Jaime Ros. Economista. Actualmente es profesor de Economía en la Universidad de Notre Dame.

México parece cumplir con todos los requisitos para ser un beneficiario natural e la globalización. Pero qué ha pasado, por qué su desempeño económico a sido tan decepcionante. El análisis de Jaime Ros aclara estas dudas: porque el modelo mexicano es el de “una economía liberalizada con una moneda fuertemente sobrevaluada”.

El término globalización evoca muchas y variadas tendencias de la economía mundial. Algunos de estos fenómenos, como la internacionalización de procesos productivos y la transferencia de tecnologías o el crecimiento del comercio internacional a ritmos mayores que el del producto mundial, no son nuevos. Evoca también otras tendencias que se han acelerado notablemente, como los flujos migratorios y la revolución de las comunicaciones. El sentido en que empleo el término es mucho más acotado y se refiere a dos aspectos también nuevos en la economía mundial: 1) la internacionalización de las finanzas, que se acelera de manera notable a partir de mediados de los años setenta; y, 2) los procesos de liberalización económica en los países en desarrollo, que se profundizan después de la crisis internacional de la deuda en 1982. Vista de esta manera —que, por cierto, coincide en gran medida con la definición de globalización que usa un informe reciente de la unctad—, la globalización es una realidad. Pero no es una fatalidad. El que esta realidad sea irreversible o no depende de la capacidad de esos dos procesos —internacionalización financiera y liberalización económica— en los países en desarrollo, para enfrentar los retos del desarrollo económico y social, incluyendo el de justicia social.

Y esta capacidad no es evidente. Para ilustrar el argumento, piénsese en el caso de México. México parecería tener todos los ingredientes necesarios para ser un beneficiario natural del proceso de globalización. Se trata de un país de ingreso medio, con la infraestructura y las calificaciones de la fuerza de trabajo correspondientes, avanzado en el proceso de liberalización y privilegiado por cambios institucionales, como el tlc, con que otros países no cuentan. No se encuentra al sur del Sahara, sino estratégicamente situado en términos geográficos. Parecería, en efecto, tener todos los ingredientes necesarios para aprovechar las ventajas de la globalización.

Sin embargo, y ésta es la paradoja, México ha tenido hasta el momento uno de los desempeños económicos y sociales más decepcionantes en el mundo en desarrollo. Lo decepcionante no se refiere sólo a la crisis de 1994, aunque sin duda se trata de una de las peores crisis de nuestra historia, o a la “década perdida” de los años ochenta, sino también al desempeño que precedió a la crisis reciente: una recuperación, que se inicia en 1989 y avanza a tasas muy bajas de crecimiento y, de 1991 en adelante, declinantes, incapaz de absorber el rápido crecimiento de la oferta de trabajo que caracterizó y seguirá caracterizando a la economía, y que terminó generando una reducción del empleo manufacturero de 1990 a 1994, la agravación de la pobreza y la explosión de problemas sociales que se habían acumulado a lo largo de mucho tiempo.

¿Por qué un beneficiario natural de la globalización ha tenido un desempeño tan decepcionante? Resultará útil una tipología de países para la cual no tengo buenos adjetivos, de manera que me referiré a ella como los modelos 1, 2 y 3 de liberalización económica.

El modelo 1, que corresponde a algunos países del Este de Asia, combina un tipo de cambio real alto y estable con políticas comerciales que hacen un gran énfasis en la promoción de exportaciones y, con un uso consistente de la protección temporal para industrias nacientes, hacen mucho menos énfasis en la liberalización de importaciones. El modelo incluye también otro tipo de políticas de apoyo hacia los mercados de factores (como calificación de la fuerza de trabajo, políticas tecnológicas y de fortalecimiento de los segmentos de largo plazo del mercado de capitales) que contribuyen a elevar la eficiencia de la inversión y a una rápida incorporación de progreso técnico. Cuando este conjunto de políticas va acompañado de altas tasas de ahorro e inversión, el resultado de este modelo es el supercrecimiento, con altísimo auge del empleo y una reducción rápida de la pobreza. También arroja una redistribución progresiva del ingreso debido al ritmo acelerado de creación de empleos y al rápido crecimiento de los recursos, derivados de la propia expansión económica con que el Estado cuenta para atender las demandas de educación, salud y seguridad social. Si a ello se le agregan otras políticas sociales y ambientales, uno tiene una trayectoria de desarrollo con prosperidad, equidad y sustentabilidad ambiental y social.

