El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el desvío de más de 15 000 millones de pesos del presupuesto de Seguridad Alimentaria Mexicana —organismo sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, conocido como Segalmex— es “el único caso que hemos tenido de corrupción” en el sexenio. Los medios reportaron como noticia que el presidente reconocía, por fin, un acto de corrupción relacionado con su gobierno. El problema: esto sucedió hasta diciembre de 2023 y, por supuesto, él no tuvo conocimiento de tal desfalco; a pesar de haber repetido una y otra vez que “todos los actos de corrupción, los más dañinos, y todos los negocios que se realizan al amparo del poder público, llevan siempre el visto bueno del presidente de la República”.
La primera vez que se encendieron las alarmas sobre las irregularidades de Segalmex fue tan pronto como abril de 2019, cuando el análisis de compras públicas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destacó problemas en las contrataciones de esa institución. Para 2020, los primeros desvíos ya habían sido ampliamente documentados por la Unidad de Periodismo y figuraron en el Anuario de la Corrupción de ese año. MCCI, así como otros medios de comunicación y organizaciones, documentaron más y más desvíos que se fueron apilando a lo largo de los años. De millón en millón, Diconsa, Liconsa y Segalmex acumularon desvíos de las dimensiones que hoy conocemos, y año con año cada nuevo modus operandi se reportó en las entregas subsecuentes del Anuario de la Corrupción.
La corrupción en Segalmex no es el único caso de desvío de recursos, tráfico de influencias, uso ilegal del dinero público y otros delitos dentro de la administración de López Obrador y de los gobiernos de su partido o sus aliados. Cada entrega de nuestro anuario —con su recuento detallado de los principales casos de corrupción en el transcurso de cada año y sus consecuencias en el ámbito político y en el sistema de justicia— nos muestra los casos de corrupción que se siguen acumulando en México.
Las declaraciones del presidente no son inocuas. Aparejada a su palabra y a la defensa a ultranza de todos sus colaboradores y personas cercanas, hay una justicia que se aplica de manera selectiva: todo aquello que en su gobierno no se considera como corrupción es protegido con un halo de impunidad. Por ello, es fundamental para la memoria pública este seguimiento que da cuenta de los principales casos de corrupción documentados y que deben preocupar a la ciudadanía. Para 2023 identificamos 32 casos; la mayoría corresponde al gobierno federal y a los gobiernos de la coalición gobernante, aunque también hay casos en el resto de partidos y poderes.
A unos cuantos meses de que termine el sexenio del presidente López Obrador, este anuario registra un año más en que el combate a la corrupción se mantuvo sin cambios: muchas palabras pero pocos resultados.
Enero
Regeneración: los contratos multiplicados
La empresa Impresores en Offset y Serigrafía (conocida como Grupo Gama), encargada de imprimir el periódico Regeneración del partido Morena, recibió 25 veces más recursos por contratos públicos de los que había recibido el sexenio anterior. Hasta enero de 2023 recibió contratos por 1490 millones de pesos, reveló Animal Político. Esta empresa también fue proveedora de la campaña presidencial de López Obrador en 2018 y de la campaña de Delfina Gómez en 2017.
Durante su campaña para la gubernatura en 2023, Delfina Gómez contrató a otra empresa que participó en la campaña de López Obrador en 2018: Heurística Comunicación. Ésta obtuvo 73.4 millones de pesos en contratos con Ciudad de México y la Cámara de Diputados entre 2019 y 2021 a través de licitaciones en las que simuló competencia.
Febrero
Directo y en efectivo
El noticiero de N+, En Punto, reveló videos de dos integrantes del gabinete de la gobernadora Layda Sansores recibiendo dinero en efectivo en las oficinas del gobierno de Campeche un mes antes de la elección que ganó Sansores en 2021. También aparece la senadora de Morena Rocío Abreu recibiendo dinero. Las tres funcionarias declararon que era legal lo que estaban haciendo. En 2021, el gobernador interino de Campeche era Carlos Aysa González, del PRI; actualmente es embajador en República Dominicana. En 2022 su hijo pasó de la bancada del PRI a la de Morena en la Cámara de Diputados.
