La transición democrática en México, la de los años del cambio de siglo, fue un acontecimiento absolutamente improbable, que no hemos sabido apreciar con justicia. En parte, por el entusiasmo con que se recibió, como inauguración de un tiempo nuevo; también por una interpretación exageradamente optimista del proceso, que minimizó el esfuerzo político —el de antes, durante y después del año 2000. Fue un acontecimiento improbable porque supuso una renuncia de la clase política que no era ni obvia ni natural. A ver si lo aclaro. En México había entonces una clase política todavía vigente, la clase política priista quiero decir, experimentada, con recursos, con capacidad de movilización, clientelas, con un margen de acción amplio, una clase política que no era la de los aristócratas rusos de 1917, la de los junkers prusianos de 1918 ni la de los burócratas de Salazar de 1974, tampoco el desmoralizado ejército argentino de 1983. De modo que insisto, era improbable que esa clase política admitiera unas reglas que restringían seriamente su poder. No obstante, sucedió así, la clase política mexicana aceptó renunciar precisamente al control del acceso a los puestos públicos, con todos sus recursos legales, informales e ilegales (en parte, al menos, pero en buena parte).
En comparación, es mucho más lógica, más entendible la reacción de las dos décadas siguientes contra las reglas de la democracia —y del resto del aparato del Estado. Es mucho más lógico, más natural que los políticos mientan y abusen y hagan trampa siempre que puedan, que tuerzan la ley, que amenacen, que procuren extender los límites de su influencia hasta más no poder y, por supuesto, que quieran conservar el control sobre los procesos electorales, y sobre los funcionarios y los jueces. No obstante, ese impulso que se ha dado en llamar populista, autoritario, ha sorprendido un poco a todos, ha desconcertado a muchos, como si fuera un tropiezo catastrófico que sería posible corregir. Visto en frío, no creo que haya motivos para sorprenderse o no mucho porque, repito, es un movimiento absolutamente lógico: por buenas y malas razones, cualquier político busca tener libertad de movimientos, tanta como sea posible —y la ley siempre estorba (o parece que estorba).
La transición mexicana fue muy distinta de todas las otras a las que se quiso asimilar en su momento. Pero había entonces un modelo que estaba de moda, muy de moda. Se escribieron entonces muchas tonterías con la etiqueta de “Transición a la Democracia” —era casi una profesión, con sus expertos, su tecnología, su sistema de pronósticos. Todo era como un juego de rompecabezas. El problema empezó porque se tomó como caso ejemplar el que era tal vez el más atípico, el de la España franquista, una dictadura de casi medio siglo en una sociedad europea de clase media, bastante burocrática, ordenancista, que se empezaba a acostumbrar al consumo; pero después siguieron los gobiernos de Argentina y Chile, y el resto, vistos a partir de un esquema teórico de una simplicidad infantil, salvo que venía de las universidades gringas (infantil a lo mejor por eso). Digo lo que me consta, porque me tocó dictaminar tesis, libros, artículos de ese tiempo. Con unos cuantos silencios y su dosis de ignorancia, cabían en el mismo esquema los gobiernos de Baby Doc Duvalier o Ferdinando Marcos, el apartheid y el derrumbe del socialismo soviético. Estoy en la idea de que una respuesta que sirve para tantísimos casos distintos es que no está haciendo las preguntas correctas. Comoquiera, con cualquier parámetro, con cualquier criterio que se quisiera emplear, el caso de México era muy distinto —y si alguien de verdad no ve la diferencia, va a ser muy difícil que se le explique.
La presión para una mayor apertura del régimen electoral venía de muchas partes, y de tiempo atrás. Estaba para empezar el clima internacional, el entusiasmo con las transiciones, la idea del fin de la historia, estaba en especial la incomodidad del gobierno de Estados Unidos, la voluntad de buena parte del gobierno federal, empezando por el presidente, que quería “modernizar” al país, y estaba también la agitación de muchos intelectuales, periodistas, académicos, medios, la de los partidos de oposición, más una parte de la sociedad organizada sobre todo en las grandes ciudades y en el centro, norte y occidente del país. Pero no era, y esto no es ni ofensivo ni denigratorio, ni siquiera extraño, no era el enfrentamiento de la Sociedad mexicana contra el Régimen. En todo caso, a pesar de esa marejada, una renuncia al poder de la magnitud que asumió la clase política priista no es trivial y conviene tenerlo presente.
El otro impulso, al que se quiso poner sordina en aquel tiempo, fue la transición económica que había comenzado la década anterior, que había sido relativamente mucho más fácil por los efectos devastadores de las crisis de los setenta y ochenta —y por los resultados que se prometían para el futuro. Pero a eso volveré en un momento.
