En el marco de su visita a la Facultad de Derecho de la UNAM conversamos con Michael Sandel, uno de los filósofos políticos más influyentes de nuestro tiempo, profesor en la Universidad de Harvard y galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2018. Reconocido por su capacidad para llevar la filosofía a la esfera pública, sus obras, entre ellas Justicia y La tiranía del mérito, han renovado el debate sobre justicia, democracia y bien común. Sus reflexiones cuestionan los límites del mercado, advierten sobre los riesgos de la meritocracia y subrayan la importancia de la deliberación cívica.
Roberto Cabrera: Usted ha subrayado la importancia del debate moral público en una democracia saludable. ¿Qué desafíos plantea el populismo a ese tipo de deliberación?
Michael Sandel: He insistido en la necesidad de un debate público vigoroso para una democracia sana. Hoy, lo que solemos llamar “discurso público” con demasiada frecuencia se reduce a un lenguaje tecnocrático y gerencial que no inspira a nadie o, cuando entra la pasión, a gritos y peleas ideológicas. La ciudadanía quiere algo mejor: deliberaciones que nos permitan discutir como personas democráticas cuestiones de justicia, el papel de los mercados, cómo construir una esfera pública ética capaz de enfrentar la corrupción y, sobre todo, el bien común. En ausencia de ese debate, la polarización se intensifica.
Melissa Ayala: ¿Cómo pueden universidades como la UNAM y Harvard ayudar a construir un sentido del bien común en sociedades atravesadas por la desigualdad y la violencia?
MS: Las universidades no sólo deben preparar para carreras exitosas ni limitarse a transmitir técnicas, datos e información, por importantes que sean. También debemos formar en el arte del discurso público democrático. Eso exige una educación cívica amplia. Todo el estudiantado, sin importar su campo, debería entrar en contacto con la filosofía moral y política, estudiar tradiciones en competencia sobre la justicia y el bien común y aplicarlas a los desafíos contemporáneos. La meta no es que todas las personas estén de acuerdo, sino habilitarlas para reflexionar críticamente sobre sus propias convicciones y aprender a escuchar con respeto a quien piensa distinto, de modo que puedan debatir razonadamente los temas que nos dividen.
Germán Sandoval: Coincido. A veces buscamos el consenso por defecto. El aula debe ser un espacio seguro para disentir, incluso con quienes enseñamos, para que al salir puedan discrepar de manera constructiva con autoridades de todo tipo.
MS: Exactamente. Junto con la enseñanza de la doctrina jurídica, es crucial explicitar y examinar los supuestos normativos detrás de distintas concepciones del derecho. Eso forma a las y los estudiantes para argumentar sobre justicia, derechos, desigualdad y democracia, y para comprender lo que estos conceptos, a menudo controvertidos, significan para la vida pública.
RC: ¿Cómo reconciliar el crecimiento económico con el bien común en sociedades desiguales como México? ¿Pueden modelos alternativos superar las restricciones de la globalización actual?
MS: Es una pregunta fundamental. Para tratarla conviene plantear otra previa: para qué sirve una economía y el crecimiento, con qué fin. Una respuesta familiar, que se remonta al menos a Adam Smith, sostiene que el propósito es maximizar el bienestar del consumidor. Muchas corrientes económicas dominantes lo asumen. Esa visión pasa por alto dos cosas. Primero, la distribución. En las últimas décadas hemos visto crecimiento junto con brechas cada vez mayores de ingreso, riqueza, poder y respeto. Esas desigualdades alimentan reacciones populistas que ponen en riesgo la democracia. Segundo, el propósito cívico de la economía. Mucho antes de Smith, Aristóteles sugería que los arreglos económicos deben ayudar a cultivar ciudadanas y ciudadanos capaces de deliberar como iguales sobre fines comunes. El objetivo no es sólo promover el bienestar del consumidor, sino distribuir equitativamente los beneficios de la actividad económica y sostener una amplia igualdad democrática de condiciones que honre la dignidad del trabajo y las contribuciones que cada quien realiza.