Plagio de la ministra Yasmín Esquivel
En diciembre de 2022 la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura. En respuesta, en enero de 2023 la UNAM rescindió el contrato de la directora de tesis de la ministra y en marzo modificó su Estatuto General para contar con la facultad de anular grados, títulos o certificados de alumnos que incurran en faltas de integridad académica.
En febrero, El País dio a conocer que Esquivel también había plagiado su tesis de doctorado. Durante 2023 la ministra Esquivel promovió cuatro recursos legales para detener el dictamen del Comité de Ética de la UNAM y evitar que se hiciera público. Hasta el momento se desconoce el resultado del proceso.
Daños millonarios a Hacienda
La revisión de la Cuenta Pública de 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 83 000 millones de pesos. De éstos, más de la mitad, 43 000 millones, siguen pendientes de aclarar. Dentro de los principales hallazgos destacan irregularidades por 830 millones en la Secretaría de Educación Pública al mando de Delfina Gómez —ahora gobernadora de Estado de México—; 1192 millones en problemas con el Tren Maya; 384 millones de daños por contratos en la refinería de Dos Bocas; además de miles de pagos indebidos en los programas sociales para personas con discapacidad, adultos mayores, Sembrando Vida, Becas Benito Juárez y en el uso de recursos federales en las entidades federativas. Para Pémex, la Auditoría estimó un daño al erario de 111.6 millones de pesos, derivado de pagos en exceso, irregularidades en trabajos de explotación y la falta de aplicación de penas a las empresas que se retrasaban en sus obras.
Hasta el momento la ASF ha detectado 155 000 millones de pesos de irregularidades no aclaradas ni recuperadas entre 2019 y 2022; todavía falta el cierre de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2022, 2023 y 2024 para conocer el total del daño a la Hacienda Pública durante este gobierno.
De autos y alumbrado público
La Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa solicitó retirarle el fuero al secretario de Turismo del gobierno morenista, Luis Guillermo Benítez Torres, acusado de entregar un contrato por más de 400 millones de pesos para instalar alumbrado público y comprar dos autos rifados el Día de las Madres cuando era alcalde de Mazatlán en 2022.
El gobernador Rubén Rocha lo removió de su cargo y cinco días después presentó una iniciativa al congreso estatal para eliminar el fuero del gobernador y su gabinete; sin embargo, la iniciativa no avanzó más. Por su parte, Benítez, apodado el Químico, fue vinculado a proceso penal en junio, pero obtuvo una suspensión que hasta diciembre tenía detenido el proceso en su contra.
Marzo
Ejército espía
En marzo de 2023 se supo que la Sedena reconoció ante la ASF que había contratado a la empresa Comercializadora Antsua, proveedora del software espía Pegasus. Según documentos filtrados en los #GuacamayaLeaks, esta información fue utilizada por el Centro Militar de Inteligencia, una institución que tanto la Sedena como el presidente niegan que existe.
Citizen Lab reveló en 2022 que los celulares de dos periodistas, un activista y un diputado de oposición fueron infectados. En marzo de 2023, Animal Político confirmó que el titular y tres funcionarios del Instituto Federal de Defensoría Pública fueron espiados en 2021. En abril de 2023, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que sus celulares fueron intervenidos. En mayo, The New York Times dio a conocer que el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue espiado. En junio, The Washington Post reveló que Camilo Vicente Ovalle, coordinador de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, también fue espiado.
Durante 2023 se documentaron al menos diez casos de espionaje por parte del Ejército; todos ellos, a personas que investigaban irregularidades de los militares. Tanto el presidente López Obrador como la Sedena han negado sistemáticamente el espionaje y han descalificado a los medios que lo documentaron.
