La captura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ha sido el golpe con mayor impacto mediático que el gobierno de Peña Nieto haya dado hasta ahora en contra del crimen organizado. Esta captura inevitablemente generará tensiones al interior del Cártel de Sinaloa (e incluso es posible que otras organizaciones busquen aprovechar la coyuntura para ganar mercados en disputa). Sin embargo, la captura de El Chapo ocurre en un contexto distinto al del sexenio pasado, y es poco probable que genere un escalamiento de violencia equiparable al que el arresto de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, propició en 2008. Por una parte, el Cártel de Sinaloa cuenta actualmente con otros liderazgos capaces de mantener la cohesión interna (como Ismael Zambada, “el Mayo”; y Juan José Esparragoza, “El Azul”). Por otra parte, el gobierno de Peña Nieto ha privilegiado la reducción de la violencia y la incidencia delictiva sobre la desarticulación a toda costa de las estructuras criminales. Por lo tanto, los principales líderes criminales del país tienen incentivos para evitar confrontaciones, mantener un bajo perfil y no convertirse en el próximo blanco.
La captura de El Chapo también tendrá un impacto sobre la relación bilateral con Estados Unidos. Esta operación fue resultado de la colaboración entre la DEA y la Secretaría de Marina, y probablemente servirá para reestablecer la confianza entre las agencias de seguridad de ambos países (después de que la estrecha colaboración que cultivó el gobierno de Calderón se redujera sustancialmente con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos). Sin embargo, las solicitudes de extradición que ya se ven venir plantearán un dilema para las autoridades mexicanas. El Chapo posee una gran cantidad de información útil y sensible, y conservará algún grado de influencia sobre la organización criminal más poderosa del país; entregarlo implicaría renunciar a un activo de enorme valor, mientras que negar su extradición podría generar un distanciamiento con nuestros vecinos. En cualquier caso, es central que el gobierno mexicano lo aproveche, tanto para fortalecer su posición en negociaciones con los norteamericanos, como para avanzar en la muy necesaria consolidación de un aparato de inteligencia propio que permita desarrollar estrategias más eficaces de combate al crimen organizado. Finalmente, cabe subrayar que las capturas de capos —a pesar del revuelo mediático que generan— no constituyen un fin en sí mismas, y que son sólo una de varias herramientas para avanzar en la lucha contra el crimen organizado.
De acuerdo. Aunque, creo que sí podría significar un aumento en la violencia. Si bien puede ser cierto que el actual gobierno pretenda reducir la violencia -más en términos mediáticos que efectivamente-, no se debe dejar de lado que de acuerdo con algunos informes de inteligencia de los Estados Unidos, señalaban que El Chapo, servía como una especie de "fiel de la balanza", de tal suerte que contenía a grupos mucho más violentos como Los Zetas de penetrar en "sus" territorios (dicha información fue publicada por el semanario Proceso en diciembre de 2012).
Para efectos prácticos, la captura del Chapo es únicamente una estrategia político mediática que pretende sobre todo dos cosas: dar la imagen de eficiencia, por contraste a los sexenios panistas que no pudieron capturarlo, y de paso, alimentar la sospecha -sin pruebas contundentes y con más ignorancia y mala fe que otra cosa- de que efectivamente, el líder del (mal) llamado cártel de Sinaloa fue el capo consentido del panismo.