El 4 de octubre de 2008, un supremacista blanco llamado Hal Turner subió a su canal de YouTube un video en el que afirmaba haber descubierto una conjura secreta para introducir una nueva divisa, el amero, que pronto quedaría establecida como la moneda común de una “Unión Norteamericana” compuesta de México, Canadá y Estados Unidos. Dos meses más tarde, Turner compartió imágenes de coloridos billetes denominados en 20, 50 y 100 ameros. Además de la silueta de la costa de región y diversas medidas antifraude, cada nota tenía su propia identidad gráfica: la Parliament Hill de Ottawa, un venado blanco de Virginia y una pirámide precolombina. Con la evidencia física en mano, Turner declaró que la desmonetización del dólar era inminente. Los rumores pronto emigraron más allá del internet: como reportó en su momento The New York Times, los tres temas más mencionados en los conversatorios con votantes que Mitt Romney sostuvo durante la elección presidencial de 2008 fueron la guerra de Irak, el sistema de salud… y el amero.
La amplia difusión de estas y otras teorías conspiranoicas preparó el terreno para las alucinaciones que tomaron un papel central en la vida pública estadunidense durante los años de Trump. Los rumores sobre el amero, sin embargo, comenzaron a circular mucho antes de que la presidencia de una estrella de reality fuera concebible: ciertos sectores de la derecha estadunidense ya murmuraban al respecto en 1993, cuando el gobierno de ese país ratificó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El espectro de una Unión Norteamericana se alimentó desde un principio de comparaciones con la Unión Europea, así que no debería sorprendernos que, al mismo tiempo que se discutía el euro, los fantasistas del Nuevo Mundo desarrollaran una fijación con la idea de una nueva divisa común.
Hoy, a treinta años de la ratificación del TLCAN, resulta obvio que las predicciones de los conspiranoicos del amero —por ejemplo: la construcción de una supercarretera de diez carriles que cortaría en dos el corazón de Estados Unidos para enlazar a Ciudad de México y Toronto— eran tan irreales como aquéllas de QAnon. Con todo, los billetes falsos que Turner mostró en su canal de YouTube continúan en circulación en ciertos rincones del internet, en especial durante momentos de incertidumbre: la crisis financiera de 2008 o la pandemia de 2020. Así, el “tipo de cambio” del amero —es decir: su popularidad como explicación (fantástica y errónea) de la realidad— puede servirnos como un indicador confiable de la ansiedad que Estados Unidos siente sobre su propia identidad nacional; ansiedad que, al fin y al cabo, suele tomar la forma de discursos en torno a la migración mexicana y el comercio con México.
De allí la utilidad de prestar atención a una teoría tan falsa como la que insiste en la inminencia de una Unión Norteamericana. Ahora que el TLCAN ha devenido en un Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), descender al inconsciente político en busca de las causas latentes de la ansiedad que anima a la conspiración del amero puede ayudarnos a apreciar el contexto monetario que enmarca a la política económica de la región, y así cuestionar algunos lugares comunes sobre el comercio internacional, la naturaleza de las divisas y la soberanía.
Es probable que pocos se hayan sorprendido o reído tanto al enterarse de la teoría de conspiración del amero como Herbert “Herb” Grubel, profesor emérito del Departamento de Economía de la Universidad Simon Fraser, en Vancouver, Canadá. Si alguien tiene derecho a llamarse el inventor de la idea de una moneda norteamericana, es él.
En septiembre de 1999, Grubel publicó un estudio para el Instituto Fraser, un think tank canadiense de orientación libertaria, en el que exploraba la posibilidad de una unión monetaria en América del Norte. El ensayo concluía con la recomendación, atrevida pero en lo absoluto conspiranoica, de una nueva divisa que habría de circular en México, Canadá y Estados Unidos.1 Entre otras cosas, esto significaría que los bancos centrales de los tres países serían reemplazados por un Banco Central Norteamericano, parecido al recién creado Banco Central Europeo. Según Grubel, los beneficios de tal unión monetaria irían más allá de la eficiencia económica y la estabilidad del tipo de cambio: la adopción del amero sería un paso importante hacia la “despolitización” de la moneda. La abolición de la Federal Reserve, el Bank of Canada y el Banco de México haría realidad el viejo sueño de John Locke: la política monetaria quedaría —¡al fin!— más allá del control de funcionarios electos y, por lo tanto, de sus volubles electores.
A pesar de su desconfianza en la política electoral, Grubel era todo menos un economista de torre de marfil. El inventor del amero pasó buena parte de la década de 1990 en el Parlamento de Canadá, al que resultó electo con el apoyo del Partido Reformista, una facción de derecha populista, donde siguió de cerca las “turbulentas” conversaciones multilaterales en torno al TLCAN. Esta capacidad de habitar dos mundos a la vez (las memorias en las que describe a la negociación se titulan Un profesor en el Parlamento) fue una de las características definitorias de su enredada vida. Nacido en Fráncfort en 1934, en los años cincuenta Grubel emigró a Estados Unidos, donde recibió el doctorado en economía por la Universidad de Yale y enseñó la disciplina en Filadelfia, Chicago y California. En 1972, al mismo tiempo que el sistema monetario de Bretton Woods comenzaba a colapsar, Grubel se mudó a Vancouver, donde vive hasta la fecha.
El Canadá de aquellos años resultó ser un destino afortunado para un economista con intereses en cuestiones monetarias: cuando llegó el momento de enterrar el vínculo con el oro e iniciar la transición hacia tipos de cambio flexibles, muchos países miraron a Ottawa en busca de inspiración. El país más norteño del hemisferio, después de todo, fue la primera economía importante en adoptar un tipo de cambio flexible tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si bien este experimento resultó en aprendizajes importantes sobre el buen manejo de una economía abierta, la ironía es que también contribuyó al producto de exportación más importante del pensamiento monetario canadiense: una serie de teorías sobre cómo abandonar los tipos de cambio flexibles en favor de uniones monetarias.
Semanas después de que Grubel publicara su ensayo sobre el amero, otro canadiense, Robert Mundell, recibía el Premio Nobel de economía por su trabajo sobre “zonas monetarias óptimas”: regiones en las que una divisa común resultaría en una mejora sustancial de la eficiencia económica. En los días de alegría y esperanza que siguieron a la adopción del euro en enero de 1999, muchos observadores veían en la obra de Mundell el modelo de la nueva moneda común. Invirtiendo el modelo hegeliano, en el que la teoría sólo aprehende a la realidad en el momento en el que ésta deja de ser, en los años del Fin de la Historia el búho de Minerva volaba al amanecer en lugar de al ocaso: ahora la realidad monetaria seguía la pauta de la teoría. Tal vez apropiadamente, Mundell mismo convirtió las coronas suecas del premio a euros que luego gastó renovando un palazzo en ruinas que se había comprado cerca de Siena.
