La autocracia que viene

La Constitución de 1917 es un texto peculiar. Sorprende su longevidad y flexibilidad. Formalmente es la misma, pero sustantivamente es otra. Es un palimpsesto que contiene varios modelos de Estado y que acumula capas de diferentes significados normativos y políticos. Así, encontramos de manera simultánea su raíz liberal (hay artículos cuya redacción proviene de la Constitución de 1857), el contenido social que le inyectó la Revolución, resabios del Estado autoritario y central de partido dominante, las instituciones de la transición a la democracia, la orientación que le dio el paradigma de los derechos humanos y, a todo esto, sumaremos la nueva capa que generarán las reformas de la llamada Cuarta Transformación.

La dinámica de la reforma constitucional es reveladora. La Constitución de 1917 es, en buena medida, la de 1857 con las reformas del régimen porfirista y transformada por la Revolución. Desde 1921, fecha en que se modificó por primera vez, hasta abril de 2024, la Constitución ha tenido 771 reformas mediante un total de 252 decretos. Ahora bien, cerca del 70 % de las modificaciones se hicieron entre 1982 y 2018.

A lo largo de esos 36 años se incorporaron gradualmente a la Constitución de 1917 las instituciones del constitucionalismo moderno. Así se liberalizó el mercado y se introdujeron mecanismos para regularlo; se crearon las instituciones necesarias para garantizar un sistema democrático y representativo; se hizo más compleja la división de poderes mediante la creación de los órganos con autonomía constitucional; la Suprema Corte de Justica de la Nación se convirtió en un tribunal constitucional; se amplió el catálogo de derechos; y se reorientó la actividad del Estado para que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promovieran, respetaran, protegieran y garantizaran los derechos humanos.

El presidente López Obrador atribuye todas estas modificaciones a lo que denomina el “régimen neoliberal”, considerándolo responsable de la injusticia, la desigualdad, la corrupción y la violencia que aquejan al país. En este contexto, la llamada Cuarta Transformación se presenta como la alternativa para romper con este legado: una fuerza transformadora que busca refundar la nación en nombre y beneficio del “pueblo”. Esta narrativa, sin entrar a debatir su veracidad, ha demostrado ser sumamente persuasiva, calando hondo en el electorado y creando las condiciones para que el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación pueda desmantelar las instituciones del periodo de transición democrática. El objetivo final es instaurar un nuevo orden político y jurídico que, para fines prácticos, podemos denominar la “Constitución de la 4T”.

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