la cultura política del país, un repertorio instintivo de certezas, propuestas y nostalgias públicas… El PRI salió de Los Pinos pero no del alma de México… México necesita salir de su pasado”. No discuto las propuestas concretas, que pueden ser más o menos atinadas: el resorte está ahí. Los sentimientos heredados, los hábitos, el alma del país o, con exactitud científica, la “región límbica” de la cultura.

Sin salir de nexos, Luis Carlos Ugalde, en su artículo titulado “Por una democracia liberal (para erradicar el clientelismo)”: “Tenemos más votos, pero no más ciudadanos… Hoy somos más democráticos que hace 20 años, pero no hemos superado el perfil clientelista y corporativo del Estado mexicano… México requiere erradicar la cultura de los ‘fueros’ heredados de la Colonia que hoy se traducen en que los poderosos e influyentes pueden evadir el cumplimiento de las leyes. En consecuencia, grupos organizados y marginados violan también dichas normas y exigen el mismo trato: impunidad en nombre de la justicia social”. El lastre del pasado, la herencia del virreinato: no hay ciudadanos. Todo está en el título, se trata de “erradicar”.

Otro ejemplo. Un par de párrafos, tomados más o menos al azar de los artículos de Román Revueltas en Milenio: “El gran obstáculo para el cambio, sin embargo, es cultural. De tal manera, a cada uno de los diez puntos planteados por Calderón puede corresponder una andanada de impugnaciones derivadas de temas como los usos y costumbres, la especificidad irrenunciable de los mexicanos, los agravios históricos, la soberanía, el nacionalismo, los logros y conquistas de la Revolución mexicana, la identidad nacional y cualquier pretexto que sirva para no hacer absolutamente nada… Nos encontramos frente a un escalofriante problema de moral nacional. O, mejor dicho, de avasalladora inmoralidad. Pero esto ya lo sabíamos en tanto que somos una nación azotada por la corrupción, la consustancial desvergüenza de los grupos de poder y el nocivo imperio de las mafias sindicales”. La inercia, los usos y costumbres, la inmoralidad, la nación azotada por la corrupción. Punto más o menos, lo hubiera firmado Ignacio Ramírez.

A riesgo de resultar aburrido, un ejemplo más, unos cuantos fragmentos de Federico Reyes Heroles en Reforma: “En ese país, que festeja con tequila el primer paso de nuestra independencia, los posibles ciudadanos dejan de serlo al buscar cualquier vía para no cumplir con sus obligaciones fiscales… ¿Y por qué hay injusticia? Y tú, ¿respetas la luz roja, pagas tus impuestos? ¿Qué haces para luchar por una sociedad más justa?… En México el peor enemigo del ciudadano es el propio ciudadano. Basta con observar nuestros comportamientos cotidianos en los cuales los ciudadanos atropellan los derechos de los otros ciudadanos… Hay un problema: la democracia es la mejor forma de administración civilizada de las diferencias, pero se sustenta en comportamientos ciudadanos. La democracia es mucho más que normas, la democracia es actitudes y actos cotidianos, es cultura y allí lo que hemos visto nos pinta muy mal… Un liberal comienza por respetar a sus conciudadanos. Eso no ocurre en México. Somos una República sin liberales… La cultura liberal es sólo el principio de la ruta. Sin ella cualquier democracia es débil. Ahora que andamos de festejos observemos con severidad nuestro liberalismo cotidiano. Es un horror”. Léase: en un país tan desgraciado como el nuestro la ley es un valladar ilusorio, es preciso que los mexicanos se eleven al alto grado de virtudes cívicas y privadas que…

Llegado a este punto, no me queda claro por dónde seguir. Veo el síntoma, pero no acierto con el diagnóstico. Acaso ganaríamos algo, para empezar, si dejásemos de pensar que lo que no nos gusta es un lastre del pasado: los caciques del XIX no eran un residuo de la época virreinal, los caciques y clientelas del XX no fueron restos del XIX ni los de hoy son tan sólo astillas del régimen priista; la designación —imprecisa, emotiva— tiende a hacer borrosas las diferencias, tiende a igualar a Juan Álvarez, Gordiano Guzmán, Saturnino Cedillo y Napoleón Gómez Urrutia, que no son ni remotamente parecidos.

