En mayo de 1980, el presidente José López Portillo viajó a la capital canadiense Ottawa con un equipo de colaboradores para asistir a tres días de reuniones. Al final de las pláticas, él y el primer ministro Pierre Trudeau publicaron una declaración conjunta en la que decían haber “intercambiado perspectivas respecto a recientes propuestas informales de cooperación económica entre Canadá, México y Estados Unidos, y concluido que tal aproximación no estaría en los intereses de sus respectivos países”. En otras palabras: en ese momento los gobiernos mexicano y canadiense rechazaban la idea de comercio libre en América del Norte. Explicando su posición, López Portillo dijo que la apertura comercial era “incompatible con los objetivos de desarrollo social y económico de México” y que pondría en duda “la soberanía de México sobre su política económica”.
Estas propuestas tempranas de “cooperación económica trilateral” provenían de diversos políticos estadunidenses, incluyendo a funcionarios de la administración del demócrata Jimmy Carter y candidatos en la elección primaria del Partido Repúblicano, tales como un cierto Ronald Reagan. Los estadunidenses se interesaban en especial por los recursos energéticos de sus vecinos al norte y al sur, y sugerían que la región podría formar una unión aduanera, o incluso una iniciativa de integración continental aún más ambiciosa, parecida a la Comunidad Económica que en esos años comenzaba a consolidarse en Europa Occidental.
Hoy sabemos que el libre comercio con Estados Unidos no llegaría a Canadá sino hasta la década de 1980 y a México diez años más tarde. Ambos países tendrían que desdecirse de la oposición que expresaron en 1980. Canadá lo hizo en 1985, cuando un nuevo gobierno de centro-derecha, electo el año anterior, propuso negociar un tratado comercial con Estados Unidos; en 1990, México tomó un paso similar que pronto se tornó trilateral. Estas decisiones formaron la base de un acuerdo bilateral entre Canadá y Estados Unidos que entró en vigor en 1989 y, cinco años más tarde, para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A pesar de sus coincidencias en 1980, sin embargo, Canadá y México llegaron a sus respectivas decisiones en favor del libre comercio a través de caminos muy diferentes. Por eso mismo, comparar las historias de estos caminos puede ayudarnos a entenderlas mejor.
Desde una perspectiva canadiense lo que más salta a la vista del caso de México son los enormes cambios que el país experimentó a lo largo de la década de 1980 —en especial en términos del carácter de sus gobernantes— y lo súbito de su decisión de abrazar el libre comercio. Famosamente, una nueva generación de tecnócratas económicos llegó al poder a lo largo de los ochenta y, tras una experiencia difícil en Davos a principios de 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien se había rodeado de estos tecnócratas, decidió aceptar la invitación de Estados Unidos a negociar un tratado de libre comercio.
Salinas y su equipo pensaban que aceptar esta invitación llamaría la atención del mundo, en particular de los inversionistas, incluso si implicaba riesgos políticos en casa. La vieja estrategia mexicana de desarrollo a través de la sustitución de importaciones había creado un sector manufacturero que dependía de la protección del Estado contra competidores extranjeros, sobre todo estadunidenses. Otros sectores de la economía —la agricultura, los servicios financieros y las empresas que dependían de contratos gubernamentales— también eran vulnerables a las disrupciones que el libre comercio traería.
Dado que exponer a dueños y trabajadores a las presiones de la competencia internacional era impopular, antes de que Salinas les diera instrucciones a sus funcionarios de buscar un tratado con Estados Unidos, pocos empresarios mexicanos abogaban públicamente en favor del libre comercio. Por su parte, los tecnócratas hicieron lo posible para mantener sus pláticas con los estadunidenses en secreto: el público se enteró de la negociación a través de una filtración a los medios y no de un anuncio oficial. Pero el equipo de Salinas —muchos de los cuales se habían doctorado en Economía en las universidades de élite de Estados Unidos— creía sinceramente en el libre comercio. Ahora, por fin, tenían el poder político necesario para poner en práctica sus ideas.
