Comitán: anatomía de un silencio

Nací en Chiapas y crecí en Comitán de Domínguez, una ciudad pequeña nombrada en honor a Belisario Domínguez y asociada de manera inevitable a Rosario Castellanos. Quienes la han leído saben que Balún Canan es el nombre viejo de Comitán. Según el censo de 2020, viven poco más de 166000 personas. No es una ciudad fronteriza en sentido estricto; no concentra grandes corredores industriales ni ha sido escenario histórico de disputas armadas abiertas. Durante mucho tiempo Comitán se pensaba como un lugar relativamente ajeno, o al menos alejado de las dinámicas más visibles del crimen organizado en el país. Esa aparente lejanía alimentó la idea de que aquí la violencia llegaba tarde o no llegaba.

Yo también lo creía. Pensaba que la violencia del “narco” era algo que ocurría en ciudades del norte, no en las del sur. Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán no tenían nada que ver con Comitán. No porque Chiapas fuera ajeno al crimen organizado, sino porque en la vida cotidiana de una ciudad pequeña como la mía, la violencia no organizaba los tiempos, los recorridos a la escuela o a las clases de la tarde. Tampoco formaba parte de las conversaciones con mis amigas. Comitán era una ciudad donde los cambios sólo se notaban en el clima, en las nuevas tiendas que abrían o en quién se había mudado cerca; no en la forma de medir el riesgo.

Cuando hablo con personas que viven en Comitán o con amigas que van más seguido que yo, siempre se repite una frase que me persigue y desconcierta: “Aquí no se siente la inseguridad”. Tienen razón, al menos en el sentido material del término. Nunca he escuchado de un enfrentamiento que haya terminado con muchas vidas, tampoco que levanten a personas sin razón. La vida continúa: las niñas y los niños van a la escuela, salen a caminar y la gente sigue el camino de todos los días. Pero cuando la honestidad surge en mis conversaciones logro escuchar: “Sí están aquí, los veo pasar”, “A veces me da miedo porque hacen muchos rondines en el centro”, “Mejor no salir a carretera en la noche”.

Nada de esto por sí solo despierta una alarma de la manera en que lo hace en otros estados. Ése es el problema. No es que se sienta inseguridad en el sentido clásico, es que se percibe una vigilancia permanente. Presencias que no necesitan confrontar ni alarmar, sólo estar ahí. En Comitán lo nuevo no pasa desapercibido. La idea de que alguien te observa siempre introduce una clase de tensión que modifica el movimiento y conversaciones de una ciudad pequeña.

A los 17 años me fui a Ciudad de México para estudiar en la universidad y con el tiempo terminé dedicándome a investigar la violencia y el crimen organizado. Desde entonces, mi mirada sobre Comitán no es sólo la de quien creció ahí, sino también la de alguien entrenada para observar patrones, disputas, presencias y formas de operación criminal. Mi regreso nunca es inocente: siempre está atravesado por datos, comparaciones y categorías analíticas que se superponen a mi memoria y emociones.

Belén García Monroy

Con los años, en particular después de la pandemia, entendí algo: los mismos que están allá, también están acá. No tienen el mismo despliegue, no bajo las mismas formas, pero sí como parte de una expansión que ya no distingue entre nortes, centros y sures. Los grupos que disputan territorios en Sinaloa han ampliado su presencia hasta el sur, adaptándose, tropicalizándose y aprovechando las estructuras criminales preexistentes. No es una réplica exacta del modelo de confrontación visible en otros estados, sino una variedad del mismo fenómeno expansivo, ajustado al territorio y a las condiciones institucionales que encuentra.

Cada que regreso veo transformaciones que aún me son difíciles de reconocer: hay conversaciones que se evitan y silencios que se han vuelto la norma. La expansión del crimen organizado no llegó como una ruptura súbita ni radicalmente transformadora, sino como una serie de ajustes pequeños o a veces invisibles que hoy estructuran la manera en que las y los “cositías” 1 habitan la ciudad.

A diferencia de las grandes capitales de Chiapas, en Comitán la vida se concentra en pocos espacios y una única avenida. En una ciudad de este tamaño, los cambios en la rutina no pasan desapercibidos: se notan en los horarios, en la circulación de personas y en el uso de los espacios más concurridos. Comitán no suele figurar en los mapas nacionales de la violencia. No es frontera directa, no es capital estatal, no agrupa grandes mercados ilegales ni aparece con frecuencia en los rankings de homicidio o delitos violentos. Según el Inegi, Chiapas registró 932 defunciones por homicidio en 2024; de ellas, 33 ocurrieron en Comitán, lo que representa alrededor del 3.5% del total estatal.

