Dentro de las poblaciones privadas de libertad, la de mujeres adolescentes es la menos atendida por el Estado, porque son un muy pequeño porcentaje respecto a las más de 250 000 personas que ahora están en prisión. Sin embargo, en todo este tiempo he aprendido a mirar a las mujeres adolescentes como sobrevivientes de una estructura social violenta marcada por clasismo, racismo, adultocentrismo, exclusión, discriminación y marginación por mandatos de género, abuso sexual, prostitución infantil, trata de mujeres y menores, violencia doméstica y familiar, violencia vicaria, drogadicción, embarazo adolescente, por mencionar sólo los factores más comunes.
A partir de mis investigaciones de los últimos años propongo un cambio de paradigma fundamental: en lugar de analizar la denominada “conducta delictiva” desde una perspectiva criminalizadora, propongo investigar su experiencia de vida enfatizando la forma en que la condición de infancia y adolescencia sitúa a las personas ante los problemas derivados de las distintas formas de desigualdad social. Mi propuesta se sustenta en dos premisas que se mantienen en tensión. Por un lado, reconozco a niñas, niños y adolescentes como sujetos con capacidad de agencia social, con voz y con la habilidad de significar su propia realidad; por otro lado, identifico su alto grado de vulnerabilidad frente a desigualdades socioestructurales profundas, agravadas por su condición de género, edad, clase social, origen étnico y entorno familiar. El objetivo no es eximir a quienes han cometido una conducta delictiva de responsabilidad, sino comprender de manera integral los contextos que configuran sus decisiones y abrir la puerta a respuestas más justas y restaurativas que trasciendan el mero castigo.
Pienso este problema a partir de lo que denomino el “ciclo de dolor”. Es una herramienta analítica que me permite comprender las experiencias vividas antes y durante el contacto con el sistema de justicia. Este ciclo está conformado por tres variables relacionadas de forma dinámica, a veces cíclica y otras veces bidireccional: el conflicto, la violencia y el daño. Esto es: un conflicto no atendido (como los que genera la precariedad, un abuso de cualquier tipo durante la infancia o la adolescencia, o bien la presión familiar) puede derivar en actos de violencia. La violencia siempre genera daño (afectivo, social, existencial). A su vez, el daño acumulado puede ser el origen de nuevos conflictos o de más violencia, perpetuando una espiral de la que es difícil escapar. Para niños, niñas y adolescentes transitar por este ciclo no es una elección abstracta, sino la textura misma de una realidad cotidiana que moldea sus recursos emocionales, sus opciones y condiciones materiales y su visión del mundo.
El conflicto, por su parte, revela una división marcada por género. Los registros obtenidos a lo largo de los años muestran que mientras los adolescentes reportan dilemas (conflictos intrapersonales) y disputas (conflictos interpersonales) vinculados con frecuencia a la proveeduría económica, la integración a grupos delictivos, la venganza por agravios familiares o el consumo de sustancias, las adolescentes enumeran una serie de conflictos íntimamente ligados al cuidado (su falta o la imposición para cuidar a otros miembros), la reproducción y los mandatos de género dentro de la familia que las somete a una experiencia en que la desigualdad social se vive de forma más agresiva.
Entre los dilemas más recurrentes están el tener que dejar de estudiar para cuidar a hermanos menores o a un padre o madre con enfermedad crónica o con algún tipo de adicción; el enfrentar una maternidad temprana o el dilema de una interrupción legal del embarazo, producto no siempre de una interacción consensuada; y el conflicto devastador que supone denunciar abusos sexuales por parte de familiares cercanos, un acto que a menudo las coloca en una disyuntiva entre su integridad y la preservación de su red de apoyo familiar. Incluso durante el internamiento y ante la perspectiva de su liberación, sus conflictos siguen teñidos por estos mandatos: la presión por hacerse cargo de sus hijos e hijas (cuando los hay), de retribuir a la familia lo invertido durante su proceso, la consideración de tener que trabajar sexualmente para obtener ingresos rápidos al salir o el miedo a regresar a su comunidad rural cargando con el estigma de haber estado privadas de libertad. Éstos no son meros “problemas personales”. Son, en esencia, conflictos estructurales que recaen de manera desproporcionada sobre sus hombros por el hecho de ser mujeres, jóvenes y, en la mayoría de los casos, en situación de pobreza.
