Graciela I. Bensusán Areous. Investigadora de la UAM- Xochimilco.

Se denomina “contrato de protección” al contrato colectivo firmado por el patrón con un sindicato a espaldas de los trabajadores, intercambiando dinero y prebendas de diverso tipo para conseguir discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales. Esta práctica le garantiza además a la empresa, de ser necesario, la posibilidad de eludir por algún tiempo una exigencia real de negociación colectiva por parte de un sindicato verdaderamente representativo, quien en tal caso deberá recurrir a un difícil y tortuoso proceso de demanda por pérdida de titularidad del contrato en contra del sindicato originalmente contratante, en el que muchas veces pierden el empleo los que apoyan la auténtica sindicalización. Por lo general, el contenido de los “contratos de protección” reproduce en lo esencial lo dispuesto en la legislación laboral vigente por lo que no cumple con su propósito fundamental: el mejoramiento de las condiciones de trabajo de acuerdo con las particularidades de la empresa y la fuerza de trabajo.

La firma de “contratos de protección” es posible por la existencia de una red de complicidades entre dirigencias sindicales, autoridades laborales y empresas. El primer paso se da al otorgar la autoridad el registro a un sindicato espurio que en lugar de representar a los trabajadores lucra con el ejercicio de los derechos colectivos. Muchas veces estos sindicatos están afiliados a las centrales por lo que reciben su registro en condiciones de privilegio. El sindicato -también denominado como de “membrete” o “fantasma”- ofrece “protección” al empleador, quien le reconoce la titularidad del contrato colectivo, depositado ante la autoridad laboral. En ocasiones esta práctica tiene lugar incluso antes de que la empresa comience a operar y de que se contrate a los trabajadores. Estos últimos desconocen tanto la existencia del sindicato como del contrato colectivo.

En sentido estricto, se trata de un acto de simulación sindical en atención a la falta de representatividad real por parte de la organización contratante y por el contenido mismo del contrato, con lo que se desvirtúa uno de los derechos fundamentales de los asalariados, como lo es la bilateralidad en la determinación de sus condiciones de trabajo. Disposiciones de la ley que permiten que sea suficiente con agremiar a dos o más trabajadores para que un sindicato pueda demandar a un patrón la celebración del contrato colectivo (artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo), la falta de mecanismos para que los trabajadores convaliden o rechacen lo que acuerdan sus dirigencias así como la ausencia de un sistema de Registro Público de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, crean condiciones favorables para la manipulación del proceso organizativo y reivindicativo. (Véase al respecto las posiciones del FAT y del CT en La Jornada, 26 de marzo de 1997). Igualmente, el funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como órganos tripartitas, en los que algunas organizaciones sindicales (centrales y federaciones) monopolizan los cargos de representación de los trabajadores y favorecen a los sindicatos inscritos en sus filas, junto con el apoyo de la representación gubernamental, ha sido un factor que contribuyó al desarrollo de los contratos de protección.

Tres años después de promulgada la Ley Federal del Trabajo, en ocasión del Primer Congreso de Derecho Industrial convocado por el presidente Abelardo Rodríguez en 1934, la CROM presentó una propuesta encaminada a cerrar el paso a la celebración de contratos colectivos de “protección”, práctica que desde entonces se estimaba extendida en buena parte de las pequeñas y medianas empresas del país. En esa oportunidad la CROM proponía que los contratos colectivos y sus sucesivas revisiones fueran previamente aprobados por la asamblea de los trabajadores involucrados en dichos contratos, modalidad que evitaría la connivencia entre líderes sindicales deshonestos y patrones interesados en eludir una verdadera interlocución sindical.

Como es sabido, esta propuesta cromista no llegó nunca a incorporarse a la legislación vigente e incluso la denuncia de los contratos de protección como un acto de simulación en el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores mexicanos estuvo por décadas ausente del debate sobre los problemas laborales del país. Uno de los episodios que pusieron de manifiesto tanto la generalización de esta práctica como sus nefastas consecuencias, se vivió durante los sismos de 1985, cuando cientos de costureras perdieron sus vidas en talleres supuestamente clandestinos, la mayoría de ellos regulados por contratos colectivos depositados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En esa oportunidad, fue imposible ocultar la responsabilidad -y complicidad- de los supuestos dirigentes sindicales, las autoridades laborales y las propias empresas en la firma de contratos colectivos a espaldas de los trabajadores, mientras éstos carecían en los hechos de los derechos consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. La renuncia o remoción de las autoridades laborales del DF -incluyendo la del entonces presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje- fue un implícito reconocimiento de esa responsabilidad. Sin embargo, a pesar de que algunos indicadores -como la frecuente falta de revisión durante varios años de numerosos contratos colectivos depositados ante las Juntas- sugerían que los contratos de protección se extendían a otras ramas de actividad, no se adoptó ninguna estrategia para identificar los falsos contratos, junto a los sujetos que los promueven y a quienes se benefician de ellos, ni mucho menos para corregir las anomalías y evitarlas en el futuro.

