En mayo de 2025, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México publicó un documento que debería incomodar a cualquier observador de la vida pública mexicana. El Dossier de Transparencia en Brecha Salarial por Género, elaborado con Abrimos.info bajo la coordinación de la comisionada María del Carmen Nava Polina, reveló una paradoja inquietante: el gobierno capitalino, abanderado retórico de la igualdad de género, reproduce en sus entrañas las mismas desigualdades que dice combatir.
Los números son elocuentes: las mujeres que trabajan para el Gobierno de la Ciudad de México ganaban en promedio 10 % menos que sus colegas hombres en el periodo 2018-24. En términos absolutos, ellos percibían 2 300 pesos más al mes. Esta brecha no es un accidente estadístico sino el reflejo de estructuras de poder que trascienden los discursos oficiales. Si el Estado —ese actor que pretende ser transformador— no logra materializar la igualdad en su propio seno, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad?
El Dossier es el primer análisis integral sobre desigualdades salariales de género en una administración pública mexicana. Su metodología —desarrollada mediante TeseoETL— procesó más de siete millones de registros de 122 instituciones públicas, ofreciendo una radiografía sin precedentes de cómo opera el género como principio organizador del trabajo gubernamental.
Los hallazgos trascienden la estadística para convertirse en geografía del poder institucional. Del total de organismos analizados, 69.67 % presentan brechas favorables a los hombres, mientras que sólo 22.95 % benefician a las mujeres. Esta distribución revela patrones sistemáticos de exclusión que operan incluso donde la igualdad formal está garantizada por ley.
El universo analizado abarca sólo sujetos obligados de Ciudad de México, una limitación que de manera paradójica refuerza la relevancia del estudio: si la capital, con sus recursos técnicos y marco normativo progresista, presenta estas desigualdades, ¿qué encontraríamos en entidades con menor desarrollo institucional?
El periodo analizado cubre sobre todo la administración de Claudia Sheinbaum (el universo de datos es de enero de 2017 a septiembre de 2024), caracterizada por un discurso explícito de igualdad de género. Los datos revelan avances modestos pero insuficientes para transformar de manera estructural las dinámicas de desigualdad.
En términos de representación en altos cargos, la proporción femenina incrementó de 39 % al inicio del sexenio a 44 % al final. Este movimiento hacia la paridad, aunque positivo, evidencia la persistencia de una mayoría masculina en posiciones de liderazgo después de seis años de gobierno autodenominado feminista.
Los datos salariales revelan una tendencia más compleja. En 2018, los hombres ganaban en promedio 19 763.31 pesos mensuales frente a 18 194.58 de las mujeres, una diferencia de 1 568.74 pesos. Para 2024, esas cifras se redujeron a 16 924.01 y 16 600.46, respectivamente; la brecha se acortó a 323.55 pesos. Esta convergencia representa el logro más tangible del periodo, aunque persiste una diferencia que afecta a miles de trabajadoras.
La reducción debe interpretarse con cautela: parte de la convergencia se explica por la disminución general de salarios reales, más que por una mejora específica en las condiciones de las mujeres. Las políticas de igualdad, aunque presentes, no lograron contrarrestar completamente las dinámicas estructurales de discriminación.
Una contribución valiosa del Dossier es documentar la heterogeneidad de situaciones en el interior del aparato gubernamental capitalino. Las variaciones entre dependencias ofrecen pistas sobre qué factores favorecen o inhiben la igualdad salarial.
Las alcaldías presentan un patrón consistente: brechas moderadas alrededor del promedio general. Esta homogeneidad sugiere que la escala municipal enfrenta limitaciones estructurales similares, posiblemente relacionadas con la composición de plantillas donde predominan trabajadores de base con menores diferencias salariales, pero persiste la concentración masculina en puestos directivos.
En contraste, las secretarías del gobierno central muestran mayor variación. Dependencias técnicas tradicionalmente masculinizadas como Seguridad Ciudadana u Obras y Servicios registran brechas más amplias, mientras que áreas sociales como la Secretaría de las Mujeres presentan situaciones más equilibradas.
Dependencias especializadas en género muestran brechas favorables a las mujeres, evidenciando que cuando existe voluntad política, la igualdad no sólo es posible sino alcanzable.