Este ciclo de dolor se alimenta y se exacerba por medio de múltiples formas de violencia. Para tener una mayor comprensión de todas las formas en que las y los adolescentes se vinculan con el sistema de justicia penal, he caracterizado distintas formas de violencia que aquí comparto de manera muy resumida. Las jóvenes experimentan violencia en forma de abusos sexuales, explotación, expulsión del hogar, desaparición forzada de familiares o agresiones policiales. Al mismo tiempo, están sometidas a una violencia cultural cotidiana pero poderosa, materializada en estereotipos que las criminalizan por su apariencia física, origen territorial o su condición de pobreza; en el racismo y clasismo que limitan sus oportunidades; y en discursos sociales que las presentan como incapaces de decidir sobre su propio bienestar. Por encima de todo, soportan un orden social que les ofrece una educación pública de mala calidad y sin efecto en la movilidad social, segregación territorial en zonas sin acceso a servicios básicos y explotación laboral por su condición de menores de edad con necesidades sustantivas.
El resultado acumulado es el daño. Éste es multidimensional y va más allá de lo que una conducta pudo causar a otros (lo que castiga la justicia penal tradicional). Se trata del daño recibido y acumulado a lo largo de la vida: un daño afectivo que lacera la identidad, la autoestima y la salud mental; un daño social producto de la exclusión y la ruptura de vínculos familiares y comunitarios; y un daño cultural por la falta de reconocimiento de ciertos tipos de violencias que afectan de manera particular a niñas y mujeres adolescentes. El propio sistema de justicia, lejos de ser un mecanismo de reparación, a menudo se convierte en un agente que añade un daño institucional más: el daño del encierro, la estigmatización irreversible, la revictimización durante el proceso y, en el caso de las madres adolescentes, la amenaza constante de la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas, un daño que corta un vínculo humano esencial.
El cuidado frente al punitivismo
En este cruce de caminos —donde confluyen el ciclo de conflicto-violencia-daño y los mandatos de género— la categoría del “cuidado” se erige como un lente analítico fundamental. Recurro al concepto de “identidad social de cuidadora” desarrollado por Carol Thomas en la década de los noventa, la cual no es un rol accidental, sino una identidad que se construye socialmente a lo largo de la vida por medio de cuatro dimensiones interconectadas. La dimensión biográficaque se refiere a cómo la joven vive, siente y da significado subjetivo a esta carga, pudiendo generar desde un sentido de obligación hasta una profunda frustración. La dimensión relacional que define el vínculo específico con quien debe cuidar (padres, hermanos, abuelos, hijos), una relación que en un escenario ideal de derechos debería darse a la inversa, con adultos cuidando a niñas, niños y adolescentes, La dimensión normativa o ideológica es la que ejerce la presión más fuerte, pues contiene las expectativas sociales, familiares y culturales que dictan que “ella”, por ser mujer, “debe” asumir esa labor, con independencia de su edad o sus propios proyectos o derechos. Finalmente, la dimensión estructural o material condiciona materialmente esta identidad, pues la precariedad económica, la falta de servicios públicos de apoyo y la ausencia de redes sociales sólidas convierten el acto de cuidar en una tarea abrumadora que sumerge a la niña o la adolescente en un estado de precariedad existencial profundo.
En contextos de precariedad económica y violencia estructural, las niñas y adolescentes no “eligen” ni “desarrollan” libremente una identidad de cuidadoras. Esta identidad se les impone como un deber de género intrínseco y no negociable. Se les roba la posibilidad de una adolescencia exploratoria, de construir su identidad a través de la experiencia, el estudio, el aprendizaje y el juego, para cargarlas prematuramente con responsabilidades adultas que exceden sus capacidades y recursos. Esta dinámica se refuerza por el adultocentrismo, un sistema de poder que considera a niñas, niños y adolescentes como sujetos incompletos, en “proceso de formación”, y por tanto sometidos a la autoridad, los mandatos y a las necesidades y conflictos de los adultos.