A estas alturas, conviene hablar claro: la renuncia al control de las elecciones (sobre todo las elecciones federales, habrá que insistir) no fue del todo gratuita. Se negociaron muchas cosas entre la vieja clase política y la nueva, entre dinosaurios y renovadores, políticos y tecnócratas, aunque la mayor parte de eso no llegó a los titulares, y por buenas razones: para empezar, porque no eran temas que estuviesen presentes en la discusión pública. Lo importante era dar credibilidad, y se consiguió, al Instituto Federal Electoral. Y por eso se pasaron por alto en particular dos asuntos: la organización del régimen territorial, el poder de los gobernadores que prácticamente quedó intacto (en el papel), y el sistema de procuración de justicia: el monopolio de la acción penal y la subordinación política de las procuradurías, siempre además faltas de recursos financieros, profesionales, administrativos. Esos dos temas, por sus consecuencias, hicieron mucho para desacreditar al régimen de la transición, porque la corrupción, el abuso del poder local seguían siendo iguales, lo mismo que el uso político de las procuradurías, ya fuese para amparar a los amigos o para desacreditar y amenazar a los enemigos. En ese terreno, aquello era de verdad lo mismo de siempre.
Seguramente, a la distancia parece algo muy simple, incluso obvio. Pero se pasó por alto. Estoy convencido de que mucho de lo que sucedió en los veinte o treinta años que siguieron al inicio de la transición, mucho podía haberse previsto entonces. Mejor dicho: se previó, se anticipó, se dijo y se publicó entonces. El problema, y otra vez hablo por experiencia propia, mucho de eso no se podía decir, muchas de esas reservas no podían hacerse públicas porque era de mal tono, porque arriesgaban descarrilar la transición. Las opiniones discordantes, los diagnósticos no tan optimistas quedaban inmediatamente situados en uno de los dos campos imaginados, porque había sólo dos: a favor o en contra de la democracia.
Creo que en las pequeñas discusiones laterales de aquellos tiempos, en las que se tocaban los detalles posibles del nuevo arreglo, es donde mejor puede apreciarse la especie de “ceguera ilustrada” que orientó nuestra transición: un no ver el país, en toda su complicada revoltura, a fuerza de estudiar la nueva ciencia política —que era siempre mucho más limpia, más prometedora. Por ejemplo, en el largo e ingenuo debate sobre la reelección, para que los ciudadanos pudieran pedir cuentas a “sus diputados” a partir del registro de sus votos en el Congreso; o en las encendidas diatribas contra los plurinominales porque “no representaban a nadie”; o en la discusión sobre el financiamiento privado de las campañas electorales, que se suponía que era la manifestación más limpia de la libertad de expresión. A la distancia, cualquiera puede saber, eso creo al menos, que los argumentos de los reformadores obedecían a un país modélico que no es que no fuera México, sino que no era ningún otro tampoco, sin clientelas ni caciques, sin partidos, sin oligarquías, con información exacta, contrastada, pública. En fin, más vale olvidarse.
A la generación que hizo la transición, me refiero a los académicos, intelectuales, periodistas y funcionarios que la impulsaron, les importaba sobre todo y a veces exclusivamente la política, y sobre todo la política federal. En general, por motivos muy atendibles, dicho sea de paso. Por eso, casi todo en la transición se pensó desde el Distrito Federal. No me olvido de Chihuahua ni de San Luis Potosí, que conste, pero fue la mirada de la capital la que orientó el trayecto, y eso impuso un sesgo muy característico a todas las reformas. Aquéllo era menos que un credo, pero mucho más que una simple opinión, porque era demasiado trabajoso hacerse entender diciendo algo distinto; ese conjunto más o menos compacto y algo borroso era, por decirlo así, el sentido común de la época —según en qué medios, pero desde luego en los que tomaban las decisiones.
Para abreviarlo, porque es bien sabido, se puede decir que a juicio de las “clases atentas”, llamémosles así, el monopolio del PRI era el mayor problema del país, causa originaria de muchos otros, si no de todos los demás —basta recordar los editoriales de según qué prensa periódica de los años setenta, por ejemplo. Y se suponía, con buenas razones, que la clave de bóveda del régimen era la Presidencia de la República. De modo que lo realmente decisivo era el arreglo del sistema electoral para garantizar elecciones libres, transparentes, confiables, donde la competencia fuese real, para que la oposición pudiera ganar. El resto llegaría por añadidura, porque se desbarataría el enorme sistema mafioso que se había impuesto durante setenta años.