Moches en el INDEP
Desde septiembre de 2020 se denunciaron públicamente irregularidades en el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP). Jaime Cárdenas renunció a la dirección del instituto y señaló corrupción y robos en la institución; en una entrevista con Proceso dijo que López Obrador le pidió conseguir 2000 millones de pesos después de que el INDEP no pudo cobrar un cheque por esa misma cantidad, entregado por la Fiscalía General de la República como premios de la rifa del avión presidencial.
El 23 de marzo de 2023 se reveló que quince trabajadores del INDEP denunciaron a un mando directivo, José Ángel Anzúrez Galicia, por cobrarles 30 % de su salario para dejarlos trabajar ahí. Al día siguiente, el instituto dio a conocer la renuncia de Anzúrez.
En octubre, Ernesto Prieto dejó la dirección del INDEP para buscar, sin éxito, ser candidato de Morena en Guanajuato. En su lugar el presidente López Obrador nombró a Alberto Becerra, quien formaba parte de su ayudantía presidencial. Como documentó MCCI, Becerra es amigo cercano de Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente, y antes de 2018 no contaba con experiencia en el servicio público. Hasta octubre de 2023, veintisiete exintegrantes de la ayudantía presidencial habían obtenido otros cargos en el gobierno federal o en gobiernos locales, sin contar con la experiencia necesaria.
Hasta los muertos firman
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que la asociación Que Siga la Democracia usó las firmas de 14 957 personas fallecidas para la consulta de revocación de mandato de 2022. Además, le impuso una sanción de medio millón de pesos.
Que Siga la Democracia respondió que el INE no había probado el uso de firmas de personas fallecidas e impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En agosto, el Tribunal confirmó la resolución del INE y la multa; sin embargo, también avaló su registro como agrupación política nacional. En diciembre, Morena presentó ante el INE un acuerdo de participación con Que Siga la Democracia y tres agrupaciones políticas más para el proceso electoral de 2024.
Incendio y muerte de migrantes
Un incendio en un centro de detención ilegal de Ciudad Juárez provocó la muerte de al menos 39 personas migrantes. Un video de las cámaras de seguridad muestra a un guardia y dos funcionarios que huyen y dejan encerradas a decenas de personas migrantes. El gobierno argumentó que el guardia, trabajador de una empresa privada, se había llevado las llaves de las celdas. Estos hechos provocaron la inhabilitación de la empresa encargada de la seguridad en el centro migratorio; además se dio a conocer que operaba con irregularidades. En abril un juez vinculó a proceso a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Garduño sigue su proceso en libertad y permanece al frente del INM.
Abril
AMLO contra la SESNA
El presidente López Obrador envió una propuesta de iniciativa de ley para eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). Desde el inicio de su gobierno, el mandatario ha lanzado ataques contra el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Un estudio de MCCI documentó que el gobierno federal ha incumplido 78 % de las acciones que son su responsabilidad en la Política Nacional Anticorrupción.
El debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción no sólo ocurre a nivel federal. En febrero los tres últimos integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de la Ciudad de México renunciaron ante la falta de recursos y de interlocución con el gobierno capitalino. Una revisión de Mexiro A. C. documentó que 17 de los 32 sistemas estatales no operan con su CPC completo; de éstos, 5 no tienen ni un solo integrante.
El cártel inmobiliario
En abril fue detenido el exalcalde de Benito Juárez, Christian von Roehrich, en Reynosa, Tamaulipas, por estar vinculado al “cártel inmobiliario”. En febrero la hermana de Von Roehrich fue detenida por su probable participación en este esquema. La Fiscalía de la Ciudad de México acusó a funcionarios de la alcaldía Benito Juárez de permitir la construcción ilegal de más pisos en edificios a cambio de favores o de bienes inmuebles. Hasta el momento hay seis funcionarios de nivel directivo de la alcaldía, dos contratistas y un exalcalde vinculados a proceso y detenidos.