En medios sindicales -e incluso en las propias filas cetemistas- se ha llegado a reconocer la existencia de estas prácticas y se ha anunciado en ocasiones que se aplicarían fuertes sanciones -como la expulsión- a los dirigentes que incurrieran en ellas. Sin embargo, no se ha avanzado más allá del discurso o de las declaraciones y los compromisos vagos. Un ejemplo es el que se encuentra en los Principios de Etica para una Nueva Cultura Laboral, donde se advierte la necesidad de una mayor transparencia y cumplimiento de la legalidad y que entre las conductas indebidas menciona la importancia de erradicar la corrupción de líderes, lo que constituye precisamente una referencia indirecta a la proliferación de contratos de protección.

Tradicionalmente, los contratos colectivos de protección tenían su ámbito privilegiado en las pequeñas y medianas empresas, principalmente en la industria manufacturera pero también en los servicios -en algunas empresas de seguros-, en el comercio y en la industria de la construcción.

La razón no siempre admitida por los empresarios para justificar esta práctica es la necesidad de evitar la presencia de un sindicato verdaderamente representativo, cuyas demandas pudieran poner en peligro la sobrevivencia de las empresas de menor tamaño o tan sólo instaurar una bilateralidad real en la fijación de las condiciones de trabajo. Así, en una investigación reciente (Graciela Bensusán, Carlos García y Marisa von Bülow: Relaciones laborales en las pymes en México, Juan Pablos) que recoge la opinión de destacados dirigentes empresariales, se señala: “Los empresarios compran protección a través de una cuota que pagan a los líderes a cambio de no tener problemas con éstos ni con los trabajadores”. Igualmente se sostiene: “Se paga una cuota mensualmente y es como estar sin sindicato”.

De alguna manera, el atraso tecnológico y organizativo de la gran mayoría de las pymes y su menor capacidad económica para hacer frente a sus responsabilidades laborales -establecidas en la ley de manera uniforme sin tomar en cuenta el tamaño de las empresas- se asociaba a la búsqueda de una mayor flexibilidad en los hechos por la vía del generalizado incumplimiento de la legalidad, alternativa poco compatible con la presencia en los centros de trabajo de una auténtica representación colectiva de los trabajadores. Igualmente, a menor tamaño de las unidades productivas la resistencia patronal a admitir la sindicalización de los trabajadores era mayor, por lo que ante una regulación constitucional y legal protectora de este derecho para el conjunto de los asalariados, los patrones buscaron el correspondiente antídoto y lo encontraron en el propio mundo sindical, con la tolerancia de la autoridad laboral. La corrupción se ha extendido a los medios profesionales al punto de que es conocido entre los abogados laboralistas el caso de un colega que controla más de 1,200 contratos de protección, después de haber convertido en “secretarios generales” de diversos sindicatos a los abogados adjuntos a su despacho: empresas aéreas, expendios alimenticios, cines, empresas metal-mecánicas y hasta hospitales se benefician de este tipo de contratos y sindicatos simulados.

Aunque es dominante en medios empresariales la opinión de que la rigidez de la legislación laboral y el excesivo poder reconocido a los sindicatos -como es el caso de la posibilidad de incluir en los contratos colectivos las conocidas cláusulas de exclusión-, así como la politización o corrupción de los sindicatos por las características corporativas del sistema político, los obliga a optar por el mal menor (es decir, por la selección de una contraparte sindical respetuosa de los intereses patronales), lo cierto es que en el origen de esta práctica se encuentra la tradicional resistencia patronal a admitir una verdadera interlocución sindical y a cumplir con la legislación laboral vigente en el país desde hace ochenta años.

Los viejos contratos de protección reinaban en un submundo laboral que contrastaba con las zonas de real tutela a los trabajadores, ubicadas en las empresas más dinámicas de la economía -como las transnacionales de la industria ensambladora automotriz o las empresas estatales de petróleo, electricidad, teléfonos, ferrocarriles y aviación comercial- donde se desarrollaron auténticos contratos colectivos con condiciones laborales muy superiores a las de la ley.

