Si gana el PAN

Jesús Silva-Herzog Márquez. Politólogo.Maestro del Departamento de Derecho del ITAM 

Nexos invitó a cuatro de sus colaboradores más cercanos para que imaginaran los escenarios posibles después del 6 de julio. Hasta el momento, el ganador de las próximas elecciones parece estar entre los candidatos del PAN o el PRD. Pero ¿y si gana el PRI? ¿Y si todos ponen?

El título podría tener algún eco del poema de César Vallejo pero está lejos de ese latido dramático. Para encuerar desde ahora el misterio que pudiera encerrar la suposición del encabezado, si gana el PAN no se haría la luz ni vendría el caos. Evidentemente, el triunfo de la más antigua de nuestras oposiciones significaría un cambio político de enorme importancia. Pero sería más un giro que un trauma: un empujón más que una fractura. Podríamos recibir el certificado de normalidad electoral, pero no será el instante cero de la democracia mexicana ni el último día de la estabilidad.

Nada es peor para una democracia en construcción que esperar demasiado de ella. Si queremos cuidar la democracia que ya empezamos a vivir, más nos vale no sobrecargarla de ilusiones. En ello ha insistido Giovanni Sartori al referirse a la necesidad de gestionar los ideales democráticos. La inflación de las expectativas tarde o temprano recae en la cruda de la decepción. Y ésta tiene siempre un perfil autoritario. Quizá de ahí proviene la primera petición de la prudencia: extraer el voto de julio del marco de la política dramática, esa interpretación épica de la transición democrática que enciende cada elección como si fuera la última oportunidad de la democracia o la anunciada catástrofe de la ingobernabilidad. Edmund Burke, sabio de la prudencia, denunciaba a quienes “necesitan un gran cambio de escena, un efecto escénico magnífico, un gran espectáculo que excite la imaginación”. La espera del Gran Crujido de la Historia se expresa como un deporte nacional: el parteagüismo. El parteagüismo es, entre nosotros, el arte de lanzar un dardo al calendario para decretar el fin exacto de la prehistoria mexicana y cantar al amanecer de una nueva era. Detrás de este juego del azar o del cálculo hay algo muy antiguo y más serio: la convicción de que el tiempo se corta con navaja y que los cambios no lo son si no rompen definitivamente con el pasado. Ese apetito dramático marca la interpretación politically correct de la transición mexicana.

Aunque no tenga prisa, la transición que vivimos avanza. Aunque su rumbo no sea claro, está en marcha. Lento y fangoso, el trayecto democrático ha conquistado ya importantes territorios. El hecho mismo que este artículo aparezca en Nexos y no en el Political Science Fiction Quarterly es prueba de que algo está cambiando. No es una canción de Chava Flores: estamos hablando seriamente de la posibilidad de la alternancia. De la probabilidad de constituir el primer gobierno dividido desde la creación del partido oficial en México; del posible gobierno panista o perredista en el Distrito Federal. Empezamos a vivir en el país de la incertidumbre electoral. Sin que lo hayamos aquilatado suficientemente, hemos dejado atrás las viejas certezas del autoritarismo. Aquella obviedad de la victoria priísta. El 6 de julio está envuelto por la interrogación. Más profunda es, por supuesto, la interrogación que cubre el día después. Pero la pregunta, en si misma, es elemento constitutivo de nuestra precaria vida democrática.

Un regente panista

El próximo cohabitante del Zócalo puede ser Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Castillo Peraza o Alfredo del Mazo. La moneda está en el aire. Pero, sea cual sea la decisión de los votantes, debemos adelantar una característica del futuro inminente: la política capitalina ha salido de la órbita del poder presidencial. Ello, independientemente de la persona que ocupe la regencia, transformará el sistema político mexicano desde su médula. En el fondo, la figura es lo de menos. Lo que importa es el imponente respaldo de legitimidad y la bolsa de poder económico y simbólico que tendrá el gobernante de la ciudad y el impacto que ello tendrá en la dinámica del régimen político. Se trata, por supuesto, de una transformación que desborda la política capitalina. La inauguración de la práctica electoral en el gobierno de la Ciudad de México -incluso si el gobernador electo es priísta- pondrá fin en términos simbólicos y prácticos al régimen postrevolucionario que, deslavado y todo, subsiste en alguna medida. Aquí sí puedo anticipar un crack. El día en que el corazón de la república sea gobernado por un hombre que debe su puesto al voto ciudadano y no a la voluntad presidencial, terminará el sistema basado en la preeminencia incontrastable del Señor Presidente. Desde ese momento habrá un hombre, con nombre y apellido, recursos y responsabilidades que se convertirá irremediablemente en la sombra del presidente. El universo del presidencialismo quedará alterado desde su centro. No sería exagerado decir que en ese momento nacerá un régimen político distinto.

