Hay momentos políticos que marcan el rumbo del país y la vida de las personas. Lo que el Poder Judicial Federal ha vivido de 2024 a la fecha, su impacto en la vida política y en la democracia mexicana quedarán en los libros de Historia y dependiendo de a quién le pertenezca el relato, se juzgará como un error o un acierto. Más allá de la crónica colectiva, este acontecimiento queda grabado en las biografías de quienes tuvimos en nuestras manos la responsabilidad de juzgar.
Una bitácora no narra sólo hechos, sino que sirve para registrar datos técnicos de un viaje, tareas realizadas y experiencias. Esta bitácora cruza acontecimientos políticos relacionados con la reforma judicial, la vivencia dentro de la institución y su impacto en las vida de las personas afectadas.
Los sucesos detonantes del prólogo de la reforma judicial están documentados en sentencias y mañaneras. El Poder Judicial de la Federación (PJF), en ejercicio de sus facultades, frenó violaciones constitucionales derivadas de lo que el gobierno decidía. Fue con sentencias sustentadas en conocimiento técnico y con apego a la Constitución, no por iniciativa propia. Los fallos no favorecieron al proyecto político oficialista, pero garantizaron la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes, no por oponerse sino por su rol de guardián de la Constitución.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador, frustrado por los límites a su poder mediante los contrapesos constitucionales, decidió atentar contra el PJF. En las conferencias mañaneras se creó una narrativa falsa pero eficaz: las personas juzgadoras éramos enemigas del pueblo. Un discurso populista sustentado en la exhibición y persecución.
En ese contexto, la que narra ejercía su mandato como consejera de la Judicatura Federal con la facultad de tomar decisiones relativas al gobierno y administración institucional. Por supuesto, entre las tareas estaban la de blindar la independencia judicial y ver por la seguridad de sus miembros. Ante los ataques se generaron políticas que protegieran tanto a los autores de las resoluciones exhibidas como su independencia judicial. Pequé de ingenua, la historia ya estaba decidida por caprichos políticos.
De manera irónica, en el aniversario de la Constitución en 2024 se anunció su debilitación deliberada. El entonces presidente informó sobre sus proyectos de reforma que incluían la judicial: el desmantelamiento y la captura del partido en el poder disfrazada de virtudes democráticas.
Dentro de la institución algunos prendieron señales de advertencia y otros no creíamos que el país fuera capaz de aceptar tan grave error. Voces internas empezaron a movilizarse y alertar en el espacio público sobre la gravedad de la iniciativa. Algunos meses pasaron sin mayor ruido, sin señales de amenaza.
Los resultados de las elecciones presidenciales y del Congreso modificaron el panorama porque la amenaza se tornó en acción: ¡La reforma judicial “va”! Ante el monólogo en la discusión política y el riesgo de su aprobación dada la sobrerrepresentación del partido oficialista, el Poder Judicial de la Federación tenía que reaccionar y resistir. El dilema fue cómo ejercer una presión real sin que se comprometiera la justicia.
El paro de labores iniciado por la base trabajadora en agosto de 2024 fue la respuesta. Ante este escenario, y en respeto a las manifestaciones del personal de juzgados y tribunales, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió acuerdos para no paralizar la impartición de justicia y permitir la continuidad de los asuntos urgentes. Entre marchas y protestas se apreciaban escenas de personas servidoras públicas trabajando. Estuvimos en momentos de incertidumbre y lucha, y aun así no paramos.
En unión salimos a las calles con pancartas, movilizamos y exigimos respeto a la independencia judicial. A la lucha se unieron estudiantes, académicos y sociedad civil, quienes entendieron que la justicia es una lucha común. Al estruendo civil, le siguió la sordera política.
La reforma judicial fue aprobada a pesar de una fuerte resistencia que exigía el diálogo —estándar normal en una democracia—. Como era esperado, los amparos contra la reforma llovieron y ante eso, las suspensiones judiciales. El debilitamiento del Estado de derecho fue patente ante la táctica de las autoridades para ignorarlas en lugar de acatarlas o recurrirlas jurisdiccionalmente. Incluso al CJF se le ordenó enviar la lista de personas juzgadoras al Senado de la República y en una discusión plenaria la minoría nos opusimos a su remisión y a ser cómplices por no acatar las suspensiones que estaban vigentes.
