Denuncié al exministro Arturo Zaldívar en febrero de 2024. Hace cinco años, en 2019, fui testigo de las presiones que ejerció contra un magistrado federal. Con el tiempo fue clara la entrega de su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un proyecto político. Como presidente de la Corte, Zaldívar renunció a ser un juez constitucional para convertirse en un gestor del presidente de la República.
Cualquier margen de duda sobre la gestión de Zaldívar se despejó cuando, en su conferencia mañanera del 21 de febrero de 2024, el presidente López Obrador declaró: “Cuando el ministro Zaldívar estaba de presidente de la Corte (…) nosotros respetuosamente interveníamos (…) se hablaba con él (…) [Zaldívar] hablaba con el juez y le decía: ‘Cuidado con esto’”. Esta fue la gota que derramó el vaso. Las pruebas sobre su doblegamiento se desbordan por todos lados.
Ahora hay dos expedientes en contra del exministro: uno iniciado por una denuncia anónima y otro, por la denuncia que yo presenté. A partir de tales denuncias, toda la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, desde 2019 hasta 2023, debe investigarse. Las pruebas en su contra no muestran irregularidades aisladas, sino una forma sistemática de abusar de su poder para violar la independencia judicial, a favor del Poder Ejecutivo. Zaldívar intervino directamente en decenas de asuntos para favorecer al presidente; coaccionó a juzgadores federales para que avalaran sus proyectos insignia; intercambió favores políticos con el presidente y su mayoría legislativa; y, para colmo, se unió a la campaña electoral de la candidata oficialista todavía como ministro de la Corte.
En 2019 fui parte del colectivo #NoMásDerroches que presentó 147 amparos en contra de que cancelaran el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y su sustitución por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).1 Según la Auditoría Superior de la Federación, cancelar el aeropuerto costó 113 327.7 millones de pesos. Uno de los líderes del colectivo argumentaba que las decisiones arbitrarias del nuevo gobierno costarían más que la corrupción del pasado. No se equivocó: la Estafa Maestra de Peña Nieto costó 7000 millones de pesos, sólo un 6 % de la cancelación del aeropuerto.
En el colectivo presentamos los amparos en diferentes juzgados y tribunales para evitar que un solo juez cargara con toda la presión de detener uno de los proyectos insignia del presidente. En un inicio, la estrategia tuvo éxito: varios jueces y tribunales federales ordenaron suspender la cancelación del NAICM y el inicio de obras del AIFA. Uno por uno, los juzgados reconocieron que esta decisión ponía en riesgo las finanzas públicas, el medioambiente y la seguridad aérea, entre otras cosas. Lo más grave es que ponía en peligro la vida de pilotos y pasajeros, pues no contaba con estudios aeronáuticos que avalaran su viabilidad.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, presidido por Arturo Zaldívar, concentró todos los amparos en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Toda la presión de detener el proyecto volvió a colocarse sobre los hombros de un solo juez y tres magistrados. Después de que Zaldívar hizo esto, el presidente López Obrador declaró que el nuevo aeropuerto era una obra necesaria para la “seguridad nacional”, por lo que suspenderla pondría en riesgo la supervivencia del Estado mexicano.
El argumento no tenía ninguna solidez jurídica. El AIFA es un aeropuerto civil que no impacta a la seguridad nacional. A pesar de eso, los juzgadores, en los que Zaldívar concentró los amparos, empezaron a revocar, una por una, todas las suspensiones. Para colmo, cancelaron las suspensiones que ellos mismos, el Juzgado Quinto y el Décimo Tribunal Colegiado, habían ordenado.
Sin embargo, en el tribunal colegiado hubo un magistrado que no se sometió a las presiones para avalar el proyecto del presidente: Jorge Arturo Camero. El magistrado Camero fue el único que se opuso a cancelar las suspensiones, ya que violaban los precedentes de su propio tribunal. Además, sostuvo que sus compañeros habían perdido la imparcialidad en el asunto, por lo que debía asignarse un nuevo tribunal, autónomo e independiente. Camero también fue el único que recibió represalias del Consejo de la Judicatura.
