Buena parte de la historiografía respecto al régimen villista en Chihuahua –en particular las obras de Friedrich Katz, Pedro Salmerón, así como las lecturas más indulgentes de Rubén Osorio y otros autores– tendió a exaltar el breve periodo a partir de una visión más hagiográfica que documentada. En estos relatos la administración villista aparece como un experimento social y un momento de justicia distributiva. Tal interpretación se remonta a mediados del siglo XX cuando el régimen posrevolucionario buscó equiparar la figura de Villa con la justicia social para apuntalar su propio discurso en un momento de crisis de legitimidad, utilizando al caudillo como emblema de un pasado redentor que ya no correspondía a la realidad política del país.
La obra de Katz, por otra parte, puede leerse como un tributo intelectual a su padre, de filiación comunista, y como parte de su búsqueda por identificar en América Latina posibles experimentos sociales revolucionarios que encajaran en ese horizonte ideológico. De manera más reciente, en la obra de Pedro Salmerón, la figura del caudillo adquiere un sentido instrumental orientado al presente; su narrativa inscribe a Villa en una genealogía de luchas populares que legitima las banderas políticas del partido en el que milita, reduciendo al personaje a un símbolo funcional para la movilización y la identidad partidaria. Responde más al afán de construir símbolos políticos y de delinear una imagen heroica del caudillo que a un examen riguroso de las fuentes.
La épica frente a las fuentes
Cuando se confrontan las narrativas apologéticas con la documentación disponible –los datos del propio gobierno villista, decretos, correspondencia oficial, informes, prensa, registros civiles y testimonios contemporáneos– surge un panorama complejo en que el dominio de Villa en Chihuahua fue breve pero devastador. Su gobierno combinó medidas improvisadas, expropiaciones abusivas, enriquecimiento acelerado de sus allegados y una política monetaria desastrosa que hundió la economía local. A ello se sumó un clima de represión, violencia indiscriminada y culto al caudillo. Entre 1913 y 1915, Chihuahua vivió uno de los periodos más oscuros de su historia moderna, marcado por el hambre, el miedo y el deterioro institucional. En ese escenario, la Revolución dejó de ser una promesa de justicia social para convertirse en un régimen personalista sostenido por la violencia y el saqueo. La distancia entre la épica construida y las huellas documentales evidencia que, más que analizar al gobierno villista, esta historiografía contribuyó a moldear un mito político que aún hoy sigue influyendo en la memoria pública del personaje.
El presidente de la República, Francisco I. Madero, había sido derrocado y asesinado tras un golpe de Estado en febrero de 1913. El exjefe maderista Francisco Villa –quien pasó seis meses en prisión antes de escapar a Estados Unidos– cruzó la frontera y reunió una tropa que desconoció al nuevo gobierno. En agosto de 1913, en Parral, Chihuahua, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, reconocido como primer jefe del Ejército Constitucionalista por la Legislatura de su estado y algunos caudillos locales, designó al antiguo profesor Manuel Chao como jefe de la División del Norte en Parral, Chihuahua.
Villa, sin embargo, obligó a Chao a renunciar a punta de pistola y se impuso como líder indiscutible de las fuerzas revolucionarias. Carranza terminó por reconocerlo, al igual que los caudillos locales. Pese a sus sonadas victorias en el norte, en noviembre de 1913 fracasó en su intento por tomar la ciudad de Chihuahua. Semanas después, el 8 de diciembre, el panorama cambió por completo. Villa entró a la capital del estado sin disparar un solo tiro: la plaza fue abandonada por el general federal Salvador R. Mercado y entregada por el comerciante Federico Moye a los villistas. Ese mismo día, los jefes de brigada de la División del Norte nombraron a Villa gobernador provisional del estado y le concedieron amplias facultades, consolidando así su poder político y militar del estado.
