Algunos avances entre un mar de rezagos

El índice más utilizado para medir brechas de género es el del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En la última edición del Índice Global de Brecha de Género, México ocupa el lugar 23 de 148 economías, cerca de países como Chile que está en el 22, Bangladesh que, sí, para sorpresa de todos, se encuentra en la posición 24. México está por arriba de países que uno pensaría que son más equitativos como Canadá y Francia que están en las posiciones 32 y 35, respectivamente.

Como cualquier índice tiene que leerse con cuidado, en este caso, con mucho cuidado. La medición se compone de cuatro subíndices: Salud y Supervivencia, Nivel Educativo, Participación y Oportunidades Económicas, y Empoderamiento Político. En los dos primeros, salud y educación, la mayoría de los países analizados ya alcanzaron la paridad o están cerca de hacerlo. ¿Sí? No suena muy realista, ¿verdad?

Los indicadores seleccionados desde la primera edición en 2006 no reflejan la complejidad de la realidad que enfrentan las mujeres actualmente. Por ejemplo, en el ámbito de la salud donde el WEF reporta mayores avances, la medición no permite dimensionar las brechas que se presentan a lo largo de la vida ni reconoce las diferencias en las enfermedades que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, como la salud mental, hormonal, sexual y reproductiva.

A primera vista, el lugar en el que se ubica México podría interpretarse como todo un éxito. Sin embargo, una lectura más detallada revela una realidad más compleja: los avances de México no son homogéneos ni estructurales y recaen de manera desproporcionada en un solo componente del índice.

 

Durante la última década, el progreso mexicano en este índice en materia de equidad de género se explica, sobre todo, por el aumento en la participación política de las mujeres. Entre 2024 y 2025, únicamente en un año, México avanzó diez posiciones en el ranking global, impulsado por la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Este hecho tiene un impacto directo y fortísimo en el subíndice de Empoderamiento Político, un rubro en el que pocos países logran avances abruptos, precisamente porque el acceso de las mujeres a la jefatura del Ejecutivo sigue siendo la excepción a nivel mundial.

En México, las cuotas han sido una acción afirmativa para impulsar la representación de mujeres en el sector público con orígenes en las candidaturas del Congreso desde inicios del 2000 y evolucionaron hasta la reforma “Paridad en Todo” en 2019. Ésta última, establece que la mitad de los cargos deben ser para mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena.

Las cuotas han servido para lograr avances, pero no han permeado hacia otros niveles del servicio público. Además, a pesar de servir como acción afirmativa hay que tener cuidado con el uso político-electoral que se le dé.

El WEF confirma que los países con mejor desempeño en el subíndice de Empoderamiento Político —el ámbito con mayor rezago a nivel global y con la mayor variación entre países— coinciden con los mejor posicionados en el índice general. Es la misma razón por la que Bangladesh se encuentra cercano a México. En el caso bangladesí se debe al aumento de mujeres en cargos ministeriales que pasó de 9.1 % a 22.2 % en el último año, lo que lo impulsó 75 posiciones. A eso, se suma la paridad alcanzada en el indicador de jefatura de Estado, al haber tenido una mujer como primera ministra durante casi dos décadas.

La llegada al poder de Claudia Sheinbaum es relevante y simbólicamente potente, pero no debe confundirse con una transformación integral de las condiciones de vida de las mujeres en un país que sigue siendo machista de manera intrínseca.

Al ver el subíndice de Oportunidades Económicas, la historia cambia por completo. En este rubro, México se ubica en el lugar 113 de los 148 países considerados, cerca de Corea del Sur y de El Salvador, pero por debajo de países como Honduras y Guatemala. Si desagregamos aún más por indicadores los datos se vuelven más reveladores: México ocupa el lugar 121 en participación de las mujeres en el mercado laboral, el 123 en igualdad salarial, el 50 en participación de mujeres en gerencias y puestos de alta dirección y el 69 en mujeres profesionistas y técnicas. El país muestra una profunda disonancia entre representación política y participación económica.

La igualdad política, si no va acompañada de autonomía económica tiene un alcance limitado. Las mujeres pueden estar representadas en el Congreso o en los gabinetes, pero la realidad para la mayoría sería seguir enfrentando barreras estructurales para participar de manera libre en actividades económicas, generar ingresos propios y acumular y gestionar su patrimonio. Y eso es, precisamente, lo que muestran los datos sociodemográficos y laborales de México.

Desde una perspectiva demográfica, las mujeres mexicanas viven menos que sus pares en otros países de la región. La esperanza de vida al nacer es de 78 años, por debajo de Colombia y lejos de Costa Rica con 83 años.