Mayo
El departamento del general secretario
Una investigación de MCCI dio a conocer que el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, compró un departamento en el exclusivo fraccionamiento de Bosque Real, Estado de México, a una accionista de Promatech, empresa proveedora de la Sedena. Un día después de la compra del inmueble, en 2022, esta empresa ganó una licitación por 319 millones de pesos. La empresa fue inhabilitada por incumplir con la entrega; además simuló competencia en la licitación, pues tiene vínculos con sus competidoras.
El titular de la Sedena reportó este departamento en su declaración patrimonial con un costo por debajo de su valor comercial. Tres días después de la publicación, durante una conferencia de prensa matutina, Sandoval confirmó que sí compró el departamento a esta persona, pero argumentó que el precio estaba justificado por estar en obra gris.
En agosto, Promatech intentó concursar en una nueva licitación con el Ejército, pese a estar inhabilitada. La licitación se declaró desierta y el contrato por 229 millones de pesos fue asignado a Abspro. El dueño de esta compañía fue por un tiempo apoderado legal de Promatech.
Antes, en abril, una investigación de MCCI documentó que el general Sandoval y su familia viajaron varias veces al extranjero en aviones del Ejército y se hospedaron en hoteles de lujo. En 2022, el presupuesto de la Sedena para viáticos en el extranjero fue de 460 millones de pesos.
La Casa Gris 2
En mayo MCCI reveló que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, vivía en una casa en Coyoacán, propiedad de la asistente personal de la directora de La Jornada. En lo que va del sexenio este periódico ha recibido más de 750 millones de pesos en contratos de publicidad: más del doble de lo que recibió con Peña Nieto. López Obrador negó cualquier conflicto de interés.
En agosto MCCI documentó que, contrario a lo dicho por el gobierno, Pemex International sí otorgó veintisiete contratos por 150 millones de pesos a la división de Baker Hughes durante los primeros cuatro meses en los que López Beltrán vivió en “la Casa Gris”, propiedad de Keith Schilling, un ejecutivo de la empresa.
En octubre MCCI denunció la censura de Pémex a los montos pagados en 99 % de los contratos de la paraestatal para la construcción de la refinería Dos Bocas. Entre los contratos censurados estaban cuatro para Baker Hughes.
Edomex y las empresas fantasma
The Guardian dio a conocer que el gobierno del Estado de México contrató al menos quince empresas fantasma por 5000 millones de pesos durante la gestión de Alfredo del Mazo. En 2021, la autora del reportaje, María Teresa Montaño, fue secuestrada temporalmente y presionada para no publicar su investigación.
Junio
La Estafa Verde de Manuel Velasco
Una investigación de MCCI documentó pagos del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas por al menos 170 millones de pesos a empresas fantasma y el uso para fines electorales. Antes MCCI había dado a conocer un desvío de 566 millones en 2021 y una investigación de Animal Político detectó mil millones más en 2022. Esto suma 2420 millones de pesos como desvíos documentados.
Entre las empresas fantasma que obtuvieron recursos del gobierno de Chiapas hay dos que también participaron en el desvío de la Estafa Maestra durante la gestión de Enrique Peña Nieto en el gobierno federal. Velasco participó como “corcholata” para ser candidato de la coalición oficialista a la Presidencia.
Precampaña ilegal
Morena inició en junio una convocatoria para seleccionar, mediante una encuesta nacional, a quien coordinaría los comités de defensa de la cuarta transformación. Este cargo fue un eufemismo para la candidatura a la Presidencia con un objetivo: burlar la ley electoral que exigía iniciar el proceso interno hasta noviembre. No obstante, las autoridades electorales —el INE y el Tribunal Electoral— autorizaron estas campañas con la condición de que no llamaran al voto, no promovieran una plataforma electoral ni hicieran promesas. En septiembre concluyó el proceso y ganó Claudia Sheinbaum. Antes de que Sheinbaum dejara su cargo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezaba la lista de denuncias por actos anticipados de campaña, con 137 expedientes abiertos.
