¿Cuál es el balance de la situación de derechos humanos en México al cierre de 2025? Empezaré poniendo el foco en el reto que ha sido el más complejo y lacerante, al menos durante las últimas dos décadas: la crisis de violaciones a los derechos a la integridad física (el derecho a la vida y la prohibición de la desaparición forzada y la tortura). Según datos oficiales, el número de homicidios al día disminuyó de un promedio de 91.7 en 2024, a 66.1 en el periodo enero a octubre de este año. Una disminución de cerca del 28 %. 20 094 víctimas directas. También según datos oficiales, el número de personas desaparecidas en México pasó de un promedio de 36.8 al día durante 2024, a uno de 39.8, entre enero y noviembre de 2025. Un poco más de 8 % de incremento. 13 287 víctimas directas.
La magnitud y profundidad de la crisis de desaparición de personas en México se hace aún más evidente al darle zoom a otra de sus manifestaciones: la crisis de identificación forense. Organizaciones de la sociedad civil estimaron, a principios del año, la existencia de más de 72 000 restos humanos sin identificar. La probabilidad de que este número haya crecido a lo largo del año es muy alta, dada la agudización de la crisis de desapariciones y el deficiente contexto institucional en que se siguieron dando los procesos forenses en el país.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el feminicidio también disminuyó en este año: de 2.33 feminicidios al día en 2024 a 1.81, entre enero y noviembre del 2025. Pero las cifras netas de feminicidios al día son quizá mayores: organizaciones de la sociedad civil estiman un subregistro en las cifras oficiales de aproximadamente 75 %. Si este porcentaje de subregistro se ha mantenido más o menos constante en el tiempo, las cifras oficiales estarían reflejando de cualquier manera una disminución respecto a 2024. Como quiera que sea, la cifra oficial de 597 mujeres asesinadas por motivos de género entre enero y noviembre de 2025 es alarmante.
Si tomamos los datos del SESNSP sobre víctimas de lesiones dolosas como un indicador proxy de violencia física (no letal) contra las mujeres, observamos un incremento de un promedio de 188.53 casos registrados al día durante 2024 a 206.03 entre enero y noviembre de este año.
Mirando la situación de las personas dedicadas al periodismo, según información de Reporteros sin Fronteras, el número de periodistas asesinados en México durante 2025 (nueve personas) aumentó con respecto a 2023 y 2024. Nuestro país sigue teniendo, como desde hace muchos años, la nefasta distinción de ser el segundo país más peligroso del mundo para ejercer esta profesión, tan necesaria para la vida democrática de cualquier país.
La triada de los derechos a la integridad física se complementa con la prohibición de la tortura. A diferencia de los homicidios y la desaparición de personas, no existe una fuente única de información estadística que registre de manera sistemática el número de casos de tortura cometidos en el país. Sin embargo, un ejercicio de revisión sistemática de la prensa revela que los casos de tortura y abuso por parte de todo tipo de corporaciones policiacas (sobre todo en el contexto de la detención y el interrogatorio de personas presuntamente responsables de haber cometido un delito) fueron cotidianos durante 2025. La prensa también ha documentado de manera sistemática a lo largo del año casos de trata de personas (incluyendo niñas y niños) con fines de explotación laboral y sexual.
Este no es, por supuesto, un recuento exhaustivo: no cubre la amplia gama de derechos humanos ni todos los casos o situaciones que ocurrieron durante 2025. Pero sí presenta una imagen clara de tercas y añejas tendencias que, con algunas variaciones, se mantuvieron durante este año. Da también una idea de la dimensión del sufrimiento humano que se sigue acumulando en nuestro país, un año más.
Desde una perspectiva de análisis más bien estructural, las instituciones del Estado mexicano siguieron mostrando falta de capacidad para controlar a los grupos criminales perpetradores de violencia y garantizar el derecho a la seguridad en el país. Los asesinatos de Carlos Manzo, Ximena Guzmán y José Muñoz (y más de cien funcionarios públicos locales más) lo muestran con nitidez. Esto se relaciona con la persistencia (quizá el crecimiento) de amplias, profundas y numerosas “zonas grises” de poder: territorios o espacios de actividad (pública o privada) en los que se padece una compleja y profunda fusión entre actores criminales y gubernamentales, de tal manera que ya no es posible distinguir entre unos y otros. En estos territorios o espacios de actividad, las violaciones a los derechos humanos proliferan sin ningún contrapeso, en absoluta impunidad.
La más preocupante novedad del año fue la implementación de la reforma al Poder Judicial. La manera en que se llevó a cabo la elección de personas juzgadoras y los resultados del proceso sugieren la conformación de un aparato de impartición de justicia con poco margen de independencia ante el partido en el poder y ante poderes fácticos, como ese nuevo tipo de actor criminal-estatal que en la práctica gobierna en las mencionadas “zonas grises”. La independencia judicial es un elemento sin el cual se diluyen las expectativas de la garantía del derecho al acceso a la justicia en la práctica; no sólo por la facultad que tiene el Poder Judicial de establecer acciones de reparación del daño, sino también por su potencial para prevenir las violaciones, mediante el efecto disuasor de un eficiente ejercicio de impartición de justicia. A todo esto se le suma la reforma a la Ley de Amparo, que puede limitar, entre otras cosas, las posibilidades de organizaciones y colectivos de la sociedad civil de promover juicios de amparo para proteger recursos naturales.
En suma, a finales de 2025 observamos tendencias de violaciones a los derechos humanos que mantienen una dinámica perversa que en este año las autoridades no pudieron o no quisieron alterar. Aunque hay que reconocer la disminución en el número de homicidios y, tal vez, de feminicidios, las tendencias en materia de desaparición de personas, violencia no letal contra las mujeres, asesinato de periodistas, tortura y trata de personas se han mantenido inalteradas durante el año (o incluso han empeorado), dejando una estela de inconmensurable sufrimiento individual, familiar y social
También persistieron factores estructurales preexistentes, como las “zonas grises” de poder que, lejos de debilitarse, siguen echando raíces. A todo este desolador panorama se le añaden reformas al marco legal e institucional del país que redefinen de manera significativa las reglas del juego y limitan las posibilidades para la defensa de los derechos humanos por la vía jurídica. 2025 fue un mal año para los derechos humanos en México. Otro más. Pareciera ser que no hay manera de hacer este tipo de análisis sobre la situación de derechos humanos sin que el balance sea desolador y pesimista. Pero, como todo en la vida, es mejor evitar la negación, como lo hizo el gobierno anterior; reconocer dónde estamos parados para, desde ahí, poder trazar el rumbo hacia un México en el que, poco a poco, la vida no sea para tantas y tantas personas tan brutal, desagradable y corta.
Alejandro Anaya Muñoz
Vicerrector Académico y profesor de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana Ciudad de México