Sin embargo, su función regional la vuelve clave para entender una fase específica del crecimiento del crimen organizado en México. Es una ciudad de paso y de articulación: conecta el sur profundo de Chiapas y la frontera con Guatemala, pero también con rutas que conducen hacia el centro del país. Digamos que Comitán tiene una posición intermedia, que no es ni del todo fronteriza ni completamente interior, pero que la convierte en un espacio estratégico para establecer operaciones que requieren bajo perfil, control territorial y fronterizo gradual y presencia constante, más que una confrontación abierta como en otras ciudades.

Aunque Comitán no colinda de manera directa con Guatemala, su proximidad la inserta en una lógica fronteriza amplia. La frontera no es una línea que divide, sino una región extendida donde convergen intereses criminales de distintos países, controles estatales escasos y poblaciones que se mueven entre ambos lados. Comitán es una clase de punto medio fronterizo.

Durante años, Chiapas se pensaba como un estado periférico en la geografía del crimen organizado. Su papel parecía limitarse al trasiego ocasional o a economías ilegales localizadas y manejables. Esa lectura resulta insuficiente. La intensificación de la disputa entre grupos criminales —sobre todo el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa—, la fragmentación de organizaciones y la presión sobre corredores tradicionales han empujado el avance hacia territorios que antes no eran centrales. Chiapas se convirtió en un espacio de oportunidad por sus enormes zonas rurales, la débil capacidad institucional en los municipios, economías locales vulnerables y desiguales. Todo esto se combina con una frontera porosa que facilita el tráfico de drogas, personas y armas.

Comitán no es una excepción, es un síntoma. Según el informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminaldel Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre enero de 2023 y junio de 2024 al menos 15780 personas en Chiapas abandonaron sus hogares por la violencia armada, en particular en las regiones Frontera y Sierra. Comitán no figura entre los municipios donde el desplazamiento forzado impacta de forma abrupta. La presencia criminal no tiene la forma del éxodo, sino la del acomodo.

Pero Comitán sí ha recibido en los últimos años a personas desplazadas de municipios cercanos, en particular de zonas donde la disputa territorial entre grupos criminales es abierta. Un ejemplo es el municipio de Frontera Comalapa. Estas llegadas no se nombran como desplazamiento forzado, sino que se reconocen en relatos fragmentarios: familias que “prefirieron venirse” y tierras que dejaron de trabajarse. La ciudad absorbe estas historias sin integrarlas a una narrativa pública que alarme a quienes ya viven ahí. No hay memoriales ni registros visibles de estos fenómenos violentos ni de sus consecuencias. Son pocas las organizaciones que se dedican a mantener registros de estas movilizaciones en todo el estado.

La violencia no se manifiesta de manera explícita: no hay balaceras ni despliegues constantes de las Fuerzas Armadas o de policías estatales. Lo que hay es una presencia que se intuye e incorpora a la rutina de quienes viven el día a día. Esta forma de violencia es una de las más difíciles de documentar, pero también una de las más efectivas para reordenar la vida de ciudades pequeñas.

Lo que hoy atraviesa Comitán es el silencio. Callar no es sólo una estrategia de supervivencia individual, sino una práctica colectiva. Se aprende qué se puede decir, dónde y con quién. Este aprendizaje no se impone únicamente mediante la amenaza directa, sino por medio de señales dispersas. El silencio se vuelve una forma de organización de la vida.

Tiempo después supe que Claudio Lomnitz había descrito algo similar bajo la idea de “zonas de silencio”, espacios donde la violencia no desaparece, sino que se reorganiza en formas que no se nombran de forma abierta. Mi idea no partió de esa lectura, sino de conversaciones y observaciones acumuladas en el terreno; sin embargo, conocerla me permitió precisar lo que ya intuía: que el silencio no es ausencia ni vacío, sino una forma específica de organización social.

No creo que este silencio sea uniforme. Uno se instala sin notarse, acompaña un orden que ofrece algo a cambio: trabajo, movilidad, protección, estabilidad. No es aprobación, pero sí una manera de arreglo. Es el silencio que permite que las cosas funcionen sin preguntarse demasiado del cómo. Y hay otro silencio: el que proviene del miedo. El de quienes no están de acuerdo, no participan, no celebran, pero entienden que hablar puede traer consecuencias. Es profundamente humano. Entre los dos se teje un nuevo orden y formas de vida. No siempre hay balaceras ni levantones, a veces lo que los mantiene dentro son conversaciones que no se tienen y temas que no se tocan.