En contraste, Canadá no experimentó un relevo equivalente en las filas de la burocracia federal. A pesar de la alternancia en el poder en 1984, la administración saliente del liberal Trudeau y la entrante de Brian Mulroney y su Partido Conservador Progresista compartían mucho de su visión del mundo. Además, ambos gobiernos estaban encabezadas por abogados en lugar de por economistas (el propio Mulroney era un abogado especializado en derecho laboral). A diferencia de México, el abrazo canadiense del libre comercio no puede atribuirse a un cambio en la mentalidad económica de la élite política.
Pero menospreciar el poder de los funcionarios de Ottawa sería un error. El Estado canadiense siempre ha sido dirigido en gran medida por burócratas de carrera. A diferencia de lo que sucede en Washington, por ejemplo, en Canadá pocos funcionarios son reemplazados después de una elección, lo que les concede la ventaja de una perspectiva de largo plazo. Por otro lado, muchos burócratas en Ottawa —como los tecnócratas mexicanos— han sido entrenados en el mismo tipo de economía que sus contrapartes estadunidenses.
Tan temprano como 1970, la burocracia canadiense ya conocía —y por lo general aceptaba— los argumentos neoclásicos en favor del libre comercio. En México, mientras tanto, los estudiantes de licenciatura de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional recibían cátedra en el Auditorio Ho Chi Minh. La disciplina académica de la economía en México, sin embargo, cambió al avanzar la década. Muchos estudiantes ambiciosos comenzaron a hacer posgrados en Estados Unidos y a volver a casa con nuevas ideas distintivas estadunidenses y más favorables al libre comercio. En contraste, cuando Mulroney ordenó a la burocracia que iniciara negociaciones con sus contrapartes estadunidenses a mediados de los ochenta, la posición de los funcionarios canadiense era más o menos la misma que hacía años o incluso décadas: sus ideas no habían cambiado.
Como la mayoría de los canadienses, estos burócratas temían que el libre comercio podría intensificar la vulnerabilidad de su país a la dominación estadunidense. Y es que Canadá siempre ha sentido la influencia y las presiones de su vecino. Esto ya era cierto en la posguerra, durante el declive del Imperio británico y el zenit de la hegemonía de Estados Unidos, e incluso antes: el surgimiento mismo de Canadá como nación, a través de la unión de tres colonias británicas en 1867, fue en buena medida el resultado de un intento de evitar que Estados Unidos ocupara más tierras en el norte del continente. Un siglo más tarde, en 1973, el mismo año en que México tomó medidas similares, Canadá promulgó una ley que establecía controles estatales sobre la inversión extranjera con la intención de limitar la influencia de firmas estadunidenses sobre la economía canadiense.
Con todo, muchos burócratas canadienses creían que el libre comercio con Estados Unidos traería beneficios: le permitiría al país enfocarse en lo que hacía bien y así cosechar ganancias importantes gracias a la economía de escala. Desde la época colonial —cabe recordar que Canadá mantuvo lazos importantes con la Corona Británica hasta bien entrado el siglo XX—, la economía canadiense había gravitado hacia la exportación de materias primas naturalmente abundantes: pescado, pieles, madera, trigo, minerales, etcétera. El sector manufacturero, en contraste, fue en buena medida una creación intencional del gobierno, en especial a través de la “Política Nacional” que el Parlamento canadiense estableció en 1879 para favorecer la industrialización del país.
La preocupación respecto a la dependencia con Estados Unidos era tan aguda que, tan reciente como la década de 1970 —cuando más de la mitad del comercio internacional canadiense involucraba a su vecino del sur—, la postura oficial del Estado canadiense era buscar la diversificación de sus relaciones económicas internacionales para reducir la injerencia estadunidense sobre el sector manufacturero. Este sector era menos productivo que su equivalente en Estados Unidos, un hecho que muchos economistas atribuían a la sobreprotección de la industria por parte de Ottawa y la subsecuente distorsión de los mercados internacionales.
