La maquinaria “aceitada” del INE, que acostumbró al país a organizar elecciones confiables y limpias, empezó a lanzar alertas, focos rojos, tornillos y tuercas con el cambio de operadores.
La nueva administración decidió transitar de una cultura laboral más o menos democrática y que valoraba la experiencia técnica a una cultura tendiente más hacia el autoritarismo, que acomodó las piezas para cumplir con las exigencias del entonces contralor Jesús George Zamora, hoy consejero jurídico del gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México.
La primera muestra de lo anterior: el 27 de abril de 2023, durante la Junta General Ejecutiva en sesión pública transmitida por internet, la nueva presidenta Guadalupe Taddéi Zavala pidió a las encargadurías de despacho hacer sus peticiones de presupuesto contemplando las sugerencias del contralor para no “repetir errores del pasado” y prácticas “desaseadas”, como solicitar excesos de recursos.1
Las “sugerencias” contemplaron también cambiar todos los proveedores para no repetir los contratados por la administración saliente.
Al mismo tiempo, se inició el hostigamiento al personal de la administración anterior.
El amedrentamiento a los “lorencistas” provocó renuncias de gente con amplia experiencia y quienes se quedaron, viven con rumores sobre “espionaje”, cámaras ocultas y la supuesta revisión de sus mensajes de WhatsApp, vía el wifi, para “cacharlos” enviando información a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, según contaron decenas de trabajadores a esta reportera.
Así, no sólo las direcciones y la Secretaría Ejecutiva se mantenían sin titulares, sino que el personal con experiencia fue renunciando y se le sustituyó por quienes son leales a Flavio Cienfuegos, mano derecha de Taddéi Zavala y el encargado de aplicar las sugerencias del entonces contralor.
Sobre las nuevas contrataciones: logré identificar unas 325, entre abril y agosto, número nada común para un cambio de administración en el INE.
La identificación de esas contrataciones fue posible luego de tres meses de “limpiar” una lista con datos falsos que el INE entregó vía Plataforma Nacional de Transparencia, en la que Arturo Castillo, Rita Bell López y Jorge Montaño aparecían como empleados de la dirección de Organización Electoral y no como consejerías electorales, lo que evidenció el desorden e improvisación que se vive en el INE.2
En paralelo, la falta de consensos entre las once consejerías para nombrar a ocho titulares de las dieciséis direcciones y la Secretaría Ejecutiva iba generando vapores de calentamiento en la maquinaria, que desembocaron en fallas al licitar y en tensas sesiones públicas con momentos como el de la “chicanada”, durante una votación compleja sobre reglas de paridad.3
Si bien, hasta el momento de escribir estas líneas, las juntas locales y distritales, operadoras básicas para la elección, no han lanzado llamados de auxilio y la mayoría de los acuerdos necesarios desde oficinas centrales han salido por consenso, los estridentes sonidos de la máquina hicieron voltear y poner atención en lo que por muchos años ya no era importante revisar.
Las licitaciones de 2023 para todos los insumos para capacitar y la organización electoral sufrieron importantes retrasos que afectaron a los capacitadores asistentes electorales (CAE) en sus cargas de trabajo pero, aparentemente, no en sus resultados.
En octubre y noviembre, voces internas alertaban del retraso pues ni siquiera había convocatorias.
En administraciones pasadas, el 31 de diciembre o en las primeras semanas de enero todo estaba en bodegas listo para ser entregado.
Pero esta nueva administración, convencida de hacer, rehacer y volver a hacer estudios de mercado, por ejemplo, adjudicó a tres empresas la licitación de gorras, mochilas y chamarras el 29 de diciembre, para entregarse en 62 días; es decir, en marzo, aunque eso significa que los CAE estuvieron tres semanas en las calles sin uniformes.
Se pagó la producción de camisetas con el logo del INE para que los capacitadores tuvieran al menos algo que los distinguiera, eso representó 2 millones de pesos extra, y también se reciclaron prendas de otros procesos electorales, de este modo se dio una identificación visual al 60 % de los CAE.
La empresa que ganó la licitación de 33 000 celulares con tarjetas SIM para datos, Element Telecom, avisó quince días antes de salir a campo que no podía cumplir con el contrato; de emergencia se adjudicó a Dipsa (Telcel) el pasado 12 de febrero, ya con el personal visitando hogares.
