En 2020 cerca de 17 000 embarcaciones de la Flota Fantasma China se adentraron en aguas lejanas. Alrededor de las Galápagos, uno de los últimos baluartes de biodiversidad en la tierra, sus aparejos para pesca de calamar circularon durante más de 70 000 horas y capturaron a toda criatura que cruzara incauta las fronteras marítimas de la isla.
En 2021 el incendio de un gigantesco buque contenedor con precursores químicos lo hizo naufragar en las costas de Sri Lanka. En el océano Índico se vertieron 25 toneladas de ácido nítrico, sosa cáustica, metanol y resinas epóxicas de gran toxicidad, y cerca de 1700 toneladas de partículas de plástico. Fue una contaminación instantánea de aguas pesqueras de las que obtienen ingresos y alimentos decenas de miles de habitantes pobres de Sri Lanka. Las micropartículas de plástico cubrieron los manglares, alcanzaron los corales, se atascaron en centenares de branquias y engrosaron la marea. Pronto cientos de tortugas y delfines envenenados encallaron en las playas de Sri Lanka.
En 2022 la deforestación en el Amazonas brasileño llegó a niveles récord. En julio unos 2500 km2 de selva fueron arrasados por tala, cambios de uso de suelo e incendios. El expresidente Jair Bolsonaro no promulgó ninguna protección adicional. De hecho su cuatrienio les hizo grandes favores a las redes criminales de la Amazonia, que ya gozaban de gran impunidad. Bolsonaro se burló: los indígenas de la selva —a menudo sus más eficaces protectores— no eran plenamente humanos. Despidió a la mayoría de los directores regionales de la agencia de protección medioambiental y bajó el costo, la cantidad y la ejecución de las multas de la agencia. Acusó a las ONG en la Amazonia de ser un “cáncer” que no lograba aniquilar. Durante su mandato los grupos criminales dedicados a la tala y a los agronegocios multiplicaron sus ataques contra los grupos que él había vilipendiado y prendieron fuego a tierras deforestadas lindantes con la selva. Los incendios destruyeron las antiguas tierras forestales y contaminaron el aire de 4.5 millones de personas. En 2021 los incendios se propagaron por el bosque aún intacto y abrieron el techo vegetal a la luz directa, lo cual secó el manto de vegetación y lo convirtió en el pasto más combustible para la siguiente temporada de incendios. En 2022 la cantidad de incendios forestales alcanzó su pico más alto en quince años, meses antes del pico habitual en la temporada de incendios. La degradación del bosque y la violencia autorizada son parte del legado desalentador que recibió Lula.
Desde hace tiempo resulta popular —incluso satisfactorio— llamarles a estos actos “crímenes contra la naturaleza”. Pero en los hechos ninguno de ellos es por completo ilegal y, cierto, no de un modo que pueda extenderse más allá de las propias fronteras.
Aun así ya es un tema sensible para quienes prestan atención, sea un hijo de vecino o algún pensador influyente, y van rumbo a que nuestros líderes empiecen a condenar estos asuntos —en lugar de ignorarlos, condonarlos o, peor aún, subsidiarlos. Para estos asuntos podrían abrirse casos, carpetas de investigación y llamar a cuentas a los sospechosos: serían las primeras audiencias en su tipo, en tribunales de gran carga simbólica y mayor peso internacional.
Se dice que no hay un “nuevo crimen” sino nada más nuevas leyes. Por eso los activistas y abogados militan para que los crímenes contra la naturaleza se vuelvan una realidad. Quieren que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya agregue el crimen de “ecocidio” a sus estatutos y que se coloque el daño medioambiental masivo junto a los otros cuatro crímenes atroces: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen por iniciar una guerra agresiva. Si lo logran habrán ganado una batalla librada por más de setenta años; de paso crearán una nueva herramienta para quienes luchan del lado del mundo natural.
El nacimiento del ecocidio
Agosto de 1970. Tres estadunidenses manejan hacia la provincia de Beu Cat en el sur de Vietnam. Llegan a casa de una anciana.
Cinco semanas atrás la mujer había perdido ochenta gallinas. Les mostró a los visitantes las gallinas aún vivas, muchas apenas podían mantenerse en pie. En una franja de selva de 500 metros de ancho —que cubría su aldea—, los árboles estaban enfermos en una quinta parte. Hojas secas colgaban de las ramas: las de plátano, muertas; las de mango, marchitas. En el pueblo un jefe administrativo adjunto les contó que la mitad de los doscientos cerdos y de los diez mil pollos se habían enfermado. Uno de los visitantes apuntó en su diario: los pollos no comían “y ante la muerte corrían en círculos”.
Los estadunidenses eran miembros de la Comisión Americana de Evaluación de Herbicidas, integrada por biólogos voluntarios volcados a investigar al Pentágono, que defendía el uso generalizado de un componente químico —un herbicida: el Agente Naranja— y sus efectos no dañinos para humanos y animales. El gobierno de Estados Unidos alegaba que la defoliación del campo vietnamita, en un intento por privar a las guerrillas sureñas de cultivos y escondites, había sido nada más una ingeniosa táctica militar. Tal y como lo expresó un científico militar estadunidense: “Nadie aprecia más la comida o la [in]visibilidad que quienes carecen de ellas”.
Pero tras las pesquisas de la comisión un grupo de científicos activistas dejó de referirse a esto como una “táctica” y empezó a llamarle “ecocidio”.
