Publicamos esta pieza periodística de manera simultánea con el sitio estadunidense Palabra, una iniciativa de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. La elaboración de este texto fue posible gracias a una beca del Pulitzer Center on Crisis Reporting.
Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero, una comunidad muy unida de políticos conservadores de Guatemala lo celebró. Durante años ejercieron una fuerte presión, cultivando amistades entre políticos de derecha y líderes religiosos desde Ciudad de Guatemala hasta Washington D. C. Depositaron su esperanza en las insinuaciones de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca pondría fin a las prohibiciones de viajar y a las sanciones económicas impuestas a muchos de ellos por el anterior presidente, Joe Biden, porque habían intentado impedir la toma de posesión en 2024 del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
La victoria de Arévalo conmocionó a la clase dirigente de Guatemala, una comunidad de políticos, militares y líderes religiosos cuyas familias llevaban mucho tiempo al mando del país centroamericano. Esta clase había salido casi intacta de una guerra civil que duró décadas y que cobró la vida de 200 000 personas y empujó a casi medio millón más a emigrar a Estados Unidos.
Pero Arévalo, hijo de un expresidente que defendió los derechos de los trabajadores y las causas sociales, obtuvo tres cuartas partes de los votos en otoño de 2024, gracias al apoyo de los indígenas guatemaltecos y los votantes jóvenes. Para ellos, la elección de Arévalo encerraba la promesa de justicia y rendición de cuentas por los presuntos crímenes cometidos durante la guerra civil. De forma inmediata, el camino de Arévalo se vio amenazado por políticos y jueces guatemaltecos con restricciones contra su partido. Esto fue visto por la administración de Biden como una represalia, lo que provocó advertencias y, luego, las sanciones. La Comunidad Europea hizo eco al castigo.
“Sabíamos que teníamos que intervenir y desafiar a los políticos conservadores de Guatemala”, dijo a Palabra un asesor del Congreso estadunidense, explicando que las sanciones eran la mejor manera de ayudar a la transición de Arévalo. Sin embargo, cuando Trump recuperó la Presidencia de Estados Unidos, las élites conservadoras de Guatemala esperaban rápidos reproches para Arévalo. Después de todo, contaban con el nuevo secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, como un aliado confiable.
Desde su elección, Arévalo ha demostrado habilidades diplomáticas sobresalientes. Desarrolló una relación de trabajo con Washington D. C. y se ha mantenido en el lado bueno de Trump. A principios de este año dio la bienvenida a Rubio y estableció la disposición de Guatemala a aceptar vuelos llenos de migrantes deportados, incluidos muchos no guatemaltecos. El gobierno de Arévalo dará la bienvenida a casa a sus ciudadanos deportados, pero con financiamiento estadunidense enviará a otros migrantes a sus países de origen. Arévalo también anunció planes para crear una nueva unidad policial que patrullará las fronteras que Guatemala comparte con Honduras y El Salvador e impedirá los flujos de posibles migrantes.
Al principio de este giro, el discurso y las declaraciones de Rubio a los medios guatemaltecos escandalizaron a los conservadores: no mencionó el levantamiento de las restricciones a los visados de viaje que esperaban. En su lugar, hizo hincapié en que Estados Unidos no puede mantener relaciones políticas o económicas sólidas con un país en el que podría producirse un golpe de Estado.
“Pocas veces he visto a alguien perder la dignidad como lo hizo la derecha en Guatemala durante la visita de Rubio”, dijo el experto de línea dura Ricardo Méndez Ruiz en una publicación en X citado por el diario guatemalteco La Hora. En Guatemala, Méndez Ruiz dirige la Fundación Contra el Terrorismo, que aboga por proteger a los militares retirados de la persecución judicial. Méndez Ruiz borró esa publicación en su cuenta de X.
La inesperada nueva visión de Washington D. C. sobre Guatemala subraya una incertidumbre que ahora domina la política del país. Es prometedor que el gobierno de Arévalo sea el nuevo aliado en el ambicioso plan de Trump para deportar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Pero una fuerte campaña de los conservadores de extrema derecha sigue bloqueando los esfuerzos para que militares y políticos rindan cuentas por las atrocidades cometidas durante la sangrienta guerra civil.
El exembajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, quien sirvió en Guatemala de 2008 a 2011, dijo que la visita de Rubio mostró que, al menos por ahora, la administración de Trump parece confiar en Arévalo. Pero McFarland advirtió en una entrevista con Palabra que los próximos meses seguirán siendo tensos para Arévalo y su gobierno: sus opositores políticos no se han rendido.
La apuesta por Rubio
Como uno de los senadores republicanos de Florida, Marco Rubio lideró en su día una campaña bien financiada por políticos conservadores estadunidenses contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) de Guatemala, una organización lanzada en 2007 por las Naciones Unidas para ayudar a desarticular grupos criminales remanentes de la guerra civil y reforzar la infraestructura jurídica.
Arévalo no ha podido destituir a la fiscala general del país, Consuelo Porras, una funcionaria promilitar que rechaza muchos de los edictos políticos de Arévalo. Fue nombrada por su predecesor, Jimmy Morales, y tiene un bloqueo legal en su mandato hasta 2026. Porras está alineada con las fuerzas contrarias a Arévalo en el Congreso y en el Poder Judicial. Por eso, observadores como los analistas del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional de la Universidad de Stanford creen que la fiscala general es intocable.
Porras es una de las varias funcionarias guatemaltecas a las que el gobierno estadunidense ha denegado el visado por presunta corrupción. Porras y sus seguidores conservadores han seguido un plan de juego para provocar a la administración de Arévalo. Una acción reciente fue ordenar la detención del líder indígena y viceministro de Desarrollo Sostenible del Departamento de Minas, Luis Pacheco. Pacheco es un exlíder de los 28 Cantones de Totonicapán, un influyente grupo indígena que organizó manifestaciones contra Porras cuando Arévalo ganó las elecciones presidenciales en 2023.
Los vientos políticos cambiantes en Guatemala han detenido el trabajo de los defensores de la justicia y los fiscales internacionales que investigaban crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Entre 2007 y 2019, Guatemala parecía destinada a una democracia más sólida. Había crecido la preocupación entre los grupos empresariales y políticos guatemaltecos por la debilidad del Estado de derecho. Es cierto que los acuerdos de paz habían puesto fin a la guerra civil en 1996, pero los medios se dieron cuenta de que la nueva paz no había frenado el crimen organizado, que había florecido durante la guerra, con la ayuda de algunos militares y policías.
Se cree que fuerzas vinculadas a militares retirados participaron en el asesinato del arzobispo Juan José Gerardi en 1998, tras la publicación por parte de la Iglesia católica de un mordaz informe sobre derechos humanos en el que se vinculaba a los militares con asesinatos políticos durante la guerra civil. Además, el asesinato de tres miembros del Parlamento Centroamericano en febrero de 2007 por fuerzas con conexiones a policías y al crimen organizado sacudió a la clase media guatemalteca.
Un modelo para la paz y la reconciliación
Luego vino la CICIG, que recibió ayuda financiera de los gobiernos estadunidense y europeo y del grupo filantrópico Open Society. La organización y la campaña por la justicia contaban con apoyo en Washington, incluso entre los legisladores republicanos. Al principio, se contrató a personal de la ONU para dirigir la organización. Pronto se contrató a los juristas más brillantes y jóvenes de Guatemala, y los nuevos equipos revisaron las prácticas de investigación del gobierno, introduciendo herramientas de acusación como la negociación de los cargos y el decomiso de bienes.
La comisión se ganó la confianza de los guatemaltecos, según un exfiscal que ahora vive en el exilio en Estados Unidos (Palabra oculta el nombre del exfiscal porque les preocupa su seguridad personal). En 2019, la CICIG había procesado a más de 1500 sospechosos, incluidos 200 funcionarios del gobierno, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, con sede en Washington D. C. Pero las victorias legales fueron costosas: los enjuiciamientos los ganaron enemigos de la CICIG que usaron su influencia política contra los fiscales de la CICIG y los partidarios guatemaltecos.
Alianza con Trump
La derecha guatemalteca actuó contra la CICIG cuando se aliaron con Trump durante su primer gobierno. La victoria más significativa de la CICIG contra la corrupción comenzó en 2015, cuando se detuvo al expresidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti por estar implicados en un esquema multimillonario de fraude aduanero conocido como “la Línea”.