Es decir, se envió a los capacitadores a la “guerra sin fusil”4 y tuvieron que volver a la etapa manual: después de su jornada de trabajo en la calle tenían que regresar a la Junta para capturar en las computadoras los resultados de sus visitas, en lugar de hacerlo en automático y al instante con los celulares.
Gracias al compromiso de esos trabajadores, a su creatividad para buscar redes de wifi gratuitas y a que subieron datos de sus visitas con celulares reciclados, para el 20 de febrero ya se había visitado el 50 % de la ciudadanía insaculada, 6 millones de ciudadanos.
George Zamora “sugirió” que se compraran computadoras en lugar de rentarlas, pero sin pago de soporte técnico; la Unidad Técnica de Servicios de Informática tuvo que elaborar manuales y videos para explicarles a los empleados cómo configurar sus computadoras y cómo vincularlas con los más de treinta sistemas del INE.
Además, rescindieron el contrato de impresoras y hubo quejas del Servicio Profesional Electoral Nacional por la plataforma de cursos sin respaldo de capacitaciones anteriores.
Por último, la licitación de vehículos se adjudicó al Grupo Andrade, con precios 20 % más altos que la propuesta más baja de la licitación.
Aun con estas “curvas de aprendizaje”, Guadalupe Taddéi autorizó la entrega del “bono electoral”, que tenía cuatro procesos electorales de no entregarse a consejerías y equivale a dos meses de sueldo bruto ($525 000 pesos).5
Con los focos prendidos en varias partes de la máquina, las consejerías pidieron un informe detallado de retrasos, rescisiones de contratos y problemas en todas las áreas para tener una idea más clara de los atorones en la organización y evitar los posibles incendios.
Al momento de entregar este texto no se había difundido tal informe, que daría un panorama más preciso de la situación, pero hay que señalar el retraso en la convocatoria para repartir los recursos destinados a la observación electoral, incluso con las campañas ya iniciadas.
Pero si las licitaciones prendieron las alertas, la sesión del 2 de febrero del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) mostró un foco rojo que obligará a revisar de manera detallada los futuros reportes que entregará el Cotaprep al INE.
En esa sesión, al menos tres de los siete integrantes estaban preocupados por el retraso en la construcción del PREP, la exclusión por parte de la Unidad Técnica de Sistemas Informáticos para saber sobre la construcción de modelos de prueba y los riesgos y peligros en los que se estaba colocando al PREP por la falta de toma de decisiones.6
También se dijo, en la misma sesión, que por la cantidad de retrasos no sería fácil ponerse al corriente, pues para esas fechas ya deberían estar creando el modelo y en pláticas con los proveedores de servicios, entre otras cosas, además de que no había fechas claras para concluir etapas.
Luego de la publicación de estas preocupaciones, el comité de científicos firmó una carta lamentando la filtración, pero no negó los retrasos mencionados.
En el escrito se admitió que durante esa sesión “el Cotaprep advirtió como principal riesgo el retraso en la implantación de los procesos establecidos según el plan de trabajo”. En caso “de retomar el dinamismo, existen los mecanismos y las condiciones suficientes para que el PREP pueda dar a conocer oportunamente, a través de plataformas electrónicas, los resultados preliminares de las elecciones a partir de la misma noche de la jornada electoral”.
En esa máquina escupiendo tuercas y tornillos, los trabajadores mexicanos pusieron “chunchitos” aquí y allá, taparon hoyos e improvisaron soluciones, y los focos se fueron apagando. La máquina sigue jalando, pero la atención a lo que antes ya no tenía, el PREP, deberá mantenerse para asegurar que no reventará la máquina el próximo 2 de junio.
Aurora Zepeda Rojas
Reportera especializada en instituciones electorales
1 Zepeda, A. Ático, Excélsior, 28 de abril de 2023, https://bit.ly/3wj8zyI
2 Zepeda, A. “El INE entrega datos falsos vía Transaparencia”, Excélsior, 12 de febrero de 2024, https://bit.ly/3SOaZgz
3 Zepeda, A. “por error, INE batea paridas en estados”, Excélsior, 20 de octubre de 2024, https://bit.ly/49IoLb9
4 Zepeda, A. “Capacitarán sin uniformes ni celulares”, Excélsior, 9 de febrero de 2024, https://bit.ly/3uOEB5d
5 Zepeda, A. “INE se da bonazo en lo oscurito”, Excélsior, 29 de enero de 2024, https://bit.ly/42O1p1G
6 Zepeda, A. “PREP apunta a fracaso”, Excélsior, 6 de febrero de 2024, https://bit.ly/3I9O2zy