En cualquier caso, el hecho es que el tipo de cambio del mercado de las ideas nunca fue tan favorable para las uniones monetarias como a finales del siglo pasado. En aquellos años, muchos adivinaban la proliferación mundial de divisas comunes que, al fin y al cabo, representaban la conclusión lógica de la trifecta en boga en esa época: comercio libre, movilidad del capital y autonomía de los bancos centrales respecto a la política electoral. En la década tras el fin de la Guerra Fría, los tres elementos de esta ortodoxia terminaron por volverse inseparables: la movilidad del capital era impensable sin comercio libre, el cual a su vez era impensable sin instituciones “independientes” que pudieran fijar la política monetaria lejos de las tentaciones —o, como diría Grubel, “las turbulencias”— de la democracia. Muchos observadores contemporáneos veían en la idea de una unión monetaria administrada por un banco central supranacional una garantía de la permanencia de esta trifecta neoliberal (y también, en el caso de libertarios como Grubel, un mecanismo para disciplinar el poder económico Estado). En la feliz —o infeliz— frase de Rudiger Dornbusch, otro economista estadunidense de ascendencia alemana: democratic money is bad money.
Dornbusch y muchos otros economistas de la época creían que se debía evitar que el Estado, y especialmente el Estado democrático, se inmiscuyera en el funcionamiento del dinero. En lugar de dejar la “medida de todo valor” en manos de líderes electos, y por lo tanto vulnerables a las pasiones de sus votantes, estos economistas proponían fortalecer la autonomía de los banqueros centrales, quienes así podrían tomar decisiones económicamente racionales incluso si existía el riesgo de que resultaran impopulares. Si bien tales medidas no dependían necesariamente de la existencia de una unión monetaria para poder funcionar, la promesa de un banco central supranacional —que, como el Banco Central Europeo, sería más autónomo que cualquier banco nacional— consistía en darle permanencia constitucional a la idea de que el dinero (o lo monetario) es (o debería ser) siempre neutral, ajeno a la política y a la democracia, más allá del control de uno u otro Estado. Entonces, ¿por qué conformarse sólo con Europa? ¿Por qué, se preguntaba Grubel, no habríamos de aplicar las mismas ideas en Norteamérica?
La idea de que la importancia del comercio excede la mera búsqueda de una ganancia económica tiene una larga y distinguida historia, a lo largo de la cual ha despertado en proporciones iguales esperanza y sospecha. En el siglo XVIII, Montesquieu y otros herederos de la tradición del doux commerce —literalmente: dulce comercio— sostenían que el intercambio mercantil terminaría por reblandecer a los gobiernos y así pacificar las relaciones entre Estados. Para estos pensadores, el concepto de “comercio” tenía un sentido mucho más amplio (es decir: un sentido extracomercial) que hoy.
En The Passions and the Interests, el economista Albert Hirschman cuenta que en el siglo XVIII la palabra comercio denotaba intercambio no sólo en el sentido de compraventa o trueque, sino también en el sentido de interlocución, interacción, incluso intercurso: una conversación animada, sí, pero también un cierto frisson erótico. El comercio conservaba entonces todavía algo de la bruma seductora de una interacción con extraños —con extranjeros— que amenazaba o prometía envolver a sus participantes en un juego de adivinar y satisfacer mutuamente sus deseos. Para Montesquieu, este aspecto erótico del comercio tenía una consecuencia política importante: el intercambio entre extraños endulzaba la disposición de todos los involucrados. Más que un asunto banal de oferta y demanda, el comercio era una fuerza civilizatoria.
Los críticos contemporáneos del doux commerce reviraron a Montesquieu que la dulzura-real-existente que el comercio transatlántico llevaba a las costas de Europa —el azúcar con el que Adam Smith al parecer endulzaba excesivamente su té— tenía su origen en la violencia de las plantaciones esclavistas del Caribe. Además, la figura del comercio como una pareja de amantes en mutua seducción implicaba la posibilidad de que el amor deviniera amargo, dando lugar a lo que David Hume bautizó como “los celos del comercio”.
Desde el principio, entonces, muchos advirtieron que el dulce comercio arriesgaba resultar más bien agridulce. Para la década de 1970, cuando Hirschman —un emigrado europeo muy consciente de los golpes de Estado que en América Latina pretendían conjugar comercio libre y autoritarismo— escribía su historia intelectual de las defensas capitalismo, el doux commerce se antojaba una idea fallida. Después del siglo XX, ¿cómo conservar la fe en el poder edulcorante del intercambio entre extraños? Como Hirschman mismo advirtió, sin embargo, un concepto tan seductor nunca desaparece del todo. A pesar de la creciente evidencia de su falsedad, la idea del dulce comercio siguió ejerciendo una fuerza gravitacional que —como el deseo— parecía volverse más inescapable conforme más pruebas en su contra fueran presentadas.
Para cuando la Guerra Fría llegó a su fin muchos se habían convencido de que —a pesar de (o tal vez debido a) los horrores del siglo XX— el momento del doux commerce había llegado por fin. La muerte relativamente pacífica de la Unión Soviética ofrecía, en sí misma, prueba de la fuerza pacificadora del comercio; ésa a la que la burocracia de Alemania Occidental bautizó con el eslogan de Wandel durch Hande (cambio mediante comercio). Si la idea de la globalización económica como el Fin de la Historia que Fukuyama proponía era en el fondo una reescritura de Hegel, el título del gran teórico del comercio-como-fuerza-civilizadora le pertenece a Montesquieu. El corolario, por supuesto, es que los tratados de libre comercio de finales del siglo XX terminaron por convertirse en inesperadas pantallas de proyección para los sueños de dulce comercio del siglo XVIII.
La paradoja es que los tratados de libre comercio de los noventa eran, en realidad, mucho más que simples acuerdos comerciales. A diferencia de los tratados de la posguerra, los llamados “acuerdos de segunda generación” —el TLCAN pionero entre ellos— dejaron atrás la mera reducción de aranceles, que en todo caso ya habían caído a sus mínimos históricos, y se propusieron como meta la “convergencia regulatoria”. La ausencia de barreras aduaneras al libre tránsito de mercancías era una condición necesaria pero no suficiente: había también que garantizar que las normas de las diferentes jurisdicciones estuvieran alineadas.