La Comisión de Evaluación de Herbicidas —fruto de años de campañas de científicos involucrados— confirmó los daños ecológicos masivos por el proyecto de defoliación. Los científicos usaron luego estas pruebas como presión a los senadores en las audiencias para determinar si Estados Unidos debía adherirse a los Protocolos de Ginebra —el núcleo del derecho humanitario para limitar la barbarie de la guerra— bajo un argumento: la prohibición de armas químicas y biológicas del protocolo debía aplicarse también al uso de armas herbicidas. El uso pernicioso de armas contra las plantas, argumentaban, era inextricable del daño a los civiles que dependían de ellas.
Una figura clave en estas audiencias fue un hombre de Brooklyn llamado Arthur Galston, en aquel entonces director del Departamento de Botánica de la Universidad de Yale, uno de los primeros científicos en señalar los riesgos del uso del herbicida en bosques poblados. Pero el involucramiento de Galston en todo esto es anterior. Como estudiante de posgrado inventó defoliantes químicos que luego se usaron para crear el Agente Naranja. En sus apariciones públicas reiteraba la imagen de sobriedad científica pero sus intervenciones eran apasionadas:
En nuestra época es conveniente que el hombre se considere a sí mismo dueño y señor de todo lo que estudia. Su capacidad para llegar al fondo del mar o a la superficie de la Luna, para volar a velocidades supersónicas, para partir el átomo y para construir sofisticadas computadoras le hacen sentir que no hay problema alguno (…) que no pueda superar (…) [Pero] el hombre vive en este mundo sólo por la gracia de la vegetación. Depende por completo de ella y no puede reemplazar con nada ese fino manto de materia verde que vive, precario, sobre las rocas parcialmente descompuestas que llamamos suelo.
Según David Zierler, historiador pionero de este periodo —The Invention of Ecocide—, durante las audiencias Galston y otros científicos buscaron vincular de manera deliberada la devastación evidente en escenas como las de Beu Cat con los debates postrimeros de la Segunda Guerra Mundial respecto al trato a la población civil. Fue Galston quien acuñó el término “ecocidio” en referencia. Lo hizo con toda la intención, aprovechando la carga moral del término “genocidio” luego de los juicios de Núremberg, con la esperanza de extender esa gravitas a las víctimas no humanas de la guerra. Sin duda era un término con un appeal político más amplio que el de “guerra imperialista envenenada”, como preferían llamarla desde Hanói, Moscú o Beijing.
El activismo de Galston dio resultados. En 1971, luego de que en Estados Unidos avanzaron los estudios y se demostró que exponerse al Agente Naranja causaba defectos de nacimiento en ratas, se interrumpieron las misiones de fumigación, aunque no por completo. El primer punto álgido del concepto de “ecocidio” llegó posiblemente en Suecia durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente, celebrada en Estocolmo en 1972. Aquella cumbre sembró la idea de que los problemas medioambientales debían tratarse como asuntos de paz y desarrollo a nivel internacional. El término surgió en boca del primer ministro sueco, el socialista y progresista Olof Palme. En su discurso para la sesión plenaria Palme arremetió contra el “ultraje” que, en tiempos de guerra, implicó el “uso a gran escala de excavadoras y herbicidas… descrito a veces como ecocidio”. Este acto de confrontación molestó a Estados Unidos. Al mismo tiempo abrió una brecha no partidista para la crítica de la destrucción ecológica en tiempos de guerra.
En los años siguientes la indignación ante la “guerra envenenada” de América se diluyó al bajar las hostilidades en Vietnam. Aun así, en 1973 un abogado llamado Richard Falk acuñó una definición del ecocidio. Hizo campaña para que el término adquiriera respetabilidad ante el derecho internacional —un acuerdo entre Estados— bajo la forma de Convención Internacional sobre el Ecocidio, lo cual habría podido elevarlo a norma mundial. Pero las presiones de Falk no tuvieron éxito. La Conferencia de Estocolmo dio lugar a que las agencias encargadas de asuntos medioambientales de la ONU alimentaran aparatos burocráticos y en cambio fallaran para prevenir en las siguientes décadas el daño ecológico masivo de la actividad humana.
El término ecocidio cayó en el olvido: un plan más para contener, desde el multilateralismo, los poderes destructivos de la innovación tecnológica y el crecimiento económico. El término se hundió en el fango intelectual donde las ideas sobre política internacional se descomponen o fertilizan, según el estado de ánimo.
Todo esto no es inusual. Nada no visto. Es muy difícil que una idea se convierta en un concepto legal y que, a su vez, un concepto legal se convierta en ley. Las leyes internacionales no se gestan en criaderos judiciales. No se abren camino a zarpazos; no se incorporan y se echan a correr y buscan la vida por sí mismas. Dicho esto, ¿cómo se forja esa abstracción por excelencia: una norma? ¿Cómo encarna y se anima, sale a las calles y empieza a gritarle a la gente para que comparezca en algún tribunal?
La epifanía de Higgins
En 2009 a Polly Higgins, abogada especialista en derecho laboral de toda la vida con un “profundo amor por la Tierra”, se le prendió “el foco”: vislumbró cómo, en tanto jurista, podía salvar ecosistemas. Así lo contó más tarde en High Profiles:
Empecé a darme cuenta de que los derechos por sí solos no bastaban. Si tienes derechos, hay deberes y obligaciones correspondientes: son como las dos caras de la misma moneda. Y lo que da vigencia a tus derechos son las responsabilidades que establece el derecho penal. Así, el derecho a la vida está regulado y protegido por la ley contra el asesinato, el homicidio o, a nivel colectivo, el genocidio… Soy abogada en ejercicio, abogada en tribunales, así que mi predisposición natural es encontrar la ley que se necesite; y cuando no pude encontrarla, me di cuenta de que había que crearla.
