A los pocos días de tomar posesión, la presidenta Sheinbaum envió un paquete de reformas para la igualdad sustantiva que incluían cambios al artículo 21 constitucional, que pide a las instituciones de seguridad pública regirse con “perspectiva de género”. ¿Cómo podemos entender esa propuesta a la luz de la reforma sobre las Fuerzas Armadas gracias a la cual ya no hay una institución civil a cargo de la seguridad pública? ¿Cómo se relaciona esa reforma a la luz de la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos migratorios? ¿Qué conexión hay entre la militarización y la discriminación y violencia que viven las mujeres en movilidad? Para lograr una política de seguridad pública con perspectiva de género para las mujeres en contexto de movilidad, el gobierno de la presidenta Sheinbaum debería adoptar un enfoque diferente, pasando del control migratorio a uno centrado en la protección. Esto implicaría desmilitarizar las políticas migratorias y priorizar la atención a los delitos cometidos contra las mujeres, en lugar de criminalizarlas.
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