El presente no llega y tampoco el futuro
si no eres capaz de nombrar al pasado como pasado.
—Jan Valtin
I. ¿Qué estamos perdiendo?
En México durante los siete años del obradorismo se han empequeñecido y desmantelado con tenacidad piezas fundamentales de la democracia. Hemos sido testigos de una operación desde el propio gobierno que llegó electo democráticamente en 2018 y que, una vez allí, ha emprendido una masiva demolición de la democracia misma. A este fenómeno —típico ya de nuestra época— los estudiosos le llaman “populismo”.
¿Qué estamos perdiendo? Entre otras cosas:
~Se deja de cumplir un requisito crítico de la democracia al perder capacidades institucionales para organizar y celebrar elecciones periódicamente y elegir los cargos públicos, protagonizadas por partidos nacionales, con reglas claras y autoridades imparciales.
~No hablamos de democracia cuando ya no hay un dique para limitar el abuso del poder y no hay una genuina división de poderes. Hace poco tiempo, tuvimos un juez que echó por tierra la orden de un fiscal que pretendía meter a la cárcel —en un penal de máxima seguridad— a 31 académicos y funcionarios, gestores de la investigación científica.
~No hay democracia sin vallas limítrofes que contengan el poder de los autócratas. Como cuando una Corte Suprema supo cortarle las alas a un gobernador electo por dos años que quería duplicar su mandato mediante un decreto promovido por él mismo y para sí mismo.
~Perdemos en calidad democrática si los ciudadanos ya no acuden en masa voluntariamente para cuidar y contar los votos de sus vecinos, en un ejercicio trianual que se había vuelto común y parte de un acto cívico estelarizado por millones.
~No hay ambiente democrático cuando una universidad pública tiene miedo a ejercer su libertad de cátedra y de investigación y sus maestros o profesores no pueden adscribirse a distintas corrientes de pensamiento de derechas o de izquierdas y con las armas de la razón entrar al debate con el poder público o con la oposición.
~No hay una libertad democrática ejercida si un centro de investigación o una institución de cultura no puede libremente abordar y escudriñar un problema crítico de la sociedad o la política, de la ciencia o las artes.
~Se pierde una prescripción democrática cuando las funciones del ejército no están claramente definidas ni sus acciones se sujetan al poder civil.
~Se pierde un derecho humano consagrado internacionalmente por las democracias cuando no es posible conocer los contratos millonarios de cualquier obra pública, como lo señalan la Constitución y la ley de acceso a la información.
~No hay condiciones democráticas cuando los habitantes de un paraje o una organización de la sociedad civil no pueden conocer el dictamen del impacto ambiental de una obra por edificar y una institución no garantiza ese derecho.
~No hay condiciones democráticas cuando el Poder Legislativo declina su independencia y sus facultades, y renuncia a negociar, criticar u oponer un presupuesto al Ejecutivo.
~No hablamos ya de una República democrática si el Poder Judicial no puede invalidar este u otro decreto del Poder Ejecutivo, porque su contenido choca y es incompatible con la Constitución.
~No hay derechos democráticos si un grupo de ciudadanos no puede organizarse para impulsar un tema que le parece relevante (laboral, ambiental, de género) ni interpelar a la opinión pública y manifestarse pacíficamente.
~No hay papel democrático de los medios si la prensa no se mantiene alerta a los casos de corrupción, a las mentiras de los gobernantes o políticos de cualquier signo, y renuncia a documentar, criticar y denunciar esos hechos.
El recuento anterior —que sólo es ilustrativo, no exhaustivo— nos permite recordar las muchas dimensiones de la democracia, en realidad un collage de poderes, instituciones, procedimientos, leyes, costumbres y culturas que han posibilitado un tipo de vida social, de convivencia, en libertad y con derechos, como nunca las habíamos ejercido.
