“Recordará usted que se estaba incubando una falsificación en gran escala de billetes y ahora debe estar convencido de ello. Ya lanzaron los de 50 pesos y ahora, muy pronto, pretenderán lanzar los de 20 y 10 pesos”, escribió un informante desde Calexico al Departamento de Investigaciones Confidenciales del Banco de México. En la carta fechada el 4 de julio de 1941, el informante solicitaba incluir a un funcionario del banco, mantener lo más lejos posible a la policía por su indiscreción y, sobre todo, poner cuidado a un “magnífico grabador”, cuyas dotes en el oficio eran explotadas dentro de la banda que, de manera transfronteriza, se dedicaba a circular dólares y pesos mexicanos.
Ese testimonio forma parte del copioso y diverso rastro documental que ha dejado la falsificación de dinero en una historia que, por necesidad, requiere imbricar las dimensiones internacional y local. Fue tanta la relevancia de ese delito que figuraba dentro de los acuerdos promovidos por la Liga de las Naciones, cuya agenda diseñó estrategias para que los países combatieran el dinero falso, el tráfico de drogas, la trata de mujeres y el anarquismo.
Comparados con la criminalidad violenta, los delitos contra el patrimonio de las personas son menos estudiados por los historiadores. Mientras los actos dramáticos capturan la atención pública y académica, los delitos más silenciosos permanecen en segundo plano pese a que dejaron marcas profundas. Dentro de las distintas modalidades de esas prácticas delictivas, había una minoría que necesitaba coordinación y técnicas relativamente depuradas. Entre tales felonías encontramos el fraude o las estafas financieras y, desde luego, la falsificación. Un delito que, además de dañar el patrimonio, lesionaba la fe pública, un bien jurídico tan abstracto como caro para los Estados.
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