En 2010 la epifanía de Higgins la llevó a indagar: ¿en qué habían fallado los intentos por criminalizar actos de destrucción de la naturaleza? Junto a dos académicos juristas británicos desempolvó los archivos de la ONU que originaron los borradores de los Estatutos de Roma, tratado por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998. Los tres juristas hallaron que durante esas negociaciones se había pensado seriamente integrar el “ecocidio” como crimen a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Estados poderosos como Gran Bretaña o Estados Unidos se opusieron por ser algo “demasiado novato” e “impreciso”. El consejo desechó al fin la idea en una reunión del Comité de Redacción Jurídica.
Nada de esto despertó algún tipo de crítica pública en su momento. De hecho, la creación de la Corte Penal Internacional se proclamó como un triunfo del movimiento internacional de derechos humanos. En el último medio siglo, los tribunales posconflicto específicos —como Núremberg— establecieron cómo idealmente la justicia y el reino de la ley podían suplir la tendencia humana a prolongar los conflictos con represión, ejecuciones sumarias y juicios espectaculares. Trajeron esperanza a víctimas de atrocidades masivas y obligaron a rendir cuentas ante jueces civiles a quienes en el teatro de la guerra parecían poderosos hasta lo inhumano. La CPI buscaba sustituir los engorrosos tribunales temporales por una corte ágil y permanente. Podía perseguir individuos —incluso jefes de Estado— por su responsabilidad en genocidios o crímenes contra la humanidad. Y tan sólo por sentar en el banquillo a los más prominentes responsables se esperaba que la corte tuviera un impacto preventivo en la comisión de estos crímenes.
Aunque el Tratado de Roma se ratificó en 2002, las potencias del mundo en aquel momento —Estados Unidos, Rusia y China— rechazaron tan inusitados poderes para una institución multilateral. Muchos otros países, a menudo los más implicados en violaciones a derechos humanos, se opusieron a ratificar el tratado, o no pudieron. La Corte tiene hoy 123 Estados miembro contra los 193 que tiene la ONU. Con una que otra excepción y algunas discutibles soluciones alternativas, la jurisdicción de la Corte se limita a los territorios de sus Estados miembro. Estos últimos votan la adopción de nuevos crímenes según los estatus e, idealmente, redactan una legislación nacional para garantizar el cumplimiento de las leyes fundamentales de la Corte. La CPI pretende ser un tribunal de “último recurso”que actúa sólo si los Estados no tienen las capacidades o la voluntad de enjuiciar por sí mismos a los individuos.
Pella Thiel da la nueva
En 2011 en Estocolmo, casi cuarenta años después del discurso de Palme, Pella Thiel asistía a una plática en una de las precarias salas de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, donde trabajaba en ese entonces. No conocía a la ponente, una abogada escocesa llamada Polly Higgins, y acudió por hacerle un favor a una amiga.
Polly Higgins se había convertido en una importante provocadora. Con sus investigaciones señaló que la responsabilidad ante los daños medioambientales masivos era un cimiento faltante en la legitimidad de la CPI. Defendió que el “ecocidio” era el “crimen contra la paz que faltaba”, excluido en el Tratado de Roma por estrecho margen y de forma estúpida.
Higgins empezó a construir una campaña. En 2010 presentó su propia definición del ecocidio ante la Comisión Legislativa de la ONU, un cuerpo de expertos que impulsa estudios y codifica leyes internacionales que respalden sus estatutos. La definición de Higgins se refería a las “amplias pérdidas, el daño extendido y la destrucción de los ecosistemas” y sus efectos en “el goce pacífico de los habitantes”.
Mientras Higgins explicaba sus ideas en aquel cuarto diminuto de Estocolmo, Thiel —quien acabaría convirtiéndose en una de las ambientalistas más reconocidas de Suecia— escuchaba con atención. Morena, de rostro redondo y contagiosa carcajada, se puso muy seria al recordar lo que había sentido en 2011: “Pensé ‘este cuarto es muy chico para una idea tan grande’”.
Poco después Thiel sintió un deseo incontenible de involucrarse en algo que suscitara no sólo una reacción contra el daño medioambiental, sino un cambio y de raíz. Aunque no había buscado la idea específica que contuviera todo esto, Higgins le presentaba una. “Y para mí —me dice Thiel— la idea era muy sencilla: Que se vuelva ilegal destruir ecosistemas a gran escala. Y eso puede aplicarse a un marco jurídico que ya existe y a instituciones que ya están ahí”.
Aunque Higgins era buena vendiendo su idea, necesitaba señales de apoyo público que la volvieran más viable a ojos de los políticos. Lo que quería —como le dijo a Thiel por escrito después del evento— era que alguien organizara una marcha… ¿Podría hacerlo Pella? Thiel se negó. Sin embargo, volvieron a encontrarse en Estocolmo en 2013 y en 2014 organizaron la conferencia de los Derechos de la Naturaleza en la capital sueca. (Thiel y Higgins como tantos otros activistas medioambientales del movimiento contra el ecocidio impulsaban también el ecocéntrico concepto de Derechos de la Naturaleza: que la naturaleza tenga existencia jurídica por sí misma). Pronto Thiel invitó ponentes, organizó debates, publicó artículos y defendió la idea de criminalizar el ecocidio, que empezó a propagarse entre los ecologistas de Europa occidental.
La historia de Pablo Fajardo
En 2019 Pella Thiel organizó una reunión en Estocolmo, enfocada en la mayor demanda medioambiental del mundo: la demanda colectiva de los habitantes ecuatorianos del Lago Agrio en la Amazonia contra Chevron, por haber contaminado la tierra, el aire y las aguas de la selva. Pela invitó de ponente al abogado ecuatoriano que llevaba el caso, Pablo Fajardo, y de oyente al embajador boliviano en Suecia, Milton Soto.