Dicho esto, entremos en el escenario propuesto: Carlos Castillo Peraza, candidato del Partido Acción Nacional, es electo jefe del gobierno del Distrito Federal. ¿Qué veo? ¿Qué ciudad es la capital después de tres años de gobierno panista? Para ponerlo de otra manera, ¿qué podemos esperar de Carlos Castillo Peraza como gobernante? Siguiendo sus propias ideas y pronunciamientos, muy poco. No debemos imaginar un ambicioso proyecto de reconstrucción de la ciudad. Nada más ajeno a la filosofía política de Castillo Peraza. Lejos de la ingeniería social, el panista entiende la política como un modesto y constante “laborío de carpintería política”. Así lo ha dicho el propio candidato del PAN en tiempos de mayor serenidad: “de la política puede y debe esperarse que sea un instrumento de los hombres para suprimir hasta donde sea posible los males que los hombres nos hacemos unos a otros, es decir, los males evitables”.1 Moderación en el gobierno que ha de buscar lo bueno y no empecinarse en lo óptimo.

Pero el taller de carpintería política que Carlos Castillo Peraza pretendería establecer en sus oficinas del Zócalo estaría atravesado por pugnas que van más allá de los apuros ordinarios que enfrenta el modesto artesano con el que compara al gobernante. Desde luego, enfrentaría las dificultades propias de una concentración humana tan monstruosa como ésta. Pero conocería también nuevos retos: los retos propiamente gubernativos que marcan una democracia que no ha arraigado sus rutinas. El instrumental político con que cuenta el Partido Acción Nacional puede ser insuficiente para hacer frente a las exigencias colectivas. Para seguir con la metáfora de Castillo Peraza, el martillo y los clavos con los que pretende reparar las sillas y mesas de la ciudad podrán estar escriturados a su nombre si gana las elecciones pero no tendrá el control pleno sobre ellos. Sus usuarios tradicionales seguirán manoseando la herramienta, sea cual sea la decisión de los electores. 

La difusa acumulación de votos que puede llevar al PAN al gobierno de la ciudad no conforma automáticamente una coalición gobernante. La legitimidad democrática no garantiza eficacia política. Una votación en favor del candidato de Acción Nacional no le atraería instantáneamente el tejido de alianzas, acuerdos, pactos y complicidades que han permitido que esta ciudad, a pesar de todo, funcione. Aunque indigne a los demócratas ingenuos, la entrega de la oficina no significa la entrega del poder. Es de esperarse que las estructuras que han crecido durante décadas a la sombra del priísmo mantendrán una importante reserva de poder y que el nuevo entendimiento llevará su tiempo y sus costos. Imagino en ese sentido que la suerte del gobierno de la ciudad se definirá en la dura negociación con los poderes subterráneos que se encargan del transporte, la limpieza o la seguridad del DF. Desde ahora podemos anticipar que no será una batalla de caballeros. Será un enfrentamiento duro y, quizá, violento. Es que el relevo partidista en la Ciudad de México no ha sido preparado con una administración pública profesional y estable. Debajo de las formas de la burocracia capitalina, perviven mafias que no se disuelven con el voto.

Los estímulos para la cooperación serán, en principio, bastante débiles. No es necesario tener mucha imaginación para decir que la gubernatura del Distrito Federal tendrá una resonancia política extraordinaria y que la suerte del gobernador impactará definitivamente en la contienda presidencial del 2000. En el sistema político en gestación, la regencia capitalina será una antesala de la candidatura presidencial. Si el Partido Revolucionario Institucional pierde la capital tendrá la dorada oportunidad de ejercer durante tres años la crítica para exhibir las torpezas de la oposición hecha gobierno. En el ajedrez de la democracia una derrota oportuna puede ser preciosa, como demostró hace muy poco la reelección de Bill Clinton en Estados Unidos.