El 10 de octubre de 2019, Arturo Zaldívar anunció que, por primera vez en la historia del Poder Judicial, se había suspendido a un magistrado federal en el Primer Circuito judicial (Ciudad de México) por posible corrupción. En una conferencia de prensa afirmó que, con esta decisión, “se rompió una red de corrupción muy importante que había en el Primer Circuito”. Horas después, los medios de comunicación dieron a conocer que el magistrado suspendido era Jorge Arturo Camero.
Camero murió por cáncer de páncreas unos meses después. Según sus familiares, la persecución del Consejo de la Judicatura impidió que el magistrado acudiera a Estados Unidos a tomar los tratamientos que necesitaba para enfrentar su enfermedad. Las acusaciones que Zaldívar lanzó en su conferencia de prensa nunca fueron probadas. Nunca hubo una acusación por una red de corrupción contra Camero. Sólo se le acusó de haber ocultado una casa que estaba a nombre de sus hijos, pero esto tampoco fue probado.
Zaldívar no sólo suspendió al magistrado que resolvía el asunto del aeropuerto, también impidió que la Corte atrajera el asunto. El colectivo #NoMásDerroches solicitó que la Corte atrajera el asunto (SEFA 654/2019), pero Zaldívar nunca tramitó la solicitud. Dos años después, todavía como presidente de la Corte, Arturo Zaldívar acompañó al presidente López Obrador a la inauguración del AIFA. Éste era otro de los mecanismos que la presidencia de Zaldívar utilizaba para beneficiar al presidente: congelar los asuntos que llegaban a la Corte, como las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes que militarizaron a la Guardia Nacional, las cuales fueron congeladas por más de mil días.
Denuncié estos hechos antes de que se conociera la denuncia anónima que originó la investigación de la Suprema Corte en contra de Zaldívar. Esa denuncia completa el resto de la historia. Según expone, Camero y otro magistrado de su tribunal “fueron amenazados telefónica y personalmente con inicios de procedimientos, readscripciones, suspensiones e inhabilitaciones”.
Según la denuncia anónima, las presiones de Zaldívar eran ejercidas a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. La denuncia relata que amenazaban a los juzgadores y les ofrecían “beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero”. Todo coincide con lo que pasó en el caso del aeropuerto. Mientras que el magistrado Camero fue suspendido, Juan Carlos Guzmán Rosas, el juez que revocó todas las suspensiones en primera instancia, fue ascendido.
La denuncia anónima relata que Zaldívar creó un “sistema corrupto utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo”. Entre otros asuntos, señala su influencia en los amparos contra el Tren Maya, la contrarreforma eléctrica de López Obrador y el juicio penal en contra de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht.
¿Qué recibía Arturo Zaldívar a cambio de utilizar la presidencia de la Suprema Corte para beneficiar al Poder Ejecutivo? La aprobación de sus reformas y el arropamiento de la candidata oficialista a la presidencia de la República.
El 12 de febrero de 2020, Arturo Zaldívar asistió a la conferencia mañanera de López Obrador para presentar su reforma al Poder Judicial.2 Zaldívar expresó su “reconocimiento y agradecimiento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación. Este gesto político, que en mucho valoro, corrobora su respeto a la independencia judicial”.
Es muy interesante la concepción de Zaldívar sobre la independencia judicial. Al parecer, ésta implica que los ministros de la Suprema Corte se dediquen a legislar junto al Poder Ejecutivo y su mayoría legislativa, además de acompañar la inauguración de proyectos de infraestructura del Poder Ejecutivo (aun cuando éstos se encuentran sometidos a un juicio).
El gesto político que Zaldívar le agradeció a López Obrador todavía fue un poco más allá. La iniciativa original fue modificada para incluir lo que se conoció como “Ley Zaldívar”. En ésta se buscaba ampliar la presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura por un periodo de dos años adicionales a los cuatro contemplados por la Constitución. Tal ley fue invalidada por el Pleno de la Suprema Corte, con la abstinencia de Zaldívar de participar en la votación (que, en términos prácticos, valía lo mismo que un voto a favor de mantener la validez de dicha ley).