El modelo 2 incluye liberalización del comercio exterior junto con otras reformas de mercado así como políticas macroeconómicas, especialmente un alto tipo de cambio real, y restricciones a los movimientos de capital de corto plazo, que en parte se compensan por la ausencia de otras políticas sectoriales de apoyo. Este corresponde al segundo modelo chileno, que va de 1985 a 1990, cuando después de la crisis de 1982 el gobierno chileno se vio forzado a abandonar las políticas de sobrevaluación cambiaria que había seguido hasta principios de los años ochenta. Vale la pena recordar aquí, como lo han hecho Ricardo Ffrench-Davis y Manuel Agosín,1 que el valor real del peso chileno se depreció en casi 120% entre 1982 y 1988. Este es un modelo que no genera supercrecimiento, pero que produce crecimiento impulsado por exportaciones a tasas decentes. Si a ello se le agregan, como ocurre a partir de 1990, políticas fiscales orientadas a elevar la tasa de ahorro e inversión y políticas laborales y de salarios mínimos orientadas a la recuperación de salarios reales, el modelo no sólo produce crecimiento sostenido (a tasas del orden del 6% anual) sino también una reducción progresiva de la pobreza.

La distribución del ingreso puede, sin embargo, continuar siendo muy inequitativa en parte porque el modelo no se caracteriza por ese crecimiento tan espectacular del modelo 1. Este corresponde al tercer modelo chileno, que corresponde a la gestión de los gobiernos democráticos de 1990 en adelante.

El modelo 3 combina liberalización del comercio exterior con apreciación cambiaria en términos reales, plena liberalización financiera externa, bajas tasas de ahorro e inversión, y pocos esfuerzos específicos de promoción de exportaciones y políticas sectoriales de apoyo. Este corresponde al primer modelo chileno, de 1974 a 1982, y a lo que podríamos llamar el modelo México, es decir hasta la crisis de 1994. Se trata también de la trayectoria que otros países latinoamericanos han seguido o pueden seguir en el futuro en mayor o menor grado. Este modelo arroja estancamiento económico o, en el mejor de los casos, crecimiento lento, periódicamente interrumpido por recesiones abiertas y/o crisis de balanza de pagos. Aunque las exportaciones crecen, no se trata de un modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones, como el modelo 2, porque los efectos del crecimiento de las exportaciones se ven contrarrestados por los efectos negativos del desplazamiento de la producción local por las importaciones. En la medida que hay algo de crecimiento, se trata de un crecimiento impulsado por el sector de bienes no comerciables. Cuando uno agrega políticas sociales a este modelo, como ocurrió en el caso mexicano, uno tiene un modelo mejor pero no mucho mejor; la desigualdad persiste e incluso se agrava en periodos de crisis, el subempleo y la pobreza aumentan como consecuencia del semi-estancamiento y las políticas sociales tienden con el tiempo a convertirse en políticas de emergencia. Eventualmente este modelo se vuelve socialmente inviable.

La economía mexicana emergió, a principios de los años noventa, de dos procesos que habían tenido lugar en la década anterior: un conjunto de reformas económicas de mercado y, más recientemente, un plan de estabilización basado en parte en el tipo de cambio como ancla nominal. Hubo, sin duda, varios aspectos positivos en estos procesos y, en particular, cabe enfatizar, en el caso de la estabilización, que el uso del tipo de cambio como ancla nominal del sistema de precios resultaba un ingrediente necesario, en su fase inicial, para que el programa de control de inflación tuviera éxito. El problema es que esos dos procesos pusieron a la economía en la trayectoria del modelo 3, una economía liberalizada con una moneda fuertemente sobrevaluada.

Los rasgos del modelo 3 se vieron agravados por otro aspecto de la globalización: la internacionalización financiera. Paradójicamente, la percepción de México como un beneficiario natural de la liberalización económica agravó ciertos rasgos negativos de ese modelo, dando lugar a lo que podría llamarse la “enfermedad mexicana” (por analogía con la llamada “enfermedad holandesa”). Con un programa de estabilización anclado en el tipo de cambio nominal como telón de fondo, los grandes volúmenes de inversión extranjera de cartera contribuyen a la apreciación real del peso. La abundancia de capital externo permite una fuerte expansión del crédito bancario interno. Parte de esta expansión se canaliza al financiamiento de nuevos proyectos de inversión pero buena parte termina alimentando un auge de consumo privado en medio de una atmósfera artificial de bonanza. Además, las limitaciones de los mecanismos de regulación y supervisión de un sistema bancario recién privatizado, contribuyen a la sobrexpansión del crédito al consumo. El creciente endeudamiento de los hogares explica aquella parte de la caída del ahorro privado que se debe al ahorro personal.