Sin embargo, paralelamente a la reforma o destrucción de estos importantes contratos colectivos en la última década, que en muchos casos fue desdibujando las diferencias entre las condiciones laborales de las pymes y de las grandes empresas al extender por doquier la precariedad, los bajos salarios y el debilitamiento de la capacidad de los sindicatos en la defensa de sus agremiados, la reestructuración productiva iniciada en México desde mediados de los ochenta creó las condiciones para extender la práctica de los contratos de protección hacia sectores modernos de la economía, principalmente a aquellos vinculados a la exportación. Algunas investigaciones (Cirila Quintero: “Sindicalismo subordinado e industria maquiladora en Tijuana”, Estudios sociológicos VII, no. 21) relativas a la exitosa industria maquiladora registran al respecto datos alarmantes: más de la mitad de los obreros entrevistados en Tijuana desconocían la existencia del sindicato con quien la empresa en la que prestaban sus servicios tenía celebrado un contrato colectivo. Un porcentaje cercano al 60% no conocía a sus líderes mientras que el 64% de los entrevistados tampoco conocía el contrato colectivo.

Al margen de que los trabajadores ignoren su existencia, lo cierto es que la mayor parte de los contratos vigentes en esa industria apenas alcanzan a establecer condiciones de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Este ha sido el resultado de un proceso en el que las organizaciones sindicales, como fue el caso de la CTM en Ciudad Juárez, se han visto orilladas a abandonar cualquier política de defensa real de los salarios y las condiciones laborales, con el propósito de conservar la titularidad de contratos disputados por otras organizaciones dispuestas a satisfacer las exigencias empresariales. Incluso se ha dado el caso, como sucedió con Samsung y diversas empresas en la rama de metal-mecánica, en Tijuana, que a través de emplazamientos a huelgas de “protección” promovidos artificialmente las empresas han evitado negociar con un sindicato verdaderamente representativo y han conservado el derecho a tratar individualmente con los trabajadores, al no tener firmado ningún contrato colectivo.

En este proceso de franco deterioro de la contratación colectiva y de debilitamiento sindical, no puede ignorarse la presencia de una política laboral supeditada a las metas macroeconómicas y a la decisión gubernamental-tanto del gobierno federal como de los locales- de convertir al país en un paraíso laboral para los inversores, entre cuyos atractivos se encuentra la docilidad y la simulación sindical. La consecuencia ha sido que junto a la fuerte competencia entre las empresas, los sindicatos se ven obligados a elegir entre desnaturalizarse y convertirse en organizaciones de “membrete”, prácticamente inexistentes, o desaparecer ante las presiones empresariales, gubernamentales y de las dirigencias obreras sin escrúpulos. De ahí el avance vertiginoso de los nuevos contratos de protección en sectores modernos y altamente competitivos.

Sin lugar a dudas, las anomalías en el proceso de sindicalización y contratación colectiva en la industria maquiladora, a la vez que la subordinación de las dirigencias sindicales reales a las empresas y a los topes gubernamentales como condición para lograr y mantener la titularidad de los contratos, explican los bajos salarios que se pagan en esa industria y la escasa relación entre los aumentos de la productividad registrados en los últimos años y las remuneraciones. Igualmente, prácticas extendidas de discriminación en el empleo -como la de exigir la prueba de embarazo como condición para la contratación de mujeres- o la transgresión de las normas de seguridad e higiene, con graves riesgos para los trabajadores y las trabajadoras, son el resultado no sólo de la necesidad de encontrar un empleo -un bien escaso en nuestros días- sino de la ausencia de un sindicalismo auténtico y representativo y de autoridades laborales respetuosas de los derechos individuales y colectivos de los mexicanos, entre otros factores.

Los efectos negativos de estas prácticas trascienden los que atañen al terreno de la justicia social y de la frágil vigencia de la legalidad en la industria maquiladora o en las pymes en general. Los altos índices de rotación del personal, que expresan la inconformidad de los trabajadores con sus malas condiciones de trabajo y la imposibilidad de darle un cauce adecuado a sus demandas más importantes, son un factor que obstaculiza el incremento de la productividad. La falta de confianza entre trabajadores y patrones creada, entre otras razones, por la existencia de situaciones de simulación sindical o por la misma subordinación de las dirigencias sindicales a las gerencias, obstruye la adopción de formas organizativas del proceso de trabajo encaminadas a elevar la productividad y la calidad. La inversión necesaria en la capacitación de la mano de obra y, más en general, la adecuada valoración de la potencialidad de los recursos humanos que tan buenos resultados arrojó en otros países, se dificultan ante las altas tasas de rotación del personal por la inconformidad salarial y el clima enrarecido que generan los contratos de protección. Incluso hay patrones que han reconocido que el temor de que las nuevas formas de trabajo en equipo, al reunir a los trabajadores en torno a metas compartidas, creen el espacio propicio para una discusión abierta y transparente de sus condiciones laborales, lo que los ha llevado a preferir costosas e innecesarias innovaciones tecnológicas, que no pueden ser aprovechadas en razón de los déficit en capacitación y dada la estrechez de los mercados. Además, no puede generarse una auténtica cooperación cuando los trabajadores saben que los empresarios, apoyados por dirigencias sindicales y autoridades laborales tolerantes, no asumirán sus compromisos de mejoramiento de sus condiciones de trabajo. En suma, si bien la disposición de un contrato de protección neutraliza en los hechos la verdadera sindicalización y con ello la posibilidad de una mayor presión para atender el enorme rezago en la satisfacción de los intereses legítimos de los trabajadores, se trata de una salida altamente costosa en razón de la opacidad que genera en el manejo de las relaciones laborales. Es igualmente una práctica riesgosa, por el peligro de radicalizar las demandas de los trabajadores, cuando la simulación llega a su punto final.

