En 1953, Edmundo Valadés escribió el cuento breve La muerte tiene permiso, título que en 2011 Fernando Escalante retomó para analizar cómo entre 2008 y 2009 los homicidios en México comenzaron una escalada vertiginosa y la posible relación que esto tenía con el despliegue militar y la estrategia de operativos conjuntos emprendida por el entonces presidente Calderón. En su cuento, Edmundo Valadés narra la manera en que un grupo de ejidatarios acuden ante la autoridad a solicitar permiso para “hacer justicia por su propia mano” y matar al presidente municipal, quien ha robado sus tierras y ha cometido otros abusos en su contra. Cuando los ejidatarios obtienen el permiso, se alegran, pues resulta que desde el día anterior el presidente ya había sido asesinado.
El relato de Valadés viene a cuenta hoy nuevamente porque la historia de los últimos sexenios es también la de un pedir permiso para la militarización de alguna función civil que ya estaba de facto militarizada. En 2009, Felipe Calderón presentó una iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional para incorporar un capítulo sobre Seguridad Nacional. A través de la declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior, las Fuerzas Armadas podrían responder a “actos que ponen en peligro el orden y la paz pública de un municipio, entidad federativa o región”.1 Ese año había un promedio semanal de cuatro enfrentamientos entre militares y civiles y 56 704 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en el país para el desempeño de tareas de seguridad pública. Incluso, para ese año ya habían muerto al menos 131 militares en labores de seguridad en el marco de la “Campaña contra el narcotráfico”.
El intento de legislación fracasó, pero en 2016 diputados del PAN y del PRI propusieron la ley de seguridad interior que permitiría a las Fuerzas Armadas desempeñar tareas de seguridad pública. Ese año se registró un promedio de tres enfrentamientos semanales entre militares y civiles, 69 472 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados y 486 militares fallecidos en la guerra contra las drogas. En contra de todas las voces que desde el ámbito nacional e internacional advertían de los peligros de la militarización, se aprobó la ley de seguridad interior. Ésta fue posteriormente declarada inválida en su totalidad por la SCJN, pues pretendía “normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”.
Luego vino la Guardia Nacional, la cual se intentó aprobar desde su creación como un cuerpo militar. Sin embargo, tras un gran acuerdo nacional, el texto constitucional la estableció como una institución civil. En los artículos transitorios, se reconoció la militarización en curso y se incluyó un plazo para la conformación de cuerpos policiales civiles y el retiro gradual de militares. En 2020, el presidente López Obrador publicó un acuerdo por el que se faculta directamente a las Fuerzas Armadas para desempeñar diversas tareas de seguridad pública. En ese momento había 102 639 militares desplegados en el país (sin contar a los militares de la Guardia Nacional, aproximadamente 80 000), 571 militares muertos en los despliegues militares y un promedio semanal de cinco enfrentamientos entre civiles y militares.
A la vez que se pedía permiso para continuar militarizando la seguridad pública, las Fuerzas Armadas iban ocupando silenciosamente otros espacios civiles en secretarías, direcciones o desempeñando funciones administrativas de gobierno. A diferencia de aquellas funciones de seguridad, en estos casos, el permiso no ha parecido necesario.
El año pasado, el Programa de Política de Drogas del CIDE (CIDE-PPD) publicó el Inventario Nacional de lo Militarizado. Éste busca identificar tareas y presupuestos de carácter civil que se han destinado a las Fuerzas Armadas. El Inventario… documenta, entre otras cosas, la manera en que diversas instituciones públicas han transferido a las Fuerzas Armadas recursos y funciones que por ley no pueden ser desempeñadas por éstas. No es una lista completa de todas las funciones que los militares hacen hoy en el país, pero da una fotografía que permite visualizar hasta dónde se ha extendido el espacio militar.
El Inventario… revela, primero, que las Fuerzas Armadas tienen a su cargo múltiples funciones que nada tienen que ver con labores de seguridad (esto, por cierto, sucedía con anterioridad a la actual administración federal). Además, muestra que el avance militar en la vida pública se ha dado, mayoritariamente, fuera de la discusión pública.
La presencia de militares en las calles de nuestro país es anterior a diciembre de 2006. Pero, como señala Thomas Rath, esta fecha marcó “la aceleración dramática de un proceso antiguo”. Ello se refleja en la visibilidad que comenzó a tener el Ejército, tanto a nivel simbólico como pragmático a partir de esa fecha. De un año a otro, las Fuerzas Armadas pasaron a ser un elemento discursivo central en la narrativa gubernamental.