El caso provocó manifestaciones e inspiró a los jóvenes guatemaltecos a celebrarlo con concentraciones callejeras. Pero no todo el mundo lo celebraba. Militares retirados, entre ellos algunos investigados por violaciones a los derechos humanos durante la contienda civil, se preocuparon por la detención de Pérez Molina porque era un antiguo alto mando militar. Entonces lanzaron un nuevo partido de derecha, el Frente de Convergencia Nacional. Después, se pusieron en contacto con el principal grupo de empresarios de Guatemala, el CACIF, que también había estado en el punto de mira de los fiscales de la CICIG. El Frente de Convergencia recibió una contribución secreta de un millón de dólares del grupo proempresarial, y luego apoyó el exitoso salto de Jimmy Morales de comediante y político novato a la Presidencia.
La CICIG descubrió las contribuciones ilegales del grupo empresarial a la campaña poco después de la victoria de Morales y se preparó para investigar al nuevo presidente. El director de la CICIG, Iván Velásquez, pidió al Congreso guatemalteco que retirara la inmunidad presidencial a Morales, solicitud que pondría a la CICIG en vías de disolución. En pocos meses, Velásquez fue expulsado de Guatemala y Morales se convirtió en el favorito de la derecha guatemalteca. “Velásquez no comprendió las fuerzas que se habían acumulado contra la CICIG”, según un antiguo diplomático estadunidense con estrechos vínculos con Guatemala.
Dios y el juego final de Washington
El cierre de las oficinas de la CICIG pasó de ser un sueño a una realidad después de que los empresarios guatemaltecos contrataran a poderosas firmas de cabildeo en Washington. La principal de ellas era Greenberg Traurig, estrechamente ligada con la primera administración de Trump. Al final, fue a través de la religión que Guatemala aplastó a la CICIG.
En la actualidad, el 82 % de la población evangélica de Guatemala es pentecostal, una mezcla de pentecostales clásicos y neopentecostales, una rama del cristianismo evangélico. El país se alejó del catolicismo durante la guerra civil debido al apoyo de la Iglesia católica a la teología de la liberación, vinculada a los movimientos de izquierda de Centroamérica. Las comunidades indígenas de las afueras de Ciudad de Guatemala abrazaron el pentecostalismo porque creían que les protegía de la persecución militar. Los militares guatemaltecos sospechaban de la Iglesia católica porque creían que los sacerdotes habían apoyado a la guerrilla debido a la teología de la liberación.
Para trazar la nueva campaña contra la CICIG, Morales y sus asesores militares eligieron a Manuel Espina como embajador en Estados Unidos. Espina era hijo del exvicepresidente de Guatemala Gustavo Adolfo Espina, que en 1993 acompañó al presidente Jorge Serrano cuando éste intentó hacerse con el poder absoluto del gobierno disolviendo el Congreso. El plan fracasó, y Espina y su familia fueron exiliados durante unos años.
Tiempo después, Manuel Espina se convirtió en un exitoso activista pentecostal que trabajó con líderes religiosos estadunidenses en la creación de una influyente sección religiosa en Ciudad de Guatemala llamada Guatemala Próspera. Muchos congresistas estadunidenses se contaban entre sus mentores religiosos y a menudo dirigía viajes religiosos de Estados Unidos a Guatemala.
Sus amigos estadunidenses lo invitaban a actos religiosos, sobre todo al Desayuno Nacional de Oración, que se celebra cada febrero en Washington D. C. y que tradicionalmente ha atraído a presidentes, miembros del Congreso y dignatarios extranjeros. Espina también estaba alineado con la secta cristiana pentecostal conocida como La Familia, que gestionó el evento del desayuno hasta 2023.
Espina se había ganado el favor de influyentes políticos estadunidenses, como el exsenador de Alabama Jeff Sessions, que se unió a la junta directiva de su grupo guatemalteco. Según Jonathan Larsen, periodista y exeditor de TYT Investigates, Espina había establecido una buena red en Washington D. C., incluso antes de llegar como embajador de Guatemala.