Fajardo debió contar bien la historia: no sólo conocía el caso sino que, como explicaba, él había padecido el crimen.
Nacido en una familia pobre de doce hermanos, Fajardo creció entre los desechos industriales de la planta petrolera. Durante sus operaciones en Lago Agrio, Texaco almacenó químicos en fosas abiertas sin impermeabilizar, que acabaron filtrándose al sistema lacustre. La compañía limpiaba carreteras con petróleo sin refinar y, por medidas inadecuadas de seguridad, se vertieron millones de litros de crudo en la selva. En un perfil de Vanity Fair de 2005, Fajardo describe cómo su familia se mudó al poblado de Shushufindi, un caserío a las afueras de la planta de Texaco. Su casa estaba entre dos arroyos: uno tan contaminado que se habían muerto todos los peces; el otro, en el que creyeron que podrían bañarse, tenía una densa capa de petróleo. Se mudaron a otro barrio sin que mejoraran las cosas:
Teníamos un pozo pero el agua sabía ácida. Teníamos que esperar al agua de lluvia. Pero la lluvia al caer traía partículas negras. Mi casa estaba como a 500 metros de la estación central de separación. Había algunas chimeneas que ardían de manera permanente y sacaban un humo muy oscuro, y cuando llovía caía petróleo con el agua. Pensé que todo esto era muy injusto, pero en ese entonces no sabía que aquello nos podía envenenar.
Desde los catorce años y en una secundaria nocturna, Fajardo trabajó en los campos de aceite de palma, y luego en la planta petrolera. Mientras hizo muchas labores que mejoraban el mundo sin apenas redituarle: sindicalista, defensor de derechos humanos, prefecto de escuela nocturna. Unos curas católicos que habían observado sus buenas obras le pagaron la matrícula en la facultad de Derecho. Además, ocho amigos con carencias económicas similares le hicieron un fondo común de recaudación. Llevaba un año ejerciendo de abogado cuando se enfrentó a una de las compañías más ricas del mundo.
Un primer caso se instruyó en 1993, pero durante las dos décadas siguientes hubo firmes y potentes trabas que impideron su avance; primero las puso Texaco, luego Chevron. En 2011 la corte ecuatoriana que llevaba el caso al fin le puso una multa de 18 000 millones de dólares a Chevron para subsanar la extensa expoliación de la selva alrededor de Lago Agrio, un cataclismo que muchos han llamado “el Chernóbil amazónico”. La Suprema Corte Ecuatoriana redujo la multa a 9.5 mil millones y aun así era la mayor sanción corporativa de su época. Aunque Chevron había insistido en que el juicio fuera en Ecuador, rechazó el veredicto por “ilegítimo” y alegó que la corrupción había manchado el proceso. Lo que ocurrió luego podría leerse de dos formas: o reivindica a la empresa o se trata de una acusación absoluta contra la capacidad del sistema jurídico internacional para exigir responsabilidades a las empresas.
Según el equipo de Farjardo, Chevron “compró foros” —un lujo de multinacional con grandes bolsillos y bases en varias jurisdicciones— en busca de tribunales amigos. Según Chevron, tribunales legítimos del mundo entero han resuelto el caso con fallos a su favor. Pero el objeto de estos últimos casos, como ocurrió en Argentina y en La Haya en 2020, fue sobre la integridad del proceso que condujo a dictar sentencia, nunca sobre si Chevron causó o no una contaminación catastrófica y debía responder por eso.
En aquella presentación de 2019, Soto —el embajador boliviano en Suecia— quedó conmovido por el rosario de injusticias que esbozó Fajardo. Le recordó a otros casos de cuando joven, como defensor de los pueblos indígenas. Hasta hoy, como muchos activistas medioambientales sudamericanos, usa el término indígena génerico para el mundo natural: “Pachamama”.
Después de escuchar a Fajardo, Soto entró a YouTube y vio una plática TEDTalk de Polly Higgins. Recuerda que lo dejaron atónito las palabras de Higgins al referirse a las costosas barras de abogados que contratan las corporaciones contaminantes. “¿Pero quién es el abogado de la Madre Tierra?”, preguntaba Polly. Soto empezó a promover el concepto en Suecia y en Bolivia.
Mientras tanto End Ecocide de Thiel organizaba eventos y tenía a Suecia en la mira como vehículo de un lobby diplomático en caso de someter el ecocidio a votación en la CPI. Su gente convenció al embajador del Vaticano, esperando la aprobación del papa, para construir un consenso más amplio. Thiel participó en debates en vivo con líderes sindicales y uno de los mayores sindicatos suecos se volvió partidario oficial de tipificar el ecocidio como crimen internacional.
Pero el movimiento al parecer topó con pared. Thiel dice que “tocaron cientos de puertas”. A veces los gobiernos los recibían “pero la respuesta siempre era: ‘Bueno, es una idea interesante, pero tristemente imposible’. Año tras año, eso era lo que pasaba”. En 2021, sin embargo, todo cambiaría.
La oportuna petición de Suecia
En 2019 a Polly Higgins le diagnosticaron un cáncer de pulmón en estado crítico. Tenía cincuenta años. Le dieron seis semanas de vida. Murió en abril de ese año. Uno de los cofundadores de su organización, Jojo Mehta, asumió el cargo de director de la sección internacional del movimiento Stop Ecocide. Para Mehta, la sorpresiva muerte de Higgins dejó atónitos a todos en la pequeña organización, “conformada, en aquel entonces, por algunos voluntarios y una pareja de abogados, ya sabes, de esos muy bien colocados a nivel internacional”.
