México enfrenta retos formidables, internos y externos, y para atenderlos se requiere un mínimo piso de unidad nacional y una hoja de ruta coherente desde el gobierno federal. Por desgracia, la presidenta Sheinbaum no parece tener una estrategia digna de ese nombre, pues se observan bandazos e indecisiones en su gobierno, y ha demostrado carecer de la capacidad política para construir un liderazgo propio. Si bien en materia de política exterior la presidenta concede mucho, aunque resiste hasta donde puede a Trump en un enfrentamiento asimétrico, en materia interior los pendientes se acumulan y las decisiones parecen obedecer a lecturas de corto plazo y no a un plan estratégico.
Estados Unidos acaba de impulsar la iniciativa “Escudo de las Américas”, que crea una alianza continental de gobiernos de derecha, profundamente dependientes de Estados Unidos, que han aceptado y apoyan el principio de que la lucha contra el crimen organizado es equivalente a la lucha contra el terrorismo, por lo cual los medios militares son considerados legítimos y necesarios en su combate. Así, esta tarea deja de ser policial y penal para tornarse militar, por lo que las decisiones y acciones de Estados Unidos en la materia, según Trump, no requerirían aprobación de su congreso ni la aceptación de las instituciones de justicia nacionales de los países que el imperio considere como incapaces de combatir a los grupos criminales, cuyos ejércitos deberán además cooperar con el de EU. Esta es una amenaza formidable para México, destinatario obvio de esta política, como el propio Trump confirmó en el acto fundacional de la nueva alianza.
El gobierno mexicano ya ha tenido que ceder frente a Trump en materia migratoria y aceptar la ayuda logística de sus instituciones de seguridad en el combate al narcotráfico. Pero ha fijado, de manera correcta, una línea roja: no se aceptará la presencia en territorio nacional de las fuerzas militares de EU. Esta valiente posición debe ser apoyada por todos los partidos y grupos sociales. Pero para mantener a raya al tigre hay que demostrar voluntad y capacidad para acabar con los principales problemas nacionales: el empoderamiento territorial de múltiples grupos del crimen organizado, y la casi total impunidad de todo tipo de delitos sufridos por la ciudadanía. En estos campos el gobierno de la presidenta Sheinbaum no logra aún resultados importantes, sobre todo porque no puede o no quiere romper los pactos que atan a sectores de las clases política y empresarial con los grupos criminales.
La disminución del número de homicidios dolosos (cuya verdadera magnitud es debatible) lograda en el actual gobierno no implica que las redes de macrocriminalidad hayan sido debilitadas. Como los especialistas han subrayado una y otra vez, el crimen organizado está anclado firmemente en buena parte del territorio mediante una combinación de ejercicio de la violencia, control económico regional y alianzas con la clase política local. Y por tanto, se requieren para combatirlo, instituciones de justicia locales funcionales y autónomas respecto al crimen: policías municipales y estatales y fiscalías estatales efectivas y gobiernos locales sin pactos con las fuerzas criminales. Nada de esto es nuevo, se sabe desde hace más de dos décadas.
El reto es formidable, pues a lo largo de la democratización electoral, ningún gobierno ni ningún partido decidió impulsar un nuevo federalismo que tuviera como eje la construcción de un Estado de Derecho, es decir, de instituciones de justicia fuertes. La transición a la democracia no cambió al viejo Estado autoritario: se mantuvo el presidencialismo centralista, los gobernadores adquirieron más poder (creándose verdaderos regímenes autoritarios subnacionales), y los alcaldes ampliaron sus márgenes de libertad, pero quedaron expuestos ante el avance imparable de nuevos modelos de negocios del crimen organizado a nivel local, que incluyó la generalización del cobro de piso, el secuestro, la desaparición forzada y el robo en todas sus formas. Al mismo tiempo, la democracia electoral realmente competitiva obligó a todos los actores políticos a buscar nuevas fuentes de financiamiento, que cada vez con mayor frecuencia hallaron en los grupos delincuenciales locales. Por supuesto, a cambio de apoyo económico y material, los criminales exigieron tolerancia, apoyo y costosos pagos que constituyeron un mecanismo extractivo de la renta pública.
