El Tribunal Electoral enfrenta el escenario más complejo en sus más de veinte años de historia. El calibre del desafío se puede ponderar tan sólo por el número de cargos públicos que estarán en disputa este 2 de junio. La elección más grande en la historia del país. Con enormes implicaciones tanto para las autoridades encargadas de organizar los procesos electorales federal y locales como para este tribunal que es responsable de dirimir los conflictos propios de la batalla civilizada por acceder al poder vía elección popular.
La pregunta importante, sin embargo, es si esta institución goza de la autonomía necesaria para sortear el proceso electoral según las exigencias democráticas. En otras palabras: si el Tribunal Electoral está capturado por el grupo político en el poder o, por el contrario, si goza de la independencia suficiente para resolver los conflictos sin favorecer de manera arbitraria a ningún partido o candidato en particular.
La pregunta no es menor. Esta institución es una pieza clave del engranaje democrático del país; por lo menos desde 1996, se optó por sumar a este tribunal al Poder Judicial de la federación. Con lo cual se cristalizó un esfuerzo de años previos que, a través de varias reformas, trazaron un objetivo específico: otorgarle a una autoridad judicial la facultad de resolver los conflictos propios del acceso al poder político en una arena en principio equitativa, mediante la racionalidad jurídica, al grado de depositarle la responsabilidad de analizar la validez de la elección a la Presidencia de la República.
Y si bien en este tiempo ha habido magistrados y magistradas del Tribunal Electoral que han cumplido con su responsabilidad y, en ese sentido, hay sentencias que han abonado a la consolidación democrática de las instituciones electorales del país, también es cierto que muy pronto la clase política vio en este árbitro electoral una presa apetitosa para cazar. Al punto de considerar, entre los varios aspectos propios de una estrategia política-electoral, la designación de jueces electorales, así como el cortejo, presión y amedrentamiento de éstos una vez ya designados.
Ésta se volvió una de las dinámicas que empezó a regir la interacción del Tribunal Electoral con los actores políticos. Seducir, apretar, manipular. ¿Es el caso de todos los magistrados y magistradas? Por supuesto que no. El punto es que las condiciones de diálogo entre los jueces electorales y la clase política cambiaron en términos no democráticos mucho antes del 2018. Esto explica que presidentes de esta institución hayan sido defenestrados de tal cargo por señalamientos de corrupción, pero se hayan mantenido tal cual como magistrados; o que otras cabezas de este tribunal se hayan reunido en una cena privada con el coordinador de campaña de un candidato a la Presidencia en pleno proceso electoral, sin mayores consecuencias institucionales. Éstos y varios casos más, en su respectivo ámbito y justa dimensión, son unos de los tantos escollos que han obstaculizado la consolidación democrática.
Entonces, la pregunta es si en efecto el grupo en el poder, acorde con su cantaleta, ha marcado una diferencia en términos democráticos respecto al Tribunal Electoral. ¿La llegada a la Presidencia de López Obrador, Morena y sus aliados ha sido un punto de inflexión democrático electoral para el país? ¿O, más bien, se han sumado a la lógica del resto de las fuerzas políticas, e inclusive con más alevosía y cinismo, a este proceso de deterioro?
La respuesta exige tener presente que la integración de este tribunal tiene un vicio de legitimidad de origen: siendo los primeros integrantes nombrados para una renovación escalonada, ya designados en el 2016, después de haber tomado protesta, las principales fuerzas políticas en el Senado de la República decidieron hacer más grande el pastel a repartir. Y, para ello, ampliaron el plazo de algunos magistrados y magistradas a pesar de que eso iba en contra del proceso de renovación ya concluido. Jurídicamente tal ajuste del Senado de la República era cuestionable y, en términos políticos, fue, de menos, poco elegante. Al cabo, la Suprema Corte validó la ampliación de los periodos de tales integrantes del Tribunal Electoral.