Su muerte fue, en cierto sentido, un impulso.
Higgins había revivido el concepto y era la cabeza visible del movimiento pero, como afirma su socio Jojo Mehta, “a veces en tal situación los demás tienden a sentarse en segunda fila o bien a sentarse para luego irse pensando ‘bueno, ella ya lo está haciendo así que yo no puedo o tengo que hacerlo’”. En ausencia de Higgins, el liderazgo empezó a surgir en cualquier parte. Empezaron a llegar correos electrónicos y el pequeño grupo entendió que sus simpatizantes estaban mucho más comprometidos de lo que creían. “Aparecieron activistas, abogados y políticos de todas partes del mundo, que ya estaban trabajando en esto, o bien querían ser parte”, afirma Mehta.
En aquel año, la diminuta isla de Vanuatu, donde aumenta el nivel del mar por el cambio climático, le hizo una seria petición a la CPI de La Haya: añadir el crimen de ecocidio a su jurisdicción. Casi a la par, un grupo de parlamentarios suecos se acercó a Thiel para presentar una definición de ecocidio ante la CPI.
Se abría una ventana política y la Stop Ecocide Foundation reunió a un grupo plural de doce expertos para formar el “Pánel Independiente Internacional” con una nueva definición, que tendría que ganarse la legimidad global desde sus autores. Serían autores del norte y el sur global, con trayectorias impresionantes. No iban a estar de acuerdo en todo pero juntos tendrían experiencia de primera mano de la Corte, o bien del delito.
El sentido de la justicia de Rizwana Hassan
Rizwana Hassan encajaba en el perfil. Al graduarse de abogada en Bangladesh en 1993 no ambicionaba ser una jurista medioambiental. Pero encontró trabajo en la recién creada Bangladeshi Environmental Law Association, llamada a veces BELA. Al tomar el puesto pensó que después haría un doctorado y que el derecho medioambiental le podía arrojar algún tema novedoso para su tesis.
Los 1990 fueron una época de auge en este sector. La legislación medioambiental había proliferado desde los 1970 y también la necesidad de abogados que la aplicaran. Pero al graduarse la mayoría trabajaba en el cumplimiento de la normativa, a menudo para que las empresas eludieran las no muy imponentes normas civiles, surgidas por las quejas generalizadas ante los daños medioambientales. Como las evaluaciones de impacto, por ejemplo. O la imposición de multas y la concesión o bloqueo de licencias a desarrolladores para reconvertir terrenos. Pero el trabajo de BELA se acercaba mucho más a la degradación del medioambiente y sus consecuencias, y Hassan acabaría involucrada de por vida.
En sus primeras misiones visitó agricultores que perdían la superficie cultivable —y, por tanto, su medio de vida— por la industria del “ladrillo quemado”. Visitaba también a pobladores con enfermedades de la piel por las curtidoras que contaminan los ríos. Algo la despertó. Se dio cuenta de que en BELA sus ganas “de ejercer la abogacía pero sin pedir dinero a la gente; de ser académica, de trabajar de cerca con la gente común… en realidad podían realizarse todas desde esta organización”.
Fue una unión fructífera. Desde que Hassan está ahí, BELA se ha encargado de todas las grandes batallas medioambientales de un Bangladesh en rápido desarrollo, las cuales eran también luchas obreras y campesinas, desde las curtidoras hasta la contaminación atmosférica, pasando por las industrias de desguace naval en Chittagong.
En 2020 Hassan, ya convertida en directora ejecutiva de BELA, recibió una invitación del Pánel de Expertos que trabajaba en la definición de ecocidio. Los copresidentes eran el británico Philippe Sands, catedrático de Derecho, abogado en ejercicio y escritor; y el senegalés Dior Fall Sow, jurista y jurisconsulto. Invitaron a una plana variopinta de participantes; entre ellos abogados metidos hasta las rodillas en litigios contra empresas y gobiernos, y otros litigantes ante tribunales de todo el mundo que sabían con qué poner a trabajar a los jueces.
No era la primera vez que Hassan escuchaba el término “ecocidio”. Lo sabía por colegas y revistas europeas. No le interesó mucho en aquel momento pero fue distinto en 2018. Durante un viaje a Vietnam (para conocer sus avances en métodos menos contaminantes para fabricar ladrillos), descubrió que el ecocidio era delito en su código penal. Por algo imprecisable al saber que Asia había adoptado el término, aceptó la invitación al pánel.
Al hablar de darle forma a una definición creíble de ecocidio, Hassan menciona industrias ricas y negadas a asumir los costos para proteger a los trabajadores y las aguas costeras, los medios de subsistencia locales o los manglares. Industrias protegidas por falta de leyes contra sus transgresiones o porque donaban a partidos políticos, o por contribuir directamente a la economía nacional.
Sobre todo se refirió a lo que significa el cambio climático para su país: “Mis nietos aprenderán a dibujar un mapa de Bangladesh muy distinto del que yo dibujaba de niña”, dijo, refiriéndose a la gran extensión terrestre del país que se perderá por la subida del nivel del mar. “Este año llegó a Bangladesh el dengue, nunca lo habíamos tenido y nos dicen se debe al aumento de las temperaturas”. De existir antes, el ecocidio habría sido una herramienta de lucha contra personas y empresas que en toda su carrera le parecieron intocables. La invitaron y aceptó con “un profundo sentido de la justicia”. ¿Qué había sentido? Me dijo: “Rabia, frustración… y esperanza”.
