La política económica de lo posible

Por Humberto Roque Villanueva

A invitación expresa de los directivos de la revista Nexos, me permití enviar respuesta a dos preguntas específicas que fueron publicadas en la edición del pasado mes de abril bajo el título de “Criterios de justicia social”. Tal respuesta se apegó a la extensión que me fue señalada por los editores.

Es conveniente hacer notar que desde el momento mismo en que manifesté de manera pública mi aspiración a la candidatura de mi partido a la Presidencia de la República, me di a la tarea de publicar el libro intitulado “6 años para ganar un siglo”, en el que expongo con mayor amplitud un análisis sobre seis temas que considero fundamentales para el presente y futuro de la nación: cómo recuperar la seguridad pública; el desafio de la democracia con gobernabilidad; reforma constitucional para la justicia social; ahorro interno contra la dependencia globalizadora: la desigualdad obliga a un nuevo desarrollo regional; y la sociedad del próximo siglo. En cada uno de estos capítulos se establecen las líneas básicas de acción que propongo a la sociedad.

Es factible que mi respuesta en Nexos no haya sido lo suficientemente precisa en lo relativo a los posibles cambios de la política económica seguida por la actual administración. Pero no quiero imaginar que la supuesta “falta de precisión” se base en el simplista juego del “blanco” o “negro”, cuando se plantea la interrogante de si me inclino por “más Estado o más mercado”.

Quiero dejar sentado, de principio, que en mis planteamientos no insinúo, ni remotamente, una política estatista que sustituya o invada el campo de los sectores productivos, ni propongo caer en los excesos de una política que todo lo apuesta a los mercados.

No hay que olvidar que en México, al Estado, como organización jurídica de la sociedad, le corresponde regular a través del derecho la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, y llevar a cabo la regulación y el fomento de las actividades productivas que demanda el interés general salvaguardando las libertades que la misma Constitución otorga a los individuos. La propia norma fundamental que el impulso a los sectores social y privado de la economía deben desarrollarse bajo criterios de equidad social.

Por otra parte, en las democracias modernas las intervenciones del Estado tienen su justificación en las limitaciones que los llamados mecanismos de competencia han puesto de manifiesto. Es reconocido por diversos teóricos que la libertad de iniciativa no garantiza necesariamente criterios de equidad en la distribución de bienes a favor de la colectividad. Se requiere la regulación del Estado para impulsar el sentido redistributivo de la producción.

Asimismo, el Estado tiene que desarrollar otras funciones que garanticen la satisfacción de necesidades sociales tales como educación, seguridad pública, certidumbre jurídica, salud, servicios públicos que debe financiar a través de la captación fiscal.

¿Entonces cómo podemos combinar “felizmente” democracia, justicia social y gobernabilidad para, a través de la política económica de Estado, obtener lo que este país requiere con más urgencia: los criterios de justicia social? La respuesta es sencilla. No conozco otra forma y camino concreto que reformas constitucionales por consenso de todas las fuerzas políticas y de los sectores productivos

Ello no puede obtenerse si no hacemos que la propia sociedad, como frente a un espejo que revele la verdad, sea capaz y disponga del procedimiento adecuado para tomar sus propias decisiones en la materia de política de ingreso uniéndolas a las de gasto. En materia de presupuestación la sociedad, a través de su representación en el Congreso de la Unión, debe conocer ampliamente las razones que fundamenten las diversas posiciones en la materia y tomar y expresar decisiones vinculadas que no den lugar al doble discurso que divorcia el cuánto gastar del cuánto pagar. La política económica de Estado aumenta los elementos de certeza y seguridad económica y disminuye la politización de las posiciones partidistas.

En tal razón, propongo una reforma constitucional al artículo 74, fracción IV, para que se puedan discutir y aprobar simultáneamente ingreso y gasto. ¿Es de tanta trascendencia que se puedan discutir y aprobar al mismo tiempo? Afirmo que sí. Esa discusión simultánea debidamente fundamentada e informando a la sociedad con amplitud y veracidad, permitiría precisamente la definición de una política económica de Estado con conocimiento de sus alcances y limitaciones.

El país ha cambiado y su economía se transformó. Al referirme a una política económica de Estado no pretendo proponer retrocesos ni tampoco ofrecer más de lo mismo. Creo que es pertinente rescatar y cuidar de las políticas que están dando estabilidad económica y, por otra parte, plantearnos los aspectos medulares de un enfoque económico que realmente nos conduzca a la justicia social. Los cambios abruptos por el prurito de sostener una política económica diferente dañan más al país por el desconcierto e incertidumbre que generan.

Reitero mi convicción de que es indispensable lograr un crecimiento sin inflación, apoyado en el ahorro interno y en la corrección de los desequilibrios en la balanza comercial. No creo que se pueda o deba dar marcha atrás en la apertura comercial que nos permitió lograr un lugar preponderante como país exportador; y lo que propongo es una política industrial que permita establecer cadenas productivas que nos hagan menos de pendientes de insumos importados que están incidiendo negativamente en la balanza comercial.

Tampoco podemos soslayar que el fenómeno de la globalización económica ha obligado prácticamente a todos los Estados en vías de desarrollo a realizar ajustes en sus estructuras políticas y económicas. México no es ni podrá ser en el futuro cercano la excepción. En palabras de Héctor Aguilar Camín el punto no es pronunciarse a favor o en contra de este fenómeno, “sino aprender a vivir con él”. La política continúa siendo en gran medida el “arte de gobernar” o, si se quiere, un concepto contemporáneo al “arte de lo posible”, y a ello no puede escapar la economía.   n