Cuando estudiaba Relaciones Internacionales, a inicios de los 2000, la transición a la democracia era un tema recurrente en mis clases; las discusiones eran efervescentes. La alternancia política fue uno de los capítulos más significativos en la historia contemporánea del país. Leíamos sobre la tercera ola de la democracia, la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, un cambio que aceleró los procesos de democratización en el mundo, al tiempo que se consolidaba el avance del libre comercio.
Recuerdo a algún compañero que todavía se identificaba con el priismo de antaño y su antagonismo —siempre amistoso, debo decir— con quienes desde entonces simpatizaban con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. En aquellos días había consenso (incluso entre quienes hoy son fieles defensores del oficialismo) sobre cuál era la mejor forma de gobierno y el horizonte deseable para México. Entre la comunidad internacional se instaló la idea de que sólo la democracia —entendida como elecciones competidas, libres, periódicas y universales— podía dar legitimidad a los gobiernos. Por eso, la elección del 2000 se vivió con enorme optimismo; representaba, al menos en el imaginario de sus arquitectos, la proyección de un México nuevo, que por fin transitaba a una era de pluralismo, derechos y libertades.
A la par de una democratización fincada casi de manera exclusiva en lo electoral, se dio la liberalización económica cuyo proyecto insignia fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy conocido como T-MEC. Los procesos de cambio político y económico se entrelazaron de forma ideológica, material y programática. En el ámbito internacional, esto significó la apertura de México al mundo tras decenios de mantener una mirada volcada al interior y una política exterior principista. Se produjo una especie de desprovincianización, como dice Raudel Ávila:1 desde el acceso a una mayor diversidad de bienes hasta la posibilidad de aprender otros idiomas, estudiar o vivir en el extranjero.
La historia tiene algo de pendular porque hoy todo indica que el modelo político de la transición democrática llegó a su fin. En México, lo sustituye el régimen de la autoproclamada Cuarta Transformación, cuyos márgenes todavía siguen en definición, pero que tiene una marcada semejanza con lo que Octavio Paz denominó el “ogro filantrópico”:2 un Estado autoritario en su naturaleza, pero revestido con un fuerte discurso social y paternalista. Mientras tanto, en el mundo, la democracia liberal está amenazada por el avance de los nacionalismos y los populismos de izquierda y derecha, y por el proteccionismo comercial alimentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Si en décadas pasadas la democracia liberal era sinónimo de prosperidad, en lo que va del siglo XXI también se le asocia con problemas como la exclusión y una lacerante concentración de la riqueza. No se trata de un malestar subjetivo. Las democracias liberales han aumentado sus niveles de desigualdad, al tiempo que han desatendido las necesidades de sus gobernados. Esta realidad erosiona su legitimidad ante los ojos de las mayorías, que cada vez con mayor facilidad y frecuencia son seducidas por demagogos que prometen una arcadia feliz y ficticia, construida sobre la ruptura con las élites tradicionales.
Es necesario repensar tanto la democracia como la liberalización de la economía en México, más allá de sus límites y de los fracasos de sus protagonistas. En paralelo con la democratización del sistema político, México vivió un proceso de apertura al mundo, un cambio que merece ser preservado y defendido en la era del trumpismo patriótico.
La transición a la democracia redefinió la relación de México con el mundo. El país no sólo apostó por la liberalización económica con la firma del TLCAN, sino que adoptó una postura activa de defensa del orden democrático y los derechos humanos en el terreno internacional. Esta visión se plasmó en su política exterior, que asumió entre sus objetivos “contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable”.3
El entorno internacional, marcado por el ascenso de Estados Unidos como la mayor potencia del mundo y una agenda menos determinada por la lógica geopolítica de la Guerra Fría, fue un factor clave que propició este viraje. En América Latina, donde la mayoría de los países contaba ya con gobiernos civiles electos, los cambios en el orden mundial se tradujeron en un respaldo sin precedentes a la democracia. En términos prácticos, esto significó que México se alejara del principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados —piedra angular de su diplomacia durante décadas—, como quedó demostrado con las críticas abiertas del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, al régimen cubano por su falta de libertades y represión política.