La conexión Núremberg
Phillippe Sands copreside el Pánel de Expertos Independientes pero es quizás más famoso por su libro sobre Núremberg, que por cierto arroja una curiosa luz sobre el concepto “ecocidio”.
En su relato Calle Este Oeste (2016), Sands cuenta la historia de cómo dos abogados judíos de la actual ciudad ucraniana de Lviv tuvieron papeles determinantes en el derecho internacional moderno. Cada uno había articulado ideas antagónicas sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno había favorecido conceptos jurídicos distintos para usarlos en los juicios de Núremberg. Hersch Lauterpacht trabajó en la fiscalía británica y defendió la idea de “crímenes contra la humanidad”, es decir, el asesinato de una gran cantidad de personas. Raphael Lemkin, por su parte, trabajó para los estadunidenses y promovió la idea de “genocidio”: el intento deliberado de destruir a un grupo concreto.
Casualmente, los antepasados maternos de Sands, incluida su madre —que vivió el exilio siendo una bebé—, también eran de Lviv. Tras la invasión alemana de 1941, los nazis asesinaron a los que no lograron escapar. En Núremberg, Lauterpacht y Lemkin intervinieron en el juicio de Hans Frank —abogado de Hitler, ministro de Justicia de Baviera y luego gobernador general de la Polonia ocupada—, quien, sin que los abogados lo supieran, fue responsable de la muerte de sus familias en Lviv.
Se podría leer el relato de Sands como una fatalidad: las leyes internacionales surgen de acontecimientos terribles y las impulsan activistas apasionados. Pero el libro también puede leerse como un relato del desarrollo impredecible de todo nuestro aparato de derecho internacional. En vida, Lemkin fue una figura al margen si se compara con Lauterpacht, de gran prestigio antes de Núremberg; se subestimaba el concepto de “genocidio” de Lemkin, cuya inclusión en los procedimientos de Núremberg era menos probable que los “crímenes contra la humanidad” de Lauterpacht para los asesinatos en masa. Pero desde entonces el genocidio es el crimen preeminente en la conciencia global, el “crimen de crímenes”. Los crímenes contra la humanidad —aunque aplicables a un abanico más amplio de casos y más fáciles de perseguir (y, por tanto, más prácticos para abordar la atrocidad)— han perdido importancia.
La historia de Núremberg, de hecho, está llena de imprevistos, decisiones producto de accidentes u omisiones, y escenas que pudieron ocurrir de otra manera. Tomemos, por ejemplo, el hecho de que nadie importante en la industria alemana fue procesado en el juicio principal, aunque soviéticos y estadunidenses sostenían que el apoyo de ese sector alemán tanto al nazismo, anterior a 1939, como al desarrollo de la guerra fueron cruciales para las atrocidades cometidas, una fuerza monstruosa junto a la ideológica. Los equipos de la parte acusatoria escogieron a miembros de la familia Krupp como culpables y representantes simbólicos de la clase industrial, pero perdieron tiempo confundiendo a Gustav el padre con Alfried el hijo, para centrarse de nuevo en el mayor de los Krupp, ya demasiado senil para testificar, y así abandonaron la idea.
Cincuenta años después de Núremberg, cuando Pablo Fajardo perseguía a Chevron por el expolio de la Amazonia y el envenenamiento de las tierras indígenas, no habría parecido tan extraña la idea de empresas culpables de atrocidades y representantes llamados a cuentas.
‘Costureras a las prisas’, trabajar con las palabras
Por la pandemia de covid, desde finales del 2020 el Pánel de Expertos Independientes se reunió una vez al mes en Zoom para una tarde de deliberaciones, mientras recibían correos electrónicos en los recesos. Eran doce, entre ellos Sands, Fall Sow, Hassan y Fajardo, más antiguos jueces y fiscales del Reino Unido, Samoa, Sierra Leona, Noruega, Chile y Estados Unidos. El acuerdo, al principio, era debatir la definición de “ecocidio” hasta llegar a un consenso. Petición valiente de un equipo diverso.
Uno de los miembros era Christina Voight, catedrática de Derecho de la Universidad de Oslo y reconocida experta en derecho medioambiental. Uno de los principales retos a decir de ella: aunque se trataba de crear algo nuevo, quienes trabajaron en convenciones anteriores sabían que a los abogados internacionales (de por sí conservadores) y representantes de los países miembro de la CCI tenía que parecerles conocido. Lo ideal era tomar en préstamo todo el lenguaje posible, proveniente de leyes internacionales ya aprobadas. “Pero muy pocos daños al medioambiente eran de veras ilegales a nivel internacional”, afirma Voight. Ni siquiera la palabra “medioambiente” tenía una definición jurídica aceptada.
Trabajaron, según Sands, como “costureras a las prisas”: reuniendo retazos de jurisprudencia internacional y rescatando lo más de las definiciones existentes. “Íbamos cosiendo los retales anteriores de modo que, para cada parte de nuestra definición, pudiéramos remitirlos a algún convenio internacional ya en vigor”. La excepción, de nuevo, fue “medioambiente”, porque no existe hoy en el derecho internacional. En su lugar, el grupo tomó prestada una definición de las Ciencias de la Tierra que divide el medioambiente en cinco esferas y la adaptó a un contexto jurídico.