Los primeros indicios de este cambio en los objetivos de los tratados comerciales aparecieron en 1979, durante la Ronda de Tokio de las negociaciones del GATT, cuando los países firmantes llegaron a acuerdos sobre las reglas comunes que habrían de normar los estándares de calidad de ciertos productos de consumo. Desde entonces, este tipo de acuerdos se han ocupado cada vez menos del comercio propiamente dicho (ya no se diga el comercio simple en mercancías y materias primas) y cada vez más de la integración de cadenas de suministro, mercados financieros y marcos regulatorios. Estos tres tipos de integración tienen un punto importante en común: tarde o temprano demandan la creación de instituciones de gobierno transnacionales. El fallido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (mejor conocido por sus siglas en inglés: TPP) que Estados Unidos firmó en 2016 pero nunca ratificó, hubiera incluido capítulos sobre la estandarización, en todos los países signatarios, de las normas que regulan temas tan diversos como la propiedad intelectual, los mercados financieros, el medioambiente e incluso el internet. Su aspecto más controversial, sin embargo, era que el TPP hubiera relegado toda disputa comercial a una corte de arbitraje con sede en el país de origen de la inversión.
La lógica era en el fondo sencilla: una vez removidas las barreras explícitas, el siguiente paso era atender las divergencias en normas laborales y ambientales que en los hechos funcionaban como medidas proteccionistas. Si bien en teoría esta “convergencia regulatoria” podría haber resultado en una elevación de los nuevos estándares compartidos, en la práctica el resultado opuesto fue más frecuente. Muchos gobiernos que intentaron promover protecciones ambientales o de salud pública enfrentaron juicios promovidos por empresas que temían por sus márgenes de ganancia. En 2011, por ejemplo, Philip Morris demandó al gobierno de Australia para detener la entrada en vigor de una nueva ley sobre el etiquetado de cigarrillos, alegando que la legislación violaba el Tratado Bilateral de Inversión entre Australia y Hong Kong. La creciente injerencia de los acuerdos comerciales en temas que antes correspondían exclusivamente al Estado administrativo también ha tomado la forma de intentos, casi siempre por parte de negociadores estadunidenses, de facilitar la exportación no sólo de bienes, sino también de servicios. Después de todo, las únicas exportaciones en las que Estados Unidos sigue siendo una potencia son la propiedad intelectual, los servicios financieros y las plataformas digitales.
Las diferencias entre los acuerdos de primera y segunda generación, sin embargo, se deben también a una visión cada vez más expansiva del objeto y los objetivos de la ciencia económica. Para proteger al comercio de la política resultaba necesario hacer uso creativo de la figura del tratado comercial como una herramienta para “encajonar” —la metáfora es del historiador Quinn Slobodian— al mercado, y así resguardarlo de la democracia de masas. Uno de los objetivos explícitos de los tratados de segunda generación era, precisamente, constreñir el campo de acción de futuros gobiernos: la liberalización y la desregulación, al quedar codificadas en la ley del tratado, serían literalmente obligatorias.
No deja de ser irónico que uno de los espejos donde esta mutación de los tratados comerciales queda reflejada más nítidamente sea una teoría de conspiración tan barroca en su paranoia como el amero. De forma involuntaria, la fantasía de una divisa común resalta aspectos interesantes de la política global del comercio y la integración financiera.
Como vimos líneas arriba, los fines de los tratados comerciales de “segunda generación” excedían al comercio libre y la reducción de aranceles: el TLCAN, como otros tratados posteriores, orbitaba en torno a la construcción de una convergencia regulatoria sobre la base de una profunda integración financiera. Si bien esta concepción expansiva del alcance de los acuerdos comerciales aún está muy lejos de una unión monetaria, ya no se diga de una unión política, el hecho es que esta redefinición de la naturaleza de estos tratados los coloca en un continuum que abarca desde la simple reducción de tarifas hasta la comunidad monetaria. En otras palabras: hoy ya no es posible —si es que alguna vez lo fue— pensar al comercio internacional sin tomar en cuenta cuestiones fundamentales de gobernanza política y económica a nivel nacional.
El corolario es que prestar atención a las formas en las que los acuerdos comerciales de nuestros días funcionan como mecanismos de alineación regulatoria así como integración financiera nos permite descubrir las aspiraciones políticas que los proponentes de estos tratados comparten, pero que con frecuencia prefieren eludir —y en algunos casos ocultar— a la hora de explicar sus posiciones al público. Si bien todo negociador encargado de forjar un acuerdo de comercio internacional entiende perfectamente que el forcejeo en torno a la convergencia regulatoria y el diseño de mecanismos para limitar el campo de acción de futuros gobiernos son aspectos centrales de su tarea, a la hora de convencer al público muchos de ellos se valen de un truco de ilusionista para desaparecer estos aspectos del tratado en cuestión. Como si hubieran olvidado décadas enteras en la historia del pensamiento económico, los defensores de estos acuerdos a veces se valen del lenguaje anacrónico de los economistas decimonónicos: resulta que el comercio libre no es otra cosa que la aplicación del sentido común al más simple intercambio de productos y bienes.
Este empobrecimiento —deliberado, uno sospecha— de la discusión pública sobre los tratados comerciales explica, al menos en parte, que muchos periodistas estadunidenses no sientan la necesidad de adentrarse en la enredada política de la estandarización regulatoria y la integración financiera. En su lugar, prefieren conceptualizar al TLCAN y otros acuerdos similares en los términos de la teoría de la ventaja comparativa que David Ricardo desarrolló casi un siglo antes del nacimiento de Hayek. El resultado es que no hay espacio para desacuerdos sobre la mejor manera de gobernar el mercado: no se trata de adjudicar diferencias políticas, sino de aceptar la sabiduría atemporal de la ventaja competitiva. Así, los tratados comerciales de nuestros días funcionan, entre otras cosas, como herramientas sofisticadas para la despolitización de la economía que ha transformado el papel del Estado en muchas partes del mundo. No podemos entender plenamente el TLCAN si no entendemos que es un intento de excluir ciertas cuestiones de interés público del debate democrático y de la discusión política.