Ese sentido común dependía de una serie de supuestos bastante discutibles pero que en su momento se discutieron más bien poco. Uno fundamental: que existía en México una Sociedad Civil (las mayúsculas importan, importaban) viva, informada, atenta, harta de la corrupción, formada por ciudadanos capaces, responsables, racionales, que votarían en conciencia a partir de sus intereses. Y por cierto que habría ciudadanos así, pero el asunto no se analizó muy a fondo, y aunque se multiplicaron las encuestas sobre cultura política, en la estela del clásico de Rafael Segovia, tengo la impresión de que casi nadie leyó en serio no ya el libro, sino ni siquiera las brillantes conclusiones de La politización del niño mexicano. Al final, la idea de la ciudadanía quedaba reducida a un modelo liberal perfectamente compatible, si no derivado del modelo de la economía neoclásica que había inspirado las reformas económicas: individuos informados, racionales, libres, egoístas. La discusión entre los dos campos se volvió pronto teórica, reducida a unos parámetros bastante estrechos, y eso fue lo que ocasionó una fundamental malinterpretación del proceso, de las reformas, las propuestas y las resistencias. Por eso pienso que valdría la pena volver a pensar en la transición con alguna distancia, poner un poco de atención en aquel sentido común, y lo que pasó por alto.
En la conversación pública de esos años, y se escribió y se publicó mucho, apasionadamente, se nota sobre todo un déficit de etnografía, que creo que fue decisivo para todo lo que ha venido después. No digo que no hubiera, sino que no estuvo presente en los medios. Para una generación completa, acaso dos, de académicos e intelectuales, con excepciones como la de Roger Bartra, la antropología no tenía ningún interés. Eso en parte, desde luego, por su marginación en la comunidad académica internacional, porque se había vuelto una disciplina críptica y ajena, ensimismada, que se ocupaba de problemas bizantinos en lugares remotos (casi diría que hasta la llamada de atención de Clifford Geertz, de 2004). Y para la academia mexicana la etnografía era para usarse con indígenas, en las lindes del folclore.
No me equivoco mucho si digo que para el fin de siglo el último gran libro con trabajo etnográfico sobre el México contemporáneo que tuvo relevancia en el espacio público había sido Los hijos de Sánchez (1961), de Oscar Lewis. Sólo bastante después, por mucho tiempo en los márgenes, desde luego fuera de la conversación propiamente política sobre la transición, tuvieron alguna notoriedad los trabajos de Antonio Azuela, Claudio Lomnitz y Juan Pedro Viqueira, más tarde los de Natalia Mendoza, Verónica Crossa, Marco Estrada, Miguel Ángel Berber, Esteban Salmón, Rodrigo Salido, y una lista que afortunadamente todavía crece. La omisión me parece importante porque significa que toda una generación de politólogos, abogados, economistas, sociólogos, funcionarios y periodistas perdieron de vista al país. Y se lo encontraron después con sorpresa, luego con horror, en 2007, en 2012, en 2018. Entre lo mucho que se perdió de vista, el hecho de Norteamérica por ejemplo, como ha dicho Mauricio Tenorio: el hecho geográfico, climático, demográfico, productivo, cultural, histórico, lingüístico, estratégico y hasta delictivo en que consiste Norteamérica, con el mismo derecho, por las mismas razones y más que el hecho que llamamos Europa, por ejemplo; pero que de un lado y otro de la frontera nos empeñamos en negar o, peor, nos empeñamos en no ver con una terquedad pueril, vengativa e inútil (digamos muros o puentes, es la misma tontería). Pero regreso: entre lo mucho que se perdió de vista estuvo esa parte básica del arreglo de la transición que quedó al margen de los reflectores, fuera de los medios —y que explica las razones de la clase política en lo que aceptó y lo que rechazó de la transición.
Insisto un poco. La dificultad que tenemos para entender el presente es en buena parte consecuencia de no haber entendido cabalmente lo que significó el fin del régimen del PRI, que es consecuencia de no haber entendido del todo lo que era el PRI. De haber dejado de leer Los príncipes de Naranja (1987) de Paul Friedrich, por ejemplo. Desde muy temprano, casi desde que escribían Luis Cabrera y Gómez Morín, desde luego con González Casanova y Cosío Villegas, y de ahí en adelante la animadversión hacia los modos de la nueva clase impuso lecturas demasiado sesgadas, unilaterales, que esperaban lo que no podía ser. Pero los apologistas del régimen no lo hicieron tampoco mucho mejor: la versión de Reyes Heroles o las versiones de Reyes Heroles eran tan irreales como las de la izquierda y la derecha militantes. Reducido el régimen a una caricatura: el tlatoani, la pirámide, el monarca sexenal, la omnipotencia, el ogro, la transición también se hizo de caricatura: los defectos y las virtudes que pudo tener, que las tuvo, se hicieron a un lado, y no quedó más que la gran confrontación, democracia o dictadura, que empequeñecía sin remedio los problemas menudos, cotidianos, las ilegalidades consentidas, las soluciones a medias —que son de lo que está hecho el orden social.