Otro aspecto central de este cambio fue que cada vez se aceptaran más normativas internacionales en materia de derechos humanos. A partir de la transición, México ratificó tratados que otorgaron a los compromisos internacionales un peso equiparable al de la legislación constitucional. Entre éstos, destaca el Tratado de Roma, firmado en el 2000 y ratificado en 2005. Este instrumento jurídico dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), el primer tribunal permanente con jurisdicción para juzgar a individuos responsables de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión. Al adherirse al tratado, México reconoció la jurisdicción de la CPI, al tiempo que se comprometió a armonizar su legislación interna con los estándares internacionales de justicia penal internacional.
La apertura se expresó también en la disposición del Estado mexicano para aceptar mecanismos de monitoreo externo, incluidos los procedimientos especiales de Naciones Unidas (ONU) y las visitas de relatores internacionales. Se fortalecieron la vigilancia y la evaluación de los derechos humanos en el país. Entre 1997 y 2016, México recibió más de cincuenta visitas de relatores de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA). A partir de la transición democrática, México aceptó que sus ciudadanos pudieran presentar quejas ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o los comités de tratados de la ONU, una vez agotados los recursos jurídicos disponibles a nivel nacional.
La presencia de observadores electorales internacionales se convirtió también en una práctica común, que permitió reforzar la legitimidad de los comicios ante la ciudadanía y la comunidad internacional. La prensa extranjera adquirió un papel relevante en la cobertura del acontecer político mexicano, lo que contribuyó al escrutinio global del Estado y de la calidad de su democracia.
Es legítimo debatir el alcance, la profundidad y la utilidad de estos cambios. En materia de política exterior, me parece que el balance de la imagen de México en el escenario global es positivo. En su momento, la alternancia política permitió que el país ingresara al “club de las democracias”, un espacio político y simbólico que facilitó la interlocución con economías avanzadas. No puede decirse lo mismo de la eficacia —y la conveniencia— con que se promovieron valores democráticos. En el exterior, México contaba con el llamado “bono democrático”, pero se agotó pronto y el país enfrenta déficits severos en esta materia.
El andamiaje jurídico de México es hoy mucho más robusto que en el siglo XX y eso, sin duda, es positivo. La independencia judicial sigue siendo endeble —y el experimento promovido por este gobierno no ha hecho más que agravar esa fragilidad—; no se han logrado avances significativos en la protección de personas migrantes; las desapariciones forzadas siguen en aumento y la violencia contra las mujeres no ha sido contenida. Las deficiencias en estos ámbitos, sumadas a la persistencia de la corrupción en las instituciones públicas y en el sistema de justicia, no sólo exceden los alcances de este texto, sino que rebasan de la misma forma los límites de la democracia electoral que se instauró en México.
Ahora bien, el cambio más definitivo y tangible en la vida cotidiana de los mexicanos ha ocurrido en el terreno económico. Si bien los beneficios de este proceso han sido distribuidos de manera desigual, la liberalización y la firma del TLCAN moldearon de forma decisiva el rumbo del país hasta el día de hoy. La integración comercial con el mundo ha permitido que México registre un desarrollo sostenido durante los últimos cuarenta años. Los motores de crecimiento están intrínsecamente ligados a la economía internacional: alrededor de dos tercios del producto interno bruto (PIB) dependen del comercio exterior. Antes del proceso de liberalización, esa proporción era de menos del 30 %; en la actualidad, supera el 85 %. Según cifras del Inegi, casi una cuarta parte de la población ocupada (14.6 millones de personas) trabaja en sectores vinculados a la integración comercial, como la manufactura, el comercio al por mayor, el transporte y el almacenamiento.4
La evidencia más contundente del peso del libre comercio radica, me parece, en el hecho de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado como una de sus prioridades la preservación y defensa del T-MEC. Es consciente de que la estabilidad de la economía nacional depende de uno de los legados más significativos del periodo neoliberal. Si bien este modelo puede ser objeto de críticas válidas por sus limitaciones sociales, su efecto sobre la estructura económica del país ha sido profundo, duradero y, en buena medida, positivo.