La polémica rusa
En Guatemala, el gobierno de Morales estaba impulsado por asesores militares que se llamaban a sí mismos el Sanedrín, en honor al órgano judicial y administrativo judío supremo del antiguo Israel. Guatemala siempre ha mantenido una estrecha relación con Israel, y los amigos sanedrines de Morales animaban a estrechar los lazos con el Estado judío. Esto cobró importancia cuando Trump anunció su polémica decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Morales fue el primer líder extranjero en seguir su ejemplo.
En el verano de 2017, el presidente Jimmy Morales visitó Washington para mantener conversaciones con la administración Trump. Los grupos de cabildeo de Guatemala, Greenberg Traurig, le presentaron a importantes donantes judíos estadunidenses, y el Congreso Judío Mundial le concedió los máximos honores.
Pero Morales no había terminado. En Ciudad de Guatemala sus asesores militares lanzaron una campaña que llamaron Wag the Dog, como la película de Robert De Niro y Dustin Hoffman sobre los asesores y la guerra. El objetivo de la campaña era atraer a más políticos de Washington al bando contrario a la CICIG. Se encontró un argumento de venta: una investigación de la CICIG implicaba a una familia rusa que había llegado a Guatemala ilegalmente y había comprado documentos falsos de residencia guatemalteca a un grupo criminal.
El magnate de la madera y el papel Igor Bitkov, su esposa, Irina, y sus dos hijos se habían trasladado a Guatemala en 2008, después de tener un conflicto con el presidente ruso Vladimir Putin. Pero un año después, un tribunal guatemalteco condenó a la familia por utilizar documentos falsos y el caso provocó la ira de los conservadores en Estados Unidos. Ellos reclutaron al ciudadano británico naturalizado estadunidense, William Browder, financiero y activista de derechos humanos que huyó de Rusia tras enfrentarse a oligarcas alineados con Putin, para que ayudara a los Bitkov. Browder declaró a The New York Times que el gobierno ruso había presionado a la CICIG para que persiguiera a los Bitkov en el escándalo de los pasaportes guatemaltecos. Browder, a su vez, se puso en contacto con legisladores y congresistas estadunidenses; pronto senadores republicanos conservadores escribieron cartas contra la CICIG. El cabildeo ocasionó que el entonces senador Marco Rubio se movilizara para congelar 6 millones de dólares de ayuda estadunidense a la CICIG y para promover una audiencia en la Corte Penal Internacional, con sede en Ginebra.
Mientras sucedía el caso Bitkov, el embajador Espina forjaba conexiones con la primera administración de Trump. A través de nuevos amigos como Sessions, los republicanos conservadores dieron la bienvenida a Espina a La Familia, que más allá del evangelicalismo, es una organización cerrada, política y religiosa que desde hace tiempo busca influenciar a políticos.
La Familia organizó por primera vez el Desayuno Nacional de Oración en 1953 y desde entonces ha reunido a políticos estadunidenses y dignatarios extranjeros, algunos cuyos antecedentes cuestionables eran menos importantes que las firmes credenciales anticomunistas. En 2018 un operativo ruso que intentaba organizar un canal de comunicación clandestino con políticos estadunidenses fue acusado por un gran jurado federal después de asistir al desayuno. Estos episodios ensuciaron el prestigio de la sesión de oración de La Familia.
En 2024, una nueva organización, la National Prayer Breakfast Foundation, se hizo cargo de la planificación del desayuno después de que treinta grupos firmaran un documento criticando el evento. Pero La Familia siguió organizando su propio desayuno en el Washington Hilton. El presidente Biden no asistió en 2024, pero Trump sí lo hizo este año.
Espina llevó a otros guatemaltecos de línea dura a reuniones con políticos. “Espina entraba y salía de importantes círculos políticos”, según una persona de Washington con buen conocimiento de la política guatemalteca. El embajador también organizó varios viajes a Guatemala para congresistas y senadores estadunidenses, donde se reunieron con líderes empresariales que habían ayudado a Morales a ganar la Presidencia.
En una entrevista, Tim Rieser, exasesor principal de política exterior del exsenador demócrata por Vermont Patrick Leahy, describió a Espina como un encantador del Congreso. Otro asesor del Congreso dijo que “algunos miembros del Congreso no saben con quién están tratando y pueden ser rápidamente engañados y manipulados”.