No minimizo lo malo, mucho. Sí pienso que hay que entenderlo (n’est-ce tout pardonner). El régimen revolucionario comenzó probablemente en 1920, digamos que alrededor del 20 de mayo de 1920. Aparte de los arreglos políticos concretos, traicionados cada tanto, el régimen dependía de una Constitución flexible, que podía reformarse y se reformaba varias veces al año, y una serie de soluciones jurídicas heterodoxas que permitían la politización de todo: del mercado laboral, agrario, financiero, alimentario, del papel y del comercio exterior, hasta de la educación, la salud y la procuración de justicia. Eso daba pie a toda clase de arbitrariedades, para bien y para mal, con y sin razón, y permitía crear un orden que produjo la ilusión de la omnipotencia presidencial. Porque cualquiera, el ejidatario o el pequeño comerciante, el constructor, el transportista o el empresario podían hacerse a la idea de que lo que hacía ese mínimo jefe de la CROC o el patrullero de la esquina, o el agente de aduana del aeropuerto, era todo amparado finalmente por el presidente —o las cosas irían de otro modo. La corrupción piramidal. Y la ilusión tenía su utilidad, por cierto.
El colapso de eso que hay que llamar el Antiguo Régimen se anunció con toda claridad a fines de los años setenta. El fenómeno básico del siglo, lo que definió al siglo XX mexicano fue la urbanización, y eso creó una larga serie de problemas nuevos: tierra, vivienda, producción, higiene, transporte, agua potable, electricidad, consumo, que eran imposibles de gestionar ordenadamente en el viejo arreglo. Demasiados problemas, demasiados actores, demasiadas necesidades tecnológicas, industriales, de infraestructura. Pero se encontró además el límite del sistema de sustitución de importaciones, y sobrevino la crisis del petróleo, el shock Volcker, las fantasías de los presidentes Echeverría y López Portillo, y el orden dio de sí, y las protestas de fines de los sesenta desembocaron en un malestar general, inconcreto, que tenía como objeto natural a quienes habían sido responsables de remediar los problemas, y no podían. La corrupción y la arbitrariedad de Miguel Alemán eran una cosa, las de López Portillo, otra (y las cacicadas de los gobernadores, salvo alguna muy escandalosa, no estaban casi nunca en el centro de atención, ni el despliegue constante del ejército en Guerrero, a veces Michoacán).
En esos años de agotamiento y desorientación, los años del marasmo internacional y la crisis del petróleo y la revolución islámica de Irán, de terroristas y dictadores, hubo los primeros intentos de salvación del orden revolucionario, desde las nacionalizaciones masivas, nuevos repartos de tierras y expropiaciones improvisadas, hasta la privatización de las empresas públicas, el despido de funcionarios, los recortes del gasto, créditos del FMI. Pero nada fue bastante. Sólo poco a poco, con resistencias, se impuso un paquete más o menos coherente de reformas como respuesta a varias de las anomalías: liberalización del comercio, privatización de empresas y servicios, desregulación de los mercados, apertura internacional, todo lo que entonces se llamaba neoliberalismo, y que entraba en contradicción con la traza básica del régimen que para funcionar necesitaba la politización de los mercados. Así empezó todo. Y lo que vino después fue en buena medida consecuencia de eso, que supuso el desarme de la clase política.
Es posible poner fechas concretas. Entre diciembre de 1982 y diciembre de 2006 hubo una serie de transiciones orientadas todas a la despolitización de casi todo. En primer lugar, no habría que repetirlo, una transición económica hacia el libre mercado mediante la desregulación productiva, laboral, la privatización de las empresas públicas, la liberalización comercial, la cancelación de la Reforma Agraria, la autonomía del Banco de México, la creación de las comisiones de competencia, telecomunicaciones, energía, servicios financieros y por supuesto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En conjunto, eso quitó a la clase política infinidad de ocasiones de negocio, recursos para generar lealtades, crear empleo, para amenazar o negociar licencias, cuotas, permisos, mecanismos de representación directa —de eso se trataba la despolitización.
En segundo lugar, hubo una transición institucional impulsada por requerimientos de mayor transparencia en el ejercicio del gasto público en particular, y de la gestión del gobierno en general. A eso obedeció la creación de varios sistemas de auditoría, la multiplicación de los órganos internos de control en las oficinas públicas, la definición de nuevas reglas para contratación, para adjudicación de obras y licitación de lo que fuese. Otra vez, todo en detrimento del poder de la clase política, que perdía margen de maniobra porque perdía capacidad de decisión personal en la operación —aunque, todo hay que decirlo, sobre todo los funcionarios del Poder Ejecutivo federal.