Cuando iba en la preparatoria, que alguien trajera una bolsita de cocaína a una fiesta no era algo menor. Generaba incomodidad o representaba alguna forma de conflicto moral. Hoy, en cambio, en las conversaciones que escucho o en las que participo, el consumo parece estar despojado de cualquier cuestionamiento. La posesión y consumo de drogas ahora sólo es algo que “se consigue” sin mayor dificultad. Supone que las estructuras que distribuyen y regulan ese mercado ya no se perciben como irrupciones externas, sino como parte del entorno. A veces, incluso, las bolsas de cocaína traen logos de quiénes la distribuyen para que sea más fácil identificar a quién comprarle. Me adelanto a decir que el grupo que controla la venta no necesita exhibir su fuerza si su presencia está integrada en la rutina del consumo. Hay autoridad porque hay mercado; hay mercado porque hay demanda constante. Sin compradores ese orden no podría sostenerse.

Mientras leía Cocaine. From Coca Fields to the Streets (Duke University Press, 2021), en particular el capítulo de Anthony Fontes, encontré pasajes que me permitieron entender mejor lo que ocurría en Comitán. Fontes sostiene que en contextos de abandono estatal los grupos criminales no sólo introducen economías ilegales, sino que llegan a estructurar la vida cotidiana, ofreciendo empleo, protección y acceso a recursos, además de que establecen normas internas claras sobre quién puede vender, dónde y bajo qué reglas. En estos órdenes locales, la violencia no es constante ni caótica, sino una herramienta excepcional, activada cuando sus normas se rompen o cuando consideran necesario desplegarlas.

Pensar la ciudad desde esta lógica permite entender por qué ciertas formas de ilegalidad pueden integrarse al paisaje sin generar confrontación abierta. En diciembre de 2024, durante una visita que hice a Comitán, dicha lógica se rompió un par de horas. El gobierno estatal realizó un operativo para desmantelar las llamadas cachimbas: puntos de venta de droga que se disfrazaban de pequeñas tienditas de madera y lámina. No estoy segura de cuántas se destruyeron, pero recuerdo que llegaron audios a mis grupos de WhatsApp diciendo que no saliéramos de casa, que las organizaciones asociadas a los grupos criminales —dueños de las cachimbas— ya venían armadas y amenazaban con entrar a Comitán.

Las cachimbas no eran espacios ocultos ni clandestinos. Un par estaban a menos de dos kilómetros de mi casa. Su desmantelamiento no sólo interrumpió la cadena de distribución, también hizo visible una forma de control territorial que hasta entonces funcionaba sin confrontaciones ni cuestionamientos. A veces pienso que el miedo propagado esa tarde, aunque fuera por unas horas, no respondió sólo al operativo ni a los ruidos de disparos, sino a la conciencia compartida de que el orden se alteró.

Cuando hablo de Chiapas como semillero de violencia no busco reducirlo a un territorio condenado. Sin embargo, reconozco que los procesos que veo son parte de una dinámica nacional más amplia. Las ciudades pequeñas no son marginales en esta historia: son centrales. Escribo esto desde la distancia, pero con la historia de mis días en Comitán aún encima. No para cerrar una lectura ni ofrecer una conclusión, sino para quedarme en la pregunta que me acompaña desde hace tiempo: ¿por qué la expansión de los grupos criminales en ciudades pequeñas ocurre así, sin ruido, sin escándalo, sin atención nacional?

Tal vez porque su transformación ocurre a casi mil kilómetros de la capital. Tal vez porque, como tantas ciudades en conflicto, Chiapas aún se lee como un margen. Pero en ese margen se está reconfigurando una parte fundamental de la vida en México. Las ciudades pequeñas ofrecen una ventana privilegiada para entender una fase del crimen organizado que prioriza la expansión territorial sostenida sobre los enfrentamientos. Lo que se ensaya en estos espacios puede, con el tiempo, replicarse en todos los demás.

 

Mariana Paz Álvarez

Investigadora del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México

  1. “cositía” es el gentilicio utilizado para referirse a los habitantes de Comitán de Domínguez, Chiapas.

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