Los caciques y sus clientelas son absolutamente modernos: por eso son eficaces. Son las más de las veces producto del proceso mismo de “modernización”. Y cambian conforme cambian las leyes, la estructura productiva, el orden político. La capacidad de movilización, los recursos de poder e influencia de René Bejarano o Elba Esther Gordillo no tienen nada que ver con los del general Tornel o Manuel Lozada, o los de Luis N. Morones. Por eso no es posible erradicarlos, ni deshacerse de ellos como de un peso muerto.

Insisto un poco, por si hace falta. Nada sobrevive por pura inercia. Que en el pasado haya habido clientelas y corporaciones no explica que las haya hoy, ni son iguales; que haya habido arbitrariedades o corrupción no explica que las haya hoy. Que en el pasado tuviera vigencia la retórica del nacionalismo revolucionario no explica que tenga vigencia hoy, si la tiene. En el pasado se usaban pelucas y polainas, se castigaba el adulterio, se perseguía a los herejes, en el pasado se podía llegar al poder mediante pronunciamientos, había tiendas de raya y esclavos y una definición jurídica de las castas. No sé si me doy a entender: para explicar la cultura no hace falta estudiar “la cultura”, sino el conjunto de estructuras, instituciones, procesos demográficos, políticos y productivos que funcionan como mediaciones para la reproducción y el cambio de eso que llamamos cultura.

En el mismo sentido, valdría la pena pensar de nuevo la oposición, que nos parece una perfecta obviedad, entre clientelismo y ciudadanía. Sin duda, los tojolabales que se afilian colectivamente al PRD no se comportan como dice el modelo, no son individuos que deciden en su fuero interno una militancia por convicción, pero acaso la suya sea una fórmula eficaz para ejercer sus derechos y tener algún peso político. Es decir, que puede ser un recurso asequible, sensato y útil: y cívico. La idea es difícil de tragar, ya lo sé, pero es razonable explorarla. Acaso, como ha dicho Antonio Annino, los problemas de gobernabilidad del Estado mexicano han sido producto no de un “déficit”, sino de un exceso de ciudadanía (ciudadanía activa, exigente, políticamente organizada). Aunque sus prácticas hayan sido distintas de las de “la república feliz de nuestros vecinos del Norte”.

Todo lo anterior significa que podríamos dejar de pensar al país —y explicarlo— en clave de “todavía”. No porque no vaya a cambiar, sino que no sabemos hacia dónde va a cambiar. Si este Estado no se parece al de nuestro modelo, tanto peor para el modelo: cada Estado es una formación histórica concreta, cuyos rasgos no podemos definir de antemano ni conocer a priori.

Tengo la impresión de que en el lamento por la inmoralidad nacional pesan sobre todo dos factores. En primer lugar, que nuestra configuración social no sea radicalmente individualista. En segundo lugar, que los funcionarios del Estado no actúen con absoluta, impersonal neutralidad, como el matón de El Padrino que puede asesinar a alguien mientras le explica amablemente que “no es nada personal”. Ahora bien: ni una cosa ni otra son naturales, espontáneas, tampoco ineluctables. No se imponen a base de clases de civismo.

La obsesión con esos ciudadanos imaginarios con los que fantaseamos no dice mucho del país. Pero seguramente es una de las claves para entender el ánimo depresivo, la íntima tristeza reaccionaria (y progresista) de nuestra clase intelectual.

Fernando Escalante Gonzalbo. Investigador y catedrático de El Colegio de México. Su más reciente libro es Ciudadanos imaginarios.