A finales de noviembre el INE detectó que los candidatos de Morena, PVEM y PT gastaron 60 millones de pesos adicionales a los reportados. Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum fueron los de más gastos no reportados: 23 y 16 millones, respectivamente. El instituto contabilizó espectaculares, bardas, propaganda en redes sociales y eventos organizados. Originalmente, el INE planteó multar a Morena y a sus aliados con más de 105 millones de pesos; sin embargo, al cierre de este recuento, el INE estableció una sanción por 86 millones.
Julio
Las otras precampañas ilegales
En julio los partidos de oposición (PRI, PAN y PRD) comenzaron un proceso similar al que organizó Morena para definir a la coordinadora del Frente Amplio por México. También se trata de un eufemismo cuyo fin era no violar los plazos establecidos por la ley electoral para la precampaña. El proceso concluyó con el nombramiento de Xóchitl Gálvez. Según el INE, el PAN, el PRI y el PRD reportaron gastos por 10.9 millones de pesos; sin embargo, detectó desembolsos adicionales por 4.8 millones de pesos.
Muerte por elevador
Una niña de 6 años murió prensada por un elevador en mal funcionamiento del IMSS en Playa del Carmen. A finales del mes otro elevador, en Guadalajara, dejó a ocho personas atrapadas, que tuvieron que salir por el techo. La empresa Construcciones Arywe le vendió esos y otros 179 elevadores al IMSS en 2016. La empresa no tenía experiencia en la instalación de elevadores y estaba acusada de anomalías en la construcción de unidades habitacionales en Ciudad Juárez entre 2018 y 2019.
Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó un otorgamiento del IMSS por cuatro contratos que suman 1100 millones de pesos a empresas fantasma. Una de estas empresas, Grupo PM, también tiene contratos con la Conade por 492 millones de pesos para proveer servicios tecnológicos.
Agosto
Desvíos millonarios en Hidalgo
La fiscalía de Hidalgo detuvo a Manuel Hernández, exalcalde de Tula por el PRD, por ser parte de la red de funcionarios públicos de Hidalgo que desviaron al menos 520 millones de pesos del erario en 2021. El dinero sería usado para atender la pandemia de covid y para obra pública.
Militares y AIFA
En agosto el pleno de la Suprema Corte solicitó a la Secretaría de la Función Pública entregar las últimas declaraciones patrimoniales de veintitrés militares que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Esto debido a que la Sedena abrió cuentas maestras para cada frente de construcción del AIFA; los ingenieros militares recibían y asignaban dinero directamente. La SFP reservó la información; el INAI ordenó que se publicara y el gobierno de López Obrador impugnó la decisión pero perdió, ya que los militares no tienen un régimen especial que les permita ocultar esa información. Pese a lo decidido por la SCJN, hasta el momento las declaraciones siguen sin hacerse públicas. El director del AIFA, general brigadier Isidoro Pastor, entre julio de 2018 y diciembre de 2020, adquirió de contado un Cadillac CTS 2018 y un Mercedes Benz CLA 2021, que en conjunto costaron 1 230 000 pesos. En 2021 el general compró un inmueble de contado por un valor de 6 millones de pesos. Sin embargo, su declaración reporta que en 2021 tuvo ingresos por 3.5 millones de pesos, según FrojiMX.
Septiembre
Los amigos del hijo de AMLO
MCCI documentó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano asignó contratos de obra pública que beneficiaron a un proveedor amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente. La inversión total de estas obras suma más de 1000 millones de pesos, donde la Sedatu estableció como requisito que la adquisición de juegos y bancas para distintas obras en Tabasco, Campeche y Quintana Roo fueran de una marca en específico, misma que es propiedad de un exfuncionario implicado en la red de corrupción de Segalmex y amigo de López Beltrán.