Luego estaba el asunto de qué debía penalizar la ley exactamente. Algunos miembros del pánel querían las prohibiciones más férreas contra la destrucción de ecosistemas. Otros argumentaban que la ley debía hacer concesiones ante las realidades del desarrollo económico para que pudiera aceptarse en primer lugar. Esto podría ser necesario, argumentaron, para ganarse a los países en vías de desarrollo cuyas alternativas para aumentar ingresos y proporcionar servicios, como la electricidad, no pueden desvincularse aún de los perjuicios medioambientales. Este último argumento convenció y el grupo introdujo una cláusula de proporcionalidad para que los daños por actos legales pero imprudentes sólo calificaran como “ecocidio” si se consideraban “excesivos en relación con los beneficios sociales y económicos previstos”. Otro compromiso, relacionado, abordaba un hecho: la mayoría de los daños al medioambiente son legales hoy y aún así para la ley de ecocidio los daños que superaran cierto nivel constituirían una atrocidad internacional. Por tanto, la definición tipifica como delito los actos “lícitos” cometidos “deliberadamente”, es decir, sin tener en cuenta las consecuencias previsibles.
Acto gratuito o imprudente sería, por ejemplo, aquel donde un ejecutivo naviero ignora o no toma en cuenta datos ampliamente disponibles sobre el daño de los contaminantes en los ecosistemas marinos, si decide transportar residuos peligrosos en buques descompuestos. “Voluntariedad”, concepto jurídico subjetivo, requiere que los fiscales comprueben el estado mental de los autores. Para un fiscal, tal requerimiento —conocido como mens rea— es una proposición jurídica delicada.
Las partes “gratuito” y “excesivo” respecto a la definición generaron los más ásperos debates del grupo. También se convertirían en las partes más criticadas. Los miembros del pánel, sin embargo, se han mostrado unánimemente tranquilos con los compromisos que lograron. Como escribió Voight en respuesta a las críticas legales, el grupo eligió una definición “dinámica, abstracta y general, y por lo tanto captó una amplia gama de autores y actos posibles”. La definición tuvo un comunicado de prensa y el PDF pudo descargarse en el sitio web de Stop Ecocide, con los retratos y las biografías de los ponentes —en el mundo del derecho, un enfoque de teatralidad sorpresiva—. Tal vez es lo que le dio a la definición una especie de aura oficial, aunque el grupo no tenía mandato de ese tipo.
Las palabras que definen el “ecocidio” siguen siendo abstractas. No hay una lista de actos específicos que encajen en la definición y tal propuesta se habría rechazado, ya que cualquier lista, por su naturaleza, deja fuera demasiadas cosas. Ninguna lista podría incluir los daños medioambientales que ha de perpetrar un avance tecnológico aún no inventado. En términos estratégicos tampoco podría incluir el único elemento que por lógica debía incluir: el cambio climático; al hacerse explícito alejaría cualquier posibilidad de adopción por los Estados de la CPI.
Pero hay un hecho del que podemos asirnos de inmediato: si La Haya adoptara una ley contra el “ecocidio”, esa ley tendría que acusar a individuos como en todos los crímenes de la CPI. No sólo haría visible el ecocidio, la ley apuntaría también a los ecocidas.
La definición se dio a conocer a mediados de 2021. Pese al despliegue de vacunas, la pandemia de covid seguía haciendo estragos. Esto pudo hacer que los miembros del pánel reflexionaran no sólo acerca de sus palabras elegidas para una nueva ley internacional, sino en torno a que sí llegara a promulgarse.
En una de sus muchas tragedias, la pandemia dañó la idea misma de multilateralismo. Puede verse en el fracaso masivo a la hora de coordinar una respuesta global a un problema más allá de las fronteras, en la imposibilidad de asignarse responsabilidades, en la negativa a compartir la propiedad intelectual de las vacunas o en facilitar las transferencias de tecnología. Tristes hechos que evidenciaron: en el clima geopolítico, la comunidad de naciones apenas tiene sentido del bien público mundial.
Por eso los miembros del pánel y los activistas de Stop Ecocide pudieron temer, en junio de 2021, que esta definición se hundiera en las olas noticiosas de un mundo convulso: “Por ‘ecocidio’ se entienden los actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medioambiente”.
Batallas y verdades compartidas
¿Para qué sirve poner algo en palabras? Algo dicho en voz alta a otra persona es a veces por lo único que nos parece verdadero. Escribirlas libera a las ideas del cráneo que les dio origen y les permite viajar más allá de los lindes del tiempo y lugar que les dieron vida.
En The Rule of Laws (2021), épico relato sobre los intentos de los legisladores por ordenar el mundo, Fernanda Pirie sostiene que incluso en las ciudades-Estado monárquicas de Oriente Próximo que redactaron las primeras leyes, los edictos contenían un principio inherente a la democracia: establecían una norma como punto de referencia público, consultable al menos por cualquiera, y que así tal vez cualquiera podía apelar. Las decisiones jurídicas generan batallas, a menudo lo más cerca que estamos de las verdades compartidas.
Al publicarse la definición de ecocidio en 2021, la reacción inmediata tomó por sorpresa al pánel y a quienes llevaban la campaña Stop Ecocide. Una vez más, el grupo no tenía mandato ni vínculo oficial con la CPI. Sin embargo, el interés de los medios fue intenso y la cobertura positiva o, al menos, curiosa, incluso en “publicaciones mainstream como The Economist”, afirma Jojo Metha, director ejecutivo de la campaña, quien lo atribuye a que el activismo climático de base, en grupos como Extinction Rebellion y Fridays for Future, había desplazado la ventana de Overton —los límites de un debate aceptable sobre políticas públicas— para colocar una propuesta así en el punto de mira. Seis meses después de publicada la definición, ha dicho Sands, aún tenía que dar “dos o tres entrevistas diarias en los medios de comunicación sobre el tema”.