También fue preocupante que, ante las quejas administrativas presentadas contra las personas juzgadoras que admitieron las demandas de amparo de las que derivaron medidas cautelares, consejeras y consejeros alineados al oficialismo decidieran iniciar las investigaciones respectivas. Una decisión que marca el uso del derecho disciplinario como persecusión contra juezas y jueces por resoluciones jurisdiccionales que no sean benéficas para el régimen en el poder.
La humillante tómbola llegó y el proyecto de toda una vida quedó al arbitrio del azar, no de exámenes ni de la preparación técnica para ejercer el cargo. Algunas personas juzgadoras describieron la reforma judicial como infamia, venganza, perversa, destructora, autoritaria, catastrófica e irracional. Agrego humillante. Ante esta “masacre judicial” —como comenté en alguna entrevista—, sólo quedaba el desgaste emocional al ver nuestras carreras judiciales hechas trizas y en el basurero.
Cada persona juzgadora pasó por la misma pregunta: ¿me someto a las elecciones y trato de resistir desde adentro o me retiro sin legitimar esta destrucción?
La jueza Blanca Patricia Pérez Pérez señala: “A partir de la infame tómbola que definió mi salida en 2025, tomé la irrevocable decisión de declinar participar en elecciones, aún recuerdo el indescriptible dolor de ese momento […] cuando la historia analice esta reforma judicial, mis hijos podrán decir: ‘Mi mamá formó parte de la resistencia, lo vivimos con ella’”.
Para la mayoría de las juzgadoras y los juzgadores en funciones que participaron en la elección, el proceso les demostró que no se trató de un juego limpio y competitivo. Para acceder al cargo se tenía que pactar con actores políticos o con los poderes fácticos. La prueba más clara: los acordeones judiciales, aunque la ceguera de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF se empeñe en negarlo. Las campañas degradaron nuestra actividad profesional con arengas que prometían lo imposible: atribuciones de facultades que engañaban a la sociedad porque un juez no es el responsable de las políticas propias del Ejecutivo ni de la actividad del Legislativo. La preparación y experiencia fueron las grandes ausentes.
Los meses han pasado y el capricho político se materializó. En el ínter, la justicia no podía detenerse y todas las personas que formamos parte de la institución tuvimos que continuar con nuestra labor, a pesar de las calumnias y en un ambiente desgarrador. La motivación se debilitó y se convirtió en un “para qué”, pero la vocación del servicio público requiere continuar “a pesar de”. No obstante, en nuestras mentes retumbaba el impacto de la reforma:
—“Me arrebató injustamente el cargo que honrosamente ejercí durante décadas […] No me jubilé: fui expulsado”: magistrado Luis Vega Ramírez.
—“Me obligó a retirarme de una labor que me apasionaba y que realicé durante veintiséis años con total honestidad […] me generó mucha preocupación, ansiedad, enojo y tristeza”: juez Ulises Fuentes Rodríguez.
—“Destruyó mi carrera judicial […] dejando una trayectoria de veintidós años […] Mi vida personal difícilmente la puedo desvincular de mi profesión porque siempre estuve comprometida y eso requirió gran parte de mi tiempo, en el cual estudiaba o trabajaba, creía en la teoría del esfuerzo”: magistrada Nancy Ortiz Chavarría.
—“Ha sido un duro golpe que ha trastocado mi proyecto personal de vida. Dejé una labor que amaba […] a la que dediqué lo mejor de mis capacidades. Estoy viviendo un duelo […] mucha frustración, tristeza, impotencia y rabia”: magistrada Julia María del Carmen García González.
—“Afectó mi vida personal y, como consecuencia, mi patrimonio familiar”: juez Faustino Gutiérrez Pérez.
Desde el CJF el ambiente estaba marcado por la tensión entre seguir respetando la ley, para unos, y la degradación del Estado de derecho, para otros. Una minoría peleaba porque las resoluciones fueran conforme a derecho; sin embargo, las decisiones se iban pintando de guinda con favoritismos, clientelismo y opacidad. En los votos particulares quedó documentada la posición de quienes no estuvimos de acuerdo.