La última muestra del intercambio de favores entre Zaldívar y López Obrador fue su renuncia como ministro para incorporarse al equipo de campaña de la candidata oficialista: Claudia Sheinbaum. El artículo 98 de la Constitución prevé que los ministros de la Suprema Corte sólo pueden renunciar por “causas graves”. Además, las renuncias deben ser valoradas y, en su caso, el Senado de la República debe aprobarlas. De este modo, la Constitución busca garantizar la independencia judicial y obstaculiza que los ministros renuncien por convenencia.
A pesar de ello, el 7 de noviembre de 2023, Zaldívar sometió su renuncia a consideración del presidente y del Senado, sin exponer ninguna causa grave que la justificara. Dos horas más tarde, la entonces jefa de gobierno de Ciudad de México publicó una imagen de un encuentro con Arturo Zaldívar, en la que afirmó que acordaron “trabajar juntos para avanzar en la transformación del país”.
El 15 de noviembre del 2023 la renuncia de Zaldívar fue aprobada por el Senado sin cumplir el requisito constitucional de que existiera una causa grave. De manera pública, Zaldívar fungió como ministro en funciones de la Suprema Corte e integrante de la campaña de Sheinbaum por una semana. Sin contar todo el tiempo anterior a publicar su renuncia, en el que se desempeñó como ministro y negoció su incorporación al equipo de Sheinbaum.
Una buena parte de las acusaciones contra Zaldívar deben ser investigadas y documentadas. Sin embargo, existen hechos públicos (legislar con el presidente, la inauguración de sus obras en casos que todavía están siendo juzgados, unirse a una campaña política como ministro) que demuestran claramente que incurrió en varias faltas.
En la denuncia que presenté ante la Suprema Corte sostengo que incurrió en al menos cinco faltas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 1) abuso de funciones, 2) tráfico de influencias, 3) atentar contra la independencia de la función jurisdiccional, 4) inmiscuirse indebidamente en cuestiones jurisdiccionales que correspondían a otros funcionarios judiciales y 5) no preservar la función propia de la función judicial. Para determinar si Zaldívar cometió estas faltas o no, debe investigarse a fondo toda su gestión como ministro de la Suprema Corte a partir de 2019, cuando inició el intercambio de favores con el presidente.
Como dije en un inicio, actualmente existen dos expedientes contra Zaldívar. El primero inició a partir de una denuncia anónima. A partir de ella, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ordenó el inicio de una investigación y que se revisaran todos los casos en los que Zaldívar pudo haber influido.
El segundo expediente, iniciado a partir de mi denuncia, se encuentra en la ponencia del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá. Este expediente incluye la denuncia en contra de Zaldívar y la denuncia que presenté en diciembre de 2021 en contra de la ministra Yasmín Esquivel por plagiar su tesis y mentir al respecto durante las sesiones de la Corte.
El ministro Alcántara Carrancá definirá el camino que debe seguirse cuando la Suprema Corte reciba una denuncia en contra de uno de sus ministros. Para mí, la Ley Orgánica del Poder Judicial es clara. Primero, la ministra presidenta de la SCJN debe determinar si se inicia una investigación por presuntas faltas administrativas. Después, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la SCJN debe reunir pruebas y, en caso de que logre demostrar una falta, debe presentar una acusación en contra del ministro denunciado. Por último, debe permitirse que tanto el ministro acusado como los denunciantes presenten sus pruebas y alegatos, para que el Pleno de la Corte resuelva el caso.
Una vez que concluya este procedimiento, podrían inhabilitar a Zaldívar para ser servidor público hasta por diez años y podrían sancionarlo económicamente por los daños que generó con sus abusos. Entre ellos, podría encontrarse la cancelación del NAICM, que costó 113 327.7 millones de pesos y la privación ilegal de la libertad de diversos acusados que fueron mantenidos en prisión por la intervención de Zaldívar, según lo declaró el presidente López Obrador. Si estas faltas se confirman, lo primero que deberán hacer la Suprema Corte y los denunciantes será presentar una denuncia contra Zaldívar ante la Fiscalía General de la República para que inicie un proceso penal en su contra y existan otro tipo de sanciones.
Miguel Alfonso Meza
Consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción
1 Aclaro que escribo este artículo a título personal: mis afirmaciones no representan la opinión del colectivo #NoMásDerroches ni de sus integrantes.