Desde esta perspectiva, los tratados comerciales contemporáneos se nos revelan como parientes cercanos de otras máquinas despolitizadoras de nuestra época: los bancos centrales autónomos, sí, pero también la concepción de la unión monetaria como una manera de dar forma a la política monetaria en los términos de la política neoliberal que caracterizó a una —si bien no la única— vertiente del proyecto europeo. Aquí hay que matizar de nuevo: el alcance de acuerdos comerciales de segunda generación tales como el TLCAN era, en efecto, mucho menor que aquellos que establecieron el euro. En muchos casos, sin embargo, uno de los posibles beneficios que más emocionaba a los negociadores y proponentes de estos tratados era precisamente la promesa de una profunda integración financiera. De forma consciente o inconsciente, los arquitectos del TLCAN partieron de la premisa de que era posible liberar las fuerzas despolitizadoras contenidas en la integración de mercados de capitales sin la necesidad de establecer nada que se pareciera al amero.
Es evidente que la distribución de los costos y beneficios de la convergencia regulatoria y la despolitización económica que resultaron del TLCAN fue desigual entre las clases sociales de los tres países. En este sentido, y a pesar de su impulso despolitizador, los acuerdos comerciales de segunda generación son, también, una forma tácita de política de clase: un intento de aislar de toda crítica política ciertas decisiones con enormes implicaciones para la distribución de la riqueza dentro de cada país y entre los distintos países. Muchos tratados comerciales, por ejemplo, separan de forma sistemática los beneficios económicos del comercio de cualquier demanda redistributiva. Un comercio libre que resultara en una mejora en las vidas de todos los miembros de una sociedad es concebible en teoría, pero en la práctica requeriría de mecanismos para transferir una parte importante de las ganancias de quienes recibieron los beneficios de la apertura económica a quienes paga-ron el precio de la misma. Los acuerdos contemporáneos, sin embargo, suelen limitarse a garantizar la permanencia de compromisos comerciales. No conozco un solo caso en el que un tratado de comercio libre posterior al TLCAN haya incluido mecanismos redistributivos explícitos. Más aún: como veremos, la dimensión disciplinaria de muchos tratados comerciales con frecuencia pone límites a cualquier intento futuro de distribuir los recursos de forma más igualitaria.
Para ilustrar este punto, consideremos los argumentos que Matthew Klein, corresponsal de temas financieros para la agencia Bloomberg de Nueva York, y Michael Pettis, profesor de Finanzas en la Escuela de Administración Guanghua de Beijing, presentan en su muy galardonado libro Trade Wars are Class Wars (“las guerras comerciales son guerras de clase”). Insisten en la importancia de dejar atrás la vieja concepción del comercio internacional sólo como un intercambio entre países o bloques económicos. Si queremos entender los patrones del comercio global para hacerlo más democrático, sugieren, tenemos que atender también a la política doméstica —es decir: la política de clase— en torno al comercio.
Del mismo modo que sería ingenuo pensar que el sistema financiero del mundo moderno es el resultado de la interacción entre países que se prestan dinero mutuamente —en lugar de una serie de balanzas de pagos y balances generales, íntimamente integrados, que exceden a las fronteras nacionales— el comercio internacional contemporáneo no es una simple cuestión de dos países que venden y compran bienes. El comercio contemporáneo, más bien, orbita en torno a corporaciones multinacionales y complejas cadenas de suministro que en realidad no pertenecen a una u otra economía nacional, pues su existencia misma es posible porque, en un contexto globalizado, las fronteras entre tales bloques se vuelven porosas. Dicho de otro modo: los protagonistas de los tratados comerciales contemporáneos no son exclusiva ni principalmente importadores o exportadores de commodities o productos ya terminados, sino con frecuencia firmas trasnacionales como Ford, Unilever o Microsoft. Toda teoría del comercio internacional que tome como punto de partida la idea de bloques nacionales bien delimitados, en lugar de los enredados balances de cuentas y laberínticas cadenas de suministro de las grandes corporaciones, enfrentará dificultades a la hora de explicar los flujos comerciales que la pandemia de covid paralizó.
Veamos un ejemplo concreto: la fabricación de una camioneta pick-up. Las razones por las que no tiene mucho sentido decir que el vehículo fue “Hecho en México” o “Made in the USA”excede al hecho de que fue manufacturado en ambos países. Además de que miles de los componentes de la camioneta cruzarán las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá varias veces en el curso de su fabricación, la pick-uptambién incluirá una cantidad importante de piezas electrónicas importadas de diversas partes de Asia. Si a esto añadimos que un vehículo contemporáneo incluye paquetes de software que dependen de enredados contratos de propiedad intelectual, por no decir nada de la infraestructura financiera trasnacional que determina qué país tiene jurisdicción sobre la pick-uppara efectos fiscales. La camioneta que emerge de este proceso no es más que la encarnación temporal, en la forma de dos toneladas de acero y plástico, de una intrincada red de flujos trasfronterizos.
Esta nueva manera de concebir al comercio internacional más allá de las economías nacionales tiene una implicación política inmediata y profunda: para evaluar los beneficios del comercio no basta con considerar las ganancias relativas de las economías nacionales, también hay que considerar, de forma mucho más granular, las consecuencias para los intereses de las diversas clases sociales subnacionales y trasnacionales. En vez de pensar el comercio como un simple trato o trueque entre países o Estados, tenemos que prestar atención a la dimensión de clase de la política global de una era en la que los intereses capitalistas de los diversos países con frecuencia se alinean entre sí y en el proceso divergen aún más de aquéllos de las clases trabajadoras de sus respectivos países.
Por todas estas razones, podemos seguir la pauta de Klein y Pettis y describir las disputas internacionales sobre el comercio como expresiones de conflictos domésticos (es decir: intranacionales) en torno a la distribución de los recursos económicos y el poder político. O como una forma de guerra de clase. Lo mismo, por supuesto, puede decirse de los acuerdos comerciales: si las guerras comerciales son guerras de clase, entonces los tratados comerciales son una de las armas usadas en tales conflictos. Más que el producto de la distribución desigual de los beneficios del TLCAN entre los tres países de la región, el paisaje de la América del Norte de nuestros días es la consecuencia de conflictos de clase dentro de cada país en los que chocan trabajadores contra capitalistas, pero también trabajadores contra otros trabajadores. Pensemos, por ejemplo, en la divergencia entre los intereses de los obreros de la industria cervecera mexicana (beneficiarios de las exportaciones récord a Estados Unidos y, por lo tanto, del TLCAN) y los pequeños agricultores del campo mexicano (forzados a competir con la agricultura estadunidense, altamente subsidiada, y por lo tanto damnificados del TLCAN).