El Inventario Nacional de lo Militarizado documentó que en 2007, al mismo tiempo que desempeñaban tareas de seguridad pública, los militares también realizaban labores de protección ambiental y reforestación (recibiendo un presupuesto adicional de al menos 224 millones de pesos para ello). Este presupuesto estaba originalmente destinado a instituciones civiles. Dos años después, en 2009, el Ejército colaboraba en la campaña nacional contra las adicciones. Si bien se trata innegablemente de un tema de salud, el Ejército —institución encargada de la seguridad nacional— participaba en las campañas sobre uso de sustancias ilícitas. Durante 2010, el Ejército capacitaba en temas de seguridad a integrantes de la Administración General de Aduanas del SAT y recibían por esto al menos 24 millones de pesos. Para 2013, el Ejército proporcionaba “apoyo temporal” de seguridad y adiestraba a las policías locales de Nuevo León, Michoacán y Durango. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgaba a la Secretaría de la Marina más de 38 millones de pesos destinados a desarrollo científico. En 2014, el Ejército tenía un convenio para ejecutar obras públicas en el Estado de México, era parte central de la Cruzada Nacional contra el Hambre —uno de los programas sociales claves del sexenio de Peña Nieto—, realizaba obras de infraestructura para el Consejo de la Judicatura Federal e, incluso, resguardaba televisiones que se repartían como parte de programas de apoyo social.
Para 2019, las Fuerzas Armadas tenían presencia en la construcción y remodelación de hospitales, aeropuertos, obras en Palacio Nacional, la Agencia Espacial Mexicana y contaban con un bachillerato militarizado. También eran parte central en actividades de política social federal por medio de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto lo hacían de manera simultánea a sus actividades de seguridad, que entonces incluían: combate al robo de hidrocarburos, vigilancia de las fronteras norte y sur, traslado de víveres, distribución de fertilizantes, además de confección de banderas y uniformes para instituciones federales.
Los anteriores son sólo algunos ejemplos de las 223 funciones y transferencias de presupuesto civiles dadas al Ejército desde 2007 e inventariadas por el grupo de investigadores del CIDE-PPD. A éstas habría que agregar todas las funciones nuevas que desde 2021 se les han atribuido y que van desde la administración de zonas arqueológicas, la protección de riesgos sanitarios, la ocupación absoluta de aduanas, el control de más aeropuertos, la dirección y mando de policías municipales, “prevención” de delitos de menores y la cobertura de internet a todo el país. El Inventario… muestra que si bien el Ejército ha adquirido amplias atribuciones de seguridad pública, el avance militar también se ha manifestado en obra pública, política social, política medioambiental, aviación, puertos, educación, migración, salud, protección civil y actividades que, en principio, no le corresponden al Estado, como la construcción de un helipuerto para un civil en Jalisco o la remodelación de juzgados y tribunales.
¿Por qué ha sido menos notorio este proceso de militarización en la discusión pública? Es posible que se deba a que las mencionadas funciones, facultades y presupuestos se han dado a las Fuerzas Armadas por medio de convenios de colaboración y no de reformas legales. Es decir: ha sido a través de acuerdos con instituciones públicas civiles que, a diferencia de las discusiones legislativas, no pasan por el escrutinio público y, por lo tanto, no adquieren su visibilidad. Esto se ve agravado por la opacidad que caracteriza a tales convenios y su difícil acceso. Silenciosamente, las funciones y presupuestos civiles van a las Fuerzas Armadas sin rendición de cuentas, sin transparencia y sin publicidad. Con reformas legales o sin ellas, la militarización en México tiene permiso.
Tenemos quince años escuchando que las policías son insuficientes y tienen que fortalecerse para poder “combatir” al crimen organizado, sin que ese argumento se transforme en acciones de política pública encaminadas al fortalecimiento de los cuerpos civiles, pero sí en una mayor presencia militar en la vida pública del país. Al tiempo, las Fuerzas Armadas han ido silenciosamente ocupando cada vez más funciones de gobierno que nada tienen que ver con seguridad.
Al igual que la muerte no necesitaba permiso en el cuento de Valadés, nuestras Fuerzas Armadas tampoco lo requieren para apropiarse, otro tanto, de la vida pública civil.
Sara Velázquez
Investigadora del Programa de Política de Drogas (CIDE-PPD)
Catalina Pérez Correa
Investigadora del Programa de Política de Drogas (CIDE-PPD)
1 Calderón, F. Oficio con el que se remite la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Seguridad Nacional. Sistema de Información Legislativa, 2009, https://bit.ly/3exgYGb.