Irregularidades en Dos Bocas
Según una investigación de MCCI, la Secretaría de Marina adjudicó directamente un contrato por más de 220 millones de pesos para realizar una obra en Dos Bocas, Tabasco, a la empresa de uno de los directivos de Pémex. Esto es una violación a la ley donde se establece que las dependencias no podrán adjudicar contratos a sociedades de las que formen parte servidores públicos.
El exchofer y su familia
Latinus dio a conocer que la familia de Nicolás Mollinedo, chofer de López Obrador en el pasado, tiene un parque acuático de 64 hectáreas frente a la estación Tulum del Tren Maya. La familia de Mollinedo ha recibido varios cargos públicos en el gobierno federal y en los municipales de la región a partir de 2018.
Visas bajo extorsión
En septiembre El Universal documentó un caso de corrupción, el de José Luis Chávez Aldana, general brigadier, diplomado del Estado Mayor. Fue removido de Puebla al Estado de México por acusaciones de extorsión a migrantes. En su nuevo cargo tramitaba visas de residencia permanente de modo irregular. En abril de 2022 el general fue dado de baja.
El contratista favorito
Durante la administración de López Obrador, la empresa Proyecta Industrial de México sumó 27 119 millones de pesos en contratos adjudicados por Pémex. Casi todos los contratos corresponden a la construcción de la refinería en Dos Bocas. Antes de este gobierno la empresa y su dueño, Daniel Flores Nava, no tenían contratos equivalentes. En agosto Flores Nava murió al desplomarse el avión en el que iba luego de acompañar en un mitin al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López.
Octubre
Caso Ayotzinapa
En 2023 se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. En una entrevista Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, denunció que en algunas reuniones entre el fiscal Gertz Manero, el subsecretario Encinas y el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, tomaron la “decisión de Estado” de cancelar las órdenes de aprehensión contra dieciséis militares involucrados y acelerar la judicialización contra otros funcionarios, como el exprocurador Murillo Karam. El presidente este año defendió y exculpó a las Fuerzas Armadas de su responsabilidad en el caso y dijo que él se hará cargo, personalmente, de la investigación.
Hospitales abandonados
Según una investigación de Animal Político y con información del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), los gobiernos de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo gastaron 997 millones de pesos con la promesa de construir diez hospitales en zonas marginadas. Todos continúan en obra negra aun cuando empezaron su construcción desde 2012. Hasta la salida de Alfredo del Mazo en 2023, el gobierno del estado seguía pagando por la construcción de algunos hospitales, incluso cuando la obra ya llevaba años abandonada.
Los diez hospitales a construir se otorgaron a empresas cuyos socios o integrantes son cercanos a exfuncionarios o ellos mismos fueron funcionarios. Las empresas descubiertas en esta red también comparten socios y representantes legales y son de creación reciente o incluso se encuentran sancionadas por incumplirle al ISSSTE. Algunas continúan recibiendo contratos con el gobierno federal.
Desvíos por 6000 millones de pesos
En octubre El País reveló que por lo menos seis instituciones de gobierno participaron en una estafa Ponzi para tomar ilegalmente recursos públicos y llevarlos a inversiones de muy alto riesgo: se pagaban con otras inversiones obtenidas de nuevos fondos de gobierno. El desvío se organizó a través de dos empresas fachada, Corafi y Escorfi; se inició desde la administración de Peña Nieto y siguió vigente, al menos, hasta 2022, sumando más de 6000 millones de pesos. En el esquema estuvo involucrada Segalmex cuando René Gavira era responsable de sus finanzas; también participaron empresas vinculadas a la Estafa Maestra y a la Operación Safiro.
Otros involucrados: el Fondo del Retiro de los Trabajadores de la Educación (Forte), el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
Noviembre
Celulares de opositores
The New York Times publicó una investigación donde se afirma que la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó a Telcel los registros telefónicos de distintos funcionarios de alto rango, entre los que destacó Santiago Taboada, candidato de la oposición a jefe de Gobierno de Ciudad de México. Para obtener los registros la fiscalía argumentó que se debía a investigaciones por secuestro y desaparición forzada. La fiscala negó estos hechos y consideró que los documentos mostrados por el periódico estadunidense son falsos. Por su parte, el responsable de comunicación de Telcel respondió que están obligados a proporcionar esa información a las fiscalías.