En diciembre de 2024, participé en una mesa de análisis sobre América del Norte organizada por esta misma revista. Recuerdo la diversidad generacional de los panelistas: algunos habían sido testigos del proceso de cambio que supuso la firma del TLCAN, otros éramos apenas unos niños cuando eso ocurrió y crecimos en un entorno donde los beneficios del tratado ya formaban parte de nuestra cotidianidad. La diferencia no es menor: para mi generación y las que vinieron después, el libre comercio y la integración del país al mercado global fueron condiciones dadas.
En una entrevista reciente, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo recordaba que en su juventud quería comprar un equipo de sonido en el extranjero porque su calidad era superior y ese tipo de bienes no estaban disponibles en México. El comercio internacional cambió eso. La apertura comercial no sólo transformó la estructura productiva del país, sino que amplió de forma natural la variedad y calidad de los bienes y servicios —desde computadoras y teléfonos inteligentes hasta plataformas de streaming— a los que algunos mexicanos podemos acceder. A esto debe sumarse el cambio tecnológico, que ha intensificado la interconexión global. Me parece no sólo difícil revertir esta realidad, sino un desatino intentarlo.
La liberalización comercial, en paralelo con la transición a la democracia, produjo una especie de efecto de arrastre, de spillover, que expuso nuestra vida cotidiana a las dinámicas globales y transformó nuestras costumbres, para bien y para mal. El cambio fue evidente en nuestros hábitos de consumo, pero también en la influencia cultural del exterior, no sólo de Estados Unidos, que ha contribuido a anclar muchos de los procesos descritos en la primera parte de este texto. La presencia de la prensa internacional en México, por ejemplo, se volvió frecuente, e incluso aspectos que podrían parecer triviales —como nuestras aficiones deportivas, nuestros gustos musicales o el cine, las series y los programas televisivos que consumimos— empezaron a mirar cada vez más hacia el exterior. Creo que preservar con determinación la apertura de México al mundo no es sólo deseable, es imprescindible.
Voltear la mirada hacia afuera no sólo amplía nuestra perspectiva, también recuerda la valía del pluralismo y que ningún país puede aislarse. En contraste, líderes como el expresidente López Obrador o el presidente Trump han insistido en lo contrario: en replegarse hacia adentro justificados en una narrativa patriótica y parroquial. Pero ese gesto supone una visión estrecha del mundo y empobrecedora en términos políticos, culturales y morales.
En El abanico de Lady Windermere, Oscar Wilde pone en boca de uno de sus personajes la definición del cínico: “Un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada”. En su empeño, cada vez más decidido, por desmantelar el sistema internacional, el presidente Trump es el ejemplo perfecto. Su regreso a la Casa Blanca marcó una ruptura profunda. Por la voluntad de un individuo, Estados Unidos ha renunciado a ser potencia rectora en el escenario global.
Un mundo sin Estados Unidos es una realidad en proceso. La retirada del Acuerdo de París, el abandono de la Organización Mundial de la Salud y el desdén por las alianzas que dieron forma al orden internacional de la posguerra, son señales contundentes de esa transformación. Se suma el tono beligerante y provocador del vicepresidente J. D. Vance durante la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de este año, que evidenció el desinterés de Washington por sostener un liderazgo fundado en principios compartidos.
El desencuentro en la Oficina Oval entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, acaso sea el ejemplo más elocuente del momento que atravesamos. Se trató de una agresión injustificada que mostró cómo la fuerza comienza a desplazar a las normas, y cómo el horizonte común que sostuvo la arquitectura global de las últimas décadas es reemplazado por una lógica de poder inmediato, sin límites ni responsabilidades.
A propósito de esta realidad, varios internacionalistas recuerdan la tesis de Tucídides en el Diálogo de los melios: “Los fuertes hacen lo que les permite su poder y los débiles sufren lo que deben”. Una expresión cruda y precisa del realismo político que hoy se impone en las relaciones internacionales, aunque me resisto a pensar que es de manera permanente o definitiva.