Trabajamos a sabiendas de que la meta era entregar la institución, aunque en realidad cavábamos su tumba.
No hay plazo que no se cumpla, el pasado 1 de septiembre de 2025 queda marcado como el final de una justicia independiente, profesionalizada y técnica. Nos despedimos personas juzgadoras con la incertidumbre del futuro y, para ser justos, también quienes se quedan en el nuevo PJF porque por más que la Constitución señale el respeto total de los derechos laborales de sus trabajadores, lo cierto es que durante las últimas semanas se han pedido renuncias de forma denigrante y sin darles oportunidad de demostrar su conocimiento y compromiso. Las plazas hoy se reparten como botín de guerra.
El mundo sigue girando y algunos preguntan qué sigue para las personas cesadas:
—“Seguir luchando tanto en instancias nacionales como internacionales por la independencia del Poder Judicial de la Federación, así como la división de poderes […] luchar por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos, los cuales se ven seriamente afectados con la Reforma Judicial, pues se prioriza la política sobre el derecho, así como la popularidad y sometimiento de los nuevos jueces, sobre el profesionalismo, méritos e imparcialidad que debe tener toda persona juzgadora”: juez Faustino Gutiérrez Pérez.
—“Un renacimiento. Una etapa de libertad plena para pensar, escribir, enseñar, crear, acompañar, luchar y florecer. Porque aunque quisieron silenciarnos no podrán apagar nuestra conciencia ni nuestro amor por la justicia”: magistrado Luis Vega Ramírez.
—“Pondré un despacho jurídico junto con otros jueces; daré cursos y clases. Emprenderé en un restaurante y asumiré la vida con menos estrés”: juez Ulises Fuentes Rodríguez.
—“En este momento estoy abrazando la incertidumbre y sanando mi duelo; cuento con una profesión alterna que es la de psicología y tal vez ahora busque espacios en esta área, además me gustaría compartir con las nuevas generaciones el conocimiento adquirido en el Derecho. No sé qué viene para mí, pero buscaré una labor que nuevamente pueda amar y en la que sea tan feliz como lo fui dentro del Poder Judicial de la Federación”: magistrada Nancy Ortiz Chavarría.
—“Por lo pronto, procesar este cambio tan abrupto e inesperado con la convicción de que todo estará bien y de que la decisión que tomé, aunque muy dolorosa, fue la correcta”: magistrada Julia María del Carmen García González.
—“Iniciar y desarrollar nuevos proyectos profesionales, personales y familiares. La resiliencia ha sido fundamental al enfrentarme a escenarios retadores, los cuales me impulsan a continuar crecien-do en todos los sentidos. Sin embargo, al decidir, a partir de dónde empezar esta nueva etapa, es fundamental atender al momento que vivimos, así como a la fragilidad que enfrentan las instituciones en este país”: jueza Blanca Patricia Pérez Pérez.
No sólo perdemos proyectos personales de vida, perdemos perfiles capacitados y técnicos para la impartición de justicia. Un desperdicio de talento y una fuga que no se puede costear. Lo que viene para el país son momentos de incertidumbre, debilitamiento de las instituciones, oportunismo y justicia para el mejor postor.
Así lo vemos en redes sociales con la penosa actuación de las nuevas juzgadoras y los nuevos juzgadores en las audiencias orales y en las sesiones públicas de los órganos colegiados, donde se resuelve sobre los derechos humanos más trascendentes de las personas y sobre los asuntos de mayor trascendencia de este país.
Por mi parte, me retiro con la satisfacción de que me desempeñé durante más de 35 años en el Poder Judicial de la Federación con congruencia, capacidad técnica y con el compromiso de un país más justo y respetuoso de la Constitución.
El cargo de juzgadora lo incié con la reforma constitucional de 1994 y, paradójicamente, lo culmino debido a la reforma —que no comparto— de 2024.
Me voy con la frente en alto y la dignidad intacta porque mientras estuve ahí no me dejé amedrentar por presiones políticas ni envolver por el canto de las sirenas. El qué será de mí va tomando nuevos aires porque esta bitácora se terminó. La misión encomendada sigue desde otros espacios: Justicia, Democracia y República. Sí, con mayúsculas.
Lilia Mónica López Benítez
Magistrada federal y exconsejera de la Judicatura Federal