Diciembre
También a empresarios
En diciembre comenzó el juicio por el caso de espionaje contra Carmen Aristegui con el software Pegasus. Un testigo protegido declaró que el gobierno de Peña Nieto también espió a empresarios mexicanos como Carlos Slim y Germán Larrea por instrucciones del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Desvíos en el IPN
Una investigación de Tojil documentó que dos altos funcionarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tienen vínculos con una red de 84 empresas irregulares que han recibido más de 3300 millones de pesos en contratos con el sector salud y las Fuerzas Armadas. Estas empresas comparten socios, apoderados, administradores, domicilios o tienen transacciones financieras entre sí. Nueve han sido declaradas fantasma, dos no tienen un domicilio identificable, dos están inhabilitadas y veintiocho tienen operaciones con Interacción Biomédica, la empresa fantasma con más contratos en el sector salud, denunciada por MCCI desde abril de 2019.
Arresto de exfuncionarios
El 6 de diciembre la Fiscalía General de la República anunció que René Gavira había sido detenido en Estados Unidos. Gavira fue director de Administración y Finanzas de Segalmex bajo las órdenes de Ignacio Ovalle cuando fueron desviados más de 15 000 millones de pesos. El hijo de Gavira recibió un departamento de lujo en San Antonio, Texas, por parte de la hermana del dueño de una empresa proveedora de Segalmex que obtuvo 7000 millones de pesos en contratos pese a no cumplir con los requisitos para obtener contratos.
En febrero MCCI dio a conocer que Roberto Antonio del Valle, un cercano colaborador de Ovalle, dejó Segalmex para convertirse en asesor del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Por este caso, en 2023 la fiscalía obtuvo veintidós órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero; logró detener a ocho. En junio fue detenido en Argentina otro exdirector de Segalmex, Manuel Lozano. El exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, sigue como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación.
Durante 2023 hubo casos a nivel internacional que involucraron a Segalmex. En mayo El País reportó que en Polonia se vendían pilas con los logotipos de Segalmex. La paraestatal y la empresa proveedora están en una disputa legal sobre el nivel de incumplimiento del contrato que puede explicar la existencia de esas baterías.
La red de Andy crece
Una investigación de MCCI exhibió un caso más de beneficio para los amigos de Andrés López Beltrán. Más de 490 millones de pesos, provenientes del Insabi, terminaron en las cuentas de una empresa que incumplía con la regulación sanitaria, propiedad de otra de las amistades del hijo del presidente. El mismo día Latinus mostró evidencias de que en diciembre de 2022 la misma empresa recibió del gobierno de Quintana Roo un contrato por 300 millones de pesos para entregar medicamentos y materiales de curación, pese a estar boletinada y tener su domicilio en una tienda de pisos y azulejos.
Días más tarde, el 14 de diciembre, se documentó que el 7 de diciembre de 2018 esta misma persona compró, por apenas un millón de pesos, un terreno de 18 hectáreas a 6 kilómetros de la refinería Dos Bocas. Seis días después el presidente colocó la primera piedra de la refinería. Actualmente, renta el terreno una de las principales contratistas que construyen la refinería. Terrenos con la mitad de extensión en la misma zona se venden hasta en 120 millones de pesos.
Este proyecto fue coordinado por Ricardo Alvarado y colaboraron Renata Gómez, Lorenzo León, Miranda Carballo, Miguel Torhton, Marina Gómez, Leonardo Núñez y Ma. Amparo Casar. Agradecemos el apoyo de nuestros integrantes del programa de servicio social: Andrea Cobián, Baruch Moreno, Diego Rodríguez, Elizabeth Sánchez, Georgina Guardiola y Tadeo Jaramillo.