Aunque muchos empresarios reconocen que en situaciones de cambio tecnológico, organizativo y de los mercados, la ausencia de una representación auténtica de los trabajadores dificulta la adaptación y la gestación del consenso activo de éstos frente a las nuevas exigencias productivas, lo cierto es que la firma de contratos de protección a espaldas de los trabajadores amenaza extenderse ante las ventajas inmediatas que ofrece en términos de costos laborales. Es por ello que a menos que se oponga una política laboral y sindical congruente con la necesidad de erradicar esta violación de los derechos colectivos de los trabajadores mexicanos, seguiremos siendo testigos de cómo la competencia entre empresas se beneficia de la posibilidad de eludir -o al menos postergar- una auténtica sindicalización. Prueba de ello es la reciente denuncia que Aspa de México hiciera ante el Secretario de Trabajo y Previsión Social y ante la opinión pública acerca de la proliferación de contratos de protección en la industria aérea del país, lo que provoca no sólo un evidente deterioro de las condiciones laborales de los pilotos sino graves riesgos para la seguridad de éstos y de los usuarios.

E1 auge cobrado en los últimos años por los contratos de protección obliga a una seria reflexión en torno a las diversas aristas que convergen en esta práctica. No se trata de un problema marginal ni mucho menos excepcional sino de una peligrosa tendencia que pone en entredicho la posibilidad misma de que los trabajadores obtengan reales beneficios de los profundos cambios experimentados en el contexto de la reestructuración productiva y la integración regional en curso.

Más allá de que las anomalías en el ejercicio de los derechos colectivos se sostengan en debilidades o rigideces institucionales, cuyos efectos perversos se agudizan en un contexto económico crecientemente competitivo y ameritan futuros correctivos, es evidente que se enmarcan de manera más amplia en decisiones políticas fundamentales, como lo es la de definir la forma en que México aspira a insertarse en la economía mundial y regional así como el tipo de modelo laboral compatible con el desarrollo económico y con las aspiraciones de democracia y justicia social de los mexicanos.

Lo que hoy está en juego -como lo estuvo al comienzo del siglo- es el carácter incluyente o excluyente de este modelo. Si realmente se aspira a que los asalariados se beneficien de la apertura comercial y la integración en el norte del continente, es claro que la competitividad no podría sustentarse en la manipulación, la simple violación o la supresión de sus derechos fundamentales, como lo son los de sindicalización, contratación colectiva y huelga. La segunda opción, que parece dominar en los sectores vinculados al mercado de exportación, es la de los contratos de protección, los sindicatos de membrete o reales pero subordinados a las empresas y al gobierno y la ausencia -salvo excepciones- de correlato alguno entre el esfuerzo de los trabajadores mexicanos y sus remuneraciones.

Revertir estas tendencias negativas, que no dejan lugar para el consenso y el reparto equilibrado de los sacrificios y beneficios, supone esfuerzos de diversa naturaleza que empiezan por la denuncia sistemática de los vicios y anomalías en el proceso organizativo y reivindicativo así como por la exigencia a todos los actores -sindicatos y empresas- y al propio gobierno de un estricto apego a la legalidad y a los compromisos internacionales, como es el caso de los convenios de la OIT ratificados por México y las reglas contenidas en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.

Como ya se ha logrado en otros ámbitos de la vida nacional, el mundo del trabajo requiere de transparencia y certezas basadas en el orden jurídico, que brinden seguridad a los inversionistas y a los asalariados. Ha llegado por tanto la hora de poner fin a las simulaciones y a los atajos como forma de eludir las responsabilidades frente a quienes han soportado durante los últimos quince años un deterioro progresivo de sus condiciones de vida y de trabajo por las recurrentes crisis y por los cambios adoptados, supuestamente, para lograr el desarrollo económico que permita satisfacer las necesidades de los mexicanos.