En combinación con la liberalización comercial, la apreciación cambiaria real contribuye a una continua reducción de la inflación, pero al costo de una modificación creciente de los precios relativos en contra del sector productor de bienes comerciables a nivel internacional. Este sector, que debía ser el nuevo motor del crecimiento, enfrenta una compresión de sus niveles de rentabilidad que contribuye a la reducción del ahorro empresarial. Las empresas del sector reaccionan a la caída de los márgenes de beneficio mediante aumentos defensivos de la productividad y procesos de racionalización. En condiciones de bajas tasas de inversión, asociadas a la caída de la rentabilidad, todo ello conduce a una reducción del empleo en los sectores de bienes comerciables. El patrón de actividad económica se orienta así hacia los sectores productores de bienes no comerciables, que absorben la fuerte expansión de la oferta de trabajo con empleos mal remunerados y de baja productividad. Junto con la caída del ahorro privado, esta tendencia de la estructura de la producción genera un dramático deterioro de la relación entre crecimiento y déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Durante un tiempo el déficit en cuenta corriente fue fácilmente financiado, incluso sobrefinanciado, pero al costo de una fuerte dependencia en las entradas de capital de cartera. Como sabemos, esta estrategia resultó muy vulnerable.

Estas observaciones no constituyen por sí mismas un juicio negativo sobre el proceso de reforma económica. Constituyen, más bien, un juicio negativo sobre las expectativas excesivamente optimistas que el proceso de liberalización generó en torno a las perspectivas de largo plazo de la economía mexicana. La sobreventa del consenso de Washington (como la ha llamado Paul Krugman), la negación sistemática de los síntomas de fragilidad y la actitud complaciente ante la brecha creciente entre inversión y ahorro interno generada por decisiones del sector privado, son los aspectos graves de la “enfermedad mexicana”. Debido a que los beneficios de las reformas fueron sobrestimados, la trayectoria de la economía estaba destinada a generar una desinflación de las expectativas y el inicio de un proceso de ajuste a las condiciones reales. Cuando este proceso se complicó con obstáculos políticos, como en 1994, y con una alta vulnerabilidad del sistema bancario, la desinflación de las expectativas fue abrupta y el aterrizaje forzoso.

Hay razones en la teoría económica y lecciones de la experiencia para esperar que las reformas económicas de mercado conduzcan a un aumento en la eficiencia de la asignación de recursos. Pero está por demostrarse todavía, teórica y empíricamente, que conduzcan a una aceleración del crecimiento económico a largo plazo como resultado de tasas más altas de acumulación de factores productivos y de incorporación de progreso tecnológico. Para ello, es decir, para acelerar las tasas de crecimiento de largo plazo, hacen falta otro tipo de medidas: 1) políticas que eleven las tasas de ahorro y de inversión de capital físico y humano; 2) políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento de las exportaciones netas (esto es, netas de importaciones); y 3) políticas sectoriales y hacia los mercados de factores que puedan internalizar externalidades tecnológicas y pecuniarias y permitan resolver problemas de coordinación que con frecuencia impiden aprovechar plenamente los rendimientos crecientes que presenta la tecnología moderna.

Este tipo de medidas han faltado y son indispensables cuando la liberalización económica va acompañada de una internacionalización financiera. En mi opinión, estos dos procesos, por sí mismos, no conducen a una mayor desigualdad e injusticia social. Pero debido a que generan oportunidades de prosperidad económica muy desiguales, conducen a elevar el umbral de crecimiento económico que es necesario alcanzar para impedir la polarización económica y social y para reducir la pobreza. El umbral de crecimiento necesario aumenta, pero la tasa de crecimiento no necesariamente lo hace, a pesar de los beneficios de eficiencia económica. De ahí el alto riesgo de caer en la trampa de desarrollo que caracteriza al modelo 3.

Si lo anterior es cierto, las implicaciones son claras. La primera tarea es pasar del modelo 3 al modelo 2. La segunda es pasar del modelo 2 al modelo 1. Suena muy sencillo. No creo, sin embargo, que los mayores obstáculos provengan de las restricciones que la globalización impone a las políticas económicas nacionales. Los mayores obstáculos son quizá las restricciones institucionales internas que impiden una actuación efectiva del Estado como coordinador del proceso de desarrollo.

1 R. Ffrench-Davis y M. Agosín: “Liberalización comercial y crecimiento: experiencias recientes en América Latina”, Revista de la Cepal, no. 50, agosto de 1993.