El 3 de febrero Janet Reno, Procuradora General de Estados Unidos, anunció que los dos próximos años el gobierno federal destinaría más de quinientos millones de dólares al reforzamiento del control fronterizo.
Significa el intento más enérgico de cualquier gobierno estadunidense para "endurecer" la política de inmigración desde la "ley de Simpson-Rodino" de 1986.
El plan ya está en marcha con la decisión de mantener en forma indefinida la estrategia de "bloqueo" en El Paso, que ha consistido en intensificar la actividad de la Patrulla fronteriza en ese sector en El Paso, y con la inauguración de 62 reflectores como los que se utilizan en los estadios a lo largo de dos millas de la frontera San Diego/Tijuana. Los reflectores fueron colocados por ingenieros del ejército de Estados Unidos, con un costo de 800 mil dólares.
El proyecto de control de la inmigración del gobierno Clinton ha despertado grandes expectativas en el público en general y en los medios de comunicación. Al día siguiente de que fue anunciada la iniciativa, el editorial del San Diego Union-Tribune proclamaba: "¡Por fin, control fronterizo!".
Sin embargo, ¿qué tiene de novedoso el plan Clinton, y por qué habría de funcionar en un área de política en la que todos los gobiernos anteriores recientes han fracasado?
Los elementos básicos de la estrategia de Clinton no son nuevos. Se trata, entre otras medidas, de bardear mejor las secciones de la frontera en las que el tránsito es más intenso (gran parte de lo cual ya ha sido hecho); de instalar más iluminación eléctrica en áreas como San Diego donde la mayor parte de los intentos de ingreso se hacen por la noche; aumentar el número de agentes de la Patrulla fronteriza en mil efectivos; mejorar el sistema telefónico de verificación para que los patrones puedan confirmar con el Servicio de Inmigración y Naturalización el status de los solicitantes de empleo; y aumentar el personal dedicado a garantizar el cumplimiento de la ley de 1986 que prohíbe la contratación de indocumentados ("sanciones a patrones").
Todo esto parece ser "más de lo mismo". Tomadas en su conjunto las medidas son muy lejanas a un esfuerzo de "militarización total" de la frontera. La Patrulla fronteriza y otras autoridades admiten que "todavía no hay suficiente voluntad política" para llevar a cabo un esfuerzo amplio de corte militar para poner fin a la inmigración ilegal.
El objetivo del proyecto Clinton es más modesto, pues se propone: la "acumulación de medidas incrementales… de tal suerte que llegue a establecerse un grado efectivo de control fronterizo" (1).En otras palabras, la puerta se cerrará, pero lentamente, y sin ninguna esperanza de que logre detenerse por completo el flujo de inmigrantes indocumentados.
Recientemente, el jefe de la Patrulla fronteriza de San Diego, Gustavo de la Viña, dio a conocer su objetivo específico: aumentar, en el plazo de dos años establecido por la administración Clinton, la efectividad de la Patrulla en su sector de un 50% calculado (la Patrulla fronteriza afirma que actualmente detiene a 1 de 2 ó 3 ilegales) a 85%.
Sin embargo, hay una diferencia en la manera como los recursos nuevos serán utilizados. Se concentrarán fundamentalmente en unos cuantos puntos de ingreso más intenso de indocumentados, sobre todo en los sectores de San Diego y El Paso.
Desde hace mucho los grupos estadunidenses que presionan por la restricción de la inmigración exigen que se ponga en práctica esta estrategia de "reforzar las principales garitas". El aparente "éxito" de las nuevas tácticas que ha puesto en práctica la Patrulla fronteriza en el sector de El Paso ha aumentado de manera muy significativa la presión política sobre la administración de Clinton para que se apliquen medidas similares a todo lo largo de la frontera con México.
Es indudable que el hecho de que republicanos como Pete Wilson, gobernador de California, hayan explotado la ineficacia del control fronterizo, para avanzar sus propias posiciones en un año de elecciones, contribuyó a imprimir un sentido de urgencia al reconocimiento de la administración de Clinton de que era necesario "hacer algo" en materia de inmigración ilegal.
Sin embargo, es probable que el Plan Clinton sea más importante por lo que no dice, o incluye, explícitamente, que por lo que contiene. Por ejemplo: liquida sin más el enfoque fundamental de control de la inmigración que ofrecía la ley de 1986 (Inmigration Reform and Crontrol Act, IRCA), que consistía fundamentalmente en modificar el comportamiento de los patrones, a través de multas y penalización. Solamente 7%, esto es 38 millones de dólares, del presupuesto total del plan fronterizo de Clinton, 540 millones de dólares, ha sido destinado para la aplicación más estricta de sanciones a patrones.
Al anunciar el Plan Clinton, la Procuradora General Reno afirmó, "Nuestra estrategia de control de la frontera es la disuasión a través de la prevención (del ingreso)". Esto significa que la administración Clinton, al igual que sus predecesores republicanos, ha escogido "tomar posición" en la frontera, elevando las barreras para impedir las entradas ilegales, en vez de tratar de aprehender a los inmigrantes indocumentados, que ya tienen un empleo, en áreas alejadas de la frontera.