Y hubo finalmente, por supuesto, la transición política, lo que llamamos la transición a la democracia, que fue lo que concentró casi toda la atención durante esos años. Era simbólicamente la de mayor importancia, tan simple que pudo Vicente Fox resumirla en una frase: “Sacar al PRI de Los Pinos”. Se veía además como cosa independiente, que no tenía nada que ver con el resto de los cambios. No hace falta decir nada sobre ella en lo que tuvo de resultado positivo porque es de sobra sabido, desde la formación del IFE hasta la elección del 2000.
Pero vuelvo al tema que me importa, me repito porque creo que hace falta. No se quiso ver o no se pudo ver en qué medida el orden dependía todavía de un extenso sistema de intermediación política: con sindicatos, ligas agrarias, maestros, empresarios, transportistas, pescadores, vendedores ambulantes, contrabandistas, inmobiliarias, iglesias, y toda clase de fracciones de la clase política, representantes más o menos inmediatos de mercados informales, ilegales y criminales, fuerzas armadas y docenas de cuerpos de policía: preventiva, judicial, federal, estatal, municipal, aduanera, de caminos.
La extensión del territorio, la heterogeneidad ambiental, productiva, étnica, cultural, las desigualdades económicas, educativas, la urbanización, los movimientos demográficos, el nuevo mercado agrario, todo ello hacía que fuesen indispensables intermediarios cuya función consistía en negociar el incumplimiento selectivo de la ley en beneficio de su clientela —con garantía de impunidad, por supuesto. Y si había suerte, con algún recurso jurídico heterodoxo lo bastante flexible para dar solidez al arreglo. No se tocó, seguramente por eso, ni el régimen territorial ni la politización de las procuradurías, y el gran motivo del Estado-de-derecho quedó en eso. El resultado fue un vaciamiento progresivo del Poder Ejecutivo federal, acentuado por la pluralidad de las cámaras, y un descrédito general del régimen que toleraba (y amparaba) los mismos abusos de siempre o casi los mismos. En esas condiciones coincidieron en muy poco tiempo la crisis económica global y la intensificación de la violencia con la presencia del ejército en casi todo el país —y así comenzó a politizarse todo de nuevo.
El obradorismo es en lo fundamental un resultado de todo eso, de los éxitos y los fracasos del régimen de la transición: del éxito en la limpieza electoral, en la nueva industrialización del norte, en el relativo control de los funcionarios federales, y del fracaso en la redistribución de la riqueza o la vigencia de algo similar a un Estado-de-derecho. Entre una y otra cosa se produjo una nueva dispersión del poder, el descontrol de los mercados informales, el descontento por la desigualdad, casos sonados de corrupción, y una sensación de impotencia, y de la inutilidad de las instituciones en que naufragó el último intento de despolitización —el de la educación pública. Y llegó la masacre de Iguala. Casi todo ello era previsible, lo digo de nuevo. La coyuntura era perfecta para el auge de un líder popular, con los gestos, las ambiciones y las promesas de otro tiempo, las fantasías alimentadas en otro tiempo, más un resentimiento incendiario, y la oferta de vengar toda clase de humillaciones y volver a los tiempos que nunca fueron, de antes de las reformas.
Creo que es posible exigir un poco más de los conceptos. Lo de 2018 no era una crisis, sino un momento de disolución social que no podía controlarse realmente, no había margen para una nueva transformación productiva, ni había recursos institucionales, ni políticos para sujetar las fuerzas centrífugas, ni forma de imponer moderación a los poderes locales, ni para apagar una ira casi sin objeto, mucho menos para reducir la violencia. De modo que lo que hizo el obradorismo fue aprovechar las condiciones impuestas por las circunstancias: multiplicar sin discriminación los pequeños pactos locales, incluir a los mercados ilegales, y una vez ganada la elección sustituir el gasto social por el reparto en efectivo, destruir la mayor parte de los mecanismos de control institucional y, sobre todo, restablecer el poder de la clase política y sus capacidades de intermediación —para repolitizar todo. Y aprovechar el clima de violencia para aumentar hasta el absurdo la presencia militar: los negocios, prebendas, facultades, recursos y capacidad de acción del ejército. Y hablar, hablar, hablar (el tren más grande del mundo, el aeropuerto más moderno del mundo, el pueblo más consciente del mundo, la mayor democracia del mundo, el presidente más popular del mundo).