MA: Si la meritocracia no ofrece movilidad social real, ¿qué principio alternativo debería guiar la distribución de empleos, ingresos y reconocimiento?
MS: Entendido correctamente, el mérito es algo positivo. Queremos que cirujanas y jueces sean seleccionados por su competencia, no por nepotismo o corrupción. Mi inquietud es el efecto moral de la meritocracia cuando quienes llegan a la cima creen que su éxito es sólo obra suya y que, por implicación, quienes batallan merecen su destino. Eso produce soberbia entre ganadores y humillación entre quienes quedan atrás. Solemos asumir que las recompensas del mercado miden la verdadera contribución social. ¿De verdad creemos que una gestora de fondos de cobertura aporta miles de veces más que una maestra o un enfermero? Necesitamos recuperar del mercado la pregunta moral del valor. Mediante discusión democrática deberíamos decidir cómo honrar y remunerar los distintos roles sociales. Esto nos devuelve a la importancia de un discurso público más rico.
RC: ¿Qué límites deberían existir al dinero en la política para no erosionar la legitimidad democrática?
MS: Deben existir límites muy sustantivos. En Estados Unidos hemos fracasado en impedir que el dinero domine la política. Incluso regulaciones moderadas las invalidó nuestra Suprema Corte, como si inyectar grandes sumas en campañas fuera equivalente a hablar con la propia voz. Idealmente, las campañas deberían financiarse con recursos públicos, sin aportaciones privadas. Si eso no es viable, sirven los topes estrictos a las donaciones y mecanismos como vales democráticos (democracy vouchers) que otorguen a cada persona una cantidad pública para asignarla al partido o candidatura de su preferencia, y nada más. La idea es proteger la vida pública del dominio de la riqueza.
GS: Sobre justicia climática, ¿cómo pueden los países del sur global atender necesidades sociales internas mientras enfrentan presiones del norte global?
MS: La justicia climática plantea preguntas difíciles sobre responsabilidad y distribución. ¿Deben asumir los costos quienes más emiten hoy o quienes tienen responsabilidad histórica desde la Revolución Industrial? Se discute la eficacia de impuestos o mercados de carbono, a nivel nacional y global. En un mundo ideal habría acuerdos e instituciones internacionales que canalicen inversión desde países ricos para financiar reducciones de emisiones donde los países en desarrollo no pueden costearlas. Es difícil lograrlo. Aun así, hay avances domésticos en la fijación y cumplimiento gradual de metas. No debemos permitir que las dificultades globales nos impidan impulsar medidas nacionales. Ambas vías deben seguirse de forma simultánea.
RC: ¿Qué consejo daría al estudiantado actual y futuro?
MS: Cuando empecé a enseñar, también me costaba, como estudiante, leer textos que me parecían abstractos, como La república de Platón. Aprendí que la mejor forma de involucrar es partir de las propias convicciones morales y políticas del estudiantado e invitar al diálogo con quienes piensan distinto. Leer, aprender y argumentar en común aclara nuestras ideas y cultiva hábitos de discurso democrático: escucha, respeto y razones. Puede ser más estimulante que el consumo superficial de redes sociales. Incluso prohíbo dispositivos electrónicos en clase para facilitarlo. Nuestro trabajo como profesores y profesoras es ofrecer una experiencia más rica y exigente, que forme las artes cívicas que las democracias necesitan.
Roberto Cabrera
Candidato a doctor en Derecho y coordinador de Vinculación Académica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Teoría Política por University College London y en Administración Pública por New York University.
Melissa Ayala
Profesora de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, con una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard, y socia fundadora de Arcana Legal, consultoría especializada en derecho constitucional y litigio estratégico
Germán Sandoval
Doctor en Derecho por la UNAM y profesor de asignatura “A” definitivo en Filosofía del Derecho en la misma institución