Nuevo presidente, nuevo plan de juego
Morales fue un presidente controvertido pero moderado en comparación con Alejandro Giammattéi, un exfuncionario de nivel medio con un historial de corrupción que se convirtió en presidente en 2020. Pronto trabajó en tándem con la fiscala general Consuelo Porras. Giammattéi y Porras atacaron a exfiscales, abogados y periodistas. Hasta doscientos expertos legales que habían trabajado con la CICIG tuvieron que abandonar el país por amenazas y persecución.
Así comenzó el periodo conocido como el Pacto de Corruptos, en el que los políticos se aliaron con empresarios y antiguos oficiales del ejército para revertir las reformas impulsadas por la CICIG. El objetivo más importante de la cábala era el principal diario de Guatemala, El Periódico, y su galardonado editor, José Rubén Zamora, que relató el ascenso de la secreta organización promilitar La Línea. Durante la guerra civil, los militares tomaron el control de las aduanas y los puertos, supuestamente para identificar y detener el flujo de armas “que entraban en Guatemala para la guerrilla guatemalteca”, escribió Zamora, añadiendo que resultó ser un plan ilegal multimillonario que enriqueció a los militares durante y después de la guerra.
El influyente medio de comunicación de Zamora contaba con hábiles escritores y caricaturistas que ridiculizaban a los poderosos, y con consejos de políticos amigos se habían enfrentado a varios presidentes y habían llamado la atención a grupos del crimen organizado, jefes militares retirados, líderes empresariales y miembros del Congreso guatemalteco.
Durante la Presidencia de Giammattéi, El Periódico escribió a menudo sobre Miguel Martínez, un joven funcionario del gobierno que ejerció una increíble influencia política durante el periodo de Giammattéi y era sospechoso de corrupción desenfrenada y de organizar chanchullos al gobierno. Una columna apodó a Giammattéi y a su amigo “el Ogro y el Principito”. Otra llegó a sugerir una relación personal entre Giammattéi y Martínez. Pocos días después de la aparición de la columna, un gran contingente de policías enmascarados allanó el domicilio de Zamora y lo detuvo; acusaron al editor de lavado de dinero.
Zamora ha enfrentado increíbles reveses legales en casi tres años entre rejas. Sus abogados fueron acusados de conspiración, lo que le obligó a llevar su caso sin representación legal durante algún tiempo. En otoño de 2024, un juez ordenó el traslado de Zamora a arresto domiciliario hasta que se resolviera el caso, decisión que fue revocada esta primavera. El presidente Arévalo ha intentado intervenir en el caso de Zamora, pero la fiscala general Porras le ha puesto trabas.
El caso de Zamora ha arrojado otra luz sobre la justicia y la libertad de expresión en Guatemala, incluso cuando la estatura de la nación ha crecido dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos bajo Rubio y la Casa Blanca de Trump. El presidente Arévalo ha redoblado los esfuerzos que inició durante los años de Biden. Sólo que ahora su oferta al equipo de Trump es aceptar un 40 % más de vuelos de deportación con migrantes indocumentados de muchas naciones, lo que podría traer a Guatemala unos 100 000 nuevos deportados cada año. En 2023 más de 50 000 guatemaltecos repatriados volvieron al país.
“Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en el caso de José Rubén Zamora, porque lo que estamos viendo aquí es una ruptura total del Estado de derecho en Guatemala”, declaró Caoilfhionn Gallagher, que dirige el equipo jurídico internacional de Zamora.
Pero incluso mientras el gobierno de Arévalo se prepara para ofrecer programas sociales de ayuda a los guatemaltecos deportados, las perspectivas económicas del país son sombrías. La economía de Guatemala depende de las remesas enviadas por los inmigrantes en Estados Unidos. En 2024 el dinero equivalía al 20 % del PIB del país, según el Banco Mundial, y absorber a miles de deportados más puede suponer otro reto para el delicado equilibrio geopolítico de Arévalo.
Ana Arana
Periodista de investigación y excorresponsal que reportó durante tres décadas en América Latina y África. Ha recibido múltiples premios periodísticos, entre ellos, un Premio Peabody, dos Premios del Club de Prensa Extranjera y un Premio Dart a la Excelencia.