La discordancia entre la idea recibida de la naturaleza mutuamente benéfica del comercio y la mucho más compleja realidad nunca aparece más clara que en uno de los temas centrales del TLCAN. Aquí, de nuevo, resulta útil recurrir a Klein y Pettis, quienes enfatizan la dimensión monetaria de la política global del comercio. El grado de interpenetración de los balances generales de las corporaciones —y las estructuras políticas e institucionales que dan forma a cada aspecto de esta interpenetración— refleja la integración igualmente profunda de las cadenas de suministro. Y es que vivimos en un mundo marcado por el dólar estadunidense.
Hoy la inmensa mayoría del comercio global, incluso si no involucra en modo alguno a Estados Unidos, está denominado en dólares. Lo que es más: el sistema financiero global está cimentado sobre balances contables trasnacionales que consisten principalmente de activos y pasivos dolarizados. Lo mismo sucede con otros aspectos de las finanzas globales: dos terceras partes del crédito expedido en el mundo hoy están denominadas en dólares. La centralidad hegemónica del dólar, entonces, implica que la mayoría de las transacciones y el comercio internacionales de nuestros días fluyen a través de una red de infraestructura financiera que depende, en última instancia, de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El resultado es que Estados Unidos ejerce un enorme poder sobre el sistema financiero global, y que los gobiernos estadunidenses pueden fácilmente transformar la interdependencia global del crédito, las finanzas y el comercio.
Esta interdependencia no consiste meramente en promesas económicas, sino también en relaciones de poder político. Esto es cierto no sólo cuando un Estado le impone a otro sanciones económicas, sino en un nivel mucho más fundamental. Como Susan Strange —la fundadora de la economía política internacional— no se cansaba de repetir, la capacidad de crear y alocar crédito denominado en dólares es, además de una expresión de poder en sí misma, un mecanismo a través del cual los gobiernos de Estados Unidos empoderan a un número reducido de operadores y firmas financieras. O como otro estudioso de la economía política, Herman Mark Schwartz, lo puso hace poco: resulta difícil describir las profundas asimetrías de poder que dan forma a todos los aspectos de la economía internacional contemporánea como otra cosa que un “imperio del dólar”.2
Este peculiar arreglo, en el que la moneda corriente de un país es también la moneda de reserva de la mayor parte del mundo, determina en gran medida la naturaleza y los efectos del comercio internacional y de los tratados que lo regulan. Para entender por qué, tenemos que dar un paso atrás. Recordemos que el sistema monetario mundial de la posguerra, establecido por los Acuerdos de Bretton Woods, le otorgaba un papel especial a la moneda estadunidense: las divisas de la mayoría de los países del mundo estarían atadas al dólar, que a su vez estaría atado al oro. Para sorpresa de muchos, sin embargo, la decisión del presidente estadunidense Richard Nixon de abandonar el patrón oro en 1971 —y, por lo tanto, ponerle fin al sistema de Bretton Woods— no terminó con el estatus especial del dólar, el cual sigue siendo la moneda de reserva de mundo, incluso después de que Estados Unidos abdicara las responsabilidades que correspondían a este privilège exorbitant, en la frase afortunada del presidente francés Valéry Giscard d’Estaing. El poder de la divisa estadunidense ya no derivaba de un acuerdo político formal, sino del hecho de que para entonces la mayoría de las transacciones del comercio internacional sucedían en dólares, incluyendo crucialmente a la mayoría de las ventas de petróleo. Mientras tanto, los bancos trasnacionales reciclaban estos “petrodólares” y realizaban buena parte de sus operaciones financieras en moneda estadunidense.
Si bien en el periodo de posguerra se pensaba que la reducción de aranceles y otras barreras al comercio era perfectamente compatible con la imposición de límites estrictos para la movilidad de capitales, para la década de 1980 esta última se había convertido en uno de los principales mecanismos para la liberalización de la economía. Diez años más tarde, en la década de los noventa, el concepto de “comercio libre” ya incluía la libertad de movimiento del capital en un mundo dolarizado. Esta innovación conceptual hubiera escandalizado a uno de los arquitectos del sistema monetario de la posguerra: el economista británico John Maynard Keynes. Keynes perdió la mayoría de los debates que sostuvo con sus contrapartes estadunidenses durante la conferencia de Bretton Woods, pero sus argumentos prevalecieron en un punto crucial: la importancia de acotar la capacidad del capital de moverse libremente por el mundo.
En lugar de esta libertad irrestricta, Keynes visualizaba una moneda de reserva global, aunada a un estricto control de la habilidad del capital privado —y en especial el hot money de corto plazo— de cruzar fronteras nacionales. Para el pensador británico, la súbita entrada o salida de capital no hacía sino intensificar la incertidumbre tóxica de los mercados financieros, arriesgando distorsionar el valor de activos cruciales para la economía. Lejos de ser una fuente de liquidez estabilizadora, en la concepción de Keynes la movilidad de capitales era un agravante de la vulnerabilidad única de los mercados financieros al comportamiento irracional y a la mentalidad de rebaño. Más allá de estas reservas sobre la estabilidad financiera, otra de las preocupaciones de Keynes tiene mucho que ver con los efectos de los tratados comerciales contemporáneos. Para el autor de la Teoría general del empleo, el interés y el dinero, la integración de las finanzas del mundo a través del libre movimiento del capital obligaría a todos los países a alinearse y seguir el mismo camino de liberalización financiera e incluso adoptar la misma política macroeconómica. La pesadilla de Keynes se convirtió en el sueño de neoliberales como Grubel: lo que la economista Daniela Gabor ha bautizado como “el Consenso de Wall Street”.
El sistema financiero global que emergió de las ruinas de Bretton Woods, entonces, divergió dramáticamente de las prescripciones de Keynes. En lugar de controles de capital y una moneda de reserva artificial diseñada para corregir las asimetrías del comercio global, tenemos el mundo en el que vivimos: un mundo donde el dólar circula a sus anchas a lo largo y ancho del globo, ejerciendo un poder imperial, y donde hay pocas herejías más indecibles que la sugerencia de limitar la movilidad del capital. Como resultado, hoy el comercio libre es inseparable del capital libre y el papel dominante del dólar como la moneda de reserva del mundo se afianza sobre un sistema financiero privado y globalizado: un imperio intangible cuya Roma está en el edificio de la Reserva Federal de Nueva York, en Liberty Street, con su fachada que hace eco consciente del Palazzo Strozzi, la fortaleza renacentista de una familia de banqueros florentinos rivales de los Medici.