Un hallazgo de mis investigaciones en estos años es que el sistema de justicia penal lejos de romper con este patrón, con frecuencia lo reproduce e intensifica en mujeres, sean adolescentes o adultas. Un sistema que busca “corregir” a las mujeres para que se conviertan en “buenas madres”, “cuidadoras responsables” o “mujeres obedientes”, sólo perpetúa así el mismo ciclo de expectativas que pudo contribuir a su ingreso al sistema. En el caso de las personas adolescentes, el Estado, en cierta forma, asume el papel de terminar el trabajo de crianza que considera que sus familias, especialmente sus madres, no supieron o no pudieron realizar, consolidando un continuo sexista que va del ámbito familiar al institucional.
Las cifras macro respaldan esta lectura micro. En México, 15.8 millones de niñas, niños y adolescentes entre 8 y 14 años son responsables de cuidar a alguien. De los 28.3 millones de personas que brindan cuidados en el país, el 3.7 % son niñas, frente a sólo un 1.3 % de niños. Esta desigualdad radical en la distribución social del cuidado no es un dato frío: es un motor central del ciclo de dolor para miles de adolescentes mujeres. Su experiencia de vida queda marcada por una paradoja devastadora: se les exige que sean sujetas que cuidan —hermanos, padres, parejas, hijos—, mientras se les niega sistemáticamente la condición de sujetas de cuidado, de seres humanos que merecen protección, apoyo, educación libre de violencia y la oportunidad de desarrollar su propio proyecto de vida.
Trascender al individuo, no la subjetividad
Reitero la urgencia de un cambio de rumbo en la forma de tratar la justicia, en especial con las mujeres adolescentes. Se requiere trascender de manera definitiva la perspectiva puramente penal y punitivo. La respuesta no puede limitarse al castigo individual. Hay que avanzar hacia modelos de justicia restaurativa y transformadora que tengan la valentía de tratar los conflictos de raíz, reparar los daños en todas sus direcciones (incluidos los daños estructurales y los sufridos por las personas adolescentes) y buscar reconceptualizar la justicia como un acto de corresponsabilidades entre las distintas instituciones sociales que acompañan a niñas, niños y adolescentes en su desarrollo.
Es fundamental reconocer de manera simultánea la agencia y la vulnerabilidad de las adolescentes. Si bien son personas con capacidad reflexiva y de decisión, también es cierto que están inmersas en una red de vulnerabilidades agravadas por el género, la edad y la clase. Las políticas públicas deben partir de este reconocimiento dual para no caer ni en el sociodeterminismo que las anula, ni en un liberalismo abstracto que ignora las condiciones materiales de su existencia. El Estado y la sociedad en su conjunto deben reconocer y hacerse cargo de su parte en la generación de las condiciones que alimentan estos ciclos de dolor. El reciente reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2025) es un faro fundamental que obliga a los Estados a crear sistemas nacionales de cuidado que liberen a las niñas y adolescentes de la carga desproporcionada del trabajo de cuidado no remunerado, garantizándoles a ellas mismas el derecho a ser cuidadas.
Hay que construir estrategias con las adolescentes, no para ellas, desde un pensamiento crítico que desafíe el adultocentrismo, el sexismo y la criminalización de la pobreza. Entender la experiencia de las adolescentes en contacto con la ley a través del prisma del cuidado robado y del ciclo de dolor es una herramienta para una justicia más humana y una invitación ética a interrogarnos como sociedad sobre qué tipo de contrato social permitimos, donde el acto de cuidar —fundamental para sostener la vida— se convierte, para tantas jóvenes en condiciones de precariedad, en el hilo conductor que las arrastra a través del conflicto, la violencia y el daño hasta terminar privadas de libertad.
La deuda no es sólo con las adolescentes, es con la posibilidad colectiva de construir un futuro donde la infancia y la adolescencia sean, en verdad, territorios de cuidado, protección y descubrimiento, y no de responsabilidades adultas prematuras y de un dolor que muy a menudo se vuelve cíclico.
Claudia Alarcón
Doctora en Ciencias Sociales. Es ensayista e investigadora.