El propósito explícito, que se dijo y se repitió, era la restauración del Antiguo Régimen a través de la reconstrucción de una Presidencia omnipotente, sin límites (“y no me vengan con que la ley es la ley”). El primer problema, podía haberse anticipado, es que ese Antiguo Régimen imaginado nunca había existido así, mucho menos el poder ilimitado del presidente —y eso que hubiera bastado con leer a Juan Espíndola veinte años antes o a Rogelio Hernández.
Llegamos a una situación imposible de adivinar de antemano en el detalle, pero perfectamente previsible en términos generales. El obradorismo no es la inauguración de nada, ni terrible y oscuro, ni luminoso tampoco. Es una de las expresiones de la fase terminal del orden del siglo XX. En ese sentido, no es estrictamente una novedad (ni un retorno). Este, como los otros largos periodos de violencia que ha vivido el país en cientos de años, no son sino expresión de un fracaso social de dimensiones monstruosas. Acaso sucederá en este caso como en los anteriores, si hay suerte: a los historiadores les gusta hacerse trampa jugando al solitario y explican siempre la violencia a partir del resultado, de la versión del resultado que dan los vencedores —de modo que todo tiene sentido, y apunta en una misma dirección. Luminosa. No ha sido así nunca. Tampoco ahora.
No es que estemos condenados a repetir la historia: no hay nada cíclico ni fatal, ni nada en realidad que tenga mucho sentido ni que apunte en una dirección. Eso son fantasías. Pero las condiciones geográficas, productivas, demográficas, estratégicas, culturales, hacen siempre más probable cierta clase de salida, cierta forma de la crisis terminal del orden del país que desde el siglo XVIII aspira a ser moderno (digamos, con una frase hecha, que la ambición borbónica suele tropezarse con una resistencia Habsburgo).
Si no me he equivocado mucho, lo que hemos vivido, ahora como en las demás ocasiones, es la revancha de la clase política contra una élite reformadora, centralizadora. Es, según la fórmula de Antonio Annino, el triunfo histórico de las oligarquías territoriales sobre el poder central que aspira a crear Estado. Los rasgos se repiten: el desprestigio de la autoridad, la destrucción de las instituciones, el predominio de las fuerzas centrífugas, de los poderes locales, las clientelas de los jefes personales, la expansión de una violencia sin propósito mayor, sin objeto o de objetos cambiantes, y la imposición de una economía de extorsión dominada por una variedad de grupos armados: oficiales, informales, ilegales y criminales, policías, militares, contrabandistas, autodefensas, guardias blancas, bajo una Presidencia que en ese terreno es casi puramente nominal.
¿Estoy exagerando? Seguramente sí. Pero no es sólo para dar peso al argumento. Estoy convencido de que mucho de lo que se ha escrito de un lado y otro sobre la transición democrática (y lo que ha venido después como consecuencia) acusa un defecto irreparable en el déficit etnográfico, sociológico, que he dicho más arriba. Creo que tendríamos mucho que ganar si nos pusiéramos a revisar en serio eso que llamo el “sentido común” de la transición. Y para eso es necesario afinar los perfiles, buscar los contrastes, acentuar los claroscuros, insistir en los detalles. Mirar más de cerca.
Por supuesto, los que han ganado o sienten que han ganado no tienen ningún interés en revisar sus ideas: al contrario. Se reafirman en los mismos temas, puesto que la historia les ha dado la razón: el neoliberalismo, la verdadera democracia, la mafia del poder, el pueblo-el pueblo-el pueblo, un antiliberalismo primario, irreflexivo y contradictorio, que se quiere llamar liberal, el nacionalismo infantil, de viejo libro de texto, y una condena en bloque del pasado reciente que depende de confusas idealizaciones sin mucho sentido.
La gran ilusión que se hacen del retorno al Edén subvertido de los años setenta, con la esperanza cubana, los dos, tres Vietnams, y Salvador Allende, se apoya en la fantasía de la creación legal de esa Presidencia con todos los poderes imaginados del viejo presidencialismo y más, muchísimos más. Por eso no tienen ningún interés en ver que ese poder es precario y se empeñan en sumarle facultades constitucionales, como si se tratara de eso. Visto en frío, el presidente, o la presidenta en este momento, tiene un enorme poder sobre algunas cosas, sobre el gabinete, algunas disposiciones del presupuesto, tiene poder bastante para desarticular los mecanismos de gasto público, para usar de la prisión preventiva, para desmontar el aparato del Estado, desde los sistemas de salud y educación hasta el Poder Judicial, cada día más irrelevantes, pero nada más —montar algo de eso sería mucho más difícil, y está fuera de su alcance (por algo no se ha hecho). En todo caso, es absolutamente incapaz de transformar la realidad en ningún sentido sustantivo, en asuntos de fondo, y ha terminado siendo más dependiente que nunca de otros poderes.
