El ambiente económico que enfrenta México en 2026 se caracteriza por una combinación compleja de factores globales y nacionales que están deteriorando las condiciones para lograr el ansiado crecimiento, elevando costos para empresas y familias y debilitando expectativas. Por un lado, el choque energético y de insumos estratégicos para el campo y la industria, derivado del conflicto en Medio Oriente, ha modificado las perspectivas sobre el comportamiento de los precios. Por el otro, las decisiones internas de política económica evidencian la creciente predominancia de los objetivos fiscales por encima de la estabilidad de precios, en un contexto de finanzas públicas sostenidas con alfileres.
En el plano internacional, el repunte de los precios energéticos es evidente. La volatilidad en el mercado petrolero se mantiene elevada y, en términos generales, el precio del crudo ha aumentado cerca de 40 % desde que inició el conflicto en Irán. Esto ha llevado a que el precio del diésel en terminales de almacenamiento en México pase de 12.31 a 19.45 pesos por litro, lo que representa un incremento de 58 %. Este ajuste es particularmente relevante, ya que se trata de un insumo transversal que impacta directamente la logística, la producción industrial y el costo de los alimentos. La transmisión de estos aumentos hacia el resto de la economía mexicana ya está en curso, especialmente a través de combustibles, fertilizantes y algunos bienes básicos.
En el frente interno, la inflación general de precios repuntó a 4.63% anual en la primera quincena de marzo, con un incremento quincenal de 0.62%, el más alto para un periodo similar desde 1998. Este dato es relevante porque se explica principalmente por el incremento en los precios de los componentes más sensibles para los hogares: alimentos, servicios y energéticos. Es decir, el mayor repunte de precios está ocurriendo en aquello que define el costo de vida. Aunado a lo anterior, el componente subyacente, que mide la evolución de los precios de mercancías y servicios, acumula 20 quincenas por encima de 4.0 %.
En este contexto, de inflación en ascenso y por encima del rango objetivo, fue que el Banco de México tomó una decisión controversial al recortar la tasa de interés objetivo de 7.00 % a 6.75 %, en una votación dividida. Esta postura de relajamiento monetario introduce un elemento de preocupación respecto a la autonomía en la conducción de la política monetaria.
En paralelo, el gobierno federal ha intentado contener el impacto en precios mediante estímulos fiscales a los combustibles. Al momento de escribir estas líneas, el estímulo al diésel vía una reducción en el IEPS alcanza 70.28%, equivalente a aproximadamente 5.17 pesos por litro. El costo de esta medida, orientada a aliviar presiones inflacionarias, no es menor si se considera que en México se consumen cerca de 45 millones de litros diarios de diésel y 121 millones de litros de gasolina. Esto implica un costo fiscal significativo. Se trata de ingresos que se dejan de percibir en un momento en el que las finanzas públicas muestran signos de estrés, con un déficit fiscal elevado y una trayectoria creciente de la deuda pública.
Los datos de finanzas públicas del primer bimestre del año confirman el deterioro. La inversión pública cayó 44.9 % en los dos primeros meses del año, su nivel más bajo en cinco años. El gasto público total ascendió a 1.519 billones de pesos, con un crecimiento real de apenas 2.5 %, pero acompañado de un subejercicio de 219,700 millones, lo que le resta impulso a la economía nacional en este lento arranque de año. Del lado de los ingresos, la recaudación del IVA cayó 8.8 % y la de importaciones 7.2 %. Si bien buena parte de esta caída responde a la apreciación del peso respecto a diciembre de 2025, también refleja debilidad en el consumo y en el comercio exterior.
En paralelo, la deuda pública bruta se aproxima a los 20 billones de pesos, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la medida más amplia de la deuda, se mantiene en niveles cercanos al 50 % del Producto Interno Bruto. En este contexto, el costo financiero de la deuda se ubica en poco más de 4 % del PIB, lo que refleja la creciente presión que ejerce el servicio de la deuda sobre las finanzas públicas.