Las dinámicas familiares también han cambiado de manera significativa. En 2025 se registraron 5.4 matrimonios por cada mil. Según el Inegi, las mujeres se casan en promedio a los 32 años, los hombres a los 35, cuatro años más tarde que hace una década. Aun así, la estructura de los hogares mexicanos refleja una carga desproporcionada para las mujeres.

Las mujeres destinan, en promedio, cuarenta horas semanales al trabajo no remunerado, frente a dieciséis horas de los hombres según la última Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México del Inegi. En términos relativos, las mujeres destinan 2.6 veces más tiempo en tareas del hogar y de cuidado que los hombres. El valor económico de este trabajo asciende a ocho billones de pesos, equivalente a 26.3 % del PIB. A nivel per cápita, el valor anual del trabajo no remunerado es 60 379 pesos, con diferencias significativas entre entidades.

Pese a su magnitud, este trabajo sigue siendo invisible para la política pública y funciona como un subsidio implícito al resto de la economía.

En paralelo, la tasa de natalidad ha caído de manera sostenida en la región de América Latina, lo que se explica en parte por el retraso en la edad de la maternidad.¹ Hoy se registran dieciséis nacimientos por cada mil personas, casi una tercera parte de los observados en 1960. Sin embargo, esta transición demográfica convive con una anomalía —y una tragedia— persistente: México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en embarazos adolescentes. Se registran sesenta nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, frente a 43 en Brasil y apenas seis en Chile según el Banco Mundial. La incidencia es particularmente alta en estados como Chiapas, Chihuahua y Guerrero, donde entre 17 % y 18 % de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años. La ley prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, sin embargo, México es el décimo país a nivel mundial con el mayor número absoluto de adolescentes mujeres que se casaron o unieron antes de ser adultas de acuerdo con la UNFPA.

Las consecuencias educativas son severas: nueve de cada diez adolescentes que han tenido un hijo no asisten a la escuela, frente a dos de cada diez entre quienes no han sido madres.² El embarazo adolescente sigue siendo uno de los principales mecanismos de reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad.

Llamarles desventajas a estas condiciones suena a eufemismo. Esa realidad se traslada de manera casi automática al mercado laboral. En México, sólo 46 % de las mujeres tiene un empleo o busca uno, por debajo del promedio de la OCDE —67 %— y de países latinoamericanos con los que se nos suele comparar como Brasil con 54 %, Colombia con 50 % y Chile con 49 %.

La baja participación de las mujeres en las actividades económicas no es un fenómeno reciente; es un rasgo estructural de la economía mexicana en la que —todavía en gran medida— son los hombres los que deciden si una mujer puede trabajar o no. Y para agregar complejidad, cuando las mujeres participan lo hacen de manera altamente concentrada en sectores de baja productividad: 24 % trabaja en comercio al menudeo, 20 % en industrias manufactureras y 13 % en servicios de hospedaje y preparación de alimentos.

 

 

Aunque la participación de las mujeres en la educación superior ha aumentado, la mayoría se inserta en el mercado laboral sin los beneficios asociados a la educación superior. Los tres sectores donde se concentra el empleo femenino tienen bajas barreras de entrada, lo que facilita su acceso. Son sectores caracterizados por altos niveles de informalidad, bajos salarios y oportunidades de crecimiento limitadas.

No sorprenderá entonces que la calidad del empleo también muestre una brecha persistente. 55 % de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad, frente a 50 % de los hombres.³ La informalidad viene acompañada de menores ingresos, ausencia de seguridad social y puede ser causa o consecuencia de trayectorias laborales truncadas probablemente debido al matrimonio o a la maternidad.

La brecha salarial de género se mantiene casi intacta desde hace una década: 14 % en 2025 frente a 15 % en 2012. Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que si bien es la fuente más oportuna con la que contamos, difiere en resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares. Para hacer comparables los datos se consideran los ingresos laborales de la ENIGH, donde la brecha aumenta a cerca de 25 %.⁴ Sin embargo, ésta se amplía a 34 % cuando se consideran ingresos no laborales, como rentas de propiedades, intereses, transferencias y programas sociales.

En materia educativa, el panorama es ambivalente. En las últimas tres décadas, las mujeres han logrado avances importantes en acceso y conclusión educativa. Hoy presentan niveles iguales o superiores a los de los hombres. El porcentaje de mujeres que concluyen la primaria a nivel global según la Unesco pasó de 80 % en el año 2000 a 89 %  en 2023; en secundaria de 58 % a 79 % en el mismo periodo; y en preparatoria de 36 % a 61 %. La tasa de analfabetismo entre mujeres jóvenes cayó de 19 % a 8 % entre 1995 y 2023. Sin embargo, estos avances no se traducen automáticamente en una mayor participación económica.