Para comprender la persistencia de estas brechas es necesario desmontar los mecanismos que las producen. La desigualdad salarial responde a tres factores estructurales entrelazados:
Segregación jerárquica vertical: Las mujeres siguen subrepresentadas en puestos de mayor jerarquía y remuneración. Aunque son una parte significativa de la fuerza laboral del gobierno, su presencia disminuye conforme se asciende en la pirámide organizacional.
Segmentación sectorial horizontal: Las mujeres se concentran en áreas tradicionalmente feminizadas —desarrollo social, atención ciudadana, cultura— con menor presupuesto y escalas salariales más bajas. Los hombres predominan en secretarías técnicas como Obras Públicas o Seguridad Ciudadana, donde las remuneraciones promedio son superiores.
Penalización de la maternidad: Aunque los datos no permiten rastrear trayectorias individuales, la literatura documenta cómo las interrupciones por maternidad y la asignación desproporcionada de tareas de cuidado afectan la acumulación de antigüedad y oportunidades de ascenso.
Estos patrones no emergen en el vacío sino que reflejan esquemas culturales profundos sobre roles de género que incluso las instituciones más progresistas reproducen de forma inconsciente.
El análisis revela tanto las posibilidades como las limitaciones de los datos gubernamentales como insumo para la investigación social. La obtención de los 508 762 registros de directorio y 7 031 441 de sueldos requirió procedimientos tediosos que ilustran la resistencia institucional a la verdadera apertura de datos.
Una limitación crítica derivó de la ausencia de clasificación por género en los data sets originales. Fue necesario recurrir a GenderAPI para inferir el género a partir de nombres, introduciendo márgenes de error inevitables. Esta deficiencia es frustrante si consideramos que las instituciones poseen estos datos directamente.
La ausencia de identificadores únicos persistentes resulta aún más problemática: el INAI disponía de éstos pero optó por no publicarlos, obstaculizando análisis longitudinales sofisticados. La institución podía compartir versiones anonimizadas que preservaran la privacidad mientras facilitaran investigaciones de interés público.
El procesamiento reveló inconsistencias evidentes: sueldos negativos, registros duplicados e información errónea que se mantuvo para preservar la fidelidad al universo reportado. Aunque estos errores no alteran los patrones generales, generan incertidumbre sobre la precisión de cifras específicas.
El Dossier marca un punto de inflexión en la discusión sobre igualdad de género en el sector público mexicano. Por primera vez existe un diagnóstico integral basado en datos masivos que permite pasar del discurso a la acción específica.
La inminente desaparición del Instituto de Transparencia local plantea interrogantes sobre la continuidad de este análisis. La centralización puede diluir las capacidades técnicas especializadas que hicieron posible este estudio. Resulta fundamental que la Secretaría de las Mujeres asuma el liderazgo en el monitoreo sistemático, requiriendo no sólo voluntad política sino capacidades técnicas específicas y metodologías estandarizadas.
El desafío principal radica en institucionalizar el monitoreo como práctica gubernamental rutinaria. La publicación esporádica resulta insuficiente; se requieren sistemas de seguimiento continuo que detecten y corrijan desviaciones en tiempo real.
La experiencia capitalina puede irradiar hacia otros niveles de gobierno. Si Ciudad de México logra reducir de manera significativa sus brechas y documenta el proceso, podría convertirse en modelo para administraciones que enfrentan desafíos similares.
La persistencia de brechas salariales trasciende el ámbito laboral para convertirse en síntoma de las limitaciones del proceso democratizador mexicano. La democratización no es sólo cuestión de procedimientos electorales, sino de transformación efectiva de relaciones de poder en todas las esferas, incluido el aparato estatal. Si las instituciones públicas no logran materializar la igualdad que proclaman, su capacidad para liderar cambios sociales más amplios queda cuestionada.
Este ejercicio ilustra el potencial transformador de los datos abiertos cuando trascienden la mera disponibilidad de información para convertirse en insumos para la acción ciudadana. Los datos están sobre la mesa; ahora corresponde determinar si esta radiografía de la desigualdad se convierte en punto de partida para su superación definitiva.
Eduard Martín-Borregón
Periodista. Maestro en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la Universidad Rey Juan Carlos con Beca Google a la Excelencia, Mozilla Fellow 2024-26 y director ejecutivo de Abrimos.info
Declaración de interés: El autor de este artículo participó en la elaboración del Dossier como parte del equipo de Abrimos.info