Villa formó un gabinete dominado por hombres de su confianza: el católico militante Silvestre Terrazas como secretario de Gobierno, Sebastián Vargas en la Tesorería, el comerciante Miguel Baca Ronquillo como oficial mayor, el coahuilense Luis Aguirre Benavides como secretario particular y el militar sonorense Pedro S. Bracamontes como presidente municipal. Desde la Secretaría de Gobernación constitucionalista se advirtió con preocupación que una “camarilla” alentaba al caudillo a ejercer el poder con independencia y tintes autoritarios.
Decretos, confiscaciones y enriquecimiento ilícito
En pocas semanas, Villa promulgó una ola de decretos: creó un banco estatal, emitió papel moneda, impuso controles de precios, decretó la expulsión de españoles y ordenó la incautación masiva de bienes. Su gobierno instauró el toque de queda, prohibió la venta de alcohol a las tropas y amenazó con fusilar a los ebrios.
Pese a los esfuerzos oficiales por contener el pillaje, los saqueos continuaron. El Nuevo Mundo, La Nueva York, El Combate y decenas de comercios y residencias privadas fueron desvalijados. Para administrar lo confiscado se creó la Administración General de Bienes Intervenidos, bajo la dirección de Silvestre Terrazas; sin embargo, buena parte de las propiedades expropiadas terminó como botín repartido entre los jefes cercanos al caudillo. Testimonios de la época, incluido el de Luis Aguirre Benavides, señalan que Villa entregó la hacienda del Pueblito a Plácido Villanueva tras asesinar a su dueño, Ignacio Irigoyen. Lo mismo ocurrió con otras fincas: Manuel Chao recibió El Sauz; Rosalío Hernández, La Enramada, El Álamo y La Bonita; Porfirio Ornelas y Crescencio Hernández controlaron propiedades en Ojinaga; Manuel Ochoa, las de Casas Grandes. Las haciendas del Fresno, Corral de Piedra, Santa Clara y todas las del norte del estado quedaron bajo control directo del propio Villa. También se apoderó de las casas de juego de Ciudad Juárez, que le generaban hasta 20 000 dólares mensuales.
A ello se sumaron concesiones en la minería, el comercio y la industria: Pinos Altos pasó a manos de Villa y sus allegados –Manuel Chao, Silvestre Terrazas, Enrique González y Gregorio Salgado–; Gabino Durán explotó las minas de Batopilas, cuyos lingotes de oro y plata eran enviados a Hipólito Villa para ser depositados en bancos estadunidenses. El hermano del caudillo también administraba la mina de Naica. Asimismo, las minas de la Sociedad Ignacio Rodríguez Ramos pasaron al control del guardaespaldas de Villa, Miguel Baca Valles, y Rodolfo Fierro se quedó con la producción de cobre de las minas de Casas Grandes.
Otros funcionarios y allegados a Villa recibieron beneficios similares: Silvestre Terrazas, Luis G. Salgado, Sebastián Vargas y Emilio González obtuvieron el control de la Cervecería de Chihuahua, con utilidades mensuales de 30 000 pesos. Juan B. Baca manejaba el establecimiento de El Nuevo Mundo; Vidal de la Garza, hermano del agente financiero de Villa en Estados Unidos, explotaba el molino de la Compañía Harinera, valuado en un millón de pesos. La fábrica de ropa de La Paz fue entregada a Pedro Rodríguez y luego al coronel Miguel González; la de hilados y tejidos de Río Florido, a José Martínez Valles.
El periodista estadunidense John Kenneth Turner denunció que Lázaro de la Garza se hizo millonario en seis meses. Entre 1914 y 1915, el Periódico Oficial del Estado registró un creciente número de propiedades –fincas, minas, haciendas– adjudicadas a los hombres de confianza de Villa. Los excesos provocaron demandas años después. Algunos expropietarios denunciaron haber sido obligados a firmar escrituras “a punta de pistola”. Otros casos fueron atroces: el exgobernador Felipe R. Gutiérrez fue asesinado tras ceder sus bienes; Cástulo Baca fue secuestrado en la ciudad de México, y liberado sólo después de pagar un rescate de 100 000 pesos y entregar su hacienda Las Mesteñas para evitar el paredón.