El corolario es que la decisión de Ottawa de abrazar el libre comercio a mediados de los 80 no puede explicarse como el resultado de un cambio sustancial en la visión de economistas académicos, políticos o funcionarios canadienses. En su lugar, el camino de Canadá hacia el libre comercio fue en buena medida el producto de una evolución en la perspectiva de la comunidad de la iniciativa privada.
Antes de la década de 1980 los manufactureros canadienses —nacidos detrás de una robusta muralla de aranceles, parecida a la de México— eran reacios a competir contra las industrias estadunidenses y, por lo tanto, escépticos del libre comercio. Cuando los funcionarios de Ottawa intentaron hacer de Canadá una voz proliberalización moderada durante las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), se toparon con la oposición de la voz más influyente de la clase empresarial del país: la Asociación de Manufactureros Canadienses, cuyos representantes se quejaban sobre la adherencia al libre comercio de los burócratas liberales.
Esta situación, sin embargo, cambió de manera dramática a finales de los setenta y principios de los ochenta. Los manufactureros canadienses —y el sector privado nacional en general— se convirtieron en una clase capitalista mucho más ambiciosa. Estos empresarios, cada vez más orientados hacia el exterior, comenzaron a ver al comercio internacional como una oportunidad en lugar de como una amenaza. Se volvieron más atrevidos a la hora de enfrentarse tanto a competidores en el exterior como a los empresarios canadienses más parroquianos.
El resultado fue que la inversión canadiense en el exterior creció hasta exceder a su equivalente doméstica. El país se volvió la sede de más firmas multinacionales que nunca: Alcan, Bombardier, Northern Telecom (que después cambió su nombre a Nortel) y Seagram, por ejemplo. Los directores de estas empresas, más agresivos a la hora de buscar oportunidades internacionales, preferían el acceso a otros mercados por encima de cualquier protección contra la competencia extranjera. Una nueva asociación de ejecutivos, el Concilio de Negocios sobre Temas de Interés Nacional (modelada en parte en la Mesa Redonda Empresarial de Estados Unidos) servía de voz para estos empresarios. Su visión con el tiempo se impuso: la mayoría de la clase empresarial canadiense terminó por convencerse de los méritos del libre comercio. El Estado canadiense pronto siguió el mismo camino.
A finales de 1984, poco después de su elección como primer ministro, Mulroney pronunció un discurso frente a una audiencia de empresarios en Nueva York. “La madurez y la confianza en sí mismo de nuestro país”, dijo, “nos permite… examinar opciones que hace unos años provocaba reacciones emocionales que dificultaban toda discusión racional”. En un periodo relativamente breve, los políticos canadienses habían comenzado a hablar del libre comercio como si se tratara de una idea milagrosamente buena.
A diferencia de México, entonces, el registro histórico muestra que, en Canadá, la clase empresarial abrazó el libre comercio antes que el Estado. Los burócratas sentían simpatía por la idea, pero no abogaron por ella abiertamente sino hasta que el sector privado comenzó a insistir en su importancia. Por estas razones, la decisión de abrazar el libre comercio fue mucho más gradual en Canadá que en México: la acumulación de reportes y declaraciones por parte de múltiples actores significó que el anuncio oficial de las negociaciones con Estados Unidos no tomó a nadie por sorpresa.
A pesar de todas estas diferencias, sin embargo, un factor común detrás de la adopción mexicana y canadiense del libre comercio fue el cambio en el contexto económico global de los años ochenta. A partir de 1982, en buena medida debido a la caída en los precios del petróleo, la economía mexicana entró en un periodo de turbulencia que no acabó sino hasta el final de la década. Al mismo tiempo, a partir de finales de 1981, Canadá sufrió la peor recesión en su historia desde la Gran Depresión: el producto interno bruto se contrajo más de 6 %, la producción manufacturera cayó 18 % y la tasa de desempleo aumentó 12 %. Como en muchos otros países, esta crisis canadiense se debió en buena medida a las altas tasas de interés con las que la Reserva Federal pretendía reducir la inflación en Estados Unidos.