Como parte del sistema internacional, México no es ajeno a los cambios en curso. Su geografía le impuso a Estados Unidos como vecino. El gobierno del expresidente López Obrador promovió un nacionalismo aislacionista, justificado en la consigna de que “la mejor política exterior es una buena política interior”, y en una defensa dogmática del principio de no intervención. La agenda internacional del sexenio fue mínima. En contraste con los años de la transición, México se replegó del mundo, a pesar de que, por el tamaño de su economía y población, es uno de los países más relevantes del continente americano.
Hay un riesgo real de que ciertos liderazgos políticos y una parte de la ciudadanía asuman que el aislacionismo es el camino correcto. En lo económico, esto podría traducirse en un intento de retorno literal al modelo de sustitución de importaciones de los años cincuenta, impulsado por consignas nacionalistas y lugares comunes antiimperialistas. Recuerdo que, días después del regreso de Trump a la Casa Blanca y tan pronto comenzaron los ires y venires arancelarios, un buen amigo me escribió: “La banda liberal decía que con el comercio llegaría la paz”. Aludía a la tesis kantiana de la paz perpetua, según la cual el comercio fomenta la interdependencia y los intereses compartidos. Su ironía ilustra con claridad el desafío.
Desde mi perspectiva, sin embargo, hay líneas rojas que resultan difíciles de pasar. La dinámica de la relación bilateral ha cambiado de forma cualitativa respecto a la que predominó durante el siglo pasado, y el libre comercio ha sido un factor clave en esa transformación. No quiere decir que Trump no pueda, poco a poco, destruirlo todo —por ejemplo, retirarse del tratado comercial con México y Canadá—, pero los costos políticos, económicos y diplomáticos de hacerlo serán cada vez más altos. Lo confirman las pausas, ajustes y excepciones arancelarias que Estados Unidos ha concedido tanto a México como a Canadá en lo que va del año.
Cuando trabajé como diplomática de México, escuchaba con frecuencia que era necesario diversificar la política exterior y no concentrar todas nuestras canicas en Estados Unidos. En principio esta postura parece sensata, pero lo cierto es que no se ha logrado, y es difícil que se logre del todo. La geografía es destino. La concentración de nuestras exportaciones en el mercado estadunidense no responde sólo a su tamaño —es, después de todo, el más grande del mundo—, sino también a razones logísticas: la cercanía, la infraestructura compartida y los costos de transporte hacen que el comercio con Estados Unidos sea más fácil y eficiente. Si se quiere una auténtica diversificación, tanto en el plano económico como político, hay que reconocer que este objetivo va a contracorriente de las posturas nacionalistas y del repliegue interno que ha caracterizado buena parte del discurso político reciente.
La apertura de México al mundo, muy ligada a la transición democrática y la liberalización económica, fue y sigue siendo deseable. No por nostalgia hacia un orden liberal que hoy se diluye, sino porque existen razones de fondo para afirmar que esa proyección al exterior ha beneficiado a la ciudadanía en lo político, lo económico, lo cultural y lo simbólico, y sigue siendo básica para el bienestar, la estabilidad y el desarrollo del país. Reivindicar esa apertura no supone omitir los errores del modelo liberal; implica reconocer que el repliegue no es una alternativa. Si algo ha quedado claro en la coyuntura internacional, es que el aislacionismo y la indiferencia hacia el exterior no son viables para un país que comparte frontera, pero también una historia y un futuro con Estados Unidos. Para México, mirar hacia adentro no puede ni debe suponer no mirar al mundo.
Alexia Bautista
Maestra en Ciencia Política por la Escuela de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza. Es analista para México en la consultora Horizon Engage.
1 “¿Qué valores preservar de la transición?”, Letras Libres, núm. 309, septiembre de 2024, p. 30.
2 El ogro filantrópico: historia y política 1971–1978, Seix Barral, Barcelona, 1979.
3 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4989401&fecha=31/05/2007#gsc.tab=0
4 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 4.to trimestre de 2024, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enoe/enoe2025_02.pdf