La alternativa potencialmente más eficaz -ponerse mucho más duro con los patrones, por ejemplo, expropiando o imponiendo multas tan grandes por violaciones a las leyes de inmigración que pudieran conducirlos a la bancarrota- tendría un costo muy alto para los políticos, en términos de apoyo de la comunidad empresarial. Estas tácticas también podrían ser disruptivas para algunos sectores de la economía de Estados Unidos, que dependen de la mano de obra extranjera, en un momento en que el país (en particular California) aún está luchando por salir adelante de la recesión. En resumen, es menos costoso, política y económicamente, perseguir a los inmigrantes ilegales potenciales que a los patrones que siguen contratándolos, ley o no ley.
De igual importancia es el hecho de que el Plan Clinton no mencione la estrategia de control de la inmigración que refleja el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante el debate en torno al TLC, la administración Clinton y otros grupos que apoyaban el tratado utilizaban frecuentemente el argumento de que la ampliación del comercio con México sería la única manera de frenar la inmigración ilegal que tuviera éxito, por lo menos a largo alcance.
A unos cuantos meses de aprobado el TLC, el gobierno de Estados Unidos casi lo ignora como solución para el problema de la inmigración. Mientras tanto, el cumplimiento de la ley será garantizado a través de medidas unilaterales como las que contiene el Plan Clinton, porque supuestamente son la única manera de lograr en el futuro previsible un "cierto grado de eficacia en el control fronterizo". Las autoridades norteamericanas afirman: "Ahora que estamos abriendo la puerta del frente a más productos mexicanos, debemos hacer todo lo posible para cerrar la puerta de atrás a los inmigrantes ilegales"(2). Dejando a un lado, cautelosamente, la obvia tensión que existe entre medidas más estrictas en la frontera y mayor interacción económica.
En el corto plazo la consecuencia más probable de la aplicación "exitosa" del Plan Clinton será el aumento del potencial de violencia en la frontera entre México y Estados Unidos: violencia en la que están involucrados agentes de la Patrulla fronteriza, inmigrantes ilegales y los coyotes que se dedican a introducirlos clandestinamente en Estados Unidos.
Desde hace algunos años los incidentes violentos -por ejemplo, los ataques con piedras contra los agentes de la Patrulla fronteriza, las balaceras por parte de éstos contra los mexicanos- han estado disminuyendo. Sin embargo, esta tendencia puede ser revertida si del lado mexicano de la frontera se forman masas crecientes de inmigrantes ilegales potenciales, cada vez más desesperados. Podrían buscar nuevos puntos de cruce, más allá de las secciones recientemente reforzadas o hasta regresar a sus lugares de origen. Pero es de esperarse que la gran mayoría se quede y trate de superar los nuevos obstáculos en los sectores de San Diego y El Paso, y que los coyotes locales sigan tratando de acomodarlos.
Si recordamos el daño que en el pasado la violencia fronteriza ha causado en la relación bilateral, podemos prever tensiones adicionales en la relación entre México y Estados Unidos, derivadas del proyecto de la administración de Clinton de reforzar los controles en la frontera.
Una probable consecuencia adicional de la iniciativa Clinton, a la que ya hemos aludido, es que simplemente promueve otra manera de canalizar el flujo existente de inmigrantes ilegales, sin reducirlo en forma apreciable. Desde que se inició el "bloqueo" de El Paso han aumentado significativamente las detenciones de inmigrantes ilegales en la frontera de Arizona. En apariencia, muchos de los inmigrantes que venían de más lejos y que antes cruzaban la frontera en El Paso, ahora simplemente se han movido hacia el oeste. De manera similar, es de esperar que los cruces ilegales en el sector San Diego se corran hacia el este ante el incremento de controles.
La futilidad última de este enfoque fue reconocida por un agente anónimo de la Patrulla fronteriza, quien fue entrevistado la misma noche en que empezó a operar el nuevo sistema de iluminación de la frontera en San Diego: "Si corres más o menos 20 metros, estás nuevamente en la más completa oscuridad. ¿Te desanimarías? El año pasado toda el área estaba inundada y la gente se ahogaba, pero seguían viniendo. Si un río desbordado y cadáveres no los desaniman, ¿qué te hace pensar que unas cuantas luces lo harán?"(3).
NOTAS:
1. Alan D. Bersin (Procurador de Estados Unidos para el Distrito Sur de California), Gustavo de la Viña (Jefe de la Patrulla fronteriza del sector San Diego), Rudy Camacho (Director de Distrito, Servicio de Aduanas de Estados Unidos), y James B. Turnage (Director de Distrito del Servicio de Inmigración y Naturalización, San Diego), "The San Diego Strategy: Immigration and Border Initiative", declaración presentada en la conferencia Immigration and the Border, organizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, San Diego, California, 17 de febrero de 1994.
2. Discurso inaugural del Procurador de Estados Unidos para el Sur de California, Alan D. Bersin, pronunciado en la conferencia Immigration and the Border, organizada por el Departamento de Justicia, San Diego, California, 17 de febrero de 1994.
3. Citado en: Gregory Gross y Leonel Sánchez, "Big Lights Brighten a Two-Mile Stretch Along Border", San Diego Union-Tribune, 18 de febrero de 1994.
Wayne A. Cornelius es profesor de Ciencia Política y Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Traducción de Soledad Loaeza