No debería sorprendernos que el imperio del dólar haya dejado su marca en el TLCAN. Si bien el amero nunca entró en circulación, la entrada en vigor del tratado provocó una integración más cercana de los mercados de capitales de México y Estados Unidos. El corolario es que los bancos y las firmas financieras de México tienen fácil acceso a financiamiento en dólares, pero también, contrainductivamente, que los mercados capitales en peso recibieron una enorme ola de liquidez. Sin embargo, la integración al sistema del dólar significó que el peso mexicano fuera más líquido.
Nada de esto fue casual. El TLCAN vino acompañado desde el principio por el mucho menos famoso Acuerdo Financiero de América del Norte (NAFA, por sus siglas en inglés), el cual regula la coordinación entre los tres bancos centrales de la región. Como parte de este acuerdo, en 1994 la Reserva Federal y la tesorería de Estados Unidos establecieron con el Banco de México líneas swap: acuerdos entre dos bancos centrales para intercambiar sus respectivas divisas. El valor de estas líneas swap es considerable y actualmente asciende a un total de 12 000 millones de dólares. La liquidez en pesos de la economía mexicana fue así una consecuencia directa de las acciones de la Reserva Federal. Bajo el imperio del dólar, la fortaleza de las divisas nacionales es con frecuencia una función de su integración con el sistema financiero estadunidense.
La integración con Estados Unidos le permitió al Estado mexicano superar lo que los economistas llaman el “pecado original” de la deuda: cuando un gobierno se ve forzado a solicitar préstamos en una divisa distinta a la suya. La entrada de México a la órbita del dólar le permitió que el Estado mexicano por fin expidiera deuda en pesos, en lugar de verse forzado a recurrir a créditos en moneda estadunidense. Estos y otros beneficios, sin embargo, no alteraron el hecho de que, en el caso de México, la integración financiera con Estados Unidos implica también la integración a un sistema monetario altamente jerárquico, en el que decisiones cruciales que afectan a todos los aspectos de la sociedad y la economía mexicanas quedan en mano de banqueros centrales, banqueros privados y funcionarios de Washington y Nueva York. El imperio del dólar no es una red neutral: demanda obediencia e impone diversos tipos de restricciones. Lo más chocante es que también expone a los países que están bajo su poder a políticas públicas y monetarias cuyos diseñadores e implementadores no responden a su gente. La razón por la cual la conspiración del amero nunca encontró muchos adeptos en México es porque la realidad del país ya se parece mucho al sueño de Grubel. En México, en los hechos, el amero ya existe: es el dólar.
A manera de ilustración, recordemos el cuento de lo que en México se conoce como el Error de Diciembre y en Estados Unidos como la Crisis del Tequila. Inmediatamente después de la firma del TLCAN, México fue el receptor de un flujo sin precedentes de dólares. Los inversionistas estadunidenses, movidos por las bajas tasas de interés producto de la recesión de principios de los noventa, miraban a otros mercados en busca de mejores rendimientos. Muchos de ellos vieron en México un sueño hecho realidad, un país que lo tenía todo: liberalización comercial, privatización de la banca, reformas neoliberales e integración con los mercados de capital estadunidenses. Al mismo tiempo que la inversión estadunidense inundaba al país, los recién privatizados bancos mexicanos llenaron sus balances generales con deuda barata denominada en dólares.
El problema era que, del mismo modo que la ausencia de controles de capital había permitido la entrada de dinero al país, nada evitaba que el mismo dinero saliera de México tan súbitamente como había llegado. Eso fue lo que comenzó a suceder a finales de 1994, cuando el hot money al que Keynes tanto temía salió corriendo al primer indicio de incertidumbre; en este caso el levantamiento zapatista en Chiapas y el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El resultado fue la peor crisis bancaria en la historia de México y una profunda depreciación del peso respecto al dólar. En lugar de una advertencia sobre los peligros de la movilidad de capitales, la Crisis del Tequila pronto se convirtió en una fábula sobre la importancia de asegurar que las reformas macroeconómicas neoliberales y la liberalización financiera fueran “creíbles” como compromisos de largo plazo. En cualquier caso, no quedó duda de que la integración de los mercados de capital, ese aspecto central del TLCAN, resultó tener fuertes efectos disciplinarios en términos macroeconómicos: en los hechos —y a cambio de una esperada entrada de dólares— los negociadores del tratado habían abdicado, de forma preventiva y en nombre de futuros gobiernos, la capacidad del Estado mexicano de decidir sobre su política económica.
En México, por supuesto, esta imagen de políticos atándose las manos en público poseía una cierta ambigüedad. ¿Era esta renuncia a ciertos poderes en aras de la integración financiera un paso simbólico por parte del PRI en dirección a la reforma del Estado y la liberalización de la política mexicana? ¿O se trataba más bien de sumisión a los mercados de capitales internacionales que representaba un revés para la democratización? Argüiblemente, las dos cosas. Si logramos mantener en mente que la política de la despolitización implica el acto paradójico —y supremamente liberal— de valerse de la agencia política para renunciar a ella, pero también un acto —supremamente iliberal— de valerse de esa misma agencia para promover la desdemocratización, podemos entender el TLCAN como un gesto de liberalización que sin embargo limitaba la democracia. Más aún: el imperativo de proyectar una imagen de “credibilidad” en los ojos de los mercados financieros demandaba asumir la actitud liberal de renuncia a la agencia política precisamente como un escudo contra la amenaza democrática.
Si el objetivo de estas medidas era atraer flujos de capital, la despolitización de la política económica a través de tratados comerciales resultó muy efectiva. Sin embargo, como la Crisis del Tequila demostró, el acceso al capital tiene un lado oscuro: la amenaza de que la inversión se disipe con la misma velocidad con la que llegó, espantado por el riesgo de sus propias expectativas políticas y económicas. Pero lo que un observador inocente podría confundir con una consecuencia accidental del programa neoliberal era en realidad, por supuesto, una parte esencial e intencional de su diseño: la amenaza de una fuga de capitales servía al propósito de disciplinar a los gobiernos. En un mundo de mercados de capitales integrados e irrestricta movilidad de capital, el espectro de la salida de la inversión extranjera limita profundamente la libertad de los gobiernos para hacer política pública. Los viejos “grilletes dorados” de la era del patrón oro habían sido reemplazados por un corset, más amable pero no menos constreñido, tejido de los billetes verdes que llegan desde el norte de la frontera.