Atrapado entre la espada de los bajos precios petroleros y la pared de las altas tasas de interés, México comenzó a sentir más presión de sus acreedores internacionales, quienes exigían cambios importantes en muchas políticas públicas. Este contexto creó incentivos para el ascenso de ciertos actores por encima de otros: de manera paradójica, los tecnócratas que abogaban por una mayor integración con el exterior llegaron al poder de la mano de la vulnerabilidad de la economía mexicana a fuerzas externas que la crisis de la deuda puso en evidencia.
En contraste, la adopción del libre comercio por parte de la élite canadiense fue menos una reacción a las exigencias de los mercados financieros globales que un intento de minimizar el impacto de la respuesta estadunidense a la recesión en los intereses de esa misma élite. El sector industrial estadunidense había logrado convencer a su gobierno de restringir muchas importaciones, incluyendo aquellas procedentes de Canadá. Así, al mismo tiempo que el sector privado canadiense miraba cada vez más hacia el exterior, su acceso al mercado importador más importante del mundo quedaba en entredicho. A los ojos de las clases empresarial y política de Canadá, el principal objetivo del tratado de libre comercio era, precisamente, contrarrestar este peligro.
Tanto en México como en Canadá, los retos de los años ochenta abrieron la puerta para la adopción de nuevas ideas respecto a la estrategia económica frente al exterior. El libre comercio se convirtió así en una respuesta para las ansiedades de la época. Una vez que los dos países decidieron negociar con Estados Unidos, sus experiencias se volvieron más parecidas, en parte porque todas las negociaciones comerciales se parecen: suelen ser contenciosas. La decisión de Ottawa de negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos desencadenó un enorme debate nacional que tuvo mucho en común con la discusión sobre el TLCAN en México. Muchos sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se oponían con vehemencia al tratado, e hicieron todo lo posible por detenerlo. La cuestión sólo quedó resuelta después de la elección federal de 1988, e incluso entonces el libre comercio triunfó únicamente porque sus partidarios en la clase capitalista gastaron cantidades importantes para promoverlo al mismo tiempo que el voto en contra quedaba dividido entre dos partidos de oposición.
Aún así, tanto en Canadá como en México, el libre comercio resultó controversial no sólo entre el público, sino también entre muchos empresarios. En palabras de un negociador mexicano, quien habló conmigo bajo la condición de que no revelara su nombre: “La posición inicial del sector privado, en casi todos los sectores, fue muy proteccionista”. En México, pero también en menor grado en Canadá, muchas empresas e industrias temían las posibles disrupciones del libre comercio, lo que obligó a ambos gobiernos a hacer esfuerzos para cooptarlos. Uno de los medios para este fin fue concederles a algunas industrias cierta influencia sobre las negociaciones. Los negociadores mexicanos, en particular, mantuvieron contacto cercano con los representantes del sector privado a quienes habían invitado al llamado “cuarto de al lado”, pero los negociadores canadienses y estadunidenses también consultaron con líderes de sus industrias nacionales.
Los negociadores de los tres países aseguraron a los empresarios escépticos que sus industrias quedarían parcialmente protegidas de la competencia extranjera durante cierto tiempo después de la promulgación del acuerdo. Los aranceles y otras barreras comerciales no serían eliminados de inmediato, sino de forma gradual. Por otro lado, aquellas industrias que rechazaran esta oferta e insistieran en su oposición al libre comercio, arriesgaban perder estos términos favorables. Toda empresa que puede verse expuesta súbitamente a competidores extranjeros tiene buenas razones para aprovechar cualquier oferta que le permita prepararse con antelación. En palabras de un representante empresarial mexicano, que como otras fuentes citadas habló conmigo bajo condición de permanecer anónimo: “No valía la pena oponerse a algo inevitable […] Muchos sectores acabaron [luchando por] diez años como plaza de desgravación… Había la convicción de que ‘si logro negociar a diez años […] puedo tener una empresa competitiva’”.