Todas esas “piezas” no cayeron del cielo sino que fueron afanosamente edificadas, habilitadas o creadas sobre la marcha, al calor del propio proceso democratizador. Si bien en nuestro caso las elecciones limpias y equitativas fueron el motor más visible y más necesario, su impacto en otras esferas fue sistemático y creciente.
Así pues, cuando afirmamos que la democracia es un régimen político, afirmamos todas esas cosas juntas. Un régimen político es un tipo especial de convivencia, de resolución de conflictos y de selección (elección, cuando es democrático) de autoridades. Alguna puede estar ausente, apenas naciendo, y otras pueden ser de distinta calidad. Pero no podemos perder de vista que la democracia es esa acumulación histórica, pieza por pieza, según la imagen elocuente de Nancy Bermeo.1
II. El año cero
Los mexicanos hemos presenciado un punto de inflexión en nuestra historia política para descender a un estadio político del que ha surgido, cada vez más aceleradamente un régimen autoritario.
Pero ¿qué es un “régimen autoritario”? En primer lugar, un gobierno que no respetó ni la Constitución ni las leyes, un gobierno que se condujo con ilegalidad. Esta dinámica comenzó desde hace siete años —ante la renuncia anticipada al poder de Enrique Peña Nieto— con un nuevo presidente electo que tomó decisiones sin tener facultades, sin observar procedimientos, simulando una consulta y desechando la opinión de especialistas para cancelar la obra en marcha de un aeropuerto en Texcoco. Debe repetirse que el autoritarismo contemporáneo en México se detonó allí e incubaba ya sus principales rasgos.
La sucesión de acontecimientos puede reconocerse así: un Poder Ejecutivo que dividió a su país, polarizándolo sin cesar. Un presidente dispuesto a desobedecer las leyes y un conjunto de instituciones de contrapeso que lo contuvieron hasta cierto punto. La puesta en marcha de un partido paralelo de “siervos de la nación” y que entregaron dinero líquido y financiado por recursos públicos a lo largo y ancho del territorio nacional en nombre del presidente. Elecciones cada vez con más intromisión del gobierno, ya en 2024, dieron paso a una mayoría del 54 %, mayoría a su vez metamorfoseada en una ultramayoría inconstitucional que se apresuró a derruir el Poder Judicial y los organismos autónomos de control. Tal es la película rápida de nuestro descenso autoritario.
La disposición del presidente López Obrador a violar las leyes cuando así le hiciera falta a su política fue el comienzo y el ejemplo de una cascada de ilegalidad que ha empapado a la República hasta el día de hoy, cuando de plano el propio Legislativo produce leyes sin respeto al procedimiento parlamentario y las más altas autoridades han promovido diversos desacatos a resoluciones judiciales.
Ya no sólo una colección de pequeñas y medianas crisis legales o constitucionales entre las brumas de desacatos por aquí y desacatos por allá, sino un bloque que desde el Estado impulsa y perfila una mutación constitucional mayor.
El quid de la cuestión: el régimen autoritario no nace a partir de las leyes ni de la Constitución sino por encima de ellas y violándolas con una mayoría legislativa inconstitucional.
Lo que el expresidente López Obrador no pudo en casi seis años por fin lo logró al término de su mandato: el cambio de la Constitución a su antojo, constitucionalizar su mayoría metiéndola a granel en el Poder Judicial. La reforma y la elección de jueces vivida en julio, coloniza al Poder Judicial por la mayoría presente y choca de modo flagrante con el artículo 49 de la Constitución: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación”.
Pues bien esa prohibición suprema, constitucional ya no existe: la coalición de Morena anidará en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y será comandada por muy pocas personas, si no es que por una sola.
III. Transición al autoritarismo
Por eso, podemos hablar del fin de una época y del inicio de algo muy diferente a una democracia. Establecer un antes y un después ubicables con fechas en los grandes procesos políticos del país.