Pero desde otro espacio, desde la cancha del legislativo federal, puede provenir un poderoso impulso para la colaboración. En el caso de que el PRI no tenga mayoría en la Cámara de Diputados y se vea obligado a conseguir el respaldo de otro partido para promover sus iniciativas, intentará acercarse al Partido Acción Nacional. El apoyo priísta en la gestión capitalina podría ser la moneda con la que se pagaría el apoyo parlamentario del PAN.

La vivificación de la ciudad que propone el candidato del PAN tiene, pues, obstáculos políticos serios. Por las limitaciones del periodo gubernativo de la próxima regencia, por la gravedad de los problemas de la ciudad y por las mismas convicciones de Carlos Castillo Peraza, la “reanimación” del Distrito Federal no puede esperarse sensatamente en la órbita de la seguridad, la vialidad, la contaminación, el drenaje o la educación. Si Carlos Castillo Peraza propone una “Ciudad con alma” es porque considera que el núcleo de la batalla política es cultural. Ese es, quizá, el cambio más importante que podría esperarse del eventual gobierno de Castillo Peraza: la apertura de un nuevo horizonte cultural o, más justamente, la resurrección de un universo cultural enterrado.

Después de tres años al frente del gobierno del Distrito Federal, ésta sería una ciudad muy parecida a la que tenemos ahora: una ciudad sucia, insegura, taponada y tensa. Quizá un poco más, quizá un poco menos. La gran transformación que podríamos imaginar se ubica en el nivel del discurso público. Carlos Castillo Peraza, a fin de cuentas filósofo, un hombre que ha trabajado con la palabra más que con los números, impulsaría decididamente el resurgimiento de la cultura católica que ha sido expulsada de la órbita pública desde hace más de un siglo. El político yucateco se ha lanzado en contra de lo que él llama “la cultura del mural”, esa historia oficial maniquea e infantil que enfrenta a los héroes impolutos con perversos y traidores. Quizá el proyecto más caro del candidato panista es incorporar al escenario nacional y al discurso público al personaje que considera el gran ausente de los murales del oficialismo: Dios.

El gobierno de Castillo Peraza significaría el asentamiento del nuevo conservadurismo mexicano en el centro del política nacional. El neoconservadurismo de Castillo Peraza no es, como el de algunos otros panistas, un conservadurismo provinciano e ignorante: se trata de un culto antiliberalismo, una filosofía inscrita en el pensamiento social cristiano y en contacto con el mundo, un proyecto que rechaza las expresiones populistas y se aferra a la política institucional. Ese nuevo conservadurismo adquiriría en la Ciudad de México, con la inteligencia y la elocuencia de Carlos Castillo Peraza, un perfil distinto al que ha tenido en otras partes del país. Dudo mucho que se cambie el nombre de la Ciudad de México a Ciudad Gómez Morín; no creo que el Paseo de la Reforma se rebautizaría como Paseo Maximiliano. Tampoco creo que el regente panista eliminaría el derecho constitucional al table dance. Castillo Peraza no es César Coll. El ámbito del neocon-servadurismo de Castillo Peraza sería otro: el discurso: la prédica desde el palacio. Y, solamente si la sociedad se deja, la prédica por la boca de la ley. 

El resurgimiento del discurso político del catolicismo mexicano es, al mismo tiempo, un avance y un retroceso. Lo veo, en primer lugar, como una reconciliación de México con una parte de sí mismo. La reinserción de la cultura católica en el debate público es parte de un proceso de maduración, el fin de la tradición jacobina, un avance de la inclusión. Pero, por el otro lado, no puedo dejar de ver esa nueva presencia política con cierta preocupación. En ella hay signos de intolerancia frente a la diversidad, tendencia a filtrar las cuestiones de salud por el cristal de la moralidad, la intención de relativizar los derechos fundamentales de expresión bajo los criterios comunitarios del recato. Esa ha sido, en reiteradas ocasiones, la posición del candidato panista: la exhibición del arte debe estar sujeta al juicio moral de la comunidad. Carlos Castillo Peraza ha sugerido, incluso, un referéndum para votar si se muestran públicamente o no fotografías que él considera indecentes. La muestra más nítida de su democratismo antiliberal. Nada de John Stuart Mill: puro Santo Tomás.

Un congreso panista

No es probable la integración de una mayoría panista en el Congreso federal. Tendría que venir un estruendoso debate priísta para que Acción Nacional integrara la nueva mayoría. Pero sigamos el ejercicio y ubiquémonos en el escenario.