Los gobiernos de América del Norte también buscaron convencer al sector privado de apoyar el TLCAN ofreciendo a ciertas industrias cláusulas favorables en las “reglas de origen”. Estas reglas forman parte de todos los acuerdos comerciales: especifican qué bienes califican para ser comercializados libremente entre las naciones participantes. Si estas reglas son más restrictivas, brindan a las empresas una medida de protección contra competidores extrarregionales. Entre otros aspectos del tratado, estas regulaciones sirvieron como una herramienta de negociación para disciplinar a intereses que de otro modo se hubieran opuesto al libre comercio en la región.
Finalmente, algunas industrias quedaron exentas del TLCAN por completo. Cada país se negó a discutir al menos un tema. México no estaba dispuesto a contemplar nada más que la más mínima de las aperturas para su sector energético, mientras que Estados Unidos marcó su raya en el transporte marítimo. Canadá eximió a sus industrias culturales (las cuales desde hacía largo tiempo ya disfrutaban de protecciones que prohibían la adquisición por parte de extranjeros de empresas canadienses de medios, así como reglas que exigían que las estaciones de radio y televisión de Canadá reservaran espacios para artistas nacionales), así como a sus productos lácteos, huevos y aves de corral: industrias que desde hacía mucho tiempo funcionaban según un sistema de “gestión de la oferta” que limitaba las importaciones de ciertos productos agrícolas. El objetivo de este sistema era coordinar producción y consumo para estabilizar precios, aunque para los productores estadunidenses la gestión de la oferta equivalía a restricciones a su acceso al mercado canadiense. Si bien los consumidores canadienses podrían haberse beneficiado de un comercio agrícola más libre, el gobierno de Mulroney consideró que la apertura del sector sería demasiado costosa desde el punto de vista político. Los quebequenses tal vez se habrían puesto furiosos, dado que la industria láctea de Canadá está concentrada en esa provincia.
En resumen: concesiones de diversos tipos por parte de los tres gobiernos contribuyeron a asegurar que los empresarios de la región ofrecieran su apoyo —o al menos su aquiescencia— al libre comercio, algo que resultó esencial en términos políticos. Al acceder a limitar el acceso extranjero a ciertos mercados domésticos, los negociadores lograron ganarse a muchos empresarios: los convencieron de que no los estaban sacrificando, incluso cuando eso era justamente lo que estaban haciendo. Sin embargo, para seguir esta estrategia políticamente ventajosa, incluso los tecnócratas que creían en las ideas del neoliberalismo tuvieron que abandonar sus principios neoclásicos: preservar algunas restricciones comerciales era en todos los casos antiliberal.
Otras concesiones eran más sórdidas. Es posible que los peores aspectos del TLCAN fueran las disposiciones que les daban a las empresas el derecho de demandar a los gobiernos anfitriones de sus inversiones para evitar que los Estados adoptaran medidas regulatorias que podrían reducir sus ganancias. Las empresas estadunidenses, en particular, agitaron por estas nuevas vías para resolver disputas legales, así como por nuevos derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas registradas y derechos de autor). Para ciertas industrias poderosas, como las farmacéuticas, Hollywood y Silicon Valley, estas medidas representaron una buena razón para apoyar el libre comercio en América del Norte. El TLCAN les daría mecanismos legales para defender sus intereses: incluso la simple amenaza de que fueran utilizados bastaría para disuadir a los gobiernos de adoptar medidas regulatorias.