Ahora bien, como la economista socialista británica —y alumna de Keynes— Joan Robinson apuntó en otro contexto: lo único peor que ser explotado es no serlo. Las ataduras del dólar son incómodas, pero es posible que lo sean menos que la alternativa de quedar excluido del sistema financiero estadunidense: tener una swap line con la Reserva Federal es claramente preferible a no tenerla. El precio a pagar, sin embargo, es la subordinación a un poder imperial.
Regresemos por un momento a la reformulación de los conflictos comerciales contemporáneos de Klein y Pettis. Y es que los tentáculos del imperio del dólar no sólo obligan a aquellos en su órbita inmediata a adoptar una política paradójica de sumisión y renuncia a la propia agencia a cambio de acceso a financiamiento en dólares. El campo de fuerza del dólar también da forma a otros desequilibrios que afectan a la economía mundial de forma cada vez más intensa.
Algunos países —China y Alemania, por ejemplo— mantienen superávits importantes en sus cuentas corrientes: exportan mucho más de lo que importan. En contraste, las cuentas corrientes de otros países, como Estados Unidos, muestran déficits enormes: importan mucho más de lo que exportan. Estas dinámicas son dos lados de la misma moneda: Estados Unidos se ha convertido en la fuente de demanda más importante del mundo y en el importador global por excelencia. En los hechos, argumentan Klein y Pettis, esto significa que el mundo entero transfiere su consumo a Estados Unidos.
México ocupa una posición peculiar en este esquema. Como es bien sabido, la cuenta corriente de México presenta un superávit respecto a su vecino del norte, al grado que en septiembre del año pasado el país reemplazó a China como el socio comercial más importante de Estados Unidos. Al mismo tiempo, sin embargo, México mantiene un enorme déficit en su cuenta corriente respecto a muchos otros países, en particular China y Alemania. Estos déficits, entre los más grandes del mundo, cancelan cualquier superávit que el TLCAN pudiera facilitar. Si consideramos la situación desde una perspectiva global en lugar de regional, vemos que México en realidad se parece mucho más a Estados Unidos que a Vietnam o Brasil. Tanto México como Estados Unidos son países importadores. La diferencia es que uno de ellos es el vecino del sur del que sigue siendo el mercado de consumo más grande del mundo.
Dicho de otra manera: tanto los mexicanos como los estadunidenses gastan —en agregado— más de lo que ganan. La cláusula parentética de esta última oración es clave: es aquí donde la insistencia de Klein y Pettis en subrayar la dimensión de clase de la política del comercio internacional resulta de nuevo decisivo. El mercado de consumo estadunidense es obviamente enorme comparado con su equivalente mexicano, sin duda, pero un análisis que pretendiera entender la situación tendría que tomar en cuenta las vastas divergencias en los niveles de ingreso —y, por lo tanto, de consumo— de las distintas clases sociales de México y Estados Unidos. Las vidas de los obreros de la industria automotriz del norte de México, por ejemplo, se parecen mucho más a las vidas de sus colegas estadunidenses que a las de los agricultores de subsistencia de Chiapas. Además, no todos los estadunidenses —mucho menos todos los mexicanos— consumen en exceso. La esperanza de vida de los habitantes de Virginia Occidental, por ejemplo, es hoy varios años menor que la esperanza de vida promedio de los mexicanos (y, para el caso, que la de los norcoreanos).3 Los desequilibrios y las desigualdades que caracterizan a la economía mundial, y que el imperio del dólar intensifica, se acumulan no sólo según líneas nacionales, sino también de clase.
Con todo, el hecho sigue siendo que, sorprendentemente, México y Estados Unidos tienen mucho más en común de lo que cualquiera de los dos quisiera admitir. En la política global del comercio, más que enfrentarse como adversarios, México y Estados Unidos suelen estar en el mismo bando. El problema es que esta alineación no significa que México tenga acceso a los vastos recursos y mecanismos de control de los que disfruta el país en el centro del imperio del dólar: México está demasiado cerca y demasiado lejos de Estados Unidos para poder cobrar los beneficios de su peculiar posición en la economía global. Sobra decir que el impacto del TLCAN ha sido mucho más dramático para los mexicanos —tanto para las élites como para los que salieron perdiendo— que para los estadunidenses. El Estado estadunidense tiene en teoría muchas más herramientas a su disposición para ayudar a quienes han pagado el costo del comercio libre, incluso si se ha negado a usarlas salvo para mimar a ciertos sectores de su agroindustria, pero nada de esto debería hacernos perder de vista las profundas similitudes entre los dos países.
Klein y Pettis presentan esta lógica en términos que apelan a una audiencia estadunidense, insistiendo que “Estados Unidos no debería de culpar a México por haber ‘perdido’ en el juego del comercio, sino a Alemania”. Pettis ha incluso argumentado que un déficit comercial con México resulta benéfico para Estados Unidos. La razón es que México, con sus déficits de cuenta corriente, es un importador neto de capital: invierte más de lo que ahorra, por lo que debe financiar la diferencia con capital extranjero, mucho de él procedente de Estados Unidos. Cualquier medida para reducir el déficit comercial estadunidense respecto a México resultaría en un aumento en el capital que permanece en Estados Unidos, lo que a su vez traería consigo ajustes de precios que probablemente elevarían el déficit comercial global del país.
Así, cualquier análisis de las disputas que surgieron en torno al TLCAN que se limite a considerar al desequilibrio comercial entre México y Estados Unidos perdería de vista aspectos fundamentales del contexto global, pues no tomaría en cuenta la naturaleza de un comercio global y un sistema monetario mundial que generan sus propios desequilibrios. En lugar de culpar a los mexicanos por las disrupciones del TLCAN, los estadunidenses harían bien en interrogar el efecto desestabilizador de los conflictos domésticos que surgen de la política del comercio, así como las implicaciones globales de un sistema económico mundial centrado en el dólar.
Nunca existió ninguna conjura secreta para reemplazar el dólar estadunidense con el amero. Pero ¿cómo explicar la popularidad de esta teoría de conspiración? Nuestra discusión de la dimensión monetaria que se esconde en los conflictos en torno al comercio contemporáneo nos trae de vuelta a las fantasías reaccionarias y paranoicas sobre la inminencia de una Unión Monetaria Norteamericana —pero con un giro inesperado—. Para ponerlo de forma un tanto cruda: a pesar de que la mayoría de los países aún mantienen divisas nacionales, la realidad es que todos vivimos en una unión monetaria global de facto cuya moneda común no es el imaginario amero, sino el muy real dólar.