Expectativas que se deterioran y un Banco de México bajo presión
La encuesta de expectativas del sector privado de marzo de 2026, levantada por el Banco de México, confirma lo que ya se percibe en la economía real: un deterioro progresivo asociado a la carestía, la debilidad en la creación de empleo formal, la precarización de las oportunidades laborales y un entorno general de incertidumbre.
Entre febrero y marzo, las expectativas de inflación para 2026 aumentaron de 3.98 % a 4.22 %, mientras que la inflación subyacente también se revisó al alza, pasando de 4.18% a 4.22 %. Para 2027, las expectativas inflacionarias se mantienen en niveles elevados, con una subyacente que incluso aumenta de 3.73 % a 3.80 %. Es decir, el componente más persistente de la inflación no muestra una trayectoria clara de convergencia hacia la meta de 3% del Banco de México.
En materia de crecimiento, se observa nuevamente un ajuste marginal en las expectativas, reflejo del deterioro en el entorno externo y de un clima de negocios en México que no muestra señales de mejora. La expectativa de crecimiento del PIB para 2026 pasó de 1.46% a 1.44%, y para 2027 de 1.81 % a 1.79 %. A ello se suma un riesgo externo relevante. La disrupción en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz podría traducirse en mayor inflación a nivel global, condiciones monetarias más restrictivas en las principales economías y un menor ritmo de crecimiento mundial. Este escenario se superpone a un entorno interno poco favorable, en el que el clima de inversión permanece débil y prevalece la percepción de que no es un buen momento para invertir en el país.
El tipo de cambio se mantiene relativamente estable en las expectativas, con niveles de 18.11 pesos por dólar para 2026 y 18.65 para 2027. Sin embargo, esta estabilidad convive con un entorno de alta incertidumbre externa, particularmente por las complicaciones previstas en la revisión del T-MEC, el relajamiento de la política monetaria en México y los cambios en la política comercial de Estados Unidos.
De esta manera, lo que muestra la encuesta de expectativas del Banco de México es que debemos prepararnos para un entorno de inflación más persistente y elevada, un crecimiento aún mediocre y una política monetaria que parece privilegiar el alivio de las presiones financieras del gobierno y apoyar la actividad económica, por encima de su mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda.
En este contexto, la decisión del Banco de México de recortar la tasa introduce dudas sobre su función de reacción. La credibilidad del banco central mexicano se ha venido erosionando a partir de decisiones que resultan difíciles de conciliar con su mandato principal, que es la estabilidad de precios.
Este deterioro en la conducción de la política monetaria no ocurre de manera aislada, sino que se inscribe en un entorno más amplio de política económica en el que también se envían señales mixtas desde el frente fiscal.
Precriterios 2027: optimismo macroeconómico frente a una débil realidad fiscal
Los Precriterios Generales de Política Económica 2027 presentan un escenario que no cuadra con la realidad económica mexicana ni con lo que anticipan analistas del sector privado. La Secretaría de Hacienda proyecta un crecimiento del PIB de entre 1.9% y 2.9% para 2027, mientras que para 2026 estima una expansión de entre 1.8% y 2.8%, cifras que se ubican muy por encima de lo que anticipa el consenso de analistas. Para 2027 también se prevé una inflación convergiendo a 3% y un tipo de cambio en torno a 18.60 pesos por dólar.
El documento reconoce un entorno internacional complejo, con volatilidad asociada a conflictos geopolíticos, disrupciones en rutas comerciales y cambios en la política de Estados Unidos; pero, a pesar de ello, plantea que la economía mexicana retomará una trayectoria de mayor dinamismo conforme se disipen los choques.
También se proyecta un precio del petróleo de 77.3 dólares por barril para este año, ajustado al alza por el conflicto en Medio Oriente, y de 54.7 dólares para 2027. Sin embargo, incluso con este ajuste, se anticipan menores ingresos petroleros por efectos cambiarios.