Todas estas negociaciones, sin embargo, enfrentaron a las tres naciones entre sí. Hay una gran ironía en esto. Para muchos economistas contemporáneos, el conflicto clave del comercio internacional no es aquel de nación contra nación, sino el choque entre grupos de interés dentro de cada país. En teoría, esto debería significar que las negociaciones comerciales entre diferentes naciones no tendrían por qué ser contenciosas. Incluso si otro país se niega a abrir sus mercados, dicen estos economistas, mantener cerrada la propia economía no tiene mucho sentido.
En la práctica, sin embargo, las negociaciones comerciales suelen implicar un regateo entre naciones en el que los negociadores de cada país resisten las demandas de sus contrapartes por acceso inmediato e ilimitado a sus mercados. La promesa de una entrada a economías extranjeras es una gran ayuda a la hora de superar la oposición de quienes se verían amenazados por productos de importación, pues los propietarios y los trabajadores de las industrias que podrían beneficiarse de un aumento en las exportaciones contrarrestan el poder de aquellos que podrían salir perdiendo de la competencia internacional. Sólo hay un problema: las empresas que tendrían que competir con las importaciones extranjeras ya existen, mientras que, en el momento de la negociación, muchas de las firmas que en teoría podrían beneficiarse de la exportación de nuevos bienes y servicios sólo existen en la imaginación.
Para muchos economistas, el libre comercio es un asunto de “destrucción creativa”, hasta el grado de que el objetivo de negociar tratados internacionales es menos obtener acceso a mercados extranjeros que facilitar esta destrucción. Pero el gran público no suele ver con buenos ojos a la destrucción, incluso si es creativa. El libre comercio sacude a las comunidades, altera las vidas de los individuos y obliga a muchos hogares a buscar nuevos mercados laborales. En una época en la que las fortunas de las élites corporativas no paran de crecer, la turbulencia social y la desigualdad del libre comercio han creado un amplio descontento entre aquellos que pagaron los costos de la apertura económica. Desde las protestas de Seattle hasta la elección de Donald Trump, muchas de las grandes convulsiones sociales que han sacudido a América del Norte en los treinta años que han transcurrido desde la entrada en vigor del TLCAN han sido al menos en parte el producto de las disrupciones del libre comercio.
La teoría económica ofrece pocos consuelos para los perdedores del TLCAN. En consecuencia, incluso aquellos políticos con credenciales académicas impecables tienden a servirle al público una sopa más bien insípida de nacionalismo económico. Los gobiernos y las cámaras de comercio, así como los centros de investigación de estas últimas, publican reportes en defensa del libre comercio en términos que muchos economistas encuentran inderogables. Como el economista canadiense Ronald Shearer escribió sobre un alegato en favor de la integración con Estados Unidos: “No quisiera que mis estudiantes aprendieran sobre comercio internacional de la Comisión Macdonald”. (En 1985, esta comisión, conocida oficialmente como la Real Comisión sobre la Unión Económica y los Prospectos de Desarrollo de Canadá, publicó un influyente estudio sobre los beneficios futuros que el libre comercio —incluyendo, de manera notable, a Estados Unidos— traería para Canadá).
El argumento ortodoxo en favor del libre comercio se topa con un problema incómodo: la apertura comercial enfatiza los conflictos domésticos entre los intereses de diversas industrias. La teoría comercial de la economía neoclásica es, por lo tanto, una muy mala herramienta para construir consenso entre el sector privado, ya no se diga entre el público. Este argumento parte de la premisa de que si bien muchos empleos desaparecerán, el libre comercio facilitará la creación de muchos otros, pero dónde, cuándo y en qué industrias es siempre un misterio. Si bien los bienes y servicios baratos que los economistas consideran como los principales beneficios de libre comercio le gustan a todo mundo, la mayoría de la gente considera que sumar un par de puntos porcentuales al PIB no compensa las disrupciones sociales y los costos económicos de la transición a una economía abierta.