El contexto en el que esta realidad es más difícil de percibir es dentro de Estados Unidos, donde resistir la tentación de reducir al comercio internacional, ya sea a la mano invisible del mercado, ya sea a las siniestras fuerzas de un cabal globalista, con frecuencia resulta difícil. Las peculiaridades e implicaciones del papel imperial que el dólar juega en la economía mundial, en particular, es por lo general incomprehensible para quienes viven en el centro de su órbita. En contraste, para los habitantes de la mayoría de los otros países, especialmente en el Sur Global, la dominancia del dólar y su enorme influencia sobre toda decisión financiera, pública o privada, son dolorosamente evidentes. En una frase célebre del texano John Connally, secretario del Tesoro de Nixon: “El dólar será nuestra divisa, pero es tu problema”.
Este epigrama de la tradición estadunidense de hegemonía-a-través-de-las-finanzas no ha perdido su fuerza, pero no es del todo acertado. Es cierto que el poder global del dólar causa terribles dolores de cabeza en muchas partes del mundo (un análisis reciente encontró que, si el valor del dólar aumenta 10 %, el producto interno bruto de los países del Sur Global cae en promedio 1.5 %). Pero el sistema del dólar no es sólo un problema para otros países: también afecta a Estados Unidos en formas que su sistema político al parecer tiene cada vez más dificultades para procesar. Como Klein y Pettis —pero también Yakov Feygin y Dominik Leusder— han mostrado que el reparto de los beneficios del imperio del dólar entre los estadunidenses es muy desigual.
Así, el dólar se ha convertido en un punto de choque para los divergentes intereses de clase de los estadunidenses. Un dólar fuerte es una magnífica noticia para los turistas estadunidenses que visitan París y para los “nómadas digitales” de la colonia Condesa, pero una terrible noticia para la base industrial estadunidense. El poder del dinero verde beneficia a los bancos y a los consumidores de Estados Unidos, pero es un problema casi fatal para los trabajadores de la mayoría de los sectores manufactureros del país, los cuales tienen dificultades para competir en el sistema del dólar. Solamente una franja delgada de la población estadunidense —y la porción aún más pequeña de mexicanos que tienen activos en dólares— disfruta sin ambigüedades de los enormes recursos que la hegemonía del dólar acumula en el centro imperial.
Enfatizar los conflicto de clase domésticos que se esconden detrás de los tratados comerciales internacionales nos permite entender mejor la política global de las jerarquías monetarias, pero también cómo el sistema del dólar distribuye desigualmente sus costos y beneficios en formas que favorecen a grupos particulares con acceso a capital en moneda estadunidense. Esta reconceptualización también hace visible la pérdida de poder económico de la gente de a pie que ha resultado de la despolitización de la economía y que irónicamente ha encontrado una salida irracional en la teoría de conspiración del amero.
Al invitarnos a considerar al comercio no como un intercambio entre países, sino como un asunto de conflictos de clase y asimetrías en torno al dólar, Klein y Pettis ofrecen dos posibles salidas a este impasse. Su argumento no es en lo absoluto una condena al comercio, sino un intento de revivir la vieja esperanza de que el intercambio internacional podría ser una fuerza edulcorante, pacificadora, en lugar de una fuente de animosidad. Siguiendo al economista liberal británico J. A. Hobson —cuyo análisis del imperialismo admiraba Lenin— Klein y Pettis esbozan un programa de reformas que buscaría estimular la demanda doméstica en países exportadores como China o Alemania. En palabras de Klein: “El problema que enfrentamos puede ser solucionado usando las mismas herramientas redistributivas que se han usado en el pasado”. Si los patrones de desequilibrios comerciales son en última instancia un reflejo de los conflictos de clase, una salida del laberinto consiste en revitalizar la política de la distribución. Esta prescripción hace eco de la fórmula protokeynesiana con la que Hobson proponía resolver el problema del imperialismo económico mediante la reducción de la desigualdad de clase, creando así nuevos mercados para la demanda doméstica en lugar de tener que ir a buscar nuevos consumidores en el exterior.4
La segunda salida del impasse que Klein y Pettis proponen es aún más fundamental: apunta a la necesidad de reformar el sistema del dólar. Esta propuesta tiene sus orígenes en los intentos fallidos de Keynes de establecer una divisa global. No cabe duda de que una moneda supranacional de este tipo sería la peor pesadilla de los conspiranoicos del amero. El hecho, sin embargo, es que las tensiones del sistema actual —desde la forma en la que crea incentivos para que países como China y Alemania superan sus niveles de consumo doméstico para favorecer a sus industrias de exportación hasta la forma en la que permite que las élites financieras estadunidenses y mexicanas acumulen los beneficios de un dólar fuerte a expensas de las clases trabajadoras de sus respectivos países— derivan del imperio del dólar. Como Keynes quizás hubiera observado, el mercado global dolarizado nos convierte en mercantilistas involuntarios.
Nuestra única esperanza de realizar alguna vez el sueño de Montesquieu de un comercio dulce, entonces, empieza por imaginar un nuevo sistema monetario mundial que incluya mecanismos para atender la desigualdad entre países, pero también entre clases. Sobra decir que estamos más alejados que nunca de esa visión: nos enfrentamos a una realidad en la que el comercio es, en el mejor de los casos, agridulce. Resulta apropiado que, en lugar de adoptar el amero, los consumidores estadunidenses recientemente han descubierto el amaro importado.
Stefan Eich
Profesor de Gobierno en la Universidad de Georgetown. Su libro The Currency of Politics: The Political Theory of Money from Aristotle to Keynes (Princeton, 2022) fue galardonado en 2023 por la Asociación Estadunidense de Ciencia Política con el Premio al Mejor Primer Libro en la categoría de teoría política.
1 Grubel, H. The Case for the Amero: The Economics and Politics of a North American Monetary Union, The Fraser Institute, Vancouver BC; traducido al español y adaptado para México como El Amero: Una moneda común para America del Norte, editado por Manuel Suárez Mier, Cal y Arena, 2001.
2 Para una discusión sobre el poder político que surge de la creación y alocación del crédito, véase también: Schwartz, H. M. “Power over Credit; or the enduring strength of US structural power”, en Susan Strange and the Future of Global Political Economy, Routledge, 2016.
3 Véase: https://bit.ly/471UIcG. Véase también: https://bit.ly/3RIvOtl
4 Véase: Adam Tooze sobre Klein y Pettis: https://bit.ly/3Ro3wUz