Su fracaso, si es un fracaso, o sea, si alguna vez se propusieron otra cosa (yo lo dudo), obedece a las mismas razones que sus éxitos.
Pero vayamos por partes. En primer lugar, el gran poder presidencial es dependiente más de lo que haya sido nunca antes de Estados Unidos porque el libre comercio es indispensable para dar una mínima viabilidad a la estructura fiscal, al empleo, al frágil crecimiento económico, pero también porque los nuevos movimientos migratorios hacen mucho más vulnerable al país, y porque no hay ni una política exterior medianamente congruente ni recursos de diplomacia multilateral de mínima vigencia—el propio obradorismo se encargó de dinamitarlos con bravatas, disidencias estridentes y retórica soberanista (“Es un despropósito la CIDH. Ningún poder extranjero puede estar por encima del Estado mexicano”).
En segundo lugar, el nuevo poder presidencial es dependiente de los poderes de los nuevos y viejos caciques de toda laya: pequeños, medianos líderes de campesinos, pescadores, empresarios, maestros, contrabandistas o simples delincuentes. Por alguna razón, en el obradorismo nadie entendió que los límites y contrapesos y los obstáculos de la división de poderes son recursos de gobierno, es decir, que ayudan a gobernar también cuando estorban y precisamente porque estorban institucionalmente. Nadie entendió que eso es el Estado, que en eso consiste el poder, la posibilidad de concentrar el poder. Ni que la destrucción de una mediación institucional implica inmediatamente el surgimiento de una mediación personal: con menos reglas, menos límites, menos disciplina. Si no es el Congreso de Guerrero o el Poder Judicial de Guerrero, o el Poder Judicial federal, entonces es el cacique de la Costa Chica o el líder de los transportistas el que manda, el líder del sindicato de los normalistas rurales o el jefe de la Sección 22 del SNTE, porque puede.
Sólo queda en ese plano el mantener la procuración de justicia como arma política, pero en la práctica no es de la Presidencia. Los gobernadores la emplean con lujo casi divertido contra quien les viene en gana. La falta de límites, obstáculos, reparos institucionales hacen que toda la responsabilidad recaiga directamente sobre el jefe del Ejecutivo federal, que se verá y se ve cada vez más disminuido, más incapaz, porque en teoría lo puede todo, y tiene que quemar su pólvora en infiernitos todos los días.
En tercer lugar, y no es algo del todo nuevo, pero que tiene otro escenario, el Ejecutivo federal es un poder dependiente de las Fuerzas Armadas: de los negocios legales e ilegales de las Fuerzas Armadas, de su presencia física en todo el país, de la normalización de la violencia como recurso cotidiano e impune contra el que nadie puede nada —los homicidios ya no se suman, se cambian de registro estadístico (las desapariciones no cuentan). Son muchos años ya en que muchos grupos armados con y sin uniforme, o con varios uniformes, viven de una economía de la extorsión que se nutre de los pequeños negocios locales, en particular los que no pueden cambiar de sede: desde los mercados hasta las minas, ranchos, plantaciones, puertos, aduanas… grupos que por eso necesitan mantener muy presente la amenaza de la violencia (no me resisto a citar a Karl Kraus: “El hecho de que habrá más guerras no resulta en absoluto inconcebible a quienes la consigna de ‘¡Estamos en guerra!’ les posibilitó y encubrió toda suerte de vilezas…”). La ilusión más torpe, la más siniestra, es que el ejército sea en efecto una fuerza uniforme, disciplinada, jerárquica, legal y honesta (pueblo, pueblo, pueblo), la de los buenos que pelean contra los malos. Torpe y siniestra porque permite que todos se hagan la ilusión de que el presidente manda sobre lo que es en realidad una colección de grupos armados, cada uno, en cada escala, con su propósito y sus enemigos y su botín, en alianza con quien se tercie.
De esa triple dependencia, que deja al Poder Ejecutivo reducido a la casi nada, de ahí la necesidad que tiene de hablar sin parar, diga lo que diga, y repetir una y otra vez la palabra Soberanía: el poder soberano, la defensa de la soberanía, la decisión soberana, el pueblo soberano… La imagen que viene a la mente, casi irremediablemente, es la del presidente Eulalio Gutiérrez, de la Convención de Aguascalientes. El presidente del gran momento revolucionario. No Ortiz Rubio, no Abelardo Rodríguez, sino Eulalio Gutiérrez —porque el jefe máximo está hoy también pintado en la pared (la bravuconería del vaguito de cantina deja de intimidar muy pronto si no tiene detrás según qué Fuerzas Armadas, y el presupuesto).
