El informe elaborado por el ministro en retiro José Ramón Cossío y Jorge Alberto Medellín Pino, documenta, analiza y evidencia que la elección judicial de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina y Tribunal Electoral (TEPJF) fue una simulación controlada.
Con base en un análisis estadístico el estudio demuestra lo siguiente:
- Un comportamiento homogéneo en las tres elecciones nacionales, que se reproduce con tal regularidad y simetría que resulta estadísticamente imposible en un escenario de sufragio libre y auténtico.
- De las 84 000 casillas instaladas en más de 16 400 casillas ganaron los nueve candidatos oficiales.
- En casi 44 000 casillas ganaron al menos seis de los nueve candidatos oficiales.
- A nivel estatal, los extremos son escandalosos si se analiza a partir de las casillas instaladas que se controlaron:
- 9 de 9 ganadores: Guerrero (65.9 %), Puebla (54.92 %), Campeche (53.61 %), Yucatán (53.57 %), Tamaulipas (47.97 %), Zacatecas (44.91 %), Sinaloa (43.08 %) y Tabasco (42.4 %).
- 6 de 9 ganadores: Aguascalientes (97.12 %), Quintana Roo (85.94 %), Guerrero (84.83 %), Oaxaca (80.77 %), Tamaulipas (78.95 %), Sinaloa (74.73 %), Yucatán (73.89 %), entre otros, con un patrón que en 24 estados supera el 47 % de las casillas instaladas.
Desde el punto de vista de fiscalización se revela una comparativa contundente:
- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial, gastó 334 millones de pesos para obtener 6 millones 200 000 votos.
- El ganador a la SCJN gastó 371 000 pesos para obtener 6 millones 195 000 votos.
- Esto es aún más sorprendente considerando que en la elección judicial:
- No hubo estructura partidista para cubrir casillas.
- No hubo pauta en redes sociales, ni acceso a radio o televisión.
- No hubo debates ni eventos masivos.
- Los candidatos eran desconocidos a nivel nacional.
En el informe se concluye, entre otras cuestiones, que:
- Más allá de las cifras, perder el Estado de derecho es probablemente el costo más alto que puede pagar una nación: es un costo intangible.
- Existieron costos ocultos para controlar más del 50 % de la casillas instaladas y no se puede determinar el costo real de la intervención del crimen organizado y actores en el resultado de la elección.
- El deterioro en la confianza ciudadana, la sumisión del poder judicial y la normalización de prácticas fraudulentas constituyen un daño irreparable cuyo impacto real sólo podrá medirse en los próximos años.