Contribuyó que algunas figuras importantes respaldaron públicamente al movimiento. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de “muy deseable” la inclusión del delito de ecocidio en la CPI, uniéndose al papa Francisco, la activista Greta Thunberg y la pionera primatóloga Jane Goodall como firmes partidarios y a una serie de líderes políticos, monarcas y celebridades, como Paul McCartney o la modelo Cara Delevingne.
A escala nacional, puede que la definición impulse iniciativas para tipificar el ecocidio como delito en legislaciones locales. Por ejemplo, la nueva Constitución de Chile ya incluía una disposición sobre ecocidio, aunque la propuesta completa fue rechazada en el referéndum de septiembre de 2022. Francia ha adoptado el “ecocidio” como un délit, un delito penal de gravedad media, con una pena de diez años de cárcel. Aunque la forma final decepcionó a los activistas —no es internacional ni lleva aparejada una pena más estricta—, ya está en marcha en Francia la primera investigación penal por ecocidio por envenenamiento de la tierra de un pueblo con productos químicos industriales “inextinguibles”. Mientras tanto, en Kenia se estudia una ley que tipifica el ecocidio y Bolivia propone su adopción nacional. Estas tentativas sirven como prueba emergente de una nueva “norma global” contra el ecocidio, que la CPI sopesará cuando estudie la solicitud de Vanuatu.
La acogida entre los juristas ha sido fría, en gran parte por la decepcionante evolución de la CPI desde los 1990. Varios juristas en ejercicio han criticado la propuesta del pánel, principalmente porque algunos componentes (frases definitorias) dificultan demasiado el enjuiciamiento (en concreto, el requisito de mens rea). Desde la perspectiva del debate jurídico, hasta ahora el ecocidio se considera conservador. Los enfoques que otorgan estatus legal a la naturaleza se consideran la frontera radical del derecho, y esto es algo que no hace hoy la definición del delito de ecocidio.
Gran parte de las críticas se han centrado en la misma Corte Penal Internacional. La CPI ha perdido brillo en los últimos veinte años, pese a la reciente acusación contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Sus juicios son complejos y sus investigaciones se ven obstaculizadas por la falta de recursos. Incapaz de que algunos acusados comparezcan ante el tribunal, o de proteger a testigos cruciales con pruebas que condenan a los poderosos, los enjuiciamientos o se estancan o fracasan. En veinte años, sólo treinta casos. Ha actuado donde puede con la impresión de que persigue nada más a líderes rebeldes en África. En 2021 tuvo que batirse en retirada y no ampliar su jurisdicción para abarcar posibles abusos militares estadunidenses en Afganistán. Así, el Tribunal se ha quedado muy lejos de sus objetivos internacionalistas en 1998. Y en este lapso, por la salida de Burundi y Filipinas, Estados con dirigentes acusados de crímenes internacionales, el número de miembros ha disminuido.
Pero es en la criminalización del ecocidio —sostiene la campaña Stop Ecocide— donde puede encontrarse un antídoto contra la menguante relevancia de la Corte.
¿Quién da las órdenes ahora?
Tanto si este parecer es insensato o simplemente optimista, el camino hacia la penalización internacional del ecocidio está en manos de los 123 Estados miembro de la CPI. Éstos deben solicitar que se vote para ser aprobada por mayoría de dos tercios.
La perspectiva de esta votación arroja luz sobre lo mucho que han cambiado los conceptos y perspectivas desde los 1960, cuando los científicos de la Comisión de Evaluación de Herbicidas entrevistaban por primera vez a ancianas sobre sus gallinas enfermas y se preguntaban cómo caracterizar la extendida destrucción que veían. El ecocidio ya no se asocia a tiempos de guerra ni a un solo conflicto —Vietnam—; lo impulsa la era del cambio climático, que ve una destrucción similar así sea “en tiempos de paz”. No la definió un solo abogado; lleva una identidad provisional de la experiencia combinada y diversa de doce juristas, como Hassan, Fajardo, Voight y Sands. Ya no la defiende una sola voz fuerte, como Higgins. Con la campaña en la CPI, puede que pronto compita en la arena de un proceso político global.
La siguiente fase de la penalización internacional del ecocidio ocurrirá a puerta cerrada. Los activistas empiezan a presionar a los Estados miembro para que apoyen la adopción de este quinto delito, el ecocidio, en la CPI, y utilizan la definición del Pánel de Expertos Independientes como ejemplo de lo que podría ser una ley así. Cuando se proponga una votación, comenzará el estira y afloja entre los Estados. Puede que sea dentro de cinco años, o veinte, o nunca.
No está claro que alguno de los ejemplos de este artículo sea buen candidato para enjuiciarse según la definición del grupo, pese al daño medioambiental generalizado, grave y a largo plazo que suponga. Por el momento, el concepto esencial de ecocidio como crimen masivo contra la Tierra, castigable con penas de cárcel, sigue flotando, aparece en pancartas y en las actas de los comités cuando surgen noticias de catástrofes de este tipo. En la era del colapso climático, es un concepto útil para los activistas: ahora, cuando un líder político o el director general de alguna empresa permita bombardear con veneno un arrecife, quemar una selva tropical o abusar de la pesca, pueden canalizar la indignación mediante una idea que no sólo pregunta: “¿Qué pasó?”, sino “¿Quién, exactamente, dio la orden?”.
Para algunos, este cambio en las conciencias es en sí mismo una victoria.
Simone Scriven
Investigadora y escritora. Last Words of Rowan du Preez: murder and conspiracy on the Cape Flats es el título de su libro de no ficción.
© 2023 The Delacorte Review. Agradecemos a esta publicación por permitirnos reproducir el artículo, publicado originalmente en julio de 2023.
Traducción de Álvaro Ruiz Rodilla