Teniendo todo esto en cuenta, tal vez no sea sorprendente que, treinta años después de la entrada en vigor del TLCAN, la globalización se haya estancado. Según el Banco Mundial, el comercio como porcentaje del PIB mundial fue menor en 2021 que en 2005. El panorama se ve muy distinto que en 1994: hoy las empresas multinacionales están trayendo sus cadenas de suministro más cerca de casa, los países occidentales han limitado sus relaciones comerciales con China, el plan climático de la administración de Joe Biden implica una política de buy American y los editores de The Economist comienzan a mostrar signos de pánico. Semejantes acontecimientos no serían posibles si el nacionalismo económico realmente hubiera sido eliminado en los años noventa. Es evidente que sigue vivo y coleando.
La primera mitad de la década de 1990 fue tal vez el punto más alto de la globalización, y el TLCAN fue una parte clave de ese momento. Una teoría de por qué ganó la globalización —una posible explicación de por qué tanta gente en todo el mundo terminó viviendo bajo un régimen de libre comercio— es que tanto la gente común como las élites políticas abrazaron las ideas de los economistas. Por lo tanto, muchos comentaristas han tomado la ascendencia de la globalización como prueba de la desaparición del nacionalismo económico. Pero, en realidad, la ola de globalización que arrasó por el mundo en los años noventa no desplazó por completo a esa escuela de pensamiento. La globalización de finales del siglo pasado (el TLCAN incluido) se basó en muchos sentidos en un pensamiento nacionalista de suma cero: incluso los tecnócratas mexicanos más sinceros terminaron presentando el acuerdo en términos que contradecían el principio internacionalista de la ventaja comparativa que habían aprendido durante sus estudios de posgrado. El mismo nombre del tratado que reemplazó al TLCAN es una prueba de la supervivencia del nacionalismo económico: en un acto de petulancia trilateral, los estadunidenses se refieren al nuevo acuerdo como USMCA (Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá), los mexicanos como T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y los canadienses como CUSMA (Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México). El mensaje es claro: no es el tratado fundacional de una comunidad regional, sino de un acuerdo en el que cada país pone sus intereses primero.
En contraste con esta visión nacionalista, popular y simplona, la teoría del comercio de los economistas se basa en una idea contraintuitiva: la ventaja comparativa. En palabras del economista estadunidense Alan Blinder, los argumentos en favor del libre comercio que Adam Smith y David Ricardo presentaron por primera vez hace más de dos siglos “han convencido a prácticamente todos los economistas que han trabajado desde entonces, pero… entre el público general sólo han logrado avances limitados”. La concepción del libre comercio de muchos economistas no sólo choca con el sentido común (sugiriendo, como lo hace, que el colapso de una industria en particular puede tener consecuencias positivas para una economía nacional en su conjunto); es, también, una narrativa política poco atractiva. Si bien los defensores del libre comercio suelen enfatizar sus supuestos beneficios para los niveles de vida de la gente corriente, en la práctica la globalización (y el TLCAN en particular) ha sido decepcionante incluso si se la juzga sólo según ese criterio.
Los sinsentidos nacionalistas que dominan muchas conversaciones sobre comercio crean problemas graves e innecesarios. Cuando los países se ven obligados a competir entre sí, políticas públicas cruciales para el contexto doméstico, tales como la protección ambiental, los impuestos igualitarios y la seguridad social, comienzan a parecer lujos inasequibles. La disciplina que la competencia internacional supuestamente requiere en una era de globalización se convierte así en un arma al alcance de quienes defienden ciertas posiciones en el debate político. Los proponentes del libre comercio, sin embargo, se las arreglan para al mismo tiempo argumentar que la respuesta a los desafíos de la competencia internacional es más globalización, no menos. Por mucho que se haya equivocado en muchos otros temas, en este punto las advertencias que López Portillo lanzó en Ottawa allá por 1980 resultaron bastante acertadas.
Malcolm Fairbrother
Profesor de Sociología en la Universidad de Umeå, Suecia. Es el autor de Free traders: elites, democracy, and the rise of globalization (Oxford University Press, 2019).