Una de cada cuatro mujeres jóvenes —de entre 15 y 29 años— en México no estudia ni participa en el mercado laboral, lo que ubica al país en la posición 77 de 166 a nivel mundial, según el Banco Mundial. Además, la brecha salarial persiste incluso entre las mujeres más educadas. Las mujeres que sólo cuentan con educación básica enfrentan una brecha salarial de 22 %; con media superior y superior, la brecha es de 20 %; pero para las que cuentan con posgrado la brecha se amplía hasta 33 %, según la ENOE.⁵ Estos datos muestran que la educación, por sí sola, no corrige las desigualdades estructurales del mercado laboral.⁶  

Esto es más evidente en la educación superior.⁷ Aunque las mujeres en México representan 56 % de las personas con estudios universitarios, sólo 64 de cada 100 están ocupadas, frente a 82 de cada 100 hombres, según datos de Compara Carreras 2025 del IMCO. La informalidad entre mujeres con educación superior es mayor y la brecha se mantiene. Además, la segregación por carreras que se consideran tradicionalmente femeninas sigue siendo profunda. Las mujeres se concentran en áreas de cuidado, docencia y trabajo social, mientras que están subrepresentadas en ocupaciones relacionadas con la ingeniería, la mecánica y la tecnología.

En las áreas STEM (las relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), sólo tres de cada diez profesionistas en estos campos son mujeres. Mientras la mitad de los hombres universitarios elige carreras STEM, sólo una de cada cinco mujeres lo hace. El IMCO⁸ estima que México necesita medio millón de mujeres adicionales estudiando estas áreas para cerrar la brecha educativa, una condición indispensable para competir en una economía cada vez más intensiva en conocimiento.

La desigualdad se reproduce también en las altas esferas empresariales. En 2025, sólo 14 % de los asientos en los consejos de administración están ocupados por mujeres, muy por debajo del promedio de la OCDE (32.5 %) y de países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil. El 19 % de los consejos sigue integrado exclusivamente por hombres y 64 % de las empresas no tiene mujeres en ninguna de las tres direcciones clave. Las mujeres ocupan apenas 3 % de las direcciones generales. No hay mujeres, se sigue escuchando en los pasillos de los corporativos.

Las consecuencias económicas de este rezago son cuantificables. Al ritmo actual, México tardaría 56 años en alcanzar la participación económica femenina promedio de la OCDE. Para lograrlo, necesitaría incorporar 18.6 millones de mujeres al mercado laboral. De hacerlo, el PIB podría aumentar en 6.9 billones de pesos en la próxima década. La desigualdad de género no es sólo un problema social: es un freno directo al crecimiento.

La falta de autonomía económica agrava el problema. El 25.1 % de las mujeres mexicanas no genera ni controla ingresos propios, una proporción mayor que en Perú, Brasil, Chile o Uruguay, según la CEPAL. En el país sólo 16 % es propietaria o copropietaria de su vivienda, y aunque 6.2 millones son emprendedoras, apenas 17 % lo hace en la formalidad.

Todo esto ocurre en un contexto de violencia generalizada. En 2024, doce millones de mujeres fueron víctimas de algún delito; en casi seis millones de casos hubo daño emocional o psicológico, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Estas cifras deben interpretarse con cautela, pues tiende a existir un subreporte en estas cifras. La incidencia de delitos sexuales es cuatro veces mayor para las mujeres que para los hombres. El 79 % de las mujeres se siente insegura, y una de cada cuatro ha dejado de usar transporte público por miedo. Las mujeres son las principales usuarias del transporte público en México, por lo que la inseguridad limita sus oportunidades económicas y educativas.⁹

Finalmente, la inclusión financiera muestra avances, pero con brechas persistentes. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, 73 % de las mujeres tiene al menos un producto financiero, ocho puntos menos que los hombres. La brecha es mayor en ahorro para el retiro: sólo 34 % de las mujeres cuenta con una Afore, frente a 51 % de los hombres.

México ha avanzado en representación política femenina de forma notable. Pero mientras la igualdad económica siga siendo una promesa incumplida, esos avances serán parciales. El reto no es menor: cerrar las brechas implica repensar el sistema de cuidados, el mercado laboral, la educación y la seguridad. Los datos son claros. Lo que falta no es diagnóstico, sino voluntad para enfrentar los costos de cambiar las reglas del juego.

Economista. Directora general del IMCO

Este artículo no habría sido posible sin el apoyo académico de Fernanda García y Paola Vázquez.