El gobierno de López Obrador, lejos de romper con este nefasto modelo de política territorial, trató de aprovecharlo para sus fines de consolidación de poder a nivel nacional. El líder atrajo a su causa a políticos de todos los partidos que tenían experiencia y/o presencia territorial y los sumó a su partido personal, Morena, sin consideración alguna de sus compromisos con poderes fácticos locales. Morena creció como la espuma, pero sobre bases endebles en términos morales, políticamente comprometidas con poderes locales de toda laya y en franco desplazamiento de quienes habían fundado y apoyado en su fase formativa al partido de López Obrador. Se ganó poder territorial, pero se perdió la legitimidad moral y política del movimiento fundacional.
Enfrentar, corregir y deconstruir esa terrible herencia era la tarea de la presidenta. Sin embargo, lejos de ello, Claudia Sheinbaum decidió abrazar las decisiones de López Obrador y adoptar su lógica populista, presidencialista y centralista. Asumió como propia la agenda de cambios constitucionales dictados por el viejo líder, instrumentó sin chistar sus decisiones más desafortunadas, como la mal llamada reforma judicial, y si bien corrigió de forma parcial la desgraciada fallida agenda de “abrazos, no balazos”, siguió al pie de la letra el mantra del proyecto lopezobradorista: el gobierno electo representa al pueblo, la oposición partidaria y civil es el enemigo interno. Esta visión dualista justifica la exclusión y ataque a los partidos distintos a Morena, a la muy plural y diversa sociedad civil y la constante agresión a los medios independientes en tanto todos ellos carecen, según esta visión maniquea, de valor moral y representación política. En cambio, a los aliados, por más corruptos que sean o por más vinculados a grupos criminales que estén, se les exime de toda responsabilidad y sanción. Es por ello que la presidenta, lejos de encabezar una gran movilización nacional por la justicia y contra la impunidad, insiste en una agenda de reformas constitucionales que lejos de ayudar a construir algún tipo de consenso nacional en la lucha contra las empoderadas redes de macrocriminalidad, conducen más bien a la agudización de la polarización.
El último ejemplo es el intento de reforma electoral (Plan A), seguido, dado su previsible naufragio parlamentario, de un Plan B que en realidad es otro plan totalmente distinto. El llamado Plan A buscaba incrementar el peso parlamentario propio del partido oficial, Morena, haciendo uso de su poder territorial, y desplazar a los Partidos Verde y del Trabajo, los partidos satélites que tan funcionales le han sido a López Obrador y Sheinbaum para aprobar vía fast track una enorme cantidad de reformas constitucionales de septiembre de 2024 a la fecha. La presidenta Sheinbaum parece aspirar ahora a bajar el monumental costo político, simbólico y económico de esas alianzas non sanctas. Pero para ello debía cambiar la constitución, y obviamente los partidos aludidos decidieron no suicidarse y en cambio seguir gozando de las rentas que les ofrece el generoso sistema de financiamiento público de los partidos y las reglas de representación proporcional en las cámaras. Ambos elementos del sistema electoral fueron diseñados en la fase de la transición a la democracia. Haberlos dejado sin cambio una vez consolidada la democracia electoral ha sido una de las fallas del sistema. La democracia mexicana creó un sistema de partidos oligopólico, con grandes barreras a la entrada, tan bien financiado que les permitió a esos partidos autonomizarse de la sociedad, convirtiéndose en maquinarias políticas que desarrollaron métodos de venta de candidaturas y sistemas de ascenso político que premiaron la lealtad y no la representación de sectores de la ciudadanía.
El fracaso anunciado del “Plan A” ha dejado mal parada a la presidenta, que en más de un sentido se autoinflingió su primera derrota abierta y contundente, mostrando una debilidad estratégica y una carencia de mando sobre su coalición política. Al parecer la presidenta ha querido colocar en la esfera pública el tema de los excesos y “privilegios” de la clase política, pero lo único para lo que ha servido el sainete es para ocultar los problemas de fondo de la violencia y de la intolerable e increíble incapacidad de las instituciones de justicia para cumplir los mínimos estándares de desempeño, exhibidos de manera patética en el caso de la muerte del “Mencho” y la reacción posterior del cártel de Jalisco.
