México está viviendo un proceso de militarización de la seguridad y la vida pública que, si bien no es nuevo, en los últimos años se ha acelerado y ha logrado institucionalizarse incluso a costa del orden constitucional. El empoderamiento de los militares hoy no sólo es palpable en materia de seguridad, sino que se extiende a otros ámbitos del gobierno civil, como la salud, la distribución de bienes y servicios, la construcción de infraestructura y la fiscalización del comercio exterior. Pero, aunque el problema de la militarización tiene un impacto directo en la viabilidad democrática del país, éste no se expresa de la misma manera cuando ocurre en el ámbito de la seguridad que cuando no.
En materia de seguridad pública la militarización ha consistido en un aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas en funciones propias de la autoridad civil. Ésta incluye tanto el llamado a la participación e injerencia del Ejército en tareas policiales como la subordinación de las fuerzas policiales a la autoridad militar, el nombramiento de oficiales militares en puestos clave de la conducción de la seguridad pública y la incorporación de características militares a la estructura, organización y cultura de las agencias de seguridad pública.1 La consecuencia es la deformación de la propia función de seguridad pública, que se confunde con seguridad nacional y abandona los principios democráticos que deberían regirla aumentando la arbitrariedad, la opacidad, la victimización, la violación de derechos humanos y la impunidad.
Por su parte, la militarización de la vida pública consiste en el aumento del éxito con el que las Fuerzas Armadas logran hacerse de cada vez más funciones y competencias distintas a sus misiones constitucionales y con el que se adjudican presupuestos y autonomías en detrimento de la capacidad y la calidad del gobierno civil y el Estado de derecho.2 Este último punto cobra particular relevancia para la estabilidad democrática dado que dichos espacios de autonomía debilitan la esfera pública y el ordenamiento jurídico que rige al resto de los ciudadanos. Además, la participación militar en la gestión pública mina la necesaria transparencia y rendición de cuentas del gobierno y debilita la preeminencia de los cargos electos en los procesos de toma de decisiones, que son desplazados por la estructura vertical de mando propia de la organización castrense.
En términos generales, esta militarización es problemática y entraña riesgos para la estabilidad democrática por varias razones: primera, porque se logra violando la ley y debilitando la vigencia del orden constitucional; segunda, porque trastoca las relaciones cívicas-militares en detrimento de la autoridad civil; y, tercera, porque genera impactos negativos tanto para la seguridad de las personas como para la vigencia de sus derechos. Sirvan los siguientes ejemplos para ilustrar estas afirmaciones:
1. Al permitir, de jure o de facto, que los militares realicen labores ajenas a la disciplina militar —como participar de la seguridad pública al amparo de un artículo transitorio no reglamentado de una reforma constitucional o al hacerse del control operativo y presupuestal de una corporación “civil” como la Guardia Nacional— se violan otros artículos constitucionales como el 21 o el 129 y, con cada acto de autoridad, el Estado de derecho pierde vigencia.
2. Al permitir que las Fuerzas Armadas negocien acuerdos bilaterales con otras dependencias u órdenes de gobierno en las que las partes deben cooperar y los civiles ceder el mando y la conducción de acciones —incluso de su competencia—, se subvierte el principio de subordinación y se relega a un segundo plano la autoridad del gobierno legalmente constituido y democráticamente electo.
3. Al permitir que las Fuerzas Armadas evadan el marco jurídico aplicable al resto de la administración pública federal —pudiendo, por ejemplo, clasificar toda su información como confidencial por motivos de seguridad nacional—, se crean condiciones de excepción en favor de los militares donde éstos pueden gozar de impunidad, eludir controles e incumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, elaborado por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en los últimos diez años se han transferido 227 funciones civiles a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. Esto, tanto en materia de seguridad como de educación, salud, política social, obra pública y comunicaciones. Del total, 53 % se transfirieron durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.3
Como ya se mencionó, la militarización de funciones civiles supone importantes problemas en términos de Estado de derecho, subordinación a la autoridad civil y opacidad. Lo que no se ha dicho es que, además, entraña otro problema de particular relevancia: la transferencia de recursos económicos. En este sentido, la militarización no únicamente se traduce en mayor margen de actuación legal y político, sino que implica un mayor poder económico.
Por mencionar sólo algunos ejemplos: el Banco del Bienestar ha transferido al Ejército más de 3 700 millones de pesos ($3 759 437 587.71) por concepto de construcción de sucursales.4 Por otro lado, para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobierno federal le ha transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) más de 3 300 millones de pesos ($3 384 242 035) y, en lo que respecta al Tren Maya, la misma dependencia construirá alrededor del 40 % de la obra, que en total tendrá un costo de 125 800 millones de pesos.5
La construcción de estas obras, no obstante, no es lo único que se les está confiriendo a las Fuerzas Armadas. El incremento de su poder económico también es observable a partir de lo que sucede con la Guardia Nacional, una corporación “civil” que en los hechos se ha militarizado y que se pretende adscribir formalmente a la Sedena por la vía de una nueva reforma constitucional. De aprobarse, y tomando en cuenta el anuncio del presidente López Obrador sobre un aumento de 50 000 millones de pesos en el presupuesto de la Guardia Nacional a partir de 2023, la Sedena acumularía un presupuesto de 112 557 millones de pesos. El doble de su presupuesto actual y con el que pasaría a ser la segunda cartera con mayor presupuesto de todo el gobierno federal, sólo por debajo de la Secretaría de Educación Pública.6
En conclusión, resulta evidente que mientras más funciones civiles se asignan a las Fuerzas Armadas mayor es su poder para conducir asuntos ajenos a la disciplina militar, tanto en lo operativo como en lo estratégico y lo económico. Sabemos que las consecuencias de esta decisión política han demostrado ser sumamente negativas en el ámbito de la seguridad y que mantener el rumbo y doblar la apuesta entraña más riesgos que beneficios. Lamentablemente, anclada como está al cálculo político y a los incentivos perversos, la militarización en curso lejos de corregirse tenderá a agravarse. En este contexto, la estabilidad y la calidad de nuestra democracia dependerán del éxito que como país y como sociedad tengamos para revertir este proceso y profesionalizar el servicio público civil. Ahí es en donde hay que trabajar.
Lisa Sánchez
Maestra en Gestión Pública y Gobernanza. Es directora general de México Unido Contra la Delincuencia A. C.
1 Cano, I. “Militarización de la seguridad y el regreso de los militares a la política”, Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible: analizando los desafíos y pensando soluciones, Bogotá, Colombia, 2019.
2 Cf. Senghaas, D. Armamento y militarismo, Siglo XXI, Ciudad de México, 1974. Verdes-Montenegro, F. La remilitarización de la política latinoamericana, Fundación Carolina, 2019.
3 CIDE. Inventario Nacional de lo Militarizado, CIDE, Ciudad de México, 2021.
4 Ibid.
5 Fonatur. Estudio Costo-Beneficio del Proyecto denominado Tren Maya, Fonatur, 2020.
6 Núñez, L., y Castañeda, J. “Los militares y la Guardia Nacional: recursos en aumento, simulación, discrecionalidad y opacidad”, Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción, Ciudad de México, 2021.