Villa residía en una casona expropiada a un médico y filántropo, Leandro M. Gutiérrez, en Paseo de Bolívar. Oficiales de su guardia personal se apropiaron también de múltiples inmuebles, que rentaban o entregaban a sus amantes. El caudillo mandó construir y expropiar casas para sus parejas, financiadas con dinero público. A Juana Torres, de 16 años, le regaló la empacadora de carne de Ciudad Juárez. Vivía en la Quinta Prieto, también expropiada.
Villa despachó en Palacio de Gobierno hasta el 8 de enero de 1914, cuando cedió la gubernatura a su compadre Manuel Chao. Después, el secretario Silvestre Terrazas ocupó el cargo interinamente en tres ocasiones, entregándolo siempre a Fidel Ávila, también compadre de Villa, hasta diciembre de 1915, cuando los villistas fueron derrotados y abandonaron Chihuahua.
Crisis económica y alimentaria
Durante los dos años del dominio villista, Chihuahua sufrió una crisis económica y social sin precedentes. A la violencia se sumaron persecución política, desempleo, inflación y una severa escasez de alimentos. El cierre temporal de la Fundición de Ávalos, luego de ser atacada con dinamita por los villistas, dejó sin empleo a más de mil obreros. Sin embargo, la compañía, en un gesto poco común para la época, les pagó la mitad del salario mientras reponía la maquinaria destruida. Otras empresas cerraron definitivamente, ya fuera por falta de garantías o por haber sido declaradas “enemigas del villismo”.
Villa intentó mitigar la crisis mediante repartos de despensa y dinero, pero también aprovechó la necesidad para reclutar desocupados. A los campesinos les prometió tierras que terminaron en manos de sus generales. Su secretario Aguirre Benavides denunció: “Los soldados, brutales y desalmados, explotan miserablemente el trabajo de aquellos desgraciados, además de haberles arrebatado la relativa tranquilidad de que disfrutaban bajo el dominio de sus antiguos opresores”.
La minería colapsó y el ganado prácticamente desapareció. Buena parte de la producción agrícola se destinó al ejército; lo restante se vendió a Estados Unidos para financiar la guerra en el sur de la República. En dos años, la aduana de El Paso registró el cruce de 2308 furgones con 205 000 reses y cientos de toneladas de productos agrícolas, con ganancias superiores a dos millones de dólares sólo en algodón, pero que no fueron destinadas a remediar la miseria de los chihuahuenses.
El levantamiento del embargo de armas por parte del presidente estadunidense Woodrow Wilson convirtió a la frontera en un corredor de armas de fuego y municiones. Entre 1913 y 1915, según informes del Departamento de Guerra de Estados Unidos, sólo por Ciudad Juárez ingresaron más de 72 000 rifles, casi 35 millones de cartuchos y decenas de cañones. A esto se sumó el tráfico ilegal: 50 000 rifles y 40 cañones de contrabando que enriqueció a los intermediarios villistas y estadunidenses. Parte de las ganancias terminó en propiedades en California y cuentas bancarias en El Paso. Hipólito Villa, que en 1910 era lechero, llegó a poseer fincas en zonas exclusivas. Se estima que la fortuna personal de Francisco Villa, producto de esos atracos, llegó a oscilar entre 8 y 15 millones de dólares.
Al saqueo de recursos públicos se sumó el caos provocado por la emisión masiva de papel moneda. Los billetes villistas –conocidos popularmente como “sábanas” o “bilimbiques”– se depreciaron rápidamente: en apenas un mes pasaron de valer 50 centavos de dólar a 12. Un año después no valían nada. El uso de este papel moneda fue impuesto bajo pena de muerte, mientras que el pago en oro quedó prohibido. A ello se sumó un decreto que ordenaba acaparar toda la plata de circulación legal.