El “Plan B” aparece como una ocurrencia sacada de la manga como reacción a la derrota del Plan A. Ahora la presidenta quiere controlar la integración de los cabildos, el presupuesto de los congresos locales, los salarios de los funcionarios electorales y colocarse en la boleta electoral en las elecciones de medio término de 2027 a través de un ejercicio a la López Obrador de ratificación de mandato (revocación en términos legales). No hay coherencia en el conjunto de iniciativas, sino un ensamblaje de medidas parciales apenas unidas por una apelación, una vez más, al control de los excesos de la clase política, que también a nivel local sale muy cara. La presidenta apunta a los altos gastos de los congresos estatales y al alto número de regidores. La presidenta invade ahora la autonomía formal de los estados federados y el principio del municipio libre. Y lo hace sin atacar la raíz de los problemas del federalismo mexicano: su precariedad fiscal, la falta de representación adecuada de la ciudadanía, la ausencia de mecanismos operativos de rendición de cuentas, y, ante todo, la falta de incentivos a la profesionalización del servicio civil de carrera en los gobiernos locales, que tienen en general una burocracia de bajísima calidad, con tasas de rotación altísimas y una total carencia de incentivos para responsabilizarse ante la ciudadanía. Peor aún, la presidenta no propone nada en materia de justicia local, el eje central de la construcción de un estado de Derecho en México.
Cabe preguntarse qué pretende la presidenta. Cuál es su proyecto, más allá de la sobrevivencia del Estado mexicano como régimen presidencialista autoritario, con un grado de competencia electoral y, por supuesto, la consolidación de su mando. La 4T no tiene un proyecto de construcción de un Estado democrático de derecho. No se sabe que pretende, una vez que ha quedado claro que el desarrollo capitalista bajo la hegemonía estatal no está al alcance del régimen, dada su terrible precariedad fiscal, la falta de cuadros técnicos y políticos, y su incompetencia para entender la realidad internacional y la nacional. Sólo el pragmatismo propio del ejercicio cotidiano de la política salva al gobierno de sus taras ideológicas y carencia de mando reconocido.
Es increíble que el vergonzoso espectáculo de la muerte del Mencho en un operativo de captura del que patentemente no estaban informados ni el Secretario de Seguridad, ni la Secretaría de Gobernación, ni la Fiscalía General, ni la presidenta, no haya conducido a un radical cambio de perspectiva en las políticas de seguridad y justicia. No sólo no hubo orden de aprehensión, ni de cateo, ni presentación del cuerpo del delincuente, ni protección judicial de la escena del crimen, ni respuesta a las agresiones terroristas del cartel de Jalisco en las 24 horas siguientes a los hechos. No hubo Estado durante un día, y su reacción posterior no ha aclarado los hechos, ni le ha brindado una apariencia de legalidad a la acción del ejército, ni establecido un orden territorial donde la ciudadanía confíe en que haya seguridad personal y colectiva. Vivimos en realidad estas semanas una pax narca, que depende no de la fuerza del Estado, sino de la voluntad y estrategia de los grupos criminales.
México no puede estar a merced de Trump, de un lado, y de los grupos criminales, de otro, mientras seguimos esperando que el gobierno actual explique que pretende, y sea capaz de convocar a la nación a defender la soberanía, la paz y la justicia. La presidenta sola no puede hacerlo, pero se encierra en una burbuja fuera de la cual todos los actores son sospechosos. La solitaria de palacio debe hablar menos y hacer más política, esto es, más diálogo, más consenso, más macromanagment y menos micromanagment. De otra manera, será presa de todos los poderes fácticos que quieren chantajearla, desde el expresidente hasta los sindicatos corporativos, pasando por los partidos satélites y los gobernadores, senadores y diputados morenistas aliados a grupos peligrosos.
Alberto J. Olvera
Investigador Emérito del SNII y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Tiene un canal de YouTube titulado Reflexionando con Alberto Olvera