Durante veinte años, de 1977 a 1997 México escenificó una transición democrática real: un intervalo en el que pervivieron elementos de un sistema autoritario con novedades democráticas —pieza por pieza— cada vez más frecuentes y abundantes hasta que por fin se activó el Poder Legislativo. Por otra parte y poco después pudo transmitir el poder público (la Presidencia) legalmente y en paz, algo que nuestra nación no había logrado en toda su historia independiente.
También por primera vez y de 1997 a 2018 escenificó una vida democrática por otros veintiún años. En ese tiempo aparecieron ante nuestros ojos los ingredientes para una república democrática. El gobierno fue ocupado por representantes electos en comicios libres y equitativos. Todos los adultos tuvieron derecho a votar y los ciudadanos a organizarse y concurrir como candidatos a cargos electivos. Se activó el derecho de libertad de expresión, incluyendo la crítica al gobierno y a las instituciones; los ciudadanos dispusieron de medios alternativos de información y nuestra política se fundamentó en la existencia de partidos competitivos nacionales.
Estamos hablando de los siete ingredientes básicos e indispensables que “definen un modelo democrático” según el clásico,2 mismos que estuvieron y se recrearon entre nosotros varios lustros y por primera vez.
La siguiente estación se ubica entre 2018 a 2025 cuando emergen iniciativas del gobierno que desmantelaron aquel orden novicio en un proceso gradual y un camino en reversa autoritaria.
No la destrucción estrepitosa de un golpe de Estado, sino una sistemática erosión: de los derechos humanos, del acceso a la información, de la evaluación de la pobreza, de la autonomía de los órganos electorales, de los medios de comunicación públicos, de la seguridad pública como función civil, del pluralismo o del diálogo político. De la independencia del Poder Judicial.
Sobre una mayoría inconstitucional que no refleja sino distorsiona la votación popular, ha cristalizado otra Constitución y un régimen que ya no es democrático. Si en el 2024 el autoritarismo se volvió constitucional con la destrucción y apropiación de la Suprema Corte, de magistrados y jueces en casi todo el país, en el 2025 el régimen autoritario se volvió un hecho práctico, una realidad material.
Es cierto: la erosión de nuestra democracia había empezado por la falta de aprecio y el desencanto por tantos fracasos sociales en materia de crecimiento económico, resolución de la pobreza, desigualdad, violencia e inseguridad endémica y episodios de corrupción a veces inverosímiles por su magnitud. Pero de 2018 a la fecha podemos hablar con propiedad del comienzo de la “transición al autoritarismo”, como ha sugerido Andreas Schedler.3
En nuestra transición al autoritarismo (2018-2025) hemos cursado por tres fases reconocibles. La primera fue la intensa polarización: dividir, partir en dos a la sociedad, a la política y la cultura en México. La segunda fue la anulación de las atribuciones propias del legislativo, sometido y sin disposición para “cambiar una sola coma” a cada iniciativa del Ejecutivo. Y la tercera, en la que estamos, el sometimiento del Poder Judicial mediante elecciones a modo. Dentro, un buen número de cancelaciones o demoliciones institucionales de todo orden: políticas, económicas, científicas, culturales. Autoritarismo en plena expansión.
Mi generación (y la precedente) apostaron sus expectativas y esfuerzos en el estudio de la democracia y su construcción práctica. Algo se logró. Las generaciones actuales están llamadas a reconocer la nueva etapa y sin rodeos nombrarla como lo que es, recolectar lo que sabemos de los autoritarismos pasados y contemporáneos, entender el nuestro, resistirlo y, si se puede, escapar de él.
Ricardo Becerra
Economista y periodista político y económico. Es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD).
1 Bermeo, N. “On Democratic Backsliding”, Journal of Democracy, volumen 27, núm. 1., Johns Hopkins University Press, 2016, cuyo texto seminal, es el primero en alertar acerca del expansivo “retroceso democrático” en el mundo.
2 Dahl, R. A. Los dilemas del pluralismo democrático, autonomía versus control, Conaculta y Alianza editorial, México, 1991.
3 “Repensar la subversión democrática”. Configuraciones 54-55, IETD, noviembre de 2024.