Las consecuencias económicas fueron inmediatas. El comercio colapsó, numerosas empresas cerraron y muchos propietarios abandonaron el estado. Pese a ello, el régimen villista no asumió responsabilidad por la crisis financiera y, en cambio, culpó a los comerciantes, acusándolos de acaparar productos y elevar precios. El gobierno del estado exigió reducir aún más los márgenes de ganancia ––de por sí ya modestos, entre el 15 y 20 %– y promovió el consumo exclusivo de mercancías nacionales, por lo general más costas que las importadas.
En un giro irónico, el propio Villa terminó por desconocer el papel moneda que impuso, lo que exacerbó la crisis. Sus propias tropas rechazaban el pago de sus salarios con «bilimbiques”. La devaluación del papel moneda villista alcanzó tal extremo que ni los mendigos lo aceptaban.
Para 1915, la escasez era extrema. Viajeros describían precios exorbitantes: una taza de café, 30 pesos; un bote de pan, otros 30; un huevo valía 12 centavos y una gallina de 25 a 30 pesos; una taza de leche un peso, y una cajetilla de cigarros tres pesos. Una comida sencilla podía costar 430 pesos. La crisis alcanzó incluso a quienes combatieron bajo las órdenes de Villa. Los trabajadores, que ganaban apenas unos dos o tres pesos en billetes villistas al día no podían adquirir lo básico. La población hacía largas filas para recibir unas pocas onzas de harina o frijol. En el campo, ni la sal ni el azúcar podían conseguirse con facilidad. La miseria cundía por todos lados.
Represión y violencia política
El régimen villista no fue democrático. Su aliado más lúcido, Felipe Ángeles, no dudó en reconocerlo. No hubo elecciones, la disidencia se anuló y la prensa quedó subordinada. Villa exigía corregir cualquier nota que considerara “desfavorable”, y alimentó el culto a su personalidad en su periódico Nueva Vida. Según testimonios de sus secretarios, mientras más poder acumulaba, menos tolerante era a la crítica.
Las ejecuciones eran frecuentes y arbitrarias. Fierro, Baca Valles y “Mano Negra” actuaban como verdugos del régimen. Entre diciembre de 1913 y diciembre de 1914, en la ciudad de Chihuahua, 134 personas fueron muertas de forma violenta: a balazos, colgadas o apuñaladas. Las víctimas provenían de todos los estratos sociales: jornaleros, amas de casa, comerciantes, estudiantes, incluso menores de edad. Muchos cuerpos aparecieron cerca del panteón de Santa Rosa. En 1915 la violencia no cesaba, y otras 86 personas fueron asesinadas en circunstancias similares. Estas cifras provienen del Registro Civil, por lo que no incluye a quienes fueron sepultados clandestinamente.
La promesa de Villa de seguir “un manual de derecho de guerra” quedó en el dicho. John Reed –su más ferviente admirador– registró 15 ejecuciones cometidas por Rodolfo Fierro en sólo dos semanas. El cónsul británico Patrick O’Hea relató el placer con el que Fierro mataba a supuestos críticos o espías. El poeta peruano José Santos Chocano, antiguo admirador del caudillo y testigo en esos días, describió el escenario como “una locura de fusilamientos, una borrachera de atropellos, una desesperación de fiera en medio del incendio de un bosque; a nadie escucha, a nadie atiende, y lo más grave, a nadie cree”.
Lejos de mito, el dominio villista en Chihuahua dejó hambruna, represión y una economía devastada. Los decretos redentores convivieron con el enriquecimiento ilícito, la violencia sistemática y el colapso institucional. Mientras la historiografía siga privilegiando la leyenda sobre las evidencias, Villa continuará siendo menos un personaje histórico que un recurso político, útil para el presente, pero ajeno a la verdad de su tiempo.
Reidezel Mendoza
Historiador. Su más reciente libro es La emboscada. Asesinato de Francisco Villa.