Del lado fiscal, se mantiene la expectativa de un déficit medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 4.1 % del PIB, bajo el argumento de una consolidación gradual. El crecimiento, según Hacienda, estará impulsado por la inversión privada, la inversión en infraestructura y el consumo de los hogares respaldado por programas sociales y salarios reales.
Hasta aquí lo que plantea la SHCP. El problema no radica en los supuestos individuales, sino en la consistencia del conjunto. A la luz de lo observado en 2025 y lo que va de 2026, resulta difícil otorgar plena credibilidad a estos pronósticos, que difícilmente pueden calificarse de otra forma que no sea como optimistas —o, en una lectura más crítica, como poco responsables.
Mientras Hacienda proyecta mayor crecimiento económico, los datos actuales muestran debilidad en la inversión, caída en los ingresos tributarios vinculados al consumo y un entorno de costos al alza. Al mismo tiempo, se plantea una inflación convergiendo a 3%, cuando las expectativas y la información más reciente apuntan en sentido contrario.
Pero el punto más delicado de todo lo que plantea Hacienda está en la trayectoria de la deuda.
El SHRFSP pasó de 43.2 % del PIB en 2019 a 52.0 % en 2024, y se proyecta en 54.7 % para 2026 y 55.0 % para 2027. Es un incremento de más de 12 puntos del PIB en menos de una década, superior al aumento observado entre 2009 y 2018. Esto sin duda nos pondrá en el ojo de las calificadoras de riesgo y las perspectivas serán negativas.
En términos absolutos, la deuda total pasaría de 20.48 billones de pesos en 2026 a 21.85 billones en 2027. Hace poco más de una década, se ubicaba en 10.5 billones. Sin embargo, este aumento del endeudamiento no se ha traducido en una mayor capacidad de crecimiento económico. Por el contrario, ocurre en un entorno donde la inversión pública se ha reducido de manera significativa, lo que limita seriamente el potencial productivo de la economía.
Todo esto plantea un problema estructural sobre la calidad del gasto público. Una proporción creciente de los recursos se destina al pago del costo financiero de la deuda y al sostenimiento de programas sociales, lo que reduce el margen disponible para gasto en educación, salud, inversión productiva y para proyectos que eleven la productividad de largo plazo.
Conclusiones
México enfrenta un momento económico complejo, en el que convergen choques externos, presiones inflacionarias y decisiones de política económica que generan incertidumbre.
La economía mexicana crece poco, las empresas y hogares enfrentan mayores costos, lo que se traduce en deterioro de la inversión, carestía y menores niveles de confianza.
Las expectativas del sector privado reflejan este entorno y la cautela sigue siendo la constante. Las familias están cansadas de una inflación más alta de lo previsto, poco crecimiento económico que no se traduce en una reducción de la informalidad laboral, a la par de que tenemos un banco central que parece alejarse de su mandato constitucional.
En el frente fiscal, la trayectoria de la deuda es el elemento más preocupante. No sólo por su nivel, sino por su acelerado crecimiento. Se incrementa en un entorno de bajo crecimiento y con un uso del gasto que no genera efectos multiplicadores ni fortalece la capacidad productiva de la economía.
Los Precriterios 2027 plantean un escenario marcadamente optimista, que parece eludir la realidad que enfrenta la economía mexicana. Más aún, se termina por normalizar un entorno de bajo crecimiento que comienza a consolidarse. El problema no radica en equivocarse por unas décimas en las proyecciones de crecimiento o inflación, sino en construir política pública sobre supuestos que no reflejan las condiciones efectivas de la economía.
Ante todo este contexto, el principal riesgo que enfrenta México en 2026 no es solamente económico, sino de diagnóstico por parte de autoridades fiscales y monetarias. Se han subestimado los desequilibrios y se han construido escenarios que resultan útiles para el discurso, pero no para la conducción de la política económica. Con ello, se pierde la capacidad de reaccionar oportunamente.
Alejandro Gómez Tamez
Director General GAEAP
Substack: https://economex.substack.com/