Violencia: tercera derrota

Cero y van tres sexenios en los que la epidemia de violencia criminal y la aguda crisis de inseguridad que padece México desde 2008 continúan agravándose. En el balance de este gobierno divisamos más fallas que aciertos en la política de seguridad. El mayor logro fue, sin duda, contener el alarmante crecimiento de los homicidios registrado en el último tramo de la administración de Enrique Peña Nieto. Pero fue un logro parcial: a ese freno no le siguió una baja significativa del homicidio.

Un segundo logro fue la notable mejora de la percepción de seguridad en los centros urbanos del país. Aquí influyeron diversos factores. El más importante: los incidentes violentos de alto perfil ligados con el crimen organizado. Sin embargo, hay otra variable que también tiene efectos en los niveles de percepción: los delitos de menor impacto. Son los delitos callejeros, como las varias modalidades de robo. Como lo veremos más adelante, esta mejora en la percepción también fue parcial porque no se extendió a las áreas rurales y suburbanas del país.

Un tercer logro fue disminuir, a nivel nacional, delitos callejeros como el robo de vehículo, el robo a casa habitación y el robo en transporte público colectivo. Es probable que esto se relacione con la mejora de la percepción de seguridad en el ámbito urbano. Atribuimos parte de esta baja en robos a las reuniones de trabajo diarias de las “mesas de coordinación para la paz”; mandos federales y de los estados revisan, con las autoridades locales, el comportamiento delictivo de los municipios. Esas reuniones presionaron a los mandos municipales para mantener los indicadores delictivos estables o a la baja.

Finalmente, un cuarto logro importante que reveló el monitoreo delictivo que hacemos en Lantia con fuentes abiertas fue una drástica caída del 70 % de los linchamientos en el país entre 2019 y 2023.

Por el lado de las fallas y los fracasos, hay varios asuntos que apuntar. En términos generales, la política de seguridad a nivel nacional fue errática: sus objetivos eran vagos y cambiantes. Brillaron por su ausencia una visión estratégica de la seguridad y una pericia técnica-profesional de los altos mandos civiles. Como fue claro desde el arranque del gobierno, el jefe del Ejecutivo no distinguía entre una política social y otra de seguridad. La estrategia nacional que presentó al inicio el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, semejaba más un planteamiento de política social que uno de seguridad, capaz de poner en aprietos al crimen organizado. Quizás este problema tuvo que ver con el insistente mensaje presidencial de que el nuevo gobierno se enfocaría en atacar las causas “profundas” o “reales” de la inseguridad o del crimen: la marginación social y la pobreza. Al parecer ese planteamiento confundió a los diseñadores de políticas públicas.

El daño mayor a la política de seguridad tal vez lo causó el célebre dicho presidencial “Abrazos, no balazos”. Sirvió de apotegma para justificar el despliegue de elementos militares y policiales que sólo custodian “perímetros” de zonas con alta criminalidad. No iban a enfrentarse o a perseguir bandas criminales para erradicar o, al menos, disminuir el daño social que infligen a las comunidades donde operan. La orden de no confrontarlos directamente ocasionó que los grupos delincuenciales se animaran a colonizar nuevos sitios en los que establecieron diversos negocios criminales, sobre todo la extorsión presencial (“cobro de piso”). Este renovado afán de expansión y control de territorios ha despertado en los cárteles y las mafias un gran apetito para cooptar autoridades políticas e intervenir en los procesos y resultados electorales de los municipios. Por todo esto, en los últimos años México ha perdido soberanía territorial en varias regiones.

En específico, los fracasos más notorios de este gobierno son: 1) el aumento exponencial de personas desaparecidas, 2) el considerable incremento del “cobro de piso”, evidencia de que las agrupaciones criminales tienen un mayor control territorial, 3) el estímulo a los monopolios criminales a nivel local como instrumento par excellence para reducir la violencia criminal. Lo anterior se ha realizado en ocasiones de manera pública: en mesas de negociación avaladas por autoridades de los estados y federales. La Iglesia católica ha sido interlocutora de los líderes criminales para establecer, y hacer respetar, acuerdos sobre el control territorial entre los principales grupos delictivos de una región o entidad federativa. 4) la infiltración criminal en los procesos electorales se aceleró durante el gobierno de López Obrador. Más adelante abordaremos con mayor detalle cada uno de estos puntos.

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