Así, con un árbitro judicial electoral, cuya nueva integración arrancó con una legitimidad muy abollada, la nueva mayoría en el poder, después de arrollar en las elecciones del 2018, aprovechó esta fuerza democrática no para mejorar esa institución, sino para ir más allá que sus antecesores en el poder.
El primer episodio fue la inexplicable renuncia ante la opinión pública de la presidenta del Tribunal Electoral, después de la ratificación del triunfo del PAN en las elecciones de la gubernatura de Puebla. La misma presidenta derrocada, en un ejercicio mínimo de rendición de cuentas, nunca explicó puntualmente los motivos de su renuncia ante la opinión pública. Habría que preguntarle al respecto al entonces consejero jurídico de la Presidencia y al presidente de la Suprema Corte. Luego, vino el apuntalamiento de una presidencia que hundió a este órgano jurisdiccional en el punto más bajo de su historia en términos de imagen y legitimidad. Hasta que el maltrato, al grado de la ignominia, de los mensajeros de la mayoría en el poder orilló a que magistrados y magistradas se cohesionaran para zafarse de ese vasallaje. El siguiente capítulo fue que el actual grupo en el poder, con una irresponsabilidad no menor inclusive considerando los linderos mexicanos, decidió obstaculizar la designación en el Senado de las dos vacantes que existen en la Sala Superior del Tribunal Electoral, a pesar de que la Suprema Corte envío las ternas correspondientes para su sustitución. Es la primera vez que este tribunal asiste a una elección presidencial sin todos sus integrantes, con el debilitamiento que eso implica aritmética y políticamente. Y, por último, por si no fuera suficiente, vale destacar que, ya iniciado el proceso electoral, se suscitó otra sacudida en el interior del tribunal para impedir que la presidencia en curso concluyera su periodo. La mayoría de los magistrados que desataron la revuelta arguyeron pérdida de confianza y manejos administrativos no adecuados. No es descabellado. Sólo faltó un aspecto indispensable: pruebas.
La gravedad de esta crisis, a meses de la elección más grande en la historia del país, se acentuó por una omisión medular. Ni la presidenta de la Suprema Corte ni los consejeros de la Judicatura, tampoco los presidentes de los partidos políticos, ya no digamos las candidatas a la Presidencia de la República exigieron de manera contundente lo mínimo: un árbitro confiable y responsable. Ante esta crisis, pruebas; en respuesta, consecuencias.
La mayoría de magistrados ha tomado el control del Tribunal Electoral en términos administrativos y judiciales. Casi todos los asuntos se resuelven en votación de tres votos contra dos. Empiezan a emitirse decisiones que es imposible sostener desde una lógica jurídica; se abre el escenario de un dictamen de validez de la siguiente presidenta del país sin el apoyo unánime de los magistrados. El Tribunal Electoral llega, pues, al 2 de junio fracturado por completo; débil como ansiaban todas las fuerzas políticas del país, pero en este contexto quien más aprovecha esa vulnerabilidad es aquel que detenta más poder: el oficialismo.
Los magistrados, salvo notables excepciones, nunca entendieron su responsabilidad histórica; tampoco fueron capaces de dimensionar cuán pequeños se volvieron poco a poco en el ajedrez político del país. Y, por lo mismo, fueron incapaces de entender de manera estratégica que a pesar de las enormes diferencias que podían existir entre ellos, su única fortaleza residía en su cohesión. Ése era su blindaje ante una clase política cínica y ansiosa por capturarlos. De ahí que la pregunta no es si en este punto del proceso de descomposición de la justicia electoral, el péndulo se va a inclinar a favor de cierto grupo político. Esta pregunta, por supuesto, es de suma relevancia. Pero ahora lo que está en riesgo es todavía más grave: con los votos y, más aún, los argumentos de estos jueces en los casos que resuelvan en los siguientes meses no sólo está en juego la legitimidad de los ganadores de este 2 de junio, sino también la viabilidad en el imaginario social de esta institución. A este punto ha estirado la liga la democracia sin demócratas del país.
Saúl López Noriega
Profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey