La forma en que se construyó artificialmente una mayoría calificada de la coalición gobernante en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2024 fue no sólo un abuso, no sólo una negación de la letra y el espíritu de la Constitución, sino un vuelco histórico de enormes dimensiones que deformó hasta extremos casi inverosímiles la idea misma de representación, piedra angular de cualquier sistema democrático.
Si algo se venía abriendo paso entre nosotros en las últimas décadas era la idea de que la sociedad mexicana era plural y que en ella coexistían legítimamente diversas corrientes políticas e ideológicas y que era necesario reconocerlo, valorarlo y construir las normas y las instituciones para que la misma pudiera expresarse, recrearse, convivir y competir de manera institucional. Se trataba de la desembocadura de un largo y venturoso proceso que le permitió al país transitar de un régimen autoritario a otro de carácter democrático que podía y debía cobijar a esa diversidad.
Y a lo largo de ese tránsito, una pieza fundamental fueron las reglas que modulaban la presencia de la diversidad política en el Congreso. Por ello el debate de las normas que traducen votos en escaños siempre estuvo presente. Y, sin exagerar, puede afirmarse que de manera paulatina, con zigzags, pero de forma firme, se forjó un consenso alrededor de que el porcentaje de sufragios debía reflejar más o menos el porcentaje de votos. Algunas corrientes, de manera destacada la izquierda democrática (es imprescindible subrayar lo de democrática), plantearon de manera sistemática y reiterada la necesidad de que existiera una representación proporcional de los sufragios de manera estricta (20 % de votos, 20 % de escaños, y por ahí), pero incluso quienes plantearon reservas a esa idea estuvieron de acuerdo con que debían existir límites claros a la sobrerrepresentación de las fuerzas políticas.
Por ello, la reforma de 1996, pactada por todos, estableció con claridad que entre el porcentaje de votos y el de diputados no podía existir un margen mayor al 8 %. Y además se acordó que ningún partido o coalición tendrían más de trescientos diputados por ambos principios (60 % de la Cámara) con el explícito propósito de que cualquier intención de reforma constitucional abriera el paso al diálogo, la negociación y el acuerdo.
Pues bien, como se sabe, las autoridades electorales (INE y Tribunal) convirtieron a una coalición con el 54 % de los votos en un bloque parlamentario con el 74 % de los asientos. No sólo atentaron contra preceptos constitucionales, no sólo invocaron precedentes incompletos, sino que dieron reversa a un promisorio proceso a través del cual la sociedad mexicana se acostumbraba a la coexistencia equilibrada de su diversidad.
Si representar quiere decir que las diferentes fuerzas políticas deben tener una presencia en el Legislativo según el apoyo recibido en las urnas, las decisiones de las autoridades electorales deformaron la idea misma de representación, crearon una mayoría parlamentaria excedida sin suficiente apoyo ciudadano, jibarizaron a los partidos opositores y abrieron la puerta a lo que ya hemos observado: una mayoría calificada espuria que cree tener el derecho a desfigurar la Constitución en un sentido autoritario.
Bueno, todo lo anterior, que no es novedoso, es sólo la introducción para recomendar un más que relevante libro que explica y analiza cómo fue que el INE y el Tribunal fueron hipotecando su autonomía, cómo se pactaron en las últimas décadas las normas que modulan la representación y, sobre todo, cómo en el 2024, con una lectura letrista, miope e interesada, se edificó la monstruosa “representación” que hoy tenemos y las derivaciones perversas que acarrea. Me refiero al libro coordinado por María Marván, Jesús Orozco y Diego Valadés, La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No tiene desperdicio.
José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es Contra el autoritarismo.