Son múltiples las limitaciones de la oferta legislativa de Acción Nacional tal y como está expresada en su plataforma. No se trata propiamente de un programa de trabajo parlamentario: es una oferta electoral que no puede ser guía de la actuación legislativa de una bancada mayoritaria. Hay ciertamente propuestas interesantes en materia de reforma democrática. Los panistas ofrecen una importante -aunque no muy imaginativa- agenda de reforma política que tiene la virtud de trascender lo electoral. En esta parte del esbozo legislativo hay ciertamente propuestas interesantes y atendibles. Pero la plataforma panista se desfonda en los “principios de la economía humana” que propone. El eje de su propuesta es abiertamente reaganiano: bajar todos los impuestos: el IVA al 7%, el impuesto sobre la renta al 4% y desaparecer el impuesto sobre activos. Este paraíso sin impuestos es obviamente insostenible. Como oferta de campaña podrá ser apetitosa, como política económica es insostenible. Se defienden también propuestas francamente irrelevantes para bajar el gasto público como lo son el suprimir secretarías de Estado como la de la Contraloría y la de la Reforma Agraria que simplemente no pintaría como un ahorro sustantivo del gobierno federal.

Más allá de su propuesta, el punto crítico de una posible mayoría panista en la Cámara de Diputados es la constitución de un gobierno dividido en la Federación. La existencia de un Congreso controlado por un partido distinto al del presidente activa el riesgo de la ingobernabilidad. Lo han advertido todos los estudiosos del presidencialismo: bajo esa estructura constitucional las trabazones legislativas pueden entorpecer la marcha del gobierno, hasta el punto de paralizarlo. Juan Linz ha sido el crítico más severo del presidencialismo. Ha concluido que difícilmente pueden convivir estabilidad democrática y régimen presidencial. Lo que resulta evidente es que el reto del momento es doble, bifronte, como ha dicho Antonio Camou: hemos de construir los equilibrios sin que se taponen los conductos de la eficacia: gobernabilidad en democracia. La implantación de una nueva mayoría en el Congreso de la Unión sería innegablemente un adelanto democrático porque pondría en movimiento los dispositivos constitucionales de la moderación que han estado dormidos durante muchas décadas. Pero también sometería a una severa prueba el diseño de nuestro régimen presidencial.

Ciertamente la existencia de un gobierno dividido activaría los mecanismos constitucionales de control que han hibernado bajo el imperio del partido hegemónico. Ello sería, sin duda, positivo. Pero no podemos cerrar los ojos ante los riesgos posibles: una oposición disciplinada y cohesionada podría llevar al gobierno a un callejón sin salida constitucional. Es el caso de la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación. En la eventualidad de que el Congreso no aprobara estos instrumentos esenciales para la vida del gobierno, el primer día de enero de 1998 ingresaríamos al salvaje territorio de la inconstitucionalidad. No hay en el texto constitucional una previsión institucional para el caso de que se venzan los plazos establecidos en el propio texto. El Congreso habría empujado al presidente a una situación en extremo delicada. Cualquier salida sería extracons-titucional. 

Bajando de lo posible, deberíamos apuntar que es poco probable que una mayoría panista bloqueara al presidente hasta asfixiarlo. En los estados de la república hemos visto que los distintos partidos se han encontrado en la colaboración cuando la nave del Estado está en peligro. Lejos del escenario de la ingobernabilidad trazado por los estudios de Linz, en los Estados en donde hay un ejecutivo de un partido y un legislativo de otro se ha producido el acercamiento. Por supuesto, la desaparición de la mayoría del partido del presidente, lo arrojaría de lleno a las aguas de la política. El presidente tendría que negociar pieza a pieza sus iniciativas. El estilo tecnocrático sería la primera víctima de un nuevo reparto de poder en el Congreso. En ese caso, la tradición negociadora del panismo resurgiría. La existencia de un gobierno dividido reparte la responsabilidad: un partido que bloquea al gobierno paga los costos en la siguiente elección. Con los ojos puestos en el 2000, Acción Nacional no cometería el gravísimo error de intentar asfixiar al gobierno federal. Lo decía en su momento el presidente del PAN, Adolfo Christlieb: del gobierno hay que mantenerse “tan lejos como sea posible y tan cerca como sea necesario”. En el caso de un gobierno dividido ese axioma de la sensatez panista estaría sometido a la máxima prueba.

1Carlos Castillo Peraza: “Reflexiones en, desde, por y para la política”, en Diálogos sobre filosofía política. UNAM, México, 1995.