Resumo: no van a volver los años setenta. Los gobiernos de peña folclórica se quedarán en eso, en Frantz Fanon y Paulo Freire, Quilapayún, “La muralla”, alguna partida del presupuesto para solidaridad con algo, y la poesía de Benedetti. Pero tampoco va a volver el régimen de la transición. Ni la geografía ni la demografía, ni la estructura productiva ni la vecindad van a cambiar en el futuro previsible, ni los caciques ni la violencia. Eso no se arregla con elecciones, por limpias que sean. Ni con un partido único tampoco.
No soy optimista. Pero en todo caso, si se quisiera tener un resultado diferente en el futuro, parecería sensato intentar algo diferente —sin hacerse muchas ilusiones. Por eso estoy en la idea de que conviene volver a pensar en el régimen de la transición: en las promesas que nos hicimos, en lo que perdimos de vista, en los problemas que no se plantearon, los que parecían menores, en la necesidad de los intermediarios, el régimen territorial, la procuración de justicia… para no volver al caso de poner la carreta delante de los bueyes. Y a lo mejor no se podría aspirar a nada más ambicioso que definir los límites de lo tolerable, sólo eso, y aprender a vivir con ello.
Pero hay que tener presentes también los cambios de estos años, son ya dos décadas. Para empezar, no hay ninguna guerra que ganar, porque el problema en el fondo no son “los cárteles”, el problema no son “las drogas” (por más que haya lo uno y lo otro, y que sea políticamente rentable). Todo puede seguir indefinidamente como hasta ahora, con pequeños ajustes, nuevos abanicos de la estadística. Sudán o Congo, Mozambique, Liberia, Angola han sobrevivido décadas de guerra con gente que hace negocios millonarios, empresas multinacionales, ciudades de enorme vitalidad, integradas al mercado global y con una vida que puede volverse normal en regiones de intensa, rutinaria violencia, trabajo forzoso (¡y elecciones, por supuesto!), porque de hecho hay negocios como la minería o la tala que prosperan mejor en zonas de conflicto, y además algo tan minúsculo como la venta de cigarrillos por unidad también permite vivir.
Entre nosotros, basta ver un mapa carretero para empezar a imaginar lo que viene. Seguirá habiendo el impulso de producir una serie de espacios geográficos, productivos, fiscales, geopolíticos, también estéticos, ambientales, tecnológicos, educativos, incluso jurídicos, ajenos al resto del territorio de un país sometido sin término a un régimen de extracción coactiva —gobernado por los señores de la guerra (cualquiera que sea el uniforme que vistan). Cosas como Rancho Izaguirre, San Fernando, Tequila, Tlatlaya, serán parte de la rutina, para declaraciones rutinarias y de vez en cuando algunos arrestos. Habrá sin duda mucho dinero, dinero privado sobre todo, para cierta infraestructura, servicios urbanos, también para sistemas de protección en espacios cerrados que necesitarán nueva legislación —sin que haga falta nada tan dramático como una secesión, que no habrá. Por otra parte, bastantes regiones han visto reducirse su población desde hace décadas; en particular, municipios rurales de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, ahora otros en el norte y el noroeste empiezan también a perder masivamente a sus jóvenes. Se produce con eso en el interior otra clase de espacios, difíciles de descifrar para la imaginación moderna. La gente se va: de otra manera, en otro lugar, encontrará su tierra —la hará suya.
La ficción jurídica es útil, seguiremos llamando México a lo que será una extensa zona de tránsito, con parches de felicidad tecnológica, parte de una Norteamérica descoyuntada, con numerosas regiones vacías, de población envejecida, con una economía en simbiosis con eso que se llama “el crimen organizado”. Pero no parece probable que pueda crearse de nuevo una entidad coherente, con sentido de pertenencia lo bastante amplio, sólido, generoso, para ofrecer un futuro realmente común. La fantasía de la historia patria, la evocación mentirosa y folclórica de “nuestros remotos ancestros” dice a gritos lo que falta. Si se mira hacia adelante, lo único que se antoja concreto es la idea del crecimiento; pero, en serio: cuando se promete crecimiento, ¿qué se le promete a quién? El alza del salario mínimo no puede bastar como fundamento de casi nada, el reparto en efectivo parece casi una invitación al cinismo. Y bien, esa disolución es el futuro —si se mira con alguna distancia, con atención, a lo mejor puede verse más claramente: África es el futuro.
No hay recursos de imaginación política, geográfica, jurídica, para que esta imprecisa corporación administrativa de nivel intermedio pueda volver a ser lo que en el siglo XX llamábamos México.
Miraflores de la Sierra, febrero de 2026
Es sociólogo. Entre sus libros: Ciudadanos imaginarios, La mirada de Dios. Estudio sobre la cultura del sufrimiento, Historia mínima del neoliberalismo, El crimen como realidad y representación.