“A mí lo que me da miedo es que pase tanto tiempo que cuando encuentre a mi hijo ya no lo pueda reconocer. Por eso me urge encontrarlo antes de que ya no pueda identificar su ropa y sus huesos. Yo no quiero una prueba de ADN, yo necesito verlo con mis ojos”. Eso me explicó una integrante de Madres Buscadoras de Sonora que desde hace más de un año busca a su hijo desaparecido en Nogales. Parece tratarse de un sentimiento generalizado: mucho más que la experiencia traumática de reconocer a un ser querido en un conjunto de restos deteriorados y maltratados, lo que aterra es la idea de tener que conformarse con la vaga certeza que ofrece una prueba de ADN. Para el duelo es esencial tener la experiencia de una identificación carnal.
Más que escepticismo hacia la ciencia genética, esta manera de pensar alberga una desconfianza profunda en las instituciones del Estado, que en México ostentan el monopolio de la identificación de restos humanos. Una desconfianza justificada, si se considera la larga historia de agravios y engaños que las rastreadoras han recibido por parte del personal de las fiscalías. No es raro, por ejemplo, que los familiares de las víctimas encuentren restos humanos “olvidados” en las fosas donde los peritos han trabajado, tampoco que los cuerpos recuperados estén incompletos. Los resultados de las pruebas genéticas tardan meses, e incluso ha sucedido que restos ya identificados por los familiares desaparezcan por segunda vez en un laberinto burocrático.
Esto también explica por qué las fotografías de cuerpos no identificados son tan importantes. Los colectivos de búsqueda constantemente publican fotos y videos no sólo de sus propios hallazgos —generalmente osamentas o ropa y zapatos que encuentran en los alrededores—, sino también imágenes de cadáveres recientes que muchas veces “filtran” de manera anónima integrantes de las policías. Esta práctica es una fuente constante de tensiones y alegatos con el personal de las fiscalías y de las comisiones estatales de búsqueda, que han intentado limitar la publicación de imágenes. El argumento de las autoridades es que las fotografías aumentan y renuevan el dolor de los familiares —“revictimizar” es la palabra en boga. A lo que las buscadoras contestan que nada aumenta tanto el dolor como no encontrar a sus desaparecidos.
Publicar fotografías de las víctimas previas a la intervención pericial no sólo es la manera más rápida de identificarlas, en ocasiones es la única. Los colectivos han recibido llamadas de personas que antes de ver las imágenes en Facebook no sospechaban que su familiar estuviera muerto. En esos casos no hay un expediente de búsqueda ni una muestra de ADN que permita a las fiscalías establecer la correspondencia. De hecho, las líderes de varios colectivos de buscadoras reaccionaron en contra de la reciente aprobación de la Ley Íngrid, que penaliza la difusión de fotografías de las víctimas. Esta ley protege la dignidad de las personas y busca evitar el comercio de imágenes violentas, pero fue diseñada pensando en casos de feminicidio y no de desaparición forzada, donde la prioridad es la identificación, por más dolorosa que resulte.
Las fronteras entre los archivos fotográficos públicos, privados y judiciales son cada vez más borrosas, sobre todo en México, donde los familiares realizan la mayor parte de las investigaciones y hallazgos en casos de desaparición forzada. La tradición crítica a la difusión de fotografías de violencia, sufrimiento y guerra es válida, sobre todo en lo que concierne a su explotación económica para consumo de un público remoto. Pero las buscadoras no pueden darse el lujo de no verlas. Aunque resulte problemático el gesto, creo que a los demás no nos queda más que acompañarlas en esa dolorosa forma de presenciar visualmente la violencia.
Natalia Mendoza
Antropóloga y ensayista. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y un doctorado en Antropología en la Universidad de Columbia.