La economía política de la inequidad

Uno de los hitos en la historia de la transición a la democracia en México fue que Ernesto Zedillo declarara, aún presidente electo en agosto de 1994, que las elecciones de aquel año “habían sido legales, pero inequitativas”. Esa idea marcó la pauta para las reformas electorales que hicieron de la equidad un valor democrático toral. Sin embargo, aquella fue una obsesión desafortunada: durante muchos años la equidad distorsionó los parámetros para evaluar la legitimidad de las elecciones. La equidad no es parte de la democracia. Como argumenté en estas páginas hace una década, si la equidad significa igualdad de oportunidades para ganar un cargo de elección, esa idea jamás ha sido parte del gobierno representativo ni de la democracia liberal. La equidad exige un campo de juego parejo no sólo en lo que hace al dinero, sino también en otros muchos aspectos. El deseo de alcanzar la equidad alimenta esperanzas irreales, pues niega abiertamente uno de los aspectos cruciales del gobierno representativo y de la democracia liberal moderna: el mismo método de elegir representantes por medio de elecciones, en lugar de sorteos, está basado en la creencia de los votantes de que no todas las personas están igualmente calificadas para gobernar. Como alega Bernard Manin, los efectos inequitativos y aristocráticos de la elección misma se deben a cuatro factores: 1) el trato desigual que reciben los candidatos por parte de los votantes; 2) la discriminación entre los candidatos que exige el acto de elegir; 3) las ventajas cognoscitivas que confiere la notabilidad; y 4) el costo de diseminar la información. Sólo